La administración del expresidente Antonio Saca (2004–2009) preparó un anteproyecto de ley para expropiar las tierras protegidas de la finca El Espino, convencida de que la fragmentación y deterioro del bosque continuarían, tal como siguió sucediendo, hasta poner en peligro de extinción al último bosque significativo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La propuesta de la Ley de creación y administración de la reserva nacional El Espino, recogida en 24 páginas, llegó a manos del presidente Saca en diciembre de 2006, promovida por un grupo de organizaciones ambientalistas que desde el año 2000 habían previsto la progresiva reducción del bosque -mayormente cafetalero- del que ahora son propietarias en buena parte empresas constructoras o lotificadoras en un área de gran especulación lucrativa para las empresas de bienes raíces.
La preparación del anteproyecto estuvo a cargo de la Secretaría Técnica, que lo terminó en noviembre de 2006. Aunque el documento nunca llegó a la Asamblea Legislativa para su discusión y votación. Dos razones detuvieron la iniciativa: una, el conflicto de intereses entre el gobierno y las poderosas entidades propietarias de algunas de las tierras de El Espino; y otra, el desgaste político que implicaba echarla a andar.
El anteproyecto de 54 artículos es lo más cerca que ha estado un gobierno de garantizar la sobrevivencia de las 815.74 manzanas de El Espino que en 1993 fueron declaradas reserva forestal y que, en teoría, son inviolables. La ley iba a servir de base para que con las tierras recuperadas se creara un gran parque recreativo forestal, una Reserva Ecológica Recreacional (RER) que iba a estar bajo la administración de “una corporación autónoma de derecho público”.
El borrador de la ley, que nunca se hizo público, sentenciaba que adquirir las tierras protegidas de El Espino era “imprescindiblemente necesario”. Por eso las declaraba “de utilidad pública e interés social”. El artículo 106 de la Constitución dice que cuando un bien tenga dicha categoría será posible su expropiación. El anteproyecto, además, delimitaba con coordenadas lo que sería bautizado como “Reserva Nacional El Espino”.
El objetivo era romper con la especulación de las tierras del último pulmón del AMSS ante el crecimiento de las urbanizaciones en Antiguo Cuscatlán, San Salvador y Santa Tecla que han ido cercando progresivamente El Espino. Otro factor destructor ha sido la construcción del bulevar Diego de Holguín que atraviesa de este a oeste la parte sur de la finca. El atractivo de estas tierras ha hecho que las 350 manzanas de El Espino que fueron declaradas “suelo urbanizable” por la Corte Suprema de Justicia en 1987 ya prácticamente desaparecieron entre centros comerciales como Multiplaza y Las Cascadas y colonias privadas como Portal del Casco. El alto precio de la tierra no ha sido freno para las compra-ventas. Dependiendo del lugar preciso, la vara cuadrada (0.6988 metros cuadrados) cuesta entre 100 y 200 dólares. Por el contrario, dentro de las 815 manzanas protegidas, la vara cuadrada no pasa de los 15 o 20 dólares en el mercado regular debido a que por ahora solo puede utilizarse para experimentación agrícola.
El Decreto Legislativo 432 de 1993 establece que las 815 manzanas son “zona protectora del suelo” y “zona de reserva forestal” y que en ellas solo podrá haber proyectos que garanticen su conservación y que sean para fines de experimentación agrícola. El Espino contribuye al microclima en el Gran San Salvador, infiltra una cantidad enorme de agua llovida y eso permite que no haya inundaciones en las partes más bajas de la capital. También es refugio para decenas de especies animales locales y los que migran de sur a norte en el continente americano. En su bosque hay 60 especies de árboles y 38 de otras plantas.
