Los manifestantes que no debían estar en las marchas por la Corte Suprema

Un grupo de manifestantes que 30 de junio 2012 llegaron frente a la Corte Suprema de Justicia para defender la toma de posesión de los nuevos magistrados encabezados por Ovidio Bonilla. 

La jornada laboral de Edgardo comienza a las 8 de la mañana, pero ese jueves 12 de julio uno de sus superiores le pidió llegar 30 minutos antes. El joven de piel morena, fornido y de cabello liso, abandonó sus estudios y durante meses naufragó en la búsqueda de un empleo en varias empresas de San Salvador. Sus penurias económicas se aliviaron un poco cuando logró cupo en un programa de proyectos comunitarios ejecutado por el actual gobierno y financiado con un préstamo internacional. Según el contrato, ese crédito para el desarrollo jamás debe utilizarse con fines políticos, pero ese jueves 12 de julio, algunas autoridades decidieron ir en contra de esa disposición...

Edgardo respeta las sugerencias de sus superiores porque los cien dólares mensuales que recibe por sus cuatro horas diarias de trabajo es su única fuente de ingreso. Aunque sabía que ese jueves 12 de julio no trabajaría en el proyecto al que está asignado, decidió llegar temprano. También sabía que uno de los cinco buses que estaban estacionados en las cercanías de una alcaldía lo llevaría a un lugar extraño para su rutina. Ese lugar eran los alrededores de la Asamblea Legislativa, institución protagonista de una crisis institucional por no acatar un fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal el nombramiento de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

“El jueves sí fuimos, yo y otros compañeros estuvimos apoyando en la Asamblea. Del programa somos 250 y, por lo menos fuimos 190. Ahí estábamos cuando se dio el incidente de la ANEP”, dice Edgardo. Él estaba con dos amigos y dice que fueron espectadores del ataque contra un hombre del que desconoce su nombre. Esa persona, a la que incluso alguien lanzó bolsas de agua, es Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), gremio que ha pedido a los diputados que cumplan con las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Del conflicto entre diputados y Sala de lo Constitucional sabe pocas cosas. A Edgardo le han explicado que es importante apoyar las manifestaciones porque hay una treta de la derecha política para mantener el control de la Corte Suprema de Justicia. “La información se manda a los comités de base y luego nos informan. El alcalde claramente nos ha dicho que no es obligación ir, pero como algunos del PATI son militantes, dicen que sí van a ir. Entonces, lo mejor es ir para evitar problemas', explica Edgardo, sobre la presión que sienten las personas en peor situación de ingresos que están siendo beneficiadas por el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), iniciativa insignia de la inversión social del gobierno del presidente Mauricio Funes. 'Los que no van son las embarazadas, los ancianos y los enfermos”, precisa Edgardo.

El PATI tiene financiamiento internacional. El Banco Mundial ha prestado 37 millones para que el gobierno desarrolle, entre 2011 y 2014, capacitaciones en corte y confección, zapatería, cocina, panadería, albañilería y proyectos amigables con el medio ambiente en los cascos urbanos de los municipios más pobres del país. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aportó otros 14 millones para extenderlo a la zona rural de municipios afectados por el huracán Ida. Las estadísticas del programa cuentan a 56 mil 370 participantes.

“El programa es para personas de escasos recursos independientemente de su condición política partidaria. Un principio básico de nuestro quehacer es no tener programas que tengan sesgo partidario”, dice Ángela Zamora Rivas, gerente de programas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Esa institución es la encargada de firmar un convenio con 25 alcaldías para seleccionar a los participantes de los asentamientos más pobres y, por medio de asesores en desarrollo local, vigila el avance y la buena gestión del proyecto.

El trabajo del FISDL y las alcaldías, con respecto al programa PATI, está regulado en una guía operativa. “No se consentirá que el personal encargado de la promoción del programa, tanto del FISDL como de otras instituciones del gobierno central como las municipalidades, el uso de indumentaria, mensajes, colores y logotipos que se relacionen con algún tipo de proselitismo”, reza el documento firmado entre gobierno y municipalidades.

