El título de este comentario no es figurativo. Refiere a una evaluación concreta del movimiento general de las instituciones estatales de El Salvador, de la guerra a la paz, en estas últimas semanas. Estas son dos realidades socialmente construidas, que pueden resultar de las instituciones que creamos los seres humanos. Y como estas instituciones se construyen, consciente o inconscientemente, tenemos la posibilidad de elegir en qué dirección llevar a la sociedad a través de ellas. Para algunos, la sugerencia podrá parecer como una seria y descuidada exageración. Pero es importante reflexionar sobre a cuál de estas dos situaciones se está direccionando a El Salvador, dados los conflictos constitucionales recientes, así como la historia del país.
Paz y guerra
Primero es importante definir estos conceptos. Y resulta práctico empezar por el más sencillo, que es la guerra. Como bien sabemos, la guerra es una situación en donde la violencia tiene un carácter central en la cultura. En una guerra, la fuerza es el método predominante para la resolución de conflictos importantes de una sociedad. Por ejemplo, conflictos por el control de recursos fundamentales, como la tierra, el capital, o las instituciones estatales.
La paz es lo contrario a la guerra. Es decir, una situación en la cual la violencia y la fuerza no constituyen los mecanismos centrales para resolver conflictos importantes en la sociedad. Pero la paz, puede ser negativa o positiva. Es negativa, cuando la paz implica la mera ausencia de la guerra, nada más. Pero en la cultura de una paz negativa, hay todavía una predominancia de actitudes, valores, tecnología y lenguaje, que pueden ser tanto violentos, como no-violentos. En este sentido, la no-violencia se entiende como lo contrario a la violencia, que es forzar a otros seres, situaciones que estén motivados a evitar. La no-violencia puede resumirse entonces sin matices como todo aquello que implica no forzar a otros. De manera que una cultura de paz positiva viene siendo una situación en la cual las actitudes, valores, tecnología y lenguaje centrales en la cultura son no-violentos.
Una cultura estará definida por sus instituciones, normas y reglas. Pero es importante recordar que la cultura también incluye oposición a estas instituciones, normas y reglas, por lo cual nunca será uniforme o unilateral. En este sentido, la paz positiva no implica la ausencia total de la violencia. Simplemente implica la ausencia de la centralidad de la violencia en la sociedad (paz negativa), y la predominancia de la no-violencia.
Como se entenderá, estos son en teoría términos complejos y difíciles de conceptualizar. Pero en la práctica suele ser fácil intuir cuando uno está en un contexto de guerra, paz negativa o paz positiva. Además, hay esfuerzos importantes de ciertos investigadores por medir estas situaciones en la práctica, a través de indicadores. Un ejemplo es el Ranking Mundial de Paz, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP), a través de su Índice de Paz Mundial. De acuerdo al reporte de 2012, publicado recientemente, El Salvador ocupa el puesto 111 de 158 posibles, en el índice de paz negativa, y el puesto 58 de 108 posibles, en el suplemento preliminar para explorar la paz positiva. Estas mediciones son controversiales en términos ideológicos, teóricos y metodológicos. Pero proporcionan un buen punto de partida. Ambas evaluaciones deben combinarse para tener una mejor idea de la situación.
Instituciones no-violentas o violentas
En diversas áreas de conocimiento, mucho se ha escrito y discutido sobre la naturaleza violenta o no-violenta de los seres humanos. Sin entrar en este debate, basta con señalar que debiera resultar obvio que la sobrevivencia de la especie humana, se basa en la predominancia de la no-violencia. Sin embargo, la violencia también es una posibilidad natural en los seres humanos. E independientemente de las predisposiciones biológicas de las personas, tanto la no-violencia como la violencia son realidades que se construyen.
En 1966, Berger y Luckman definieron una realidad socialmente construida como el resultado de roles habituales recíprocos, que los individuos y los grupos en una sociedad forman en el tiempo. Estos roles se crean a través de representaciones mentales de las acciones de cada individuo. Un concepto importante en su obra es el de la 'institucionalización', que es el proceso a través del cual las costumbres se vuelven habituales, a través de un consenso común en la sociedad en cuestión, sobre la manera de hacer las cosas.
Quiere decir que si la violencia y la no-violencia son realidades socialmente construidas, serán el resultado de un consenso sobre la manera de hacer las cosas. Esta manera de hacer las cosas se volverá habitual, influyendo las representaciones mentales de los individuos en la sociedad. Finalmente esto influirá la concepción que las personas tienen de roles habituales, y con ello las instituciones. En otras palabras, los miembros de la sociedad pueden ponerse de acuerdo en hacer las cosas de manera violenta, o no-violenta.
