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La propuesta de la Ley de Cultura que el abogado colombiano Gonzalo Castellanos elaboró y entregó a la Secretaría de Cultura por encargo de esta, es una obra con aspiraciones reformistas: incluye desde un cambio estructural en la figura estatal que tutela la cultura, hasta reformas en el área fiscal y económica. (Descargar borrador de la Ley aquí)
La descentralización, en la figura de trasladar protagonismo desde el Ejecutivo hasta las municipalidades, es uno de los componentes novedosos que destacan en la propuesta de este consultor, cuya obra iba a ser presentada hace 10 días en el Teatro Presidente, de San Salvador, y que a última hora fue abortada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República.
El miércoles, la secretria de Cultura, Magda Granadino, admitió que Castellanos había entregado una propuesta de ley y que ella quería que la Ley de Cultura que eventualmente pueda tener El Salvador sea elaborada en consulta con la sociedad, y no empezar la discusión a partir de un documento redactado con precisión hasta el mínimo detalle como si fuera un borrador definitivo.
'Lo que yo quiero es que participen, no como decía alguien, entregarles algo cocinado', dijo a la audiencia en el Presidente el miércoles de la semana pasada. Reveló que el trabajo de elaboración de la propuesta había sido de la mano no solo de la Secretaría de Cultura, sino también de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El documento de Castellanos tiene más de 100 páginas. En materia de organización, la propuesta vaciada en 107 artículos mociona la transformación de la estructura institucional. En ella se pretende elevar a la Secretaría al rango ministerial, pero crearía un ministerio sin administración vertical. Al contrario, el modelo ministerial rompe con la estructura piramidal y delega poder a varios actores y gestores ya existentes y que no han tenido participación en la gestión cultural hasta ahora. Habla también de la formación de múltiples consejos que buscan la participación de la ciudadanía en la construcción de la cultura salvadoreña, pero también en la toma de decisiones y de gestión.
En esta ley el municipio se ve como un eje de desarrollo cultural. La ley propone la creación de consejos municipales y zonales, y pretende que cada alcaldía cree su propio sistema de artes: desde la creación de la escuela de artes y música, hasta la formación y gestión de una biblioteca municipal. Actualmente, el trabajo cultural territorial depende de las casas de la cultura. Esta estructura, fundada en los años 70, ha venido en detrimento de la difusión cultural: muchas casas de la cultura en el área rural funcionan más bien como casas comunales y sus aportes a la comunidad son escasos, no crean redes culturales en los municipios donde han sido fundadas. Las casas de la cultura, parte de la estructura de la Presidencia de la República desde 2009, constituyen también presencia territorial —geopolítica— y un potencial de plazas de trabajo bajo administración y disposición de la cabeza del Ejecutivo.
El cumplimiento de la ley también implicaría una transformación que afecta a otros ministerios, como el de Hacienda y el de Educación.
Al Ministerio de Educación le tocaría enfrentar un proceso de formalización de la educación desde la inclusión de las artes y la música en la educación básica y media, hasta la superior: la profesionalización del arte. Implicaría un trabajo en conjunto con las universidades en la creación de carreras de educación superior y acreditar los niveles de educación de los artistas nacionales.
En declaraciones que dio en el Centro Cultural de España y en Radio Clásica, Alejo Campos, coordinador del proyecto de la Ley Nacional de Cultura, describió a la normativa en preparación como una ley que no era teórica sino de fomento, por lo que la ley pretendería explicar por qué la inversión cultural es inversión social y no un gasto, como comúnmente piensan la población o las empresas privadas o el Estado mismo.
La propuesta de Castellanos -autor de las propuestas de Ley de Cine de Colombia y de una propuesta de Ley de Cine de Costa Rica- sostiene que la cultura debe recibir lo mismo que aporta al sistema económico. En otros países latinoamericanos los aportes superan cerca de 3 puntos del PIB nacional. En el caso de El Salvador, esto equivaldría a unos 690 millones de dólares. El PIB mundial se constituye hoy con cerca de un 7% procedente de sectores productivos, creativos y de intermediación o distribución de bienes, productos y servicios culturales, afirma el consultor. Esta perspectiva implica también la apertura de otras instituciones del Estado y la empresa privada. La ley garantizaría el derecho a créditos a los actores culturales, cosa que difícilmente puede aplicarse actualmente en El Salvador.