Ese contenido deriva de las políticas de la institución que financia el programa. “El Banco Mundial que da el préstamo lógicamente como parte de su política ha establecido que no pueden ser fondos que se partidaricen (…) Hay una parte legal, formal, donde se determina cómo ejecutar el programa”, insiste Zamora Rivas. Ese jueves 12 de julio, empero, una alcaldía gobernada por el FMLN y otra por Arena ignoraron el compromiso y movilizaron a los participantes del programa a una concentración.

La marcha blanca

El mecanismo de control del programa PATI se activó la mañana del jueves 12 de julio. Ese día, el FISDL advirtió que unas 150 personas, el 40 por ciento de los participantes del programa en Apopa, no estaban laborando en los proyectos para los cuales han sido contratados sino que la alcaldía gobernada por ARENA los movilizó hasta San Salvador para participar en la marcha blanca, una manifestación en apoyo a la Sala de lo Constitucional.

Zamora Rivas dice que tiene información de que algunos de los participantes fueron obligados a participar en la movilización, pero considera que esa situación ocurrió porque las autoridades municipales y los participantes son neófitos en el programa. “En algunos casos así les pasó (fueron obligados), incluso un poco apenados estaban en la movilización. Hay que tomar en cuenta que son nuevos, tenían 15 días de haber comenzado. Ya un participante que tiene más tiempo no es así nomás que le digan porque puede poner una denuncia, sabe que tiene el respaldo del FISDL en caso de que lo quieran sacar del programa”.

El Faro llamó cuatro veces al despacho del alcalde de Apopa, Elías Hernández, del partido Arena, para preguntarle por qué su municipalidad movilizó a beneficiarios de PATI para que participaran en una manifestación de apoyo a la Sala de lo Constitucional y en la que el partido Arena fue gran protagonista, más allá de los organizadores de la marcha 'Yo me visto de blanco'. Unas veces quienes respondieron dijeron que el alcalde estaba en reunión, otras que ya se había retirado. Luego se gestionó una entrevista por medio de la unidad de comunicaciones, oficina que pidió la guía de preguntas y que la entrevista se realizara esta semana.

Luego de recibir la información sobre el mal uso del programa en Apopa, ese jueves 12 de julio, el FISDL ordenó a sus asesores en desarrollo local verificar si otros municipios movilizaron a los participantes del PATI. “Inmediatamente les dijimos: paren lo que están haciendo y a chequear si en el resto de municipios están participando en esa actividad”. El FISDL solo pudo comprobar que en Apopa hubo esa movilización, situación que provocó que al siguiente día, la presidenta de esa institución, Carolina Ávalos, enviara una carta a los 19 alcaldes en la que les recuerda una regla básica: no hacer proselitismo con el programa.

“Solicito que las personas participantes y personal operativo del PATI, no sean utilizadas, ni mucho menos obligadas o coaccionadas a participar en actividades proselitistas o de otra índole que no sea para la actividad que se deriva del PATI”, reza una de las cinco solicitudes de la carta que se envió el 13 de julio, un día después de la marcha blanca.

La marcha roja

Edgardo trabaja en el PATI de Panchimalco, un municipio gobernado por el FMLN. Asegura que el jueves 12 de julio casi 190 participantes del programa fueron movilizados a las cercanías de la Asamblea Legislativa. “Salimos como a las 7:30. Allá, los que íbamos de Panchimalco nos reunimos con otra gente que iba de San Marcos”. A la siguiente semana, tenían previsto participar en otra concentración. Esa se realizaría el lunes 16 de julio, día en que Ovidio Bonilla, con ayuda de un cerrajero, ingresó a los salones vedados en la Corte Suprema de Justicia para, según él y los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes que lo apoyan, tomar posesión de su cargo como presidente del máximo tribunal.

Ese lunes la movilización se frustró porque, explica Edgardo, el FISDL los pilló violando las disposiciones del programa. “El jueves sí fuimos (…) el lunes no porque vinieron los del FISDL y hallaron a la gente trabajando aquí”, relata Edgardo. La gerente de programas del FISDL, Zamora Rivas, dice que oficialmente no han documentado inasistencias de los participantes del PATI en Panchimalco. “Según nuestro registro, de Panchimalco fueron dos personas a cuenta propia, pero no fue una participación masiva ni orientada”.

