Sonia fue detenida, enjuiciada y condenada con base en la ley, que desde 1998, penaliza totalmente el aborto en nuestro país. Como ella, otras 24 mujeres con perfiles similares permanecen presas bajo circunstancias parecidas.
La organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Etico y Eugenésico ha venido denunciando como la mayoría de mujeres que se encuentran encarceladas en este momento pertenecen a los estratos sociales más pobres y fueron condenadas porque las complicaciones que tuvieron durante sus embarazos fueron clasificados como aborto (provocación de la terminación del embarazo).
Antes de que salten todas las buenas señoras a persignarse y a decir que no ven el problema, que la ley es la ley y debe aplicarse a todos por igual sin importar si la mujer es pobre o no la mujer; aquí intentaré reflexionar sobre sus contradicciones. Que al igual que cualquier otra ley, ésta no es un marco legal neutro y altruista, y que está teniendo efectos negativos sobre ciertas mujeres embarazadas.
Hasta ahora veo los siguientes problemas fundamentales: primero, esta ley está directamente relacionada con la ley que reconoce y protege la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, como ya señalé en una columna anterior, contradicen su propio supuesto porque para “proteger la vida”, terminan desprotegiendo la vida de la mujeres. Esta desprotección se expresa en la desvalorización de la vida de la mujer embarazada frente a la del feto. Pero también en la creación de un espacio de violencia para las mujeres con menores recursos económicos por el dudoso acceso a la justicia que tienen.
Todos sabemos que el período de embarazo es especial no solo por los cuidados que necesita una mujer, sino también por la cantidad de riesgos y complicaciones que se pueden enfrentar. De hecho conozco muchos casos de mujeres (no dudo que el/la lectora también) que han sufrido pérdidas espontáneas. Ninguna de esas mujeres está en la cárcel, a ninguna su médico la denunció por aborto, y a nadie se nos ocurrió verlas con sospecha por posibles asesinas. Al contario, todas recibieron condolencias y mucho cariño. Las explicaciones de los médicos: cosas que a veces pasan, el bebé no “se pegó”, placenta previa, cuestiones de la naturaleza, la voluntad de Dios.
Entonces ¿Por qué en el caso de Sonia el médico denunció inmediatamente el parto prematuro como un aborto y no lo catalogó como resultado de una complicación obstétrica que no pudo ser atendida?
Para responder a esta pregunta es necesario empezar por centrar la atención en un hecho: las mujeres de menores recursos económicos son las que más peligros enfrentan. Las autoridades de salud han señalado que la mortalidad materna es hasta en un 70% más elevada al promedio nacional, en las mujeres de los estatus más pobres. Esto se explica en parte por el aún escaso acceso a servicios de salud que estas mujeres tienen.
Los embarazos, entonces, son evidentemente más peligrosos para ciertas mujeres: las mujeres que tienen que conformarse con ser atendidas en una unidad de Salud o en un hospital a kilómetros de distancias de sus casas, donde muchas llegan a morir. Los últimos datos del ministerio de salud muestran que la mortalidad materna en El Salvador es de 52.8 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. Nuevamente, la mayoría son mujeres de escasos recursos económicos.
Por esto el embarazo es otra gran expresión de la desigualdad social en El Salvador. Pero los problemas para una mujer pobre embarazada no terminan ahí. Por su clase social, las mujeres no solo tiene que hacerle frente al difícil acceso a servicios de salud; sino que además, al tener una complicación obstétrica o pérdida de sus embarazos, se vuelven automáticamente sospechosas ante la ley.
Como en el caso de Sonia Tabora, se culpa a las mujeres y se les señala como responsables individuales de lo que les ha pasado: “… es que no se cuidó, no fue a los controles, no vino a tiempo para que la atendiera”. Y si el futuro hijo muere, entonces son apuntadas como asesinas: “lo abortó”.
Las organizaciones han señalado también cómo los médicos están jugando un papel crucial en esto. Ellos son los “expertos”. Esto no significa más que ellos tienen el poder de interpretar (frente a la ley) las complicaciones obstétricas como aborto o como una pérdida espontánea; y decir quién es una asesina y quién una madre dolorida.
A Sonia se le condenó sin la presencia de pruebas directas, sin tomar en cuenta su testimonio o el de sus familiares. Eso sí, gran peso se le dio a la denuncia presentada por el médico que la atendió, cuyas conjeturas al final inclinaron la balanza de la justicia en contra ella. Este año cumplió siete años de estar encarcelada. Finalmente el 16 de julio iba a realizarse la revisión de su sentencia, pero fue suspendida y aplazada.
El caso de Sonia Tabora es solo un ejemplo de los usos y efectos perversos que tiene la ley de penalización absoluta del aborto, sobre todo para las mujeres con menos recursos económicos. Mujeres a quienes esta ley pone en riesgo, no solo porque en realidad están privadas de atención médica oportuna y adecuada, sino también por permitir que sus embarazos fallidos sean interpretados discrecionalmente como asesinatos. Sonia merece un trato igual que el que tiene cualquier otra mujer que ha sufrido la pérdida de un hijo. Merece, además, no solo la revisión de su sentencia, merece estar libre y poder rehacer su vida.
