Una de las ganancias del paso de las semanas en esto de la tregua es que, aunque el proceso continúa envuelto en una nebulosa de dudas, negaciones y medias verdades, los actores comienzan a hablar cada vez con mayor claridad.
“Estamos conscientes de que hay dudas y escepticismo, pero a esto no hay que darle muchas vueltas: o damos una oportunidad al proceso o volvemos a lo que estaba antes del 9 de marzo”. Así se expresó este lunes 24 de septiembre Carlos Ernesto Mojica Lechuga, (a) Viejo Lin, durante la conferencia de prensa en la que se leyó el más reciente comunicado conjunto de las dos principales pandillas que operan en El Salvador: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha-13 (MS-13).
“Lo que estaba antes del 9 de marzo” es un promedio de 13.6 homicidios al día. En los 200 días transcurridos desde esa fecha, según las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio se ha desplomado a 5.5 homicidios diarios. Dicho más llanamente, desde que inició la tregua asesinan a ocho salvadoreños menos cada día.
Las declaraciones del Viejo Lin que exigen un mayor involucramiento al Estado –y advierte sobre las consecuencias de no hacerlo– llegan apenas dos semanas después de que El Faro publicara “la nueva verdad sobre la tregua”, en la que tanto el ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, como el facilitador Raúl Mijango, admitieron que el proceso, presentado en un inicio como un estricto arreglo entre pandilleros, se diseñó desde finales de 2011 en el despacho del ministro.
El sexto comunicado
Suman ya seis los comunicados conjuntos desde que el 8 y 9 de marzo el gobierno accedió a trasladar las estructuras de mando de ambas pandillas desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a cárceles menos estrictas, y con ello se activó la tregua. El nuevo pronunciamiento –de 14 puntos, el más extenso de todos– no incluye ningún anuncio sorpresivo, y se limita a reiterar el compromiso de mantener la tregua y la petición de entablar una negociación directa con el Estado, idea que está planteada desde el tercer comunicado, y que es lo que las pandillas han convenido en llamar la “segunda fase”.
La información que hay entre líneas, sin embargo, es muy valiosa. Por ejemplo: los ya tradicionales agradecimientos de los pandilleros a los facilitadores y a los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) se extendieron en esta ocasión al presidente de la República, Mauricio Funes, y en especial al general Munguía Payés: “Reconocemos el sabio y valiente apoyo que el ministro ha manifestado junto a todo su gabinete de Seguridad en apoyo a este proceso”. Sabio y valiente, dicen.
Los pandilleros fueron más allá, al explicitar que sin la participación expresa del general Munguía Payés “no hubiese sido posible aperturar este hecho inédito e histórico”, lo que de hecho deja en mal lugar al presidente Funes, quien sigue atrincherado en la versión inicial, la que niega participación activa del gobierno en la génesis de la tregua.
En cuanto a las extorsiones, uno de los delitos más sentidos por la ciudadanía, no se dio la ansiada renuncia a esta práctica, ni siquiera de forma parcial. Si bien el comunicado invitaba al optimismo –“Nos sentimos comprometidos a realizar nuestro mejor esfuerzo para reducir y erradicar este flagelo”–, las declaraciones posteriores de los palabreros explicitaron que seguirán cobrando la renta hasta que haya “oportunidades de empleo y de educación, para que nuestros compañeros puedan reintegrarse en la sociedad como personas productivas”, dijo Viejo Lin.
El problema es que para hablar de rehabilitación, de inserción social y de prevención, habría que ingresar en la mentada segunda fase. Para lograrlo, aseveró Mijango, tanto el Estado como la sociedad tienen que superar el escepticismo, que a su juicio es “el enemigo principal de este proceso”, y acceder a una negociación directa con las pandillas.
Transcurrido más de medio año, y dejando a un lado los incuestionables logros numéricos de la tregua, los únicos avances son la reciente creación de la Fundación Humanitaria (apadrinada por la Iglesia católica e integrada mayormente por empresarios) y del Comité Técnico de Seguimiento (que involucra a los facilitadores, a la OEA y a la referida fundación, y que cuenta con un representante del gobierno), pero a la fecha sus logros son exiguos, por no decir abiertamente nulos.
¿Cuánto tiempo se necesita para poner fin a las extorsiones?, preguntó un periodista. “Ahí no te podría decir porque no soy Dios ni soy sabio; si fuera sabio, no estaría preso”, ironizó Viejo Lin.
Prevención y rehabilitación siguen siendo, pues, deudas de un proceso que en el comunicado ya se llama abiertamente como “proceso de recuperación de la paz social”, como también sigue siendo una deuda la inclusión de voces que representen a las víctimas.
