Diputados de todos los partidos políticos, incluido Gana, concluyeron el martes un antejuicio contra el legislador Rodrigo Samayoa, resolviendo que queda suspendido como diputado y que pierde la protección constitucional para que pase a manos de la justicia, que lo procesará por una golpiza que dio a su cónyuge el 1 de junio pasado.
Aunque el diputado de Gana elegido en marzo pasado por el departamento de San Salvador queda expulsado de la Asamblea Legislativa mientras los tribunales definen su futuro, la junta directiva del parlamento decidió hacerle una concesión al ofrecerle un cotrato como asesor de los diputados ganistas, con el fin de que no pierda el seguro médico que otorga el Órgano Legislativo a sus empleados.
El retiro del blindaje de Samayoa estaba cantado desde hacía semanas, de tal manera que la sesión plenaria de este martes fue solamente un trámite cuyo final ya estaba escrito. Y justo eso fue lo que echó en cara el defensor de Samayoa a los diputados, a quienes de paso acusó de pisotear la ley con su decisión de que las acusaciones de tres delitos que pesan contra su cliente sean juzgadas por una Cámara de lo Penal.
'¿Qué va a decir un defensor en un caso en el que el fiscal ni siquiera presenta sus argumentos?', cuestionó el abogado Salvador Nelson García, en su presentación en el Salón Azul, minutos después de que el diputado Jaime Valdez, del FMLN, investido como fiscal de la causa, había hecho su exposición.
García atacó el montaje del caso contra su cliente, haciendo mofa de cómo la Asamblea logró hacer de tres delitos menos graves una acusación de delito grave para que procediera despojar del fuero a Samayoa. El diputado está acusado de violencia intrafamiliar, lesiones y agresiones en contra de Mireya de Samayoa.
Los hechos por los que el legislador deberá responder ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador sucedieron el 1 de junio de este año, cuando Samayoa, pasado de tragos, atacó a su esposa a puño cerrado. De acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal a partir del examen practicado a Mireya de Samayoa después de la agresión, la víctima presentó moretones en el abdomen, los brazos y las piernas.
El fuero es un blindaje que establece la Constitución para funcionarios como los diputados con el fin de que si son acusados de cometer un delito respondan primeramente ante la Asamblea Legislativa, para que esta filtre la información y decida si en realidad hay razones como para que el funcionario pase a manos de la justicia. Si hay lugar a formación de causa, los diputados lo despojan del fuero.
El desafuero a un diputado es muy inusual. El último antes del de Samayoa fue el del 30 de noviembre de 2006, cuando la Asamblea lo hizo con el legislador suplente Roberto Carlos Silval Pereira, acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y corrupción.
En la sesión de este martes, cuando el abogado particular Salvador Nelson García tuvo oportunidad de exponer su caso, aprovechó para lanzar críticas al trabajo de los legisladores, comenzando por el diputado Jaime Valdez, que como fiscal había dicho minutos antes que no iba a entrar en muchos detalles porque el antejuicio no se trataba más que de decidir si había convicción de que Samayoa pudo tener responsabilidad en la comisión de los delitos que le imputan. 'Voy a hacer un relato breve para no revictimizar a la señora de Samayoa', se excusó. Cuando García le echó en cara que ni siquiera presentó argumentos, Valdez, sentado ante su propio escritorio y ante los diputados, sonrió con timidez.
“Este pleno debe preguntarse qué hace este defensor de una causa cuyo resultado ya está publicado en los medios”, continuó García. Durante los 40 minutos siguientes se dedicó a señalar una a una las que según él son irregularidades jurídicas de la decisión de una Asamblea en la que incluso tres de los legisladores de Gana votaron en favor de quitar el fuero a su compañero de partido. “Esta exposición no tiene que ver con una persona, tiene que ver con el resquebrajamiento de orden que se está estableciendo”, alegó García.
El principal señalamiento fue que existía una irregularidad cuando los diputados hablaban de un concurso de delitos, sumando la pena de los delitos de lesiones, agresiones y violencia intrafamiliar. De acuerdo con el artículo 238 de la Constitución el desafuero procede si hay una acusación de un delito grave, es decir, si la acción u omisión que se imputa supone pena de más de tres años de cárcel.
El fiscal general, Romeo Barahona, en el informe que envió a la Asamblea una semana después de que la esposa del diputado presentara una demanda, solicitó el antejuicio hablando de un concurso de delitos: “Formulo la presente Solicitud de Antejuicio y Petición de Desafuero, en contra del señor José Rodrigo Marcelo Samayoa Rivas, a quien se le atribuye la comisión de los ilícitos de Lesiones, Amenazas y Expresiones de Violencia contra las Mujeres, bajo la modalidad de Concurso Real de Delitos de conformidad a los Arts. 41 y 71 del Código Penal, en perjuicio de la Integridad Física, Autonomía Personal y Derechos de la señora Mireya Lissette Guevara de Samayoa”.
