Hace nueve años, el Hospital de Maternidad tuvo su propio presupuesto para erigir nuevos edificios y adquirir nuevo equipo médico. Eran 28.5 millones de dólares de un préstamo internacional que se le asignaron el 3 de junio de 2003, pero nueve años después las instalaciones que se describían en el proyecto de reconstrucción de siete hospitales públicos dañados por los terremotos de 2001 aún no existen y apenas se conocen unos cuantos documentos que reseñan el paradero de parte de ese dinero: 1.5 millones se destinaron a la reconstrucción de otros hospitales que tampoco fueron concluidos.
Los 28.5 millones asignados al Hospital de Maternidad eran parte de un crédito de 164.9 millones que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) concedió a El Salvador con tres objetivos: reconstruir siete hospitales dañados por los terremotos de 2001, extender los servicios de salud en la zona norte y paracentral del país, y fortalecer institucionalmente al Ministerio de Salud. Eso decía el convenio.
La gestión del préstamo se realizó durante el gobierno de Francisco Flores, pero la ejecución de la reconstrucción cayó de lleno en la administración de Antonio Saca (2004-2009).
“Nosotros no encontramos saldo para Maternidad porque había sido ocupado para otros rubros”, dice la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, cuando se le pregunta qué fue de los 28.5 millones de dólares. Por eso, dice la funcionaria, el gobierno solicitó un nuevo crédito de 35 millones de dólares para la construcción y 6 millones de dólares para el equipamiento del hospital al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Sobre el nuevo hospital que se proyecta inaugurar el próximo año, Rodríguez insiste: “No estamos financiando con ninguno de los fondos que inicialmente se había pensado que iba a ser construido y equipado”.
— Entonces, ¿dónde están los 28 millones del préstamo inicial?
Rodríguez responde con una promesa:
— Vamos a hacer un informe detallado. Vamos a rendir un informe de cómo encontramos eso.
El Ministerio de Salud, por el momento, solo ha divulgado las cifras macro del Proyecto de reconstrucción de hospitales por emergencias de los terremotos y extensión de servicios de salud (Rhessa). El 24 de mayo de 2010, las autoridades revelaron que los 28.5 millones del Hospital de Maternidad y 15.4 millones de la extensión de cobertura de los servicios de salud y fortalecimiento del Ministerio de Salud se usaron para refinanciar la construcción de los hospitales de Cojutepeque, San Vicente, Santa Tecla, Zacatecoluca, Usulután y San Miguel.
El informe genérico no detalla la forma en que se gastó y justificó ese dinero. Sin embargo, en el expediente judicial abierto contra el exministro de salud, Guillermo Maza Brizuela, y una veintena de contratistas y subcontratistas procesados por anomalías en la construcción del Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, los fiscales agregaron hace seis meses una serie de documentos que dan algunas luces sobre cómo se trasladaron fondos del presupuesto del Hospital de Maternidad para pagar costos y gastos adicionales en el Hospital de Zacatecoluca. Pese a esa inyección de capital, el de Zacatecoluca es un hospital que quedó a media construcción…
Esos pequeños detalles…
El jueves 26 de febrero de 2009, cuando la administración Saca se acercaba a su fin y la ejecución del proyecto Rhessa había sido pública y ampliamente cuestionada, el entonces ministro de salud Guillermo Maza Brizuela envió la nota 521/09 al Ministerio de Hacienda. La misiva, con copia al secretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, y al secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi, detallaba dos cambios importantes en el contrato que el Ministerio de Salud firmó con CPK-Borelli & Merigo, el asocio que se comprometió a construir el nuevo hospital en un plazo de 22 meses.
Primero, bajo el argumento de que la crisis financiera internacional disparó los precios del cemento, la lámina, los paneles de aislamiento y la tubería metálica, el Ministerio de Salud autorizó que las constructoras cobraran 1.7 millones más de lo pactado. El contrato llave en mano que Salud y el asocio firmaron el 3 de mayo de 2007 era por 10.4 millones de dólares, pero con la conciliación del contrato ese monto se elevó a 12.2 millones. “Solicito se autorice una reorientación de fondos, trasladando recursos financieros del Hospital de Maternidad hacia el proyecto de Zacatecoluca”, dice la carta.
