La economía del país está pasando tiempos difíciles nuevamente. Después de la recuperación que empezaba a vislumbrarse hace un año, la economía terminará creciendo este año menos de lo esperado; se tenía proyectado que ella crecería en un 2 a 2.5 % del PIB en el 2012, proyecciones que ahora se están ajustando a 1 – 1.5 %. Los precios de los alimentos y el petróleo, elementos claves de influencia en la canasta básica, han subido. La inversión sigue estancada y las remesas, aunque estables, ya no crecen con la misma aceleración. Las causas de ello son tanto externas como internas.
El epicentro de la fragilidad económica internacional se encuentra ahora en Europa, pero también existe menor dinamismo del esperado en los E.U.A. Las economías avanzadas están creciendo a la mitad del año anterior, el comercio mundial también crecerá a la mitad del 2011. Las importaciones de las economías avanzadas crecerán solo en un dos por ciento. La tasa del desempleo hispano en EUA continúa estando casi al doble (11%) que antes de la crisis y los jóvenes tiene tres veces más posibilidades de estar desempleados. Para completar el panorama nada favorable se da la sequía mundial.
Todo esto implica menor demanda para nuestras exportaciones, menos remesas, precios más altos de los productos básicos y mayor incertidumbre a nivel mundial ante la cual cae también la inversión. Las causas nacionales son principalmente la depresión tropical de finales del 2011, la continua baja inversión privada, la violencia e inseguridad y la sequía que también azotó al país. La sequía hace que suba el costo de la energía y los alimentos básicos, la caída de las remesas hace que caiga el consumo local, y todos los factores ayudan al des aceleramiento de la economía, lo que a su vez agudiza las ya frágiles finanzas públicas.
Lo anterior pone de relieve, una vez más, la alta dependencia de nuestra economía a factores externos, especialmente a la economía estadounidense y a las remesas, la alta vulnerabilidad del país a los fenómenos naturales, la estrecha vinculación de la economía a las finanzas públicas y, sobre todo, los efectos inmediatos en las poblaciones más pobres.
¿Qué hacer ante eso? La recién celebrada reunión de la CEPAL en nuestro país refuerza varios de los planteamientos que se han presentado en el país, aunque ellos contrastan con las posiciones tradicionales con que se ha manejado nuestra economía y finanzas públicas hasta hace unos años y, por tanto, con muchas de las recetas que ahora nos presentan los economistas tradicionales. Hay dos campos de acción, el corto plazo y el mediano y largo plazo y en ambos hay que distinguir lo que puede y debe hacer el Estado y lo que corresponde al sector privado.
En el corto plazo la función principal del estado debe ser proteger a los sectores pobres, a los que esa crisis económica golpea más duro. Para ellos la crisis implica privarlos de sus derechos básicos como acceso a alimentos, empleo y salud. En estos momentos de crisis es cuando el estado debe tener mayor presencia entre los pobres, apoyando los sectores que mayor empleo producen para los sectores populares como la agricultura y la construcción, y a las pequeñas y medianas empresas (MYPES) donde más del 50% del empleo se genera.
Se deben no solo mantener, sino reforzar los programas de protección social como los de comunidades solidarias, vaso de leche, uniformes escolares y salud preventiva, pero para que ello sea viable se debe trabajar simultáneamente en su mejor focalización.
Ambos, el sector público y el privado, deberían fortalecer los programas de protección y restablecimiento del medio ambiente, pero hacerlo de una manera sostenible y que genere empleo. Ejemplo de ello son los programas de apoyo a las MYPES para su trabajo en áreas como recolección y tratamiento de basura, turismo ecológico, protección de áreas ecológicas, producción de café, etc. El sector privado, especialmente la gran empresa y el sector financiero, deben revertir su política de desalentar la inversión en el país. En las nuevas inversiones privadas y los programas de inversión pública el criterio clave para su selección debe ser el delicado balance entre la rentabilidad financiera y la generación de empleo y los efectos ambientales. Este filtro para seleccionar programas no es el usual, pero es el que debería privar en los nuevos programas como Fomilenio II, los que apoye el Banco de Desarrollo, y el desarrollo de la Costa Pacífica. Por último, se deben continuar los esfuerzos diplomáticos para garantizar mayor estabilidad a los hermanos lejanos, fuente de las remesas.
Para poder realizar lo anterior hay que reforzar y reorientar las finanzas públicas. Estas empezaban a sanearse después de las reformas fiscales cuando la crisis económica mundial descrita arriba volvió; el menor crecimiento de la economía implica menores impuestos, ya que el grueso de ellos (IVA) son un porcentaje sobre la actividad económica. Ello implica la necesidad de volver hacer un nuevo esfuerzo fiscal, pero teniendo cuidado con las recetas tradicionales; las acciones a implementar no pueden implicar medidas que dañen a los sectores más golpeados por la crisis, recortar los programas que los apoyan, ni las actividades económicas que generan empleo. Ello quiere decir no a subir el IVA y más bien pensar en impuestos dirigidos a los estratos más pudientes, focalización de subsidios como la eliminación del subsidio del transporte o el subsidio al gas para la clase media, mayor control administrativo para evitar la evasión, etc.
Para lograr cambios estructurales en la economía se deben tomar medidas ahora pero cuyos efectos son más de largo plazo. Entre ellas figura la diversificación de nuestros mercados, estamos muy concentrados en el comercio con los E.U.A., se pueden fortalecer el intercambio comercial con Centroamérica, Sur América y algunos países asiáticos. Lograr eso implica invertir ahora en conocer y darnos a conocer en esos mercados, descubriendo los nichos más apropiados para nuestros productos e invertir en ciencia y tecnología para poder ser competitivo en los mismos. Se debe lograr cambiar el mercado interno, reduciendo el papel predominante del consumo, fortaleciendo la producción local de productos que consumen los sectores mayoritarios y que cumplen con los criterios de generar empleo y conservar el medio ambiente. Lograr ese cambio requiere una inversión por parte del Estado. Área clave para ello es el financiamiento, en el cual BANDESAL debe jugar un papel relevante para disminuir los riesgos, corregir las fallas de mercado, lograr mayor accesibilidad a la información relevante de los mercados que se quiere penetrar o desarrollar.
Por último, pero uno de los puntos en que la CEPAL pone mayor énfasis es la disminución de la desigualdad. La brecha entre los más ricos y el 50% de la población que vive en pobreza es muy grande en el país. Dice la CEPAL: “La desigualdad es uno de los factores que más conspira contra el desempeño económico, porque la desigualdad es la fuente muchas veces de la violencia y la inseguridad.” Reducir la desigualdad es importante por razones éticas, para combatir la pobreza, para lograr la paz, reducir las divisiones internas, fortalecer la democracia y la identidad de nación. También reducir la desigualdad permite lograr el desarrollo económico. Los pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos que los ricos; la inversión social, sobre todo la de educación y salud, en los sectores mayoritarios estimulan la economía y producen una mano de obra más capacitada y pequeños y medianos empresarios más capaces.