Los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra las mujeres son mencionados en los artículos 142 y 154 del Código Penal así como en el artículo 55 y 8 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En el caso de los primeros dos delitos las penas que plantea al Código van de uno a tres años de prisión, y son considerados menos graves y conciliables. En cuanto a las expresiones de violencia contra las mujeres la ley también establece multas y permite conciliación si las partes involucrados están de acuerdo. Por lo tanto, la petición del fiscal buscó que se sumaran las penas de cada delito del que se le acusaba al legislador para que superara los tres años de prisión y se considerara un delito grave. En la Asamblea, la comisión que estudió el antejuicio no tuvo ninguna objeción a esta construcción, que el martes fue objeto de burla por García.
“Eso de sumar tres delitos leves es como que se suba un enanito encima de otro, y otro encima de los esos dos y digan que ya es una persona de estatura normal. O como que yo diga que me saqué 3 en matemáticas, 6 en ciencias y 1 en otra materia, y ya digo que me saqué 10”, dijo. “Aquí lo que van a decidir es si en este país se respeta o no el estado de derecho”, continuó, y mientras intervenía, al fondo, como rumor, se oía un “Buuuuuuuu...”, proveniente de la segunda planta del salón donde se instalan los visitantes. Ahí se habían instalado unas 300 personas, la mayoría representantes de organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres, entre ellas, las Dignas, las Mélidas y el Centro de Estudio de la Mujer (Cemujer).
En la parte de atrás de las curules de los legisladores también estaba sentada, pero en la planta baja, otra visitante. La víctima, Mireya de Samayoa, mantenía agachada la cabeza mientras revisaba en su teléfono celular su cuenta de Twitter y lo que los medios difundían sobre el antejuicio en las redes sociales.
García insistía en que la Asamblea estaba pasando por alto no solo las leyes secundarias, sino también la Constitución, que es la que establece que solo si hay de por medio un delito grave puede quitarse el fuero a un legislador.
Sin embargo, los diputados ya hace semanas habían decidido el destino de Samayoa. La diputada Emma Julia Fabián, del FMLN, que leyó el dictamen de la comisión que recomendó desaforar al diputado ganista, admitió que más allá de la letra de la Constitución la intención del pleno era sentar un precedente. “Lo que estamos haciendo aquí es estableciendo un referente político. La decisión es más política que jurídica. Y sí, la Constitución lo plantea, pero para muchos la violencia contra la mujer no es un delito grave por eso nosotros también nos hemos ido por la cuestión ética”, respondió.
Cerca del mediodía, García terminó su exposición haciendo una advertencia: “El que vote por este desafuero estará violando la Constitución. Les agradezco su atención aunque he venido a plantear cosas que les desagradan”. Minutos más tarde, el abogado defensor tomó sus libros de leyes, los arregló en su maletín de cuero, se volvió a acomodar la corbata y abandonó el pleno, sin esperar a que se hiciera la votación.
Una vez concluidas las exposiciones de acusador y el defensor, los jueces intervinieron. “Que se haga efectivo el derecho de las mujeres y los niños a vivir sin violencia”, dijo la jefa de bancada del FMLN, Norma Guevara. La multitud se soltó en aplausos. “El pueblo quiere que seamos esos ciudadanos que decimos que somos cuando nos presentamos frente a ellos a pedirles el voto”, agregó la diputada de Arena Ana Vilma de Escobar.
A las 2 de la tarde, después de dos horas de discursos que elogiaban la decisión de desaforar al diputado, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, del FMLN, recapituló por qué se iba a votar. “Vamos a votar porque el diputado Samayoa sea suspendido en el ejercicio de sus funciones para que se presente ante la justicia”, dijo y llamó a que todos votaran.
A esa hora, Walter Guzmán, jefe de la bancada de Gana, ya había dicho en su intervención que los diputados de su partido eran libres de votar como quisieran. A la hora de votar, él mismo, Sandra Salgado y el mismo suplente de Rodrigo Samayoa, Ricardo Claros, votaron a favor del desafuero. El resto de diputados naranja se abstuvo.
Otro de los partidos que voto dividido fue Concertación Nacional, donde además no estuvieron presentes los diputados Mario Ponce, Francisco Merino, Antonio Almendáriz, Serafín Orantes y el jefe de bancada, Roberto Angulo. Todos los suplentes de estos legisladores se abstuvieron en su voto. De los propietarios presentes, Reynaldo Cardoza y Rafael Machuca, fue este último el único que votó a favor.
Desde la parte trasera del salón, Mireya de Samayoa había abandonado su teléfono y veía fijamente los monitores donde aparece el detalle de la votación. Una vez vio el resultado, se abrazó con su madre y se levantó de su asiento para hablar con los medios. “Estoy muy complacida”, dijo, y se retiró.