La reforma económica y fiscal que promovería la ley tiene una serie de incentivos para el capital privado que apoye la financiación del patrimonio, las industrias cinematográficas o editoriales. También hay incentivos para los propietarios de los inmuebles patrimoniales que no pueden darles mantenimiento por lo costoso de las restauraciones.
En el caso puntual del patrimonio, la ley anularía la Ley especial de protección al patrimonio cultural que fue creada después de la firma de los Acuerdos de Paz. La ley actual carece de un sistema de fomento y salvaguardia estructural para la inmensa riqueza inmaterial como son fiestas, tradiciones, conocimientos populares, tradiciones orales, lenguas, espectáculos o conocimientos colectivos de los pueblos.
La nueva ley propone cambios significativos para la concepción y el trabajo cultural, que la secretaria de Cultura, Magdalena Granadino, a última hora consideró que “no estaban totalmente de acuerdo a la realidad del país”.
Este es un recuento de los 10 aspectos más destacados en el borrador de la ley que implican un cambio sustancial, una reforma a la gestión cultural en El Salvador:
1. Creación del Sistema Nacional de Cultura
El borrador de la ley contempla la creación de un sistema integrado por un conjunto de entidades públicas y particulares, personas, procesos, recursos y regulaciones que trabajan de manera coordinada entre sí. Descentraliza la gestión institucional de la cultura. (Art. 5).
2. Creación del Ministerio de Cultura
Se propone el cambio de Secretaría a Ministerio. La creación del ministerio implicaría un cambio estructural. El ministro presidiría una serie de consejos y trabajaría directamente con representantes de varios sectores culturales, desde artistas, empresarios y universidades hasta representantes de los pueblos indígenas. El Ministerio coordinaría el sistema nacional de cultura, la inversión social, la participación sectorial; también coordinaría y ejecutaría el plan nacional de derechos culturales. (Art. 6). Se promovería la participación sectorial a través de la creación de consejos nacionales y sectoriales: patrimonio, artes, acceso a la lectura, música, cinematografía y teatro. También existe la posibilidad de crear o fusionar consejos posteriormente. (Arts. 9 y 10).
3. Creación de cuentas satélites de cultura
Las cuentas satélites de cultura recogerían el aporte socioeconómico producido por los diversos campos culturales. Este aporte se reintegraría para la inversión en cultura. Las cuentas satélites permiten identificar y recoger lo que las industrias culturales producen y aportan a la economía del país con la visión de que esto justifique el aumento de la inversión del Estado en la cultura. (Art. 24). Esta iniciativa marcaría una excepción dentro de la generalidad del manejo de los ingresos fiscales. La regla general es que el dinero del Estado va a un fondo general, desde el cual Hacienda dispone cómo usarlo o a qué rubros destinarlo.
4. Creación del Fondo Nacional para el Arte y la Cultura
El Fondo Nacional para el Arte y la Cultura sería un fondo especial al estímulo de la creación cultural. Estaría nutrido de donaciones, de lo recaudado por la cuenta satélite de cultura, un 10% de lo recaudado en los espectáculos públicos, un 10% de lo recaudado por las salas de cine, multas y sanciones a quienes incumplan o violen la ley. El fondo sería creado por un comité ejecutivo. (Arts. 98 - 104).
5. Descentralización: participación municipal
Las municipalidades llevarían las riendas del trabajo cultural. Se contempla la descentralización del trabajo cultural por medio de la creación de consejos municipales. Según la ley, en cada municipio debe crearse una biblioteca. Las municipalidades también trabajarían con el plan de desarrollo de derechos culturales y la protección patrimonial. Hasta la fecha, la red de casas de la cultura ha sido el único instrumento de trabajo territorial del Estado, y estas pasarían a integrarse al sistema. Cada municipio crearía y mantendría su propia escuela de música y arte. (Arts. 12, 19, 90).
