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Bonilla dice estar a favor de demanda de diputados porque le beneficiaría

La décima jornada de negociación terminó este sábado en San Salvador con tibios acuerdos: Arena admite respaldar a Ovidio Bonilla como magistrado propietario y los partidos políticos que se niegan a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional dicen que retirarían la demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia si logran un acuerdo global, que no detallaron en qué consistiría. El presidente Funes anunció otra sesión para este lunes.

Sábado, 11 de agosto de 2012
AFP / Gabriel Labrador

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) celebró este sábado en Managua una audiencia pública para escuchar los alegatos del juicio que la Asamblea Legislativa salvadoreña promueve contra la Corte Suprema de Justicia, en relación con el nombramiento de varios magistrados. A la audiencia asistió el abogado Ovidio Bonilla cuya elección como magistrado de la Corte Suprema en marzo de 2012 fue declarada inconstitucional. Bonilla iba representando los intereses del Órgano Judicial y, sin embargo, dijo no oponerse a la demanda de la Asamblea Legislativa contra la Corte en esa instancia. 

El secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, dijo a la AFP que Bonilla actuó como 'presidente de la Corte Suprema', pese a que la institución no le reconoce su nombramiento. En El Salvador, el magistrado Florentín Meléndez (elegido en 2009 y presidente de la CSJ según la ley interna) había dicho que no participaría del proceso en la Corte Centroamericana porque esta no tiene competencia en la materia'. Cuando la CCJ abrió a pruebas hace dos semanas, Meléndez dijo que tampoco aportaría pruebas en un proceso que considera nulo. 

Bonilla, mientras tanto, dijo sí reconocer 'la competencia de la Corte' Centroamericana para dirimir el conflicto que ha paralizado al poder judicial en El Salvador. 

Algunos sectores de El Salvador 'nos califican de usurpadores' tras el nombramiento de los magistrados, manifestó Bonilla, pero 'si la sentencia (de la CCJ) es adversa a los intereses de la Asamblea Legislativa, dejaríamos de desempeñar nuestros cargos', prometió. Bonilla fue más allá y casi al final de su intervención, transmitida por internet desde Managua, complementó lo dicho: 'Estoy a favor de la demanda de la Asamblea porque me beneficia'. 

Antes, el 16 de julio, Bonilla protagonizó otro episodio que le valió críticas de sus detractores, porque subió a una tarima, donde en una escena de celebración permitió que los diputados de los partidos que lo apoyan y que pretenden desarticular la Sala de lo Constitucional, le alzaran las manos en señal de triunfo ante centenares de simpatizantes del partido de izquierdas y de sindicalistas del Órgano Judicial y otras organizaciones. Ese día fue cuando la Corte quedó sin presidente elegido por la Asamblea, ya que el día anterior, domingo 15, terminaron los tres años de Belarmino Jaime como presidente de la Sala y presidente de la Corte Suprema.

La crisis estalló el 5 de junio, cuando la Sala Constitucional declaró ilegales las elecciones de 10 de los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema realizadas en distintos momentos por una misma legislatura.

Según la Sala, la Constitución faculta a la Asamblea a designar magistrados sólo una vez bajo la misma legislatura y ordenó repetir la elección. Aunque la Constitución no es explícita en esto, los magistrados interpretaron que el sistema de elecciones de diputados y de elección de magistrados por parte de la Asamblea se escalonadan y relacionan de tal manera que el propósito es que a cada renovación de legislatura le corresponde renovar Corte Suprema. 

Antes de Bonilla, el abogado Mauricio Clará, representante del Legislativo salvadoreño y exmagistrado de la Corte, calificó de 'interpretación subjetiva' la que el Poder Judicial salvadoreño hizo de la Constitución en este caso.

