En las últimas semanas hemos presenciado un ataque a la institucionalidad del país orquestado de manera deliberada por los poderes Legislatvo y Ejecutivo.
El desconocimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional con respecto a la ilegitimidad de los nombramientos de nuevos magistrados, y la instalación de estos nuevos magistrados, son solo el último capítulo de la arrogancia y el talante antidemocrático de un presidente y unos partidos políticos que sienten su poder amenazado por una sala independiente y honesta.
Un Estado no puede considerarse de Derecho si no respeta a un controlador constitucional que efectivamente actúe y que sus sentencias se cumplan. El tecnicismo jurídico de acudir a la Corte Centroamericana de Justicia para no acatar las resoluciones de la sala es tan extraño como oportunista. Se trata de una corte cuyo estatuto contempla la extensión de su competencia en paralelo a la consolidación del proceso de integración regional, y que su actuar es limitado a los conflictos entre Estados miembros. Es por esto que sus resoluciones han sido desconocidas por los demás gobiernos del istmo.
La Corte Centroamericana ha sido utilizada simplemente como pretexto para que el presidente Funes y los partidos que se han prestado a este juego puedan quitarse de encima a esa Sala, cuya independencia les estorba.
El problema, pues, es político, no jurídico. Y de los intentos del Legislativo y el Ejecutivo por sacar a la Sala del camino hay largos registros. Este último golpe a la institucionalidad debe leerse en las mismas coordenadas que la aprobación y publicación exprés del Decreto 743, que obligaba a la Sala a resolver por unanimidad.
Justo es que en una democracia las actuaciones de todos los funcionarios sean sometidas al escrutinio público, y las decisiones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional también deben estar sujetas a estos estándares. Pero lo que El Salvador está viviendo ahora no es, como pretenden algunos diputados, la enmienda a lo que consideran resoluciones inconstitucionales de la Sala de lo Constitucional. Lo que estamos viendo es un claro retroceso en la institucionalidad del Estado; un atentado a los contrapesos naturales de un sistema democrático; una crisis del Estado provocada por la resistencia de partidos y protagonistas políticos a transformarse y modernizar el sistema político nacional; a avanzar en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción; y la depuración de las instituciones públicas infiltradas cada vez más por el crimen organizado.
Hoy los nuevos magistrados inician sus funciones sin legitimidad ni claridad sobre la validez de sus acciones, porque la Sala de lo Constitucional no los reconoce. Los siguientes días serán de jaloneos institucionales con dos Cortes Supremas sesionando paralelamente.
Los que han instigado este golpe están minando nuestro sistema democrático. Uno por el que tantas vidas se perdieron hace apenas veinte años. La amnesia de los partidos políticos, y del presidente de la República, no puede ser la nuestra. Y no olvidaremos cuánto hemos retrocedido estos días, ni quiénes son los responsables.