Lo que dice Edgardo y lo que observó El Faro el día de la manifestación apunta a la presencia de mucho más que dos personas en la marcha. El alcalde Mario Meléndez se aferra a la versión del FISDL para asegurar que la municipalidad de Panchimalco no hace uso partidario del programa PATI. “Hemos sido respetuosos del programa, la gente ha estado trabajando en la parte de la naranja, del cultivo de la tilapia y de otros proyectos. Lo que le estoy diciendo lo puede corroborar con la asesora del FISDL. La asesora vino a evaluar la participación de los jóvenes, vino y encontró a la gente en las tareas que le han sido asignadas”.

Este periódico le replicó que tiene testimonios de participantes del programa PATI recogidos durante la manifestación y posteriormente, que aseguran que estuvieron en la Asamblea Legislativa. Cuando El Faro le preguntó si califica como falsas las declaraciones de este grupo de manifestantes, vacila. “En ese sentido no puedo ser tan enfático. En ese sentido… no puedo decir nadie participó. Tampoco voy a decir eso, pero sí los que participaron fueron escasos. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea la señora presidenta del FISDL, las personas que están en el programa se deben dedicar estrictamente al programa”.

Meléndez admite que unas 800 personas de Panchimalco participaron en la concentración, pero asegura que en su mayoría no eran beneficiarias del PATI. “Le podría decir de que sí podrían haber (participantes del PATI en la concentración), pero fue una actitud propia de cada quien, de la gente que quisiera participar. La mayor cantidad de la gente que fue es de los cantones y usted puede corroborar que el PATI solo está en la zona urbana y el porcentaje de un 97% venía de los cantones”, dijo.

Edgardo cuenta que la concentración del jueves 12 de julio no es la primera actividad con tintes proselitistas en la que han participado. El año pasado, cuando el FMLN cuestionó que unos fallos de la Sala de lo Constitucional modificaban el sistema electoral salvadoreño, también lo llevaron a las cercanías de la Corte Suprema de Justicia para participar en la protesta. Tanto en 2011 como en la concentración del jueves 12 de julio, tuvo refrigerio a la mano. “Eso lo da el partido, algunas veces la alcaldía o la departamental de San Salvador. Tortillas con queso, huevos tibios con tortillas, sodas...”

La controversia sobre la decisión de la Asamblea de no obedecer los fallos judiciales sigue sin resolverse. Mientras senadores estadounidenses, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un sinnúmero de organizaciones e instituciones internacionales y nacionales piden una pronta solución y respetar la independencia judicial, los dirigentes de los partidos políticos discuten la posible solución en reuniones con el presidente Mauricio Funes.

Funes ya recibió tres veces a los dirigentes partidarios, y hasta ahora solo han acordado que las personas nombradas magistrados en 2006 pueden tener garantía de que obtendrán ratificación en sus cargos. En medio de estas discusiones, las manifestaciones y protestas han sido casi cotidianas.

¿Por qué los alcaldes sacrifican un proyecto de desarrollo local para una actividad política? ¿Es una solicitud del partido al que pertenecen? Esas son las preguntas básicas que El Faro formuló a dos diputados, uno de Arena y otro del FMLN. Los dos responden casi de la misma manera. El jefe de los diputados areneros y miembro de la dirección nacional del partido de derechas, Donato Vaquerano, dijo que no sabía por qué la alcaldía de Apopa movilizó personas para la marcha blanca. “Desconozco esa situación, no puedo opinar. Las autoridades deberían estar preocupadas por solucionar la crisis en la Corte Suprema. Sobre lo otro desconozco, en ese tema no puedo opinar”, dijo Vaquerano, el pasado 25 de julio.

Ese mismo día, el diputado del FMLN Arístides Valencia dijo que no podía opinar porque no tenía detalles del caso de Panchimalco. “No conozco el tema, no he escuchado nada de eso. Voy a ver si averiguo”, dijo, para excusarse de dar opinión sobre la manipulación de beneficiarios de PATI.

El presidente tiene previsto volver a recibir este lunes en Casa Presidencial a los dirigentes partidarios, pues el propósito es tener una solución a más tardar para este martes 31 de julio. Justo antes de la fecha límite que puso el senador estadounidense Richard Lugar la semana pasada, cuando exigió al ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, una solución inmediata a la crisis institucional.