El segundo al mando en la Fiscalía General de la República, José Ovidio Portillo Campos, es desde este miércoles el titular de la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad y de la persecución del delito. Romeo Benjamín Barahona, quien fungió como fiscal general desde septiembre de 2009, terminó su mandato a la medianoche del martes 18 de septiembre y, según la ley interna de la institución, el fiscal general adjunto es quien debe asumir su rol en ausencia del titular.
En este caso, dado que la Asamblea Legislativa fue incapaz de sumar los 56 votos mínimos que se requieren para nombrar al funcionario, Portillo asume el cargo mientras se nombra al sucesor de Barahona, que podría ser este mismo.
Hasta este jueves los diputados siguen intentando ponerse de acuerdo en uno de los cinco nombres de candidatos finalistas que tienen desde la semana pasada, pero mientras Arena y FMLN -con 33 y 31 diputados cada uno, respectivamente- no coincidan, es imposible el nombramiento.
El lunes próximo, los diputados continuarán las negociaciones para nombrar al sucesor de Barahona. Por ahora, el exviceministro de Seguridad y exfiscal Ástor Escalante es la carta de Gana y FMLN, y Barahona tiene la simpatía de Arena. Hace tres años, en similar coyuntura, Arena insistía en que el fiscal generla fuera Escalante, mientras los efemelenistas lo vetaban por considerarlo arenero.
Entre las primeras actividades de Portillo Campos al frente de la Fiscalía está una reunión que sostuvo con jefes fiscales de todo el país. Portillo fue fiscal general adjunto de la institución desde el 6 de octubre de 2011. Antes había sido auditor fiscal. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía es quien debe asumir la jefatura cuando el mandato del titular haya cesado. Esa disposición fue impugnada por un juez de paz a mediados de 2009 porque consideraba que ningún fiscal general adjunto puede ejercer las funciones de fiscal general ya que no ha sido elegido democráticamente por la Asamblea Legislativa como lo manda el artículo 131 de la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia resolvió esa impugnación el 14 de julio de 2010 y declaró que el artículo de la Ley Orgánica de la Fiscalía es legal pues ante la ausiencia del máximo jefe de la Fiscalía es importante mantener la seguridad jurídica de la ciudadanía. Ovidio Portillo, cuyo nombramiento fue retrasado durante dos años por Barahona, tiene plena competencia para asumir como jefe interino de la Fiscalía.
No contar con fiscal general provocaría una crisis en el sistema de justicia: la Fiscalía es la que presenta investigaciones a los tribunales de justicia para que ahí los jueces dictaminen veredictos de inocencia o culpabilidad contra personas que han sido detenidas bajo sospechas de haber cometido delitos.
Barahona pasó dos años sin nombrar fiscal adjunto, pero se vio obligado a nombrarlo cuando un ciudadano, en septiembre de 2011, lo denunció por los delitos de omisión de investigación y actos arbitrarios por no proceder cuando se abrió un expediente contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El reglamento interior de la Asamblea establece que cuando se denuncia penalmente al fiscal, el adjunto es el que debe solicitar el antejuicio en la Asamblea para ver si procede su desafuero. Un funcionario desaforado puede ser procesado en los tribunales ordinarios de justicia.
Como en la Fiscalía no había fiscal adjunto, la Asamblea reformó el 6 de octubre de 2011 la Ley Orgánica de la institución para que el fiscal general nombre a su adjunto en un período no mayor de 30 días después de tomar el cargo.
El 24 de abril pasado, la legislatura que terminaba funciones el día 30 de ese mes decidió elegir al fiscal general 2012-2015, y así fue como escogieron a Ástor Escalante, con la oposición del partido Arena, que entonces no tenía suficientes escaños para vetar el nombramiento. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional declaró que la elección violaba la Constitución porque por el principio de legitimidad democrática correspondía hacer el nombramiento a la Asamblea Legislativa 2012-2015, y no a la 2009-2012. Con esa elección, los diputados que estaban por acabar su mandato impedirían que los elegidos un mes antes, el 11 de marzo, pudieran cumplir entre 2012 y 2015 con su atribución de nombrar fiscal general.
Esa sentencia provocó el desacato de la Asamblea Legislativa, que sigue dominada por FMLN, Gana, CN y Pes. Los diputados de estos partidos, que habían sumado 60 votos en abril para nombrar a Escalante, se rehusaron a darse por notificados de la inconstitucionalidad de la elección, emitida a inicios de junio. No obstante, en agosto, la Asamblea anunció que entraría a una fase de estudio de candidatos al cargo, y así es como la semana pasada terminó con solo cinco nombres, después de haber iniciado con más de 40.
Barahona ha tenido problemas para echar a andar una de las herencias que recibió: la Ley de Escuchas Telefónicas permite el espionaje telefónico autorizado por un juez para casos de crimen organizado. La ley, que todos los diputados consideraban urgente, fue posible solo gracias a una muy peleada reforma constitucional, pero para algunos actores como la embajada de Estados Unidos y el presidente Mauricio Funes, a la Fiscalía le tomó excesivo tiempo montar el centro de intervenciones telefónicas. Eso, a pesar de que había recibido una donación del gobierno estadounidense para lanzar el centro de vigilancia.
Cuando asumió, Barahona dijo que su principal objetivo era investigar homicidios y extorsiones. Bajo la administración Barahona la cifra de homicidios creció –hasta marzo pasado- y según estimaciones del ministro de Seguridad, David Munguía Payés, la eficacia en el combate a los asesinatos apenas ronda el 4%. Esto es, que de cada 100 homicidios, 96 quedan en impunidad. Desde marzo, el país ha visto una sustancial reducción de homicidios producto de un acuerdo entre pandillas impulsado desde el gobierno.
Barahona fue el fiscal adjunto durante las gestiones de Belisario Artiga (2003-2006) y Félix Garrid Safie (2006-2009) y logró la titularidad de la institución solo cuando tuvo apoyo unánime después de una reunión de dos horas entre los dirigentes de los partidos políticos y el presidente Funes en Casa Presidencial en septiembre de 2009.