6. Nueva visión fiscal
La ley crearía incentivos fiscales para los propietarios de inmuebles o donantes para instituciones culturales. Quedarían exoneradas de impuestos las ferias del libro, los festivales de teatro y los productos culturales como libros. El cine y los espectáculos internacionales entregarían el 10% de sus ganancias para el fondo de actividades culturales a cambio de la exoneración de todo impuesto nacional. (Art. 99). Habría exoneraciones fiscales de hasta el 50% del impuesto sobre la renta para los propietarios de los inmuebles que conserven los bienes culturales y el mismo incentivo del 50% del impuesto sobre la renta lo recibirán propietarios o inversionistas que financien el Régimen Reforzado de Salvaguardia aplicable a expresiones culturales. En el caso de la industria cinematográfica se descontará un 50% sobre la renta a quienes inviertan en proyectos de realización, producción, promoción y comunicación pública de obras cinematográficas salvadoreñas. También se quitaría el IVA a los boletos de cine y las salas dejarían de pagar a las alcaldías por cada función. Estos fondos se destinarían al Fondo Nacional para el Arte y la Cultura (FONAC). Por último, el 50% de descuento sobre la renta también sería aplicado a las personas naturales que realicen donaciones en dinero efectivo FONAC. (Arts, 43, 46, 85, 102).
7. Reforma de la ley de patrimonio
La propuesta de ley dedica la mayoría de sus artículos —del 25 al 62— al patrimonio cultural. Se incluirían nuevos campos de conservación patrimonial, como la propiedad intelectual, los pueblos indígenas (arts. 58-60), la arqueología subacuática (art. 39), y el patrimonio intangible, como las lenguas, en este caso el náhuat. Prohíbe la exportación de bienes a través del Régimen reforzado de protección de muebles (art. 34), que no permite la salida del país de ningún bien patrimonial mueble. La ley vigente, creada después de la firma de los Acuerdos de Paz, tiene una visión patrimonialista del inmueble, no incluye lo intangible y sus vacíos no permiten la negociación con los propietarios. La reforma de la ley permitiría otorgar incentivos fiscales a los propietarios para conservar los inmuebles o en su defecto la sanción o expropiación de ellos.
8. Reconocimiento de la propiedad intelectual
Los artistas obtendrían un 10% de remuneración compensatoria del valor bruto de su obra por sus ventas sucesivas. Los pueblos originarios tendrían derecho a la protección de sus derechos colectivos, como su insignia, vestimenta y lengua, según los artículos 60 y 61. Esto permitiría que los pueblos originarios no sean explotados por medio del turismo y comercio. (Arts. 60, 61, 75).
9. Formalización de la educación en las artes y música
La ley decretaría la creación el Sistema Nacional de Formación Artística y Musical. La formación artística y musical sería impartida por instituciones públicas, privadas o mixtas, y el grado educativo sería preescolar, básico, medio y profesional o especializado. En este sistema estarían integrados el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles y la Filarmónica Juvenil Nacional, las Escuelas de Artes y Música, conservatorios, instituciones sin ánimo de lucro, organizaciones de carácter mixto que desarrollen actividades de educación o formación en este campo. Este sistema estaría apoyado en el trabajo con el Ministerio de Educación, que incluiría la educación artística y musical en sus planes de estudio; el Ministerio de Educación certificaría los grados académicos, técnicos o de nivel de educación superior universitaria. El sistema fortalecería programas de profesionalización de nivel avanzado de posgrado. (Arts. 15, 20).
10. Seguridad social
La propuesta establece la creación de un sistema de seguridad social para los artistas. El FONAC destinaría el 10% para el fondo de seguridad social y pensiones para artistas. Los artistas también pasarían por un proceso de acreditación de oficios para postularse a estos procesos. (Art. 68).
Ante el planteamiento de que los cambios propuestos en el borrador de la Ley Nacional de Cultura 'no estaban totalmente de acuerdo a la realidad del país', Castellanos reflexiona: 'No me corresponde a mí, de manera alguna, definir si el texto discutido, o el que se discutirá o el que se aprobará es idéntico al que elaboré, o si es mejor, o si es de menor calado, pues es una decisión soberana y autónoma de todos ustedes definir cuál es la visión de política y de instrumentos culturales que quieren y sueñan."
El proyecto de Ley de acceso a la información, o el de Equidad de Género, o el de Medio Ambiente, también implicaron la reforma de decenas de normativas, cambio de visión institucional e incluso creación de instituciones nuevas, pero sus gestores creyeron en su importancia para el país y las defendieron, negociaron y modificaron hasta lograr que El Salvador contara con estas Leyes que provocaron esos cambios que se consideraron necesarios para fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