* * * Para 2006 ya había entidades privadas que eran propietarias en la zona protegida, como Natural Corporation S.A. de C.V., Inversiones Ancona S.A. de C.V. o el Club Campestre Cuscatlán. A pesar de la prohibición expresa que tenían para construir, el gobierno cayó en cuenta de que el escenario podía cambiar de súbito si en la Asamblea Legislativa se juntaban 43 votos necesarios para derogar o sencillamente modificar el 432. “Los diputados solo tienen que agregar una línea que diga 'y para cualquier otro uso' y El Espino se acaba”, dice Eduardo Zablah, quien era el secretario técnico del gobierno de Saca a cuyo cargo estuvo la elaboración del borrador de ley de expropiación. Las lotificadoras que aparecen en la lista de actuales propietarios parecen estar a la espera de que le agreguen esa línea al decreto, para poder construir en las tierras que han venido adquiriendo. Una vez expropiadas las tierras, echar a andar la Reserva Nacional El Espino era, relativamente, más sencillo. Por eso es que 25 artículos de los 54 de los que consta el anteproyecto de ley se dedican a dibujar el mecanismo con el que el Estado iba a recuperar el área en manos de privados. La RER tendría 629 manzanas. 500 serían expropiadas a la Asociación Cooperativa de Producción Agrícola El Espino, y 129 manzanas a las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán, la primera, entonces y aun ahora, en manos del FMLN y la segunda en poder de Arena. Esas 129 manzanas son las que hoy dan cabida al Parque Bicentenario. La cooperativa, según la propuesta, debía mantener la custodia de 100 manzanas para seguir cultivando café, aunque con mejoras en la calidad de producción y distribución del grano. En la RER, según la propuesta de ley, debían cumplirse ciertas actividades: fomentar la ejecución de actividades de ordenamiento, protección y manejo sostenido de los recursos naturales; promover actividades de educación ambiental; prohibir la tala, el daño o la corta de árboles, así como la caza y la captura de animales silvestres. También prohibía recolectar rocas, fósiles o cualquier producto con valor arqueológico. “Bajo ningún concepto se permitirá el provocar cualquier modificación ambiental drástica que afecte negativamente la calidad de los recursos naturales de la zona”, decía el último de los 11 literales del artículo 4. * * * Una de las primeras piedras en el zapato para impulsar el anteproyecto de la administración Saca fue el financiamento estatal para indemnizar a todos los nuevos propietarios en la zona protegida. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales la administración siguiente, la de Funes, desoyó el proyecto. Sin embargo, en 2006, Zablah encontró que se podía crear un fideicomiso que tuviera como capital semilla 5 millones de dólares sacados del Bono Forestal del Fondo Especial producto de la Privatización de Antel, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Fantel). “La idea era titularizar los fondos y así tener suficiente dinero para indemnizar a los propietarios”, explica Zablah. El mecanismo de expropiación era sencillo. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) publicaría en el Diario Oficial y en dos periódicos de amplia circulación la notificación de que el Estado adquiriría ciertos inmuebles. En los 15 días siguientes, el MARN debía ponerse de acuerdo en un precio de venta con los propietarios. “El precio no podrá exceder en más de un 25% al determinado por dos peritos de la Dirección General del Presupuesto nombrados por el MARN”, disponía el artículo 7 del anteproyecto. La expropiación sería impulsada por la Fiscalía General de la República en el juzgado Civil o de Primera Instancia de la jurisdicción del inmueble. Los propietarios del inmueble a traspasarse al Estado también debían avisar si sobre el lote había hipotecas, embargos o cualquier otro derecho. La propuesta de ley también contemplaba la posibilidad de que un propietario se negara a ceder el inmueble de manera voluntaria o que fuera imposible contactarlo. Cuando llegó a la presidencia en 2004, Saca tardó dos años en echar a andar el proyecto de la RER. Lo