Además de la modificación en el precio del contrato, la nota detalla que la negociación incluyó extender la recepción de la obra en Zacatecoluca hasta cuatro meses calendario. Cuando el exministro Maza pidió a su colega de Hacienda, William Handal, reorientar los fondos, faltaban nueve días para la expiración del contrato, pero la modificación prometía que el nuevo hospital abriría sus puertas en junio de 2009. “Acuerdan extender el plazo hasta cuatro meses calendario y el incremento al precio debido al ajuste de precios por la fórmula polinómica, sobrecostos por circunstancias de fuerza mayor, costos y gastos adicionales no imputables al contratista”.
Toda reorientación de fondos debía hacerse con el aval del BIRF, pero en este caso, el financiador lo rechazó. El BIRF dijo que se abstenía de hacer pagos de esa enmienda porque era un gasto que no se contempló desde el inicio y porque ya se había establecido el precio de la obra en un contrato llave en mano.
El contrato llave en mano consiste en que un contratista –en este caso el asocio constructor- propone, generalmente, un precio alzado, pero asume el compromiso de poner en funcionamiento la obra. Con eso asume la responsabilidad de absorber los costos extras que la obra pudiera demandar por algún detalle no previsto. “En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente”, consigna el informe preliminar que el Ministerio de Salud elaboró sobre el proyecto Rhessa.
Hay una segunda razón que el BIRF alegó para no pronunciarse sobre el aumento del precio del contrato: la reorientación de los 1.7 millones de dólares se financiaría con fondos propios del gobierno, provenientes de una contrapartida que tiene su origen en un acuerdo de marzo de 2007 porque el préstamo se había concertado para destinos específicos. Ese mes las autoridades de Salud se comprometieron ante el BIRF a gestionar ante el gobierno fondos adicionales para la construcción del Hospital de Maternidad porque el crédito inicial se reorientó para la edificación de otros hospitales.
Apelando a ese acuerdo, el BIRF remataba que se abstenía de hacer pagos de esa enmienda, “en razón a que los fondos serán propios (del Estado salvadoreño)”. Tres años después de aquel desembolso, a petición de un juzgado capitalino, tres peritos pusieron bajo la lupa la negociación que benefició a los constructores del Hospital de Zacatecoluca.
El pasado 24 de abril, Ramón Pérez, Lisandro Aldana y Omar Guzmán entregaron, propuestos por la Fiscalía y juramentados por el juzgado segundo de Instrucción de San Salvador, entregaron a ambas instituciones un documento bautizado como “pericia financiera contable”. El Ministerio de Salud negoció el aumento del precio del contrato invocando “circunstancias de fuerza mayor”. El documento final de los peritos, sin embargo, dice que esa cláusula podía aplicarse si “la obra se encuentra sin atrasos, con un avance físico ejecutado igual o mayor al programado”. Ese requisito no lo cumplía la construcción del Hospital de Zacatecoluca. Antes de la negociación que aumentó el precio del contrato, antes de que el exministro Maza pidiera a Hacienda la reasignación de fondos, los encargados del proyecto habían aplicado una especie de castigo administrativo a los constructores: una retención del pago de 11 carpetas de facturas varias debido a los atrasos visibles de la obra.
Eso significa que el Ejecutivo pasó dinero del presupuesto de un hospital que ni siquiera había comenzado su construcción hacia otro inconcluso. No se construyó ni el Hospital de Maternidad ni se concluyó el Hospital de Zacatecoluca. En marzo de 2011, El Faro publicó un reportaje en el que retrataba el centro de salud que supuestamente iba a inaugurarse en junio de 2009 y que, dos años más tarde, daba un muy deficitario servicio a la población debido a que el edificio no estaba terminado ni estaba equipado.
Los cuatro meses de prórroga, que coincidían con el inicio del nuevo gobierno, tampoco alcanzaron para ponerse al día con la construcción. Al menos, eso dice la ministra Rodríguez: “Bueno, recibimos esos hospitales como Zacatecoluca incompletos. Los tuvimos que terminar, algunos de ellos que se nos dijo que estaban en un 70%, en un 80% de avance y resulta que eran como 40%. Nosotros completamos la construcción de los hospitales, pero vamos hacer un informe detallado”, vuelve a prometer.
