El desacato de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la mayoría de los diputados, ha generado un largo debate nacional en el que ha resaltado la toma de conciencia, de una buena proporción de ciudadanos, sobre la importancia de salvaguardar la institucionalidad democrática y, dentro de ella, la independencia de los Órganos del Estado. Esto, que en un país con madurez democrática sería tan obvio, para nosotros – poco acostumbrados al respeto de las normas de la democracia – es un avance importante.
Estas líneas pretenden recordar hechos de los cuales no sólo fui testigo sino participante. Se trata de la elección de cinco magistrados propietarios, y sus cinco suplentes, por la legislatura 2003-2006, que menos de tres años antes había electo a otro tercio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Era la madrugada del 30 de abril de 2006, en la continuación de una plenaria – la última del período – que había comenzado desde el 26 de ese mes, y esa etapa final había dado inicio desde mediada la tarde del día anterior y había continuado sin detenerse hasta las 6 de la mañana. En ese momento se presentó una pieza de correspondencia para introducir en la agónica agenda el punto de elección de los mencionados magistrados, después de varios días de discusiones entre los diversos partidos, con excepción del FMLN que no había aceptado participar aunque siempre estuvo enterado de las intenciones.
Al pedirse la dispensa de los trámites reglamentarios, que suponen que las piezas pasen a comisiones salvo que el pleno las exonere del requisito, de inmediato surgió la respuesta del FMLN a través del entonces diputado Gerson Martínez: “…no procede, porque según el artículo 186 de la Constitución la Corte se renovará por tercios de 5 magistrados propietarios y suplentes, cada tres años, la Constitución es clara, es taxativa, cada tres años, no antes ni después …en grabaciones magnetofónicas de aquí de esta Asamblea, que son fuentes de interpretación, se dijo claramente que de lo que se trataba era de que en adelante no iba a haber una legislatura que pudiera elegir a la Corte entera, que no podía haber tampoco una legislatura que eligieran dos tercios, sino que la idea era que en cada trienio, o sea en cada tres años, se eligiera, se eligiera un tercio…”. Más adelante agregó que “… ( lo) que se va a hacer (…) le arrebataría, le usurparía funciones que de acuerdo al espíritu de la Constitución le corresponden a la siguiente legislatura …”.
El debate continuó. El Grupo Parlamentario de Cambio Democrático, por medio del suscrito, expresó que según su opinión “… no es inconstitucional elegir en este momento a la Corte Suprema de Justicia: en primer lugar cuando la Constitución dice renovar se habla de la fecha en que toman posesión los nuevos magistrados, no del momento de la elección; (…) en segundo lugar, las funciones de la Asamblea no son funciones de una legislatura, son funciones de la Asamblea que es un continuum – las personas cambiamos pero la institución permanece – por lo tanto ese argumento de usurpación del derecho de elegir no existe. La conveniencia o no de elegir en una (misma) legislatura es lo que podemos discutir; ese es un hecho político, pero no es un hecho (de violación) constitucional”. Teníamos, pues, la convicción de que no se violaba ninguna norma constitucional, y que había base para concluir que la negociación hecha era adecuada en el marco de las circunstancias.
Entre una larga lista de oradores, en amplia mayoría del FMLN, y de un ambiente tenso, el Coordinador del Grupo Parlamentario del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, tomó la palabra y se centró en dar respuesta a la postura de Cambio Democrático. Entre otras cosas expresó: “ … no es nada despreciable que esta elección se dé después de una elección de diputados, una nueva legislatura que trae un mandato (…) dado recientemente … (por) la sabiduría de la población salvadoreña en esa votación y que (…) obliga al equilibrio, que obliga a buscar entendimientos, obliga a buscar consensos. (…) cuando nosotros hablamos de usurpar, nos referimos a ese mandato reciente de la población salvadoreña'. Y más adelante resumió la posición de dicho partido en las siguientes palabras: “Nuestra argumentación ha ido (…) en el sentido de que nosotros considerarnos que hay violación de la Constitución, y también la interpretación política de que hay una usurpación de un mandato popular, de un mandato popular que cambió la correlación de fuerzas en esta Asamblea Legislativa, y que a esa nueva correlación es a la que le debe de corresponder esto (…)”. Y poco más tarde, el diputado Walter Durán sentenciaba: “Esta elección es inconstitucional (…) porque el legislador cuando creó esa ley tenía muy claro que la aplicación de la norma constitucional llevaba a que son las legislaturas entrantes las que hacen esta elección y podrían darse más argumentos jurídicos”.
Prácticamente toda la fracción legislativa del FMLN intervino aquella mañana, reiterando los conceptos que desde un inicio expresó Gerson Martínez y concretó Salvador Sánchez Cerén, su Coordinador, que incluyeron fuertes cuestionamientos a las personas que estaban propuestas. Baste para el recuerdo estos conceptos que dejan clara la postura del entonces partido de oposición, y que cualquier ciudadano que tenga interés de conocerla en detalle podrá encontrar en la transcripción de esa larguísima plenaria de cierre del la legislatura 2003-2009. Sólo debo agregar que la elección se realizó ya avanzada la mañana con los votos de los grupos parlamentarios del PCN, del PDC, de Arena, y del G-13, integrado por los 5 diputados de Cambio Democrático y disidentes del PDC y del FMLN.
Casi seis años después, el pasado mes de abril la legislatura 2009-2012 realizó una acción similar. Esta vez fue el FMLN en alianza con GANA, disidencia de ARENA, el PES y el CN quienes procedieron a elegir magistrados por segunda ocasión, ya que lo habían hecho al iniciar su período en 2009, en una votación que fue unánime y se distinguió por la incorporación de cuatro magistrados en la Sala de lo Constitucional que fueron considerados por todos los partidos como el tipo de elección que debía darse.
En respuesta a esa segunda elección, ciudadanos particulares presentaron a la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de lo actuado, fundamentando la petición en argumentos similares a los que el FMLN había empleado seis años antes para oponerse a la elección de los magistrados 2006-2015. Dicho recurso fue acompañado de un segundo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de estos últimos, con una argumentación similar. En junio de este año la Sala emitió dos sentencias declarando que en ambas ocasiones la Asamblea Legislativa había procedido violando la norma constitucional; si se lee detenidamente, y se compara con los argumentos de Martínez, Sánchez Cerén y Durán, podremos concluir que en la práctica lo que se hace en dichas sentencias es darle razón implícitamente a lo argumentado en ese 30 de abril de 2006 por el FMLN. Allí se habla de que dos elecciones de magistrados no pueden ser hechas por la misma legislatura, que las elecciones generan equilibrios nuevos que el constituyente previó necesario tener en cuenta, etc.; ni más ni menos que lo que por largas horas los diputados del FMLN quisieron hacernos comprender a quienes creíamos que procedíamos en respeto a la Constitución Política de la República.
No importa lo que pensemos de la decisión de la sala. La Constitución nos obliga a cumplir sus sentencias. Lo curioso es que aquellos a quienes dio la razón, sin proponérselo, ahora entren en desacato y generen una situación que golpea la institucionalidad del país. Esperemos que esto se resuelva pronto y constitucionalmente.
