La fiscal Claudia Paz y Paz señaló al coronel Juan Chiroy como 'principal responsable' de los hechos en Totonicapán (oeste) por estar a cargo de la tropa, y lo acusó del delito de 'ejecución extrajudicial en grado de tentativa'.
Dos soldados fueron imputados por ejecución extrajudicial 'consumada', porque se comprobó que sus disparos causaron muertes, mientras que los otros seis fueron procesados por el mismo delito pero en grado de 'tentativa' al no determinarse si sus balas provocaron alguna muerte, precisó.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió este jueves investigar también al alto mando del ejército y de la policía por la muerte de los ocho indígenas. 'Se busca que las investigaciones no se queden en el autor material sino que continúen en esa cadena de mando que corresponde, porque obviamente aquí hubo una directriz', afirmó el procurador en rueda de prensa.
El presidente de Guatemala, el general Otto Pérez, afirmó el jueves que apoyará las investigaciones contra los militares y dijo que acatará la decisión de las autoridades judiciales. 'Somos los más interesados y primeros en exigir que haya justicia. No vamos a ocultar nada, por el contrario, las órdenes son de colaborar para que las investigaciones concluyan lo más pronto posible', afirmó el mandatario en rueda de prensa.
El coronel y los soldados, entre ellos dos mujeres, fueron detenidos y trasladados en custodia policial a la Corte Suprema de Justicia para que brinden su primera declaración ante un juez.
'Es la primera vez que se procesa a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz' firmado en diciembre de 1996, afirmó en rueda de prensa la fiscal Paz y Paz.
La ONU responsabilizó al ejército de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996), incluidas cientos de masacres contra indígenas, de las que sólo unos pocos han sido procesados y sentenciados.
Desde que se conocieron los sucesos del jueves, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acusó a los militares de abrir fuego contra miles de indígenas que bloqueaban la vía interamericana en Totonicapán -180 km al oeste de la capital-, en protesta por el costo de la electricidad y otras políticas del gobierno. Hubo más de 30 heridos.
El procesamiento de los nueve militares se registra en el primer gobierno que tiene Guatemala -tras 25 años de civiles- encabezado por un general retirado, quien combatió a la ex guerrilla izquierdista.
En un principio, Pérez negó que los militares dispararan durante el desalojo de la protesta, pero fotografías en la prensa mostraron a soldados apuntando a la multitud.
El presidente luego dijo que siete soldados admitieron haber disparado, pero al aire y en defensa propia, y que los había puesto a disposición de la Justicia para que fueran investigados.
De acuerdo con Paz y Paz, el coronel Chiroy se subió a su automóvil y retornó a la capital, dejando abandonada a su tropa, cuando se percató de la presencia de manifestantes.
'Cuando identificó situación de riesgo no se comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo más grave: abandonó a su tropa y dejó sin mando a las fuerzas de seguridad y miembros del ejército', aseguró.
La fiscal señaló que los 108 cascabillos recogidos en el lugar del suceso pertenecen a las armas del ejército, fusiles de asalto israelí Galil.
'No hemos podido establecer cuántas armas fueron accionadas, con qué resultados de muerte', declaró la fiscal, al señalar que las investigaciones continúan.
Funcionarios de la ONU y embajadores como el de Estados Unidos y la Unión Europea cuestionaron el uso del ejército en tareas para disolver protestas.
Ante las críticas, Pérez anunció que impulsará una reforma a la ley para evitar que el ejército controle manifestaciones.