había escuchado por primera vez cuando aún era candidato a la presidencia por el partido Arena, al inicio de ese año. Rafael Castellanos, miembro de una de las cuatro organizaciones no gubernamentales que habían parido la idea, se lo había compartido en una cita que ambos arreglaron por teléfono. Construambiente era una oenegé ligada a la banca y a la construcción que había trabajado en conjunto con la fundación ecológica Salvanatura, el Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local (Sacdel) -vinculado al exalcalde de San Salvador Héctor Silva-, y la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (Fusai). Las cuatro instituciones habían elaborado en 2002 un estudio milimétrico de las condiciones de El Espino y un plan maestro para protegerlo, y Saca mostró entusiasmo desde el inicio, según recuerda Castellanos. El anteproyecto estaba redactado de tal forma que, al entablar conversaciones con la cooperativa beneficiaria de la reforma agraria de 1980, esta no reaccionara de manera adversa. De hecho, en el resumen ejecutivo del estudio hay unos paréntesis en los que se sugiere que la expropiación debía planteársele a los cooperativistas con suma cautela. * * * Aunque fue la administración Saca la que tuvo en sus manos un documento para impulsar la expropiación de El Espino, el primer gobernante en conocer de una idea similar había sido el antecesor de Saca, Francisco Flores. Los impulsores del proyecto fueron las mismas oenegés. Pero presentarle la idea en Casa Presidencial, además de no brindar los resultados esperados, había sido una odisea. Fue el entonces locutor y presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Antonio Saca, quien consiguió al fin la cita con el mandatario allá por el año 2000. Flores delegó al entonces secretario técnico Juan José Daboub trabajar en ello, pero el proyecto nunca prosperó. Castellanos explica: “(Para hablar con Flores) primero busqué gente del Coena (máxima entidad dirigencial del partido Arena) pero estos no tenían mucho interés en el tema porque algunos sí tenían intereses propios cerca de El Espino, no voy a mencionar nombres”. En aquellos meses, el gobierno de Flores, además, preparaba en secreto un proyecto que convulsionaría el país y cuya implementación iba a coincidir con dos destructivos terremotos a inicios de 2001: la dolarización. Aunque Castellanos se niega a nombrar a las personas interesadas en hacer un uso distinto de las tierras de El Espino, basta ver a los nuevos propietarios para darse una idea; además de lotificadoras y constructoras está el Club Campestre Cuscatlán, fundado en 1953 y que ya intentó ampliar su campo a pesar de las restricciones medioambientales y forestales. Si uno ve un plano de la finca, este campo de golf de nueve hoyos está ubicado en la esquina superior derecha del mapa, fuera del bosque protegido por el decreto 432. El Club, sin embargo, también tiene dentro del bosque protegido 55 manzanas que compró a través de una triangulación oscura en 2002. La cooperativa traspasó las 55 manzanas a seis de sus cooperativistas socios, y 15 minutos después estos las traspasaron al Club. De haberse implementado la ley de expropiación, el Club Campestre Cuscatlán también habría sido afectado a favor del Estado. De esa manera, el gobierno estaría afectando un Club cuyos socios a la vez eran miembros y simpatizantes del entonces partido en el gobierno, como el varias veces miembro del Coena Hugo Barrera. Barrera fue ministro del Ambiente durante la administración Saca y en junio de 2006 concedió permisos al Club Campestre Cuscatlán para ampliar su campo de golf en las 55 manzanas dentro de la zona protegida. La ampliación a 18 hoyos nunca se produjo, sin embargo, El Faro constató en 2007 que el Club mantenía una conexión física con las parcelas dentro del área protegida. Barrera fue consultado la semana pasada vía telefónica. El Faro le preguntó si conoció el anteproyecto de ley elaborado por la Secretaría Técnica. Antes de decir que estaba en una reunión y de pedir que se le buscara por la tarde, Barrera respondió escueto: “No conocí el anteproyecto, lo que sí