Después de dos meses de discursos contra la Sala de lo Constitucional y horas después de firmar el acuerdo en que los diputados del bloque FMLN-Gana-CN-Pes tuvieron que arriar sus principales banderas, la Asamblea Legislativa amaneció el lunes con un verbo suavizado hacia los magistrados, aunque quedó claro que seguirá viva la comisión que investiga la actuación de los constitucionalistas nombrados en 2009 y la disposición a llevar otra demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia.
El primero en bajar el tono fue el mismo presidente de la institución, Sigfrido Reyes. Durante una conferencia de prensa explicó cómo el acuerdo político firmado la madrugada del lunes mantendría a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en sus cargos y cómo el Órgano Judicial recobraría su estabilidad. En cuanto a la sentencia de la Sala que declaró que la elección del fiscal general hecha el 24 de abril también violó la Constitución, Reyes anunció que es posible que decidan llevar el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
La CCJ fue uno de los argumentos que en los dos meses pasados usaron los diputados de los cuatro partidos que optaron por desobedecer los fallos judiciales. El tribunal regional resolvió en favor de la Asamblea Legislativa al declarar 'inaplicables' las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala, y ese fallo queda en el aire tras el pacto firmado en Casa Presidencial.
Reyes dijo que la negociación que cerraron los partidos políticos la madrugada de este lunes no incluyó ni la elección de fiscal general para el período 2012-2015, ni el futuro de la comisión especial que integró la Asamblea para investigar la legalidad de la elección de los magistrados de 2009. “Esas son situaciones propias de la Asamblea en donde será el pleno el que decida”, explicó.
El jueves pasado, los diputados del FMLN que integran la comisión especial exigieron que esta emita un dictamen en el que de una vez por todas se declare ilegal la elección. “Se eligió contra ley expresa. De eso no hay duda. Ya queda determinado”, dijo la diputada del FMLN Jackeline Rivera.
En esa misma reunión, Rivera planteó que era necesario además investigar las actuaciones de uno de los cuatro magistrados constitucionalistas, Florentín Meléndez, por usurpación del cargo. Se refería a que Meléndez asumió el 16 de julio como presidente de la Corte, dado que el mandato de Belarmino Jaime terminó el día 15, y la Ley Orgánica Judicial establece que, en defecto del presidente, asumirá funciones el primer vocal de la Sala de lo Constitucional. Para el FMLN esa disposición se refiere a suplencia en caso de que la persona que ejerza la presidencia esté inhabilitada porque se encuentra fuera del país o por enfermedad.
La comisión ha planteado la posibilidad de declarar 'inexistente' la elección de 2009, y otra línea de trabajo ha sido investigar si el magistrado Rodolfo González merece el cargo debido a que en 2004 enfrentó un proceso por violencia intrafamiliar en un juzgado de Familia. Ese caso es una discusión entre González y su exesposa que la jueza resolvió ordenando a ambos que recibieran terapia para poder ser mejores padres de su hija común. Otra carta que han pensado jugar los diputados que adversan a la Sala es acusar a González de haber mentido al no exponer, cuando se le entrevistó para el cargo de magistrado, que había enfrentado ese proceso en el Juzgado 2o. de Familia de San Salvador.
El presidente de la comisión especial, Francisco Merino, de CN, matizó los alcances de la investigación que antes enfatizaba, asegurando que el informe final no sería resolutivo sino parte del camino para realizar reformas necesarias en las normas que hablan sobre el proceso de elección de magistrados. “La comisión no está decidiendo nada, solo está presentando un informe, lo que queda a luz es que es necesario hacer algunas reformas porque la ley se presta a muchas confusiones”, dijo.
El diputado del FMLN Benito Lara reiteró esa idea. Dijo que la decisión final está en manos del pleno legislativo porque hacen falta 56 votos para hablar de una destitución de magistrados. La comisión no tiene integrantes del partido Arena, pero este tiene suficientes diputados como para vetar decisiones que requieren de mayoría de dos tercios de los legisladores, como es el caso de las destituciones.
En el caso de una posible derogatoria del decreto, para lo que solo son necesarias 43 firmas, Lara aseguró que hacía falta estudiar las reglas del derecho administrativo dado que jurídicamente equivaldría a una remoción.
En cuanto a la sentencia que anula la elección de Ástor Escalante como fiscal general, Reyes se abstuvo de anunciar qué sucederá. “No quisiera adelantar criterio porque este tema no ha estado en la mesa”, dijo. Sin embargo, cuando se le cuestionó si podrían recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia por este tema, respondió que esa es una posibilidad: “Esas son instancias que brinda el derecho y no las podemos desestimar. Cuando se dan excesos en las atribuciones de un Órgano de Estado debe haber un ente que diga que esto no es correcto”.
La semana pasada, el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana, dijo que en caso de que las negociaciones en Casa Presidencial dieran frutos, no tendría sentido ya la existencia de la comisión especial, y que esta debería desvanecerse automáticamente. Pero eso no ha sucedido, y el partido Arena demandó la tarde del lunes la extinción de esa comisión.
Alfredo Cristiani, presidente de Arena, dijo que la comisión especial ya no tiene sentido porque ya todos los partidos firmaron un acuerdo para resolver la crisis.
Respecto a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que recaerá sobre el magistrado Salomón Padilla -un abogado cercano al FMLN-, el dirigente arenero Donato Vaquerano dijo que hay que darle el beneficio de la duda. Padilla es gerente legal de la empresa Alba Petróleos, y asesor legal de la empresa Enepasa, formada por Alba Petróleos y varias alcaldías del FMLN.
Cristiani dijo que vigilarán sus actuaciones. 'Veremos cómo actúa y si vemos que está muy apegado a un partido político, sabremos que ese es el camino que seguirá, pero estaremos muy vigilantes sobre él', dijo.
Padilla también fue asesor jurídico y gerente legal de la alcaldía de Soyapango, durante la administración del efemelenista Carlos Ruiz. Además, fue el notario bajo cuyo protocolo se constituyó Enepasa, la sociedad de alcaldías del FMLN que suscribió el acuerdo con Alba Petróleos para comercializar combustibles de la estatal venezolana PDVSA.
