Solo hay una razón por la que constructoras y lotificadoras están comprando tierras de El Espino: para construir y lotificar en ellas en cuanto una oportuna correlación y momento político en la Asamblea modifique el decreto legislativo que protege a la finca como reserva forestal.
La compraventa de tierras se ha hecho con argucias legales atentatorias contra la ética del derecho, en las que se han involucrado cooperativistas, abogados, prestanombres, empresas fantasmas y constructores.
El Espino no es de la Cooperativa a la que la reforma agraria entregó esas tierras. El Espino es un bien público crucial para los capitalinos. No solo es el pulmón más importante, sino también un estratégico suelo para absorber las aguas lluvias y evitar que esas corran sobre el asfalto ciudad abajo.
El Espino es, pues, un lugar cuya condición no puede depender de contratos hechos a oscuras y de avaros constructores. Debe ser protegido por interés público. El Estado tiene suficientes herramientas como para frenar de inmediato las compraventas, y la Asamblea Legislativa tiene potestad para cambiar el estatus de la finca y blindarla contra su destrucción en manos de los constructores.
Ahora sabemos que existe un anteproyecto de ley que la administración Saca preparó pero que debido a poderosos intereses no pasó a la Asamblea; es un proyecto que conoce también la presente administración y que amerita ser recuperado, revisado y propuesto en la Asamblea. Sobre todo ahora que uno de los abogados que se prestaron para estas compraventas es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Las organizaciones ambientalistas que denunciaron en su momento los intentos anteriores de destruir El Espino continúan atentas a lo que está sucediendo. Pero necesitan mayor acompañamiento de la sociedad y compromiso de los partidos políticos. Es necesario blindar El Espino.