Clará pidió a los jueces agilizar la sentencia 'para contribuir a pacificar a la patria'. El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, dijo este sábado durante su programa de radio semanal 'Conversando con el presidente', que consideraba que a finales de la próxima semana habrá un acuerdo entre todos los políticos. 'Yo aspiraría a que los partidos tengan la voluntad necesaria para que, a más tardar la próxima semana, puedan sacar adelante a la Corte Suprema (...) Mi impresión es que vamos avanzando, el diálogo no está entrampado pues los políticos están negociando. Yo diría que estamos entrando en la recta final', remarcó el mandatario.

Hace dos semanas, a finales de julio, había dicho exactamente lo mismo y vaticinó que el conflicto estaría resuelto antes del 1 de agosto. La CCJ dispondrá de 20 días para dictar el fallo, a partir del miércoles próximo, cuando vence el plazo para que las partes presenten sus alegatos finales, según Guerrero.

Pese a que los fallos de la CCJ son inapelables, tampoco han sido vinculantes para los mismos países que se han visto envueltos en litigios que este tribunal ha ventilado. El caso más reciente fue el de Costa Rica, demandada por Nicaragua, y que terminó desoyendo la sentencia por una disputa limítrofe.

Los partidos políticos con representación en el Congreso de El Salvador, bajo la mediación del presidente Mauricio Funes, acordaron el 1 de agosto ratificar a cinco de los magistrados cuyo nombramiento (en el 2006) fue declarado ilegal en junio pasado y volver a elegir a otros cinco magistrados para el período 2012-2021 para resolver así la crisis.

Bonilla será propietario 

La reunión del presidente con los partidos políticos tereminó a las 9 de la noche de este sábado. Había comenzado a las 3 p.m. Al final de la jornada, Funes brindó una conferencia de prensa para explicar los acuerdos alcanzados. 

Como primer punto, el mandatario dijo que ninguno de los negociadores tenía reparo en que los magistrados elegidos en 2006 se mantengan en sus cargos, un acuerdo anunciado hace ya varios días.

Como segundo punto, el mandatario señaló que Arena había flexibilizado su postura en cuanto a la posición que debía ocupar el abogado Bonilla dentro de la Corte Suprema. Arena accedería a que Bonilla sea elegido magistrado propietario. Sin el respaldo de Arena, que tiene 33 escaños, la Asamblea no puede formar la mayoría calificada de 56 votos mínimos que se requiere para elegir funcionarios de segundo grado. Arena ha planteado también que Bonilla no puede ser presidente de la Corte Suprema después de celebrar con los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes, porque queda claro que es dudable su independencia. Funes explicó que el bloque de partidos FMLN, Gana, CN y Pes sigue exigiendo que el abogado sea presidente del Órgano Judicial.

El presidente que un segundo acuerdo es que el bloque de partidos retiraría la demanda ante la CCJ cuando se sientan satisfechos de un acuerdo general. “Estarían dispuestos a que habiendo alcanzado un acuerdo global, que permite instalar Sala de lo Constitucional y que permite instalar Corte Suprema de Justicia y por lo tanto que el Órgano Judicial entre en un proceso de normal funcionamiento, si se alcanza ese acuerdo político, ellos estarían dispuestos a desestimar la demanda independientemente de cual pueda ser la sentencia final de la Corte Centroamericana de Justicia”.

La próxima reunión se celebrará este lunes a partir de las 3 de la tarde, dijo.

El mandatario evitó verter una opinión sobre las delcaraciones de Bonilla al final de la audiencia en Nicaragua y tampoco sobre la aparente doble postura del bloque de partidos al haber promovido una reforma a la Consitución para dejar claro que no se pueda elegir funcionarios de segundo nivel dos veces en una sola legislatura, que es lo que argumentaron los magistrados constitucionalistas en sus sentencias del 5 de junio, y que fueron desoídas por la Asamblea.

La elección de los magistrados de 2009 'es un tema que no debe contaminar esta mesa', dijo Funes. Se refería a que el bloque de partidos consideró que así como Arena ha dicho que la comisión especial creada por los diputados para investigar la legalidad en el nombramiento de los magistrados de 2009 no tiene la potestad para decir si dicha elección es ilegal, tampoco puede decir si es legal.

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