Cuando se estaba redactando el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se valoró que esta debía contar con una institución especialmente diseñada para velar por su aplicación. Con ello se dotaría no solo de una legislación especializada sobre la materia, sino que también de un instituto de derecho público y patrimonio propio cuya autonomía administrativa y financiera, le daría la fortaleza necesaria para su efectividad.
Dicho instituto no se ha formado debido al rechazo que hizo el Presidente de la República a las ternas que le enviaron los sectores proponentes. Entre las justificaciones para ese rechazo tan arbitrario, fue un lenguaje genérico de que las personas propuestas no llenaban los requisitos de idoneidad, y que en todo caso el Presidente contaba con la facultad discrecional para hacerlo. Sobre esa facultad, varios ciudadanos interpusimos un recurso de inconstitucionalidad al Reglamento de la referida ley, y nos encontramos a la espera de lo que resuelva la Sala de lo Constitucional al respecto. Por otra parte, el Máximo Tribunal también admitió un amparo para determinar si hubo inconstitucionalidad en la omisión del nombramiento de los Comisionados, este caso también está sin resolverse.
Por eso es que nuevamente insisto en la fortaleza que se requiere para que este Instituto nazca a la realidad nacional como un verdadero garante; independiente y del cual todos nosotros, los ciudadanos salvadoreños, nos sintamos orgullosos de contar con personas que le den vida a la Ley. Mientras no exista este Instituto, hay muchos obstáculos que superar: 1. La sociedad civil debe estar a la expectativa de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional; 2. También debe vigilar que se cumplan los fallos; 3. Debemos reconocer que como sociedad civil es muy difícil, de manera aislada y sin el apoyo gubernamental, implantar una cultura de transparencia en el país. Una cultura en donde todas las personas tengan derecho a solicitar y recibir información pública de manera oportuna y veraz, sin tener que justificar el por qué.
El no tener el Instituto ya ha tenido serias repercusiones, ha trascendido que se está investigando un caso en que se ha destituido a un Oficial de Información por tramitar una petición de acceso a la información. Debemos recordar que el Oficial de Información es un cargo clave dentro de la estructura institucional que creó la Ley, y que por lo tanto velar porque estos funcionarios puedan hacer su trabajo sin la amenaza a su derecho de estabilidad laboral, es una de las tantas funciones que debe ejercer el Instituto.
La sociedad civil puede acompañar los esfuerzos del sector gubernamental en promover la cultura de acceso a la información, pero esta no puede substituir el rol tan necesario del Instituto, que además ya cuenta con la ardua tarea de velar por la correcta interpretación de la Ley, promover la cultura de transparencia en toda la sociedad y entre los servidores públicos, resolver recursos de apelación, evaluar el desempeño de todos los entes obligados, desarrollar capacitaciones para los servidores públicos, entre otros.
Tenemos la cuarta mejor Ley del mundo según el Centre for Law and Democracy, pero huérfana, que sin un Instituto garante su efectividad se ve seriamente disminuida. Se requiere de un cambio cultural y para ello una voluntad continuada apolítica de pasar este principio a la práctica cotidiana de todos los salvadoreños.