sé es que al gobierno le presentaron unos proyectos para comprar tierras en la finca y protegerlas, pero nada más”. Posteriormente, Barrera no atendió ni las llamadas telefónicas ni los mensajes que se le dejaron. “En esos días –dice ahora Zablah-, el tema de El Espino estaba en hervor porque se habían vendido unas manzanas a un club privado, había un permiso y una multa de la alcaldía y entonces estaba el tema en los medios. Me imagino que eso hizo que los políticos tuvieran un poquito de recelo”. Zablah se refiere a una orden de la Corte Suprema de Justicia, de marzo de 2007, en la que ordenaba al Club Campestre suspender la ampliación del campo en la reserva forestal mientras la Sala de lo Contencioso Administrativo estudiaba a fondo la demanda interpuesta por la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) contra los permisos que entregó Barrera, paradójicamente, el Día Internacional del Ambiente, el 5 de marzo de 2006. Zablah tiene razón. El Espino era un hervidero en aquellos días de 2006. Tanto que cuando en diciembre de ese año El Faro preguntó a Zablah si la expropiación incluiría al Club Campestre, el entonces funcionario respondió: “El tema debería ser comprar toda la reserva”. “Era todo o nada”, dice ahora Castellanos. Juan Marco Álvarez, ex director ejecutivo de Salvanatura, también habla del Campestre como posible causa del freno al anteproyecto de ley, pero también incluye la dimisión de Zablah del gabinete presidencial (en agosto de 2007, ocho meses después de haberle presentado la propuesta de ley a Saca) entres las causas. “Entre otras cosas, cuando Zablah sale, las cuatro oenegés nos quedamos sin contactos dentro del gobierno porque él era el que estaba liderando el proyecto. Pero también estaban ya los problemas del Campestre y que la cooperativa había entrado en esa práctica extraña de ceder la propiedad de sus 670 manzanas. Todo eso complicó el tema”, dice. Otro consultor que trabajó para las cuatro oenegés en la elaboración del proyecto RER de 2002 dice que parecía lógico suponer que el Campestre presionó para que el proyecto de expropiación no se diera. “El Club tenía una incidencia grande porque fue la primera entidad privada en comprar tierras dentro de la reserva forestal”, dice este consultor que no está autorizado por las oenegés para hablar sobre el caso y por eso pide anonimato. Lo mismo ocurrió con otro exfuncionario del gobierno de Saca, quien asegura que un obstáculo fue el conflicto de intereses entre el gobierno y el Club Campestre Cuscatlán. La Sala de lo Contencioso Administrativo sigue sin resolver el caso de los permisos concedidos al Campestre. Luis López, abogado de la Unes, sostiene que ha ido a la Corte a preguntar los avances del caso y si se le exigió a la Fiscalía que realizara una inspección en el terreno para constatar la demanda. 'Hasta ahora me han dicho que siguen estudiando el caso', dice López. En 2010, el Club amagó con emprender la ampliación pero fue detenido por denuncias al respecto. Uno de los actuales integrantes de la Sala de lo Contencioso, y quien podría estudiar esta demanda y participar en su resolución, es el magistrado José Roberto Argueta Manzano, quien en 2006, a nombre de Inversiones Ancona, compró 127 manzanas de tierra del área protegida del Espino. * * * El olvido de Saca Castellanos cree que fue por sus columnas de opinión en La Prensa Gráfica que Saca, un mandatario con gran olfato mediático, retomó el tema de El Espino allá por 2006. “Mire, no crea que se me ha olvidado –recuerda que le dijo el presidente en una llamada telefónica-, lo que pasa es que he estado en otras cosas, pero no solo le digo que vamos a retomar el proyecto sino que aquí le voy a pasar a Eduardo Zablah, secretario técnico”. En septiembre de 2006, Saca anunció que quería comprar las tierras para crear la Reserva Ecológica. Su anuncio provocó que la cooperativa, consciente de que las leyes no la facultaban para vender sus tierras de manera directa a terceros, pusiera 127 manzanas de tierra a nombre de una empresa -que la misma cooperativa llamó 'fantasma'- llamada Inversiones Ancona S.A. de C.V. para