Las negociaciones para superar la crisis entre la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegaron a su fin este domingo, cuando el presidente Mauricio Funes anunció en una rápida comparecencia ante los periodistas que los dirigentes de los partidos políticos lograron un acuerdo: el bloque de 50 diputados de FMLN, Gana, CN y Pes retrocedió en sus pretensiones de desarticular la Sala de lo Constitucional y en su decisión de nombrar al abogado Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema para los próximos tres años.
Faltando cinco minutos para la medianoche, Funes explicó que los Secretarios Generales o presidentes de todos los partidos políticos acordaron que los cuatro magistrados constitucionalistas nombrados en 2009 seguirán en sus cargos, y que a ellos se sumará el abogado José Salomón Padilla, quien será el nuevo presidente de la Sala y de la Corte.
“A pesar de que ha habido sectores que dudaron de la voluntad de los partidos políticos, dudaron de la imparcialidad del presidente de la República para lograr este clima de entendimiento y, en algunos casos, trabajaron en contra de la mesa (…) pese a ello, hemos logrado un acuerdo final, integral”, dijo Funes.
El acuerdo culminó una intensa serie de reuniones que iniciaron el pasado 24 de julio, luego de que los ecos de la crisis institucional por el incumplimiento de dos sentencias de la Sala de lo Constitucional llegaron hasta Estados Unidos. El senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio sugirieron al gobierno del presidente Barack Obama reconsiderar la ayuda a El Salvador e incluso tomar represalias contra los promotores de la crisis institucional, como por ejemplo el retiro de visas. El gobierno salvadoreño envió entonces al secretario técnico Alex Segovia y al canciller Hugo Martínez a una gira por Washington, para reunirse con diversos sectores e intentar explicar la crisis. La presión desde el Congreso estadounidense y desde el Departamento de Estado influyeron para que el bloque de lso cuatro partidos y el Ejecutivo buscaran una salida política a la crisis institucional.
Los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes querían sacar de la Sala a por lo menos uno de los cuatro magistrados constitucionalistas y ratificar al abogado Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema entre 2012 y 2015.
El presidente Funes , sin embargo, anunció que se hará una nueva elección para ratificar a los magistrados nombrados el 30 de abril de 2006 -acatando así la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional el 5 de junio-, y otra de los magistrados electos por al anterior legislatura para el período 2012-2021. pero el bloque de los cuatro partidos desistió de mantener a Ovidio Bonilla en la presidencia de la Corte, y los partidos acordaron nombrar en este cargo a Salomón Padilla. Bonilla se mantendrá como magistrado titular. Además de ellos dos serán ratificados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Elsy Dueñas de Avilés para el período 2012-2021.
Salomón Padilla actuó como notario en la constitución de Enepasa, la asociación intermunicipal conformada por alcaldías del FMLN para participar en Alba Petróleos. También tiene en su currículo el cargo de gerente legal de Alba Petróleos. Entre 2000 y 2006 trabajó para la alcaldía de Soyapango, gobernada por el FMLN, en el área legal.
Bonilla seguirá como magistrado, pero tendrá que esperar la instalación de la Corte en pleno para ser designado a una de las otras tres salas de la CSJ.
Los partidos también acordaron ratificar a los magistrados electos en 2006 Rosa María Fortín, Evelyn Roxana Núñez, Lolly Claros de Ayala, Miguel Alberto Trejos y Mario Francisco Valdivieso.
El enfrentamiento entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa había quedado establecido desde julio de 2010, cuando los magistrados nombrados un año antes resolvieron que el mecanismo por medio del cual los salvadoreños nombran diputados violaba el carácter libre y directo del voto. Eso golpeó el control que las cúpulas partidarias habían tenido para lograr colar a la Asamblea a sus candidatos favoritos, independientemente de la voluntad de los ciudadanos. Ya para entonces hubo diputados, como Rodolfo Parker, del Pes, que hablaron de la posibilidad de destitución.