Acuerdos de paz
El 16 de enero de 1992, los salvadoreños se pusieron de acuerdo en una nueva manera de hacer las cosas en materia de Estado. Este acuerdo sentó las bases para que terminara la guerra civil, que afectaba al país desde 1980. Tal acuerdo, influyó los hábitos de los salvadoreños, y con ello, las representaciones mentales de la vida política en el país. Los líderes combatientes, de uno y otro bando, se volvieron políticos profesionales, y las balas, fueron sustituidas por los votos. De esto surgieron también nuevas instituciones estatales, y se hicieron reformas importantes en algunas instituciones ya existentes. Si bien la situación de El Salvador no resultó de inmediato en una paz positiva, sí fue un caso ejemplar de trancisión de la guerra, a la paz negativa.
Desde entonces, ha habido muchos obstáculos para la consecución de la paz positiva en El Salvador. Esto puede verse en diversas instituciones sociales, tanto estatales, como no-estatales. Sin embargo, en las instituciones estatales, en términos generales, ha habido un avance firme hacia la paz positiva. Y esto ha sido fundamental, porque las instituciones estatales juegan un papel determinante en una sociedad moderna.
Lamentablemente, recientemente hemos sido testigos de un retroceso importante en las instituciones estatales, en el camino hacia la paz positiva. Se trata del desacato a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Ejecutivo. Tal retroceso implica cambiar la manera de hacer las cosas acordada en 1992. Esto puede tener implicaciones contrarias a la paz, en los hábitos, las representaciones mentales de los individuos en la sociedad, y su concepción de los roles habituales de la vida política. Siempre y cuando los salvadoreños lo permitan.
Retroceso
De acuerdo al artículo 183 de la Constitución de la República de El Salvador, no puede haber otra institución con competencia para interpretar la Constitución, que no sea la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Ese debiera ser el fin de la historia. Punto y final.
Pero la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Ejecutivo, han creado la impresión de que su violación reciente a este artículo, se trata de un conflicto constitucional legítimo. Por ello, han llevado este caso a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Ciertamente, la CCJ está facultada formalmente para resolver sobre conflictos constitucionales en Centroamérica, de acuerdo al Artículo 22, inciso f), del Convenio de Estatuto de la CCJ. Pero la posibilidad formal de la movida no es el punto en cuestión. La gran interrogante es ¿por qué consideran (el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de El Salvador) políticamente legítimo cuestionar la competencia de la Sala de lo Constitucional, para juzgar la inconstitucionalidad, de acuerdo al Artículo 183 de la Constitución de la República de El Salvador? Además, ¿por qué consideran constructivo para la democracia en El Salvador y América Central sentar un precedente de este tipo en la CCJ?
Si vemos a otros sistemas jurídicos similares, que dan importancia a la democracia estatal, nos encontramos con que las cortes regionales, como la CCJ, tienen jurisdicción limitada para efectuar controles de constitucionalidad. Esta jurisdicción está limitada a los casos en los que los conflictos constitucionales estatales se relacionan directamente al tratado regional constitutivo. Tal es el caso de los Estados Unidos de América, en donde la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene jurisdicción limitada para efectuar control de constitucionalidad federal. Este solo se permite en los casos en que se trate de leyes federales, o de interpretación de las constituciones estatales, en relación a la Constitución Federal. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, nunca tiene jurisdicción sobre disputas constitucionales estrictamente estatales. Esto ha estado firmemente establecido, desde los casos 'Martin vs. Hunter Lessee' (1816) y 'Cohens vs. Virginia' (1821). Estos casos sentaron precedente para la jurisdición limitada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en materia de control de constitucionalidad. Tal protección de la democracia local se ha violentado en América Central, con el precedente ahora sentado por el caso 'Corte Suprema de Justicia de El Salvador vs. Asamblea Legislativa de El Salvador' (2012). En este sentido, este caso debiera ser motivo de preocupación inmediato, para los demás Estados miembro de la CCJ. El Ejecutivo ha sugerido que este caso fortalece a la CCJ. Pero más bien, este caso corre el riesgo de deslegitimar a esta corte, ya que otros Estados-miembro (o potencialmente miembro), preocupados por sus democracias locales, podrán ver a la CCJ con comprensible recelo.
Este ataque a la manera de hacer las cosas, conforme a la democracia y la no-violencia en América Central, abre las puertas a una institucionalidad peligrosa, basada en los abusos del poder, que fueron precisamente los que llevaron a El Salvador a una guerra civil.