En Cárcel de Mujeres
El escenario elegido para la lectura del comunicado fue Cárcel de Mujeres, el más hacinado de los centros penitenciarios del Estado, ubicado en el municipio de Ilopango. La puesta en escena incluyó a Raúl Mijango y a cuatro palabreros que la Dirección General de Centros Penales trasladó desde los penales de Cojutepeque, Izalco, San Francisco Gotera y Ciudad Barrios. En la mesa, además del Viejo Lin, por el Barrio 18 estaba también Carlos Alberto Rivas Barahona, (a) Chino Tres Colas; mientras que por la MS-13 tomaron la palabra Edson Zachary Eufemia y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, (a) Snayper.
Detrás de ellos, en segunda fila, se situaron los líderes de diferentes denominaciones religiosas, una de las pocas novedades incluidas en el comunicado. De esta forma, la Iglesia Católica deja de ser la única institución religiosa involucrada de forma directa en la negociación con las pandillas.
“Oramos para que esta tregua entre pandillas se mantenga en el tiempo y se profundice hasta convertirse en una poderosa fuerza que dé frutos de reconciliación y paz”, reza el pronunciamiento de apoyo suscrito por las distintas iglesias, que también hacen un llamado a la sociedad y al Gobierno a “tomar el camino de la unidad y a abrazar la causa noble de la paz”.
Algunas de las denominaciones que se sumaron son la Iglesia Luterana Salvadoreña, la Iglesia Luterana Popular, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana, la Federación Bautista y la Fe Baha’i. En la lista de promotores, sin embargo, destacan las ausencias de las denominaciones evangélicas con gran número de seguidores, como las Asambleas de Dios, el Tabernáculo Bíblico Bautista o la Iglesia Elim.
Otros puntos reseñables de la actividad fueron, por un lado, la invitación que la MS-13 y el Barrio 18 hicieron a otras pandillas y grupos delictivos: “Si quieren suscribir con nosotros un acuerdo de cese de hostilidades por el bien de El Salvador, estamos listos para ello”; por otro lado, denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por agentes de la PNC como por los soldados.
Los pandilleros también dedicaron sendos mensajes tanto a los detractores del proceso como a los medios de comunicación. De los primeros aseguran que “sus críticas, mentiras y distracciones han contribuido a legitimar el proceso”, mientras que para los periodistas el llamado es en tono positivo: “Les agradecemos por haber contribuido con su trabajo a colocar nuestra situación como tema de debate nacional”.
“A toda la sociedad salvadoreña le reafirmamos que si nos dan la oportunidad que les hemos solicitado, no les fallaremos”, concluye el comunicado en su punto número 14.
¿Y las armas que iban a entregar?
Mención aparte merece el anuncio que el pasado 1 de septiembre se hizo en relación a la entrega de 3 mil armas de fuego de parte de los pandilleros, para su destrucción a finales de este mes. El cable de la Agencia France-Press (AFP) consignó así la noticia: “La OEA anunció este sábado un plan para mejorar las condiciones de las hacinadas cárceles de El Salvador, en apoyo a una tregua entre pandillas, que se han comprometido a entregar en septiembre 3,000 armas para ser destruidas”. En otro párrafo se refiere así al compromiso: “Blackwell adelantó que ‘vuelvo el 24 y 25 de septiembre (a San Salvador) y vamos a hacer una destrucción mucho más importante: 3,000 armas’”.
Consultados por este anuncio durante la conferencia, los pandilleros guardaron silencio, y Mijango respondió con una única frase: “Estás malinformado –le dijo al periodista–; yo creo que la OEA va a esclarecer estas dudas”.
Luego, Mijango desmintió la información publicada por AFP, pero confirmó que en efecto el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, estará en El Salvador, y que asistirá a una destrucción de armas, pero no serán entregadas por los pandilleros, sino de las decomisadas por el Estado. La Fuerza Armada especificó este martes en su cuenta de Twitter que el miércoles destruirá 828 armas en las instalaciones de la Brigada Especial de Seguridad Militar.
“Yo esperaría que los pandilleros entreguen armas más adelante, pero todo eso depende de que la sociedad salvadoreña se apropie del proceso, superando el escepticismo y apoyando en la solución a los problemas que plantean los muchachos”, señaló Mijango.
En el ámbito de lo anecdótico, destacar un par de puntos del comunicado: por un lado, que al presidente de la República lo llaman licenciado, grado académico que no posee; y por otro, el pronunciamiento fue dirigido “al pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo”, y no solo al pueblo salvadoreño, como en las cinco ocasiones anteriores.
Por último, una frase pronunciada por Edson Zachary Eufemia (MS-13), que para algunos será un acto de cinismo, por provenir de un pandillero activo, y para otros un rayo de esperanza, precisamente por lo mismo: “Un llamado para que los padres de familia empiecen a inculcar a sus hijos que las calles, las drogas y la violencia no son nada bueno para ellos; recuerden que la escuela empieza en el hogar, y si la familia no está unida, es ahí cuando el niño se va a las calles y encuentra todo lo que encuentra en ellas”.