que luego esta vendiera las tierras al Estado. Dicha triangulación estaba perfectamente amparada por la ley de la Reforma Agraria y por la ley de asociaciones cooperativas pero vulneraba el espíritu de la expropiación de 1980 con la cual el Estado había quitado más de mil manzanas a la familia Dueñas para que las tuvieran las familias que las trabajaban. A partir de aquel anuncio del presidente a mediados de 2006, la secretaría Técnica de Zablah continuó reuniéndose con las cuatro oenegés y contrató al abogado Piero Rusconi para que redactara el borrador de ley. Además hubo acercamientos con los diputados de oposición. Saca, según señala Castellanos, buscaba que el anteproyecto tuviera el apoyo de todos los partidos políticos, incluyendo el FMLN. Lograrlo, sin embargo, dependía de hasta dónde llegaba la expropiación. Por un lado, si el Campestre se quedaba afuera, la queja sería por qué había excepciones. Castellanos, también socio del Club Campestre, recuerda que en realidad los votos mínimos necesarios para aprobar la ley ya estaban garantizados por Arena, PCN y PDC. “Saca tenía los votos, no le puedo decir si (el anteproyecto no se dio) por el tema del Campestre o si era otra cosa”, dice Castellanos. “Puede ser que él ya haya estado pensando en su proyecto futuro y quería compartir los réditos políticos con el Frente. Y si no metía al Frente, lo podían atacar diciéndole que estaba atacando a la pobre cooperativa. Por eso es que Saca quería que lo aprobaran con 84 votos”, agrega este empresario que por ahora se dedica a promocionar un proyecto urbanístico llamado El Encanto, que incluye un campo de golf camino al puerto de La Libertad. Zablah llevó el documento al despacho de Saca ya comenzado diciembre y ahí se frenó el proyecto. El Faro pidió entrevista con el exmandatario, pero hasta el cierre de esta nota Saca no respondió la solicitud. De las últimas cosas que hizo Zablah, ya fuera del gabinete, fue almorzar con Manuel Sevilla cuando este ya era ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Funes, y le entregó el documento que contenía la propuesta de ley. “No sé qué tipo de movimientos habrá hecho Sevilla”, dice el exsecretario. No fue el único contacto con funcionarios de la administración que entró en 2009. El consultor que ayudó en la redacción del informe de 2002 confirma que hace un año distintos miembros del gabinete conocieron el proyecto del megaparque en sesiones convocadas exclusivamente para ello. “Se tuvo dos o tres reuniones con varia gente: Sevilla, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Guillermo Galván; el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún; la viceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. También cuando ya era ministro de Agricultura Guillermo López Suárez (quien asumió en junio de 2010). En algunas reuniones estuvo Gerson Martínez, minstro de Obras Públicas. Pero ahí se fue quedando”. Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia, también estuvo presente en algunos de esos cónclaves y confirma que, aunque el gobierno no conoció el anteproyecto de expropiación, sí evaluó el proyecto del megaparque. Rodríguez explica que la gran dificultad era el financiamiento. “(El subsecretario) Galván estaba trabajando una propuesta. Lo que sé es que en su momento los movimientos legales los teníamos que ver con cuidado para que no interfiriera la propuesta de gestión que estaba trabajando él”, dice Rodríguez. Con “movimientos legales”, Rodríguez se refiere, entre otras cosas, a una denuncia que han interpuesto en la Fiscalía contra Gladis Marina de Hernández, exempleada del MAG y que se supone avaló irregularidades en la administración de la cooperativa El Espino. Por medio de transacciones oscuras, el 62% de la superficie que administraba la cooperativa El Espino (686 manzanas) ha ido pasando a manos de terceros. Hace dos meses, El Espino perdió otras siete manzanas de la zona urbanizable, producto de un embargo al no pagar un millonario préstamo que la cooperativa adquirió y que debía cancelar en cuestión de apenas días. Otras seis manzanas están ya en proceso de embargo.