De acuerdo a esta nueva, pero definitivamente vieja manera de hacer las cosas, sería por ejemplo posible que el Ejecutivo de El Salvador cuestionara la competencia de la Asamblea Legislativa para 'decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias', como especifica el Artículo 131 de la Constitución. En tal caso, este cuestionamiento podría presentarse como un conficto constitucional legítimo. Y dado el precedente sentado en la CCJ, esta corte tendría jurisdicción para efectuar un control constitucional y resolver al respecto. ¿Pero sería esta maniobra políticamente justificable en la democracia salvadoreña, o en la de cualquier otro Estado centroamericano? ¿Qué pasaría si al Legilsativo y/o al Judicial se les ocurriera también eliminar las competencias del Ejecutivo, con el aval de la CCJ? ¿Sería también justificable? ¿Y qué si a alguien se le ocurre eleminar las elecciones, siguiendo el mismo procedimiento? Esto es exactamente lo que se ha hecho en contra de la Sala de lo Constitucional en El Salvador.
La manera de hacer las cosas
Este retroceso en el duro camino hacia la paz positiva en El Salvador, se debe a que todavía hay grupos importantes en El Salvador, que no entienden que la paz y la democracia no se construyen a base de mentiras. Además, estos grupos parecen haber olvidado, o nunca aprendido, que la fuerza y la violencia, no son los estados naturales de las cosas. La fuerza y la violencia también se construyen, y de igual forma se destruyen.
Por un lado, están los de la extrema izquierda, quienes califican a la incómoda democracia como una serie de instituciones burguesas. De acuerdo a esta ideología, las masas están alienadas por el capitalismo, y no entienden qué es lo mejor para ellas mismas. Por ello, las instituciones democráticas burguesas deben destruirse a la fuerza, y reemplazarse con otra versión de instituciones democráticas, tipificadas como socialistas, que se impondrán a la gente.
Por el otro lado están los de la extrema derecha, quienes ven a las instituciones democráticas liberales, como una puerta de entrada para los socialistas al aparato estatal. De acuerdo a esta ideología, las masas son ignorantes y manipulables, y no se puede confiar en ellas, porque entregarán el Estado a los socialistas. Por ello, las instituciones democráticas liberales no deben permitirse, y deben reemplazarse con otra versión de instituciones, que se impondrán a la gente. Y entonces surge la interrogante: ¿Adónde para esta lógica de manipular instituciones para forzar ideologías políticas personales a otros? ¿Cuándo se podrá reconocer el valor de lo que las personas desean para sus propias vidas, sin que esta gente se descalifique como alienada, ignorante o manipulable? ¿Cuándo dejarán de ser necesarias la mentira, la fuerza y la imposición? En otras palabras, ¿cuándo será posible la paz y la democracia?
Algunos miembros de estos grupos creen fervientemente en estas ideologías. Otros simplemente las usan para defender sus propios intereses. Pero ambos grupos cooperan entre ellos para establecer precedentes nefastos en la manera de hacer las cosas en la política nacional, sin darse cuenta de que dentro de esta lógica de imposición, el día de mañana podrían ser ellos los atacados de esta manera. ¿Qué garantías para la estabilidad y la paz implica tal situación?
Un nuevo acuerdo
Irónicamente, hay políticos de izquierda, que incluso han citado a Gandhi para justificar este atropello a la paz y la democracia en El Salvador. Claro, han sacado a Gandhi de contexto, para decir que las leyes injustas, deben desobedecerse. En este contexto alegan que las instituciones democráticas son burguesas, no-socialistas, y por ello injustas, sin explicar por qué este es el caso en estos fallos concretos de la Sala de lo Constitucional. Fallos que han buscado respetar el poder de la gente. Pero esta es una ignorante e insolente aplicación de las enseñanzas de Gandhi. Primero, porque las leyes que el Ejecutivo y el Legislativo han violado en El Salvador, no son injustas. Son de hecho leyes que han garantizado la paz y la democracia, por las que Gandhi tanto luchó. Y segundo, porque Gandhi no recomendaba la desobediencia civil a los poderes estatales, ni a los políticos poderosos. Estos tienen la obligación de respetar la ley, que ellos mismos pueden cambiar. Más bien, Gandhi recomendaba la desobediencia civil y la no-violencia a los débiles, para que se opusieran a los poderes sin justicia, que fomentan la violencia y la guerra. Esta oposición no-violenta será necesaria, hasta que todos sean convencidos de que para que haya paz positiva y democracia, debe haber un acuerdo profundo en la sociedad, que reconozca la importancia de hacer las cosas sin mentiras, y sin fuerza.