Cuando a la ministra Rodríguez se le pregunta sí una parte del presupuesto para Maternidad se usó en el hospital de Zacatecoluca responde que “posiblemente” porque la información que tienen es parcial. Entonces, se le pide que haga una valoración de la reorientación de los $1.7 millones a los que se les cambió su destino, pese a que esa decisión no procedía y pese a que el contrato era llave en mano, razón por la que el contratista no podía solicitar una modificación de los montos pactados en la licitación que ganó.
— La información que se tiene es parcial porque, en realidad, inicialmente era mucho más lo que se tenía para Maternidad. Yo creo que se cambió la prioridad y se le quitó la prioridad que tenía el Hospital de Maternidad por parte de las autoridades de turno. Y con eso (los $1.7 millones) no se iba poder construir.
— ¿¡Pero están usando un presupuesto distinto en una obra que ya tenía presupuesto!?
— Estaba presupuestado, pero se cambió el destino de los fondos. No le podría decir por qué, esa valoración la tienen que hacer ustedes o las autoridades de turno.
El viernes 5 de octubre, El Faro llamó a una de las clínicas del exministro Maza para conocer su versión. Una secretaria dijo que el exfuncionario no se encontraba, pero prometió hacerle llegar la solicitud. Ese mismo día, se buscó a su defensor, Mario Machado, quien una semana después pidió las preguntas por correo electrónico. Al cierre de esta nota, su respuesta aún no llegaba. Por el lado de los acusadores tampoco hay una postura oficial. La Fiscalía no concedió entrevista.
El hierro y cemento que se usó dos veces
Raúl Blanco es albañil y trabaja en una construcción en las cercanías de la Universidad de El Salvador. Cuando le pregunto sí el hierro y el cemento se puede usar dos veces suelta una carcajada en la que relucen sus dientes blancos y anchos. “Ese bolado nunca lo había escuchado. Sí ya lo usó aquí, ¿cómo, pues?”. Y vuelve a reír.
Aunque esa posibilidad parece surrealista, algunos documentos decomisados en una vivienda de la colonia San Benito, en San Salvador, propiedad del exsubdirector de la Policía y abogado del asocio CPK-Borelli & Merigo, César Rolando García Herrera, se encontraron facturas y créditos fiscales que indican que algunas compras de hierro y cemento de la construcción del Hospital de San Vicente y del Centro Penal de Jucuapa fueron los mismos documentos que se usaron para justificar el pago por avances en el Hospital de Zacatecoluca.
Un crédito fiscal que emitió la compañía Cemex el 16 de enero de 2009, por un monto de $3,455, estaba agregado en la estimación 33 del Hospital de Zacatecoluca. Ese mismo documento también estaba anexado en la estimación 29 que sirvió para respaldar el cobro por el diseño, rehabilitación y equipamiento del Hospital San Pedro, en Usulután. Esa historia se repite en tres créditos fiscales más que fueron extendidos en octubre y noviembre de 2007 y un tercero en septiembre del 2009, los montos van desde los $104 hasta los $3,045.
El contrato para la construcción del Hospital de Usulután también lo ganó el asocio CPK-Borelli & Merigo. La inversión en esa obra era de 10.4 millones y argumentando el avance de la construcción en un 78%, la anterior administración pagó $9.5 millones. Un análisis del Ministerio de Salud, empero, determinó que el porcentaje real de ejecución era de un 57%. Pese a la irregularidad detectada, nadie ha sido procesado por ese caso.
Durante el gobierno de Antonio Saca, la empresa CPK también ganó la licitación para la construcción del Penal de Jucuapa por un monto de 19.1 millones de dólares. El Ministerio de Seguridad demandó a la empresa por el abandono de la obra y un tribunal la condenó, en mayo de 2010, al pago de 4.5 millones. Pese a que se tratan de proyectos diferentes, con presupuestos diferentes, en la casa de García Herrera se encontró el registro de crédito fiscal por la compra de hierro, por un monto de mil 844 dólares que estaba en la carpeta de cobros del penal de Jucuapa, pero que también fue anexado en la documentación para cobrar un avance del Hospital de Zacatecoluca.
En abril de 2011, la Policía Nacional Civil capturó a Maza, acusado de delitos de corrupción por el proyecto Rhessa. En noviembre del año pasado fue favorecido con arresto domiciliar.
El Hospital de Zacatecoluca fue, finalmente, inaugurado por el presidente Mauricio Funes en junio de 2011. El gobierno prevé que el nuevo Hospital de Maternidad esté concluido en 2014.