Reyes pronunció que con 70 votos a favor quedaba suspendido como diputado Samayoa, y quedaba despojado de su protección constitucional para que lo procese la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
Los partidos cuyos diputados votaron para desaforar a Samayoa son los mismos que esta semana acordaron en la junta directiva de la Asamblea la posibilidad de que el legislador suspendido continúe percibiendo un sueldo en calidad de asesor de la bancada de Gana, aun si por la enfermedad que se está tratando en el extranjero desde junio pasado tiene dificultades para presentarse a trabajar.
Esta semana la directiva discutió contratar a Samayoa como asesor para que no pierda el seguro de vida y de gastos médicos que la Asamblea le otorga a sus empleados. La directiva aprobó la moción que, según algunos legisladores, fue promovida por los diputados de Gana.
Según el artículo 237 de la constitución, una vez que Samayoa fuera suspendido en su cargo este debía dejar de percibir su sueldo de diputado y todas las prestaciones del cargo, caso contrario se le culparía del delito de “prolongación de funciones”. Si la sentencia que se dicte en el proceso penal posterior al antejuicio fuere condenatoria, “por el mismo hecho quedará depuesto del cargo. Si fuere absolutoria volverá al ejercicio de sus funciones”. En caso de regresar, Samayoa recibiría los salarios que haya dejado de percibir mientras se realizó el proceso penal.
Los diputados no aclararon qué pasaría si Samayoa vuelve y mientras se depura su causa judicial percibiera salarios como asesor de la Asamblea. El artículo 129 de la Constitución establece que “los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social”.
Walter Guzmán, el jefe de la bancada de Gana en la Asamblea, negó que la solicitud de una nueva contratación para Samayoa fuese hecha por su partido. “La petición no la hizo Gana pero sí escuché que la presidencia iba a contratar al diputado para que no perdiera el seguro médico. Pero para hacer eso en Gana se tendría que bajar el sueldo a unos asesores para poder sacar ese nuevo salario”, explicó.
Mario Tenorio, también diputado de Gana, admitió que la intención es contratar a Samayoa, a pesar de que sus condiciones de salud posiblemente le imposibiliten desempeñar el cargo. “Ahorita él está hospitalizado en un centro médico de Miami con un cuadro de cáncer que le afectan los ganglios y creo que va a seguir más tiempo incapacitado. Pero alguna responsabilidad laboral va a tener. Además, el seguro médico ahora va a ser menor al que tenía como diputado porque la plaza ahora sería como empleado”, dijo.
Una vez concluido el antejuicio en contra del legislador, El Faro consultó sobre esta contratación a algunas de las diputadas que hablaron enérgicamente en el pleno sobre el ejemplo político que se daba al desaforar a Samayoa.
Tras alegar que desconocía sobre la recontratación, Emma Julia Fabián se limitó a justificar la situación como una “cuestión humanitaria”. “Creo que eso no es ético pero a lo mejor están hablando de una cuestión humanitaria, porque si bien es cierto estamos hablando de un antecedente político, la verdad es que el señor está bastante mal de salud y por eso se está tratando de no quitarle los beneficios del seguro”, comentó. Y añadió: “Pero es otra cosa y no tiene nada que ver con la decisión de hoy”.
Cuando se le consultó a Ana Vilma de Escobar la decisión, esta se tomó unos segundos antes de contestar. “No puedo decirle que esto es una cosa positiva porque si él está inhabilitado para estar acá también lo está para trabajar. Esas son las situaciones que los diputados deben ir estudiando para que el dinero del pueblo sea para el pueblo”, dijo.
La secretaria de junta directiva y diputada del FMLN Lorena Peña también argumentó que se trata de un gesto humanitario. “¿Y usted no cree que él puede hacer su trabajo desde internet?”, preguntó cuando se le preguntó si debido al tratamiento médico en realidad contratarían a alguien que no llegaría a trabajar. “No se trata de defenderlo. Pero el hombre se está muriendo”.
García, el defensor de Samayoa, es un abogado que cobró notoriedad nacional en 2004, cuando fue acusado por agresiones sexuales agravadas, corrupción de menores e incapaces y utilización de menores con fines pornográficos y exhibicionistas. La PNC había encontrado en su vivienda el 28 de mayo de 2003 videos y fotografías de varias menores, que sugerían un caso de pornografía infantil. Posteriormente fue exonerado de cargos. Samayoa, por su parte, fue diputado al Parlacen por el partido Arena. En 2006 fue nombrado candidato a alcalde de San Salvador y perdió por escasos votos ante Violeta Menjívar, del FMLN. El pasado 11 de marzo fue elegido diputado por San Salvador en representación del partido Gana.
Ahora Gana deberá nombrar a un diputado para que lo supla tanto a nivel de comisiones de trabajo legislativas como para hacer pleno.