El 2 de junio de 2011 la Asamblea emitió un decreto -el 743- tendiente a maniatar a los magistrados, al resolver que la Sala solo podría emitir sentencias de inconstitucionalidad por unanimidad, en lugar de los cuatro de cinco votos posibles que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales. Esa vez, la derecha legislativa tuvo la ayuda del presidente Funes, quien expeditamente firmó el decreto y mandó publicarlo en el Diario Oficial de inmediato.
El desafío pasó al máximo nivel cuando la Sala emitió el 5 de junio sendas sentencias de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema hechos el 30 de abril de 2006, al final de la legislatura 2003-2006, y el 24 de abril de 2012, cuando también estaba a punto de terminar su mandato la legislatura 2009-2012. La Sala determinó que la intención del constitucionalista era que a cada período legislativo correspondiera nada más hacer una renovación de la Corte, y aquellas legislaturas ya habían hecho una renovación de la Corte en 2003 y en 2009, respectivamente.
La Constitución establece que el máximo tribunal, formado por 15 jueces, se renueva por tercios cada tres años. Sin embargo, los diputados, en lugar de acatar las sentencias de inconstitucionalidad, las desoyeron y presentaron una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) bajo el argumento de que existe un conflicto entre órganos del Estado y el tribunal regional tenía competencia para dirimirlo.
La CCJ admitió la demanda y suspendió los efectos de las sentencias. La Sala de lo Constitucional reaccionó con una declaratoria de inaplicabilidad bajo el argumento que esta instancia es la máxima autoridad en materia constitucional en El Salvador, según el artículo 183, y que el protocolo de Tegucigalpa, que dio origen a la CCJ, limita las actuaciones del tribunal regional a asuntos de integración. Pese a esa declaratoria de inaplicabilidad, el 16 de julio, Ovidio Bonilla, con el apoyo de los partidos FMLN, GANA, CN y Pes, dijo asumir como presidente de la Corte Suprema y con ayuda de un cerrajero violentó algunos despachos.
Desde entonces la CSJ tenía dos presidentes: Florentín Meléndez, que asumió el amparo de la Ley Orgánica Judicial que establece que, en defecto del presidente del Órgano Judicial, asume el cargo interinamente el primer vocal de la Sala de lo Constitucional. La Asamblea y el presidente Funes desconocieron a Meléndez y refrendaron su ronocimiento a Ovidio Bonilla, quien se aferraba a la resolución de la CCJ y que el 16 de julio participó en una reunión de calle en las cercanías de la Corte Suprema, cuando en una especie de celebración los diputados del FMLN, Gana, CN y Pes le levantaron las manos ante cientos de simpatizantes efemelenistas que los vitoreaban.
Esa escena fue, precisamente, el arma que usó el partido Arena para oponerse a apoyar a Bonilla como presidente de la Corte, porque según los areneros era cuestionable la independencia del abogado. El dilema que se planteaba para Bonilla era que justo la Sala de lo Constitucional se ha caracterizado por resolver varias demandas contra la Asamblea Legislativa en favor de los ciudadanos que hicieron los reclamos de justicia.
Con el acuerdo leído por el presidente Funes, la situación vuelve prácticamente al momento en que la Sala emitió sus sentencias, porque la Asamblea hará una nueva elección para nombrar a los magistrados 2006-2015 y a los del período 2012-2021. Asimismo, otra sentencia determinó que la Asamblea no podía sacar de la Sala de lo Constitucional a Belarmino Jaime, que había sido otra decisión incluida en los decretos del 24 de abril. Los magistrados dicen que los jueces constitucionalistas son elegidos para nueve años.
Al final, el FMLN logró colocar en la presidencia de la Corte Suprema a un abogado con el que simpatiza. La presidencia de la Corte tiene como atribuciones exclusivas el manejo de la agenda en las sesiones de Corte plena y la toma de decisiones administrativas sobre el Órgano Judicial.
“La instalación de una mesa de negociación es el mecanismo más eficaz para encontrar los entendimientos necesarios que permitan una labor de trabajo armoniosa entre los diferentes órganos del Estado”, dijo Funes, quien hasta antes del 24 de julio insistía en que la Sala de lo Constitucional debía someterse a lo que estableciera la Corte Centroamericana.
El último acuerdo de los partidos políticos parece hacer un guiño al conflicto que han tenido contra la Sala de lo Constitucional en los últimos meses. Los diputados han lanzado duras críticas contra Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González por sentencias que supuestamente invaden competencias del Órgano Legislativo. La escala de cuestionamientos aumentó cuando los magistrados emitieron sentencias que afectan algunos intereses de los partidos, como la votación por rostros para escaños legislativos en lugar de listas cerradas y bloqueadas, como era hasta antes de 2012.
El año pasado, esas sentencias llevaron a los diputados a promover el decreto 743 para maniatar las resoluciones de la Sala. Luego, en abril de este año, FMLN, GANA, CN y PES votaron por un decreto que separaba a Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. El acuerdo firmado este domingo mantiene a Jaime en la sala. Los diputados concluyen el acuerdo planteando que es necesario un “profundo debate alrededor de los límites de los distintos órganos del Gobierno en el ejercicio de sus respectivas funciones”. Las conclusiones de ese debate deben servir para promover reformas constitucionales, dicen.
Entre el jueves y la madrugada del sábado la Asamblea Legislativa tuvo una sesión plenaria extensa, que incluyó dar por recibida la sentencia de la CCJ que declaró inaplicables las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala sobre los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema. Los partidos promotores de la demanda ante la Corte Centroamericana insistieron en que esa sentencia es de obligatorio cumplimiento.
Funes no dio espacio a preguntas de los periodistas, y los partidos políticos tampoco explicaron qué sucederá con la sentencia de la Corte Centroamericana.
Los efemelenistas, que después de haberse mantenido al margen del decreto 743 de junio de 2011, se habían convertido en los principales adversarios de la Sala. Acusaban a los magistrados y a cualquier persona u organización que rechazara el desacato, de servir a los intereses del gran capital y del partido Arena. En cambio, Arena pasó de liderar el movimiento contra la Sala en junio de 2011, a demandar que se le respetara y a acusar a los efemelenistas de atentar contra la independencia de poderes.
Cuando Arena lideró la emisión del 743, argumentó, entre otras cosas, que sabía que la Sala estaba a punto de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Luego se retractó alegando que los magistrados habían aclarado al partido que no había ninguna demanda contra la Asamblea por dicha ley, y por lo tanto no tenían ni en estudio la posibilidad de declarar inconstitucional la amnistía.
Para el FMLN, la posible desarticulación de la Sala y poder nombrar al presidente de la Corte Suprema constituía 'rescatar' el máximo tribunal del país. Cuando en abril pasado el FMLN anunció que iba a nombrar un nuevo máximo tribunal antes de que la nueva legislatura -en la que Arena iba a recuperar el poder de veto en elección de magistrados- asumiera el 1 de mayo, dijo que iba a remover de la Sala de lo Constitucional al hasta entonces presidente del Órgano Judicial Belarmino Jaime. El vocero efemelenista, Roberto Lorenzana, dijo que querían sacar de la Sala a Jaime porque este no coincidía con sus ideas.
Según el presidente Funes, el acuerdo alcanzado la noche de este domingo se concretará con las votaciones nominales y públicas correspondientes en una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, que se realizará este martes.
Parte del acuerdo firmado también es el compromiso de debatir los límites en las atribuciones que tiene cada Órgano del Estado, para tratar de evitar crisis como esta.
Por el partido Arena firmó el pacto el presidente del partido, Alfredo Cristiani; por el FMLN suscribió la diputada Norma Guevara, miembro de la dirigencia nacional; por Cambio Democrático firmó Tomás Chévez, secretario general; por Gana lo hizo Andrés Rovira, presidente; por CN lo hizo Manuel Rodríguez, secretario general, y por Pes Rodolfo Parker, también secretario general.
