Este jueves por la noche los 84 diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de que el Estado salvadoreño contraiga nueva deuda por 800 millones de dólares cuyo destino fue condicionado por el partido Arena, incluyendo el uso que se dará a la mitad de esa emisión de títulos valores, cuyo propósito deberá ser avalado por los legisladores en el momento oportuno.
Los 800 millones en bonos equivalen a los títulos valores que inversionistas compraron a El Salvador durante el gobierno de Francisco Flores en 2003 para que el Estado tuviera disponibilidad de fondos. El uso que le dio el gobierno de entonces fue variado. Los bonos se emitieron con dos condiciones: la primera, que esos 800 millones serían cobrados en 20 años, es decir, en 2023; la segunda, que a la mitad de ese plazo los inversionistas podrían cobrar la deuda, es decir, este año, pero según el monto nominal de cada bono, es decir, recibiendo a cambio solamente 100 dólares por cada título, sin los intereses.
En un inicio, el mes pasado, el gobierno salvadoreño dijo que necesitaba los 800 millones porque había que pagara los bonos que serían redimidos a inicios de 2013. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, aclaró que por la condicíon del mercado era improbable que eso ocurriera. “Probablemente no se van a ocupar para pagar los eurobonos”, dijo Acevedo en una entrevista con El Faro.
Hace casi dos semanas, Arena entregó a Hacienda una propuesta con condiciones bajo las cuales otorgarían sus 33 votos en la Asamblea y aprobar los bonos. Entre dichas condiciones estaba el que el gobierno impulsara la creación de leyes de responsabilidad fiscal, que se redujera el déficit fiscal en un 0.8% -actualmente es del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de 800 millones- y que de emitir más Letras del Tesoro (Letes) no fuera en cantidades superiores al 15% de la recaudación tributaria.
Estas propuestas fueron admitidas por el Ejecutivo en la tarde de este jueves durante una reunión celebrada en la Asamblea y en la que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún; y diputados de Arena y legisladores del FMLN. “Estamos muy contentos de haber logrado este acuerdo, nos hemos comprometido en varios puntos, sobre todo en austeridad y reducir el déficit fiscal”, dijo escuetamente Cáceres al término de la reunión.
El mismo Cáceres es quien hace mes y medio pidió a la Asamblea que con urgencia aprobara la emisión de la nueva deuda, alegando la inminencia del cobro de los 800 millones por parte de los inversionistas.
El FMLN terminó admitiendo que los acreedores que en 2003 compraron los bonos por 800 millones no serían redimidos en su totalidad entre el 23 de noviembre y el 24 de diciembre de este año, pero que era importante enviar un mensaje al mercado internacional en el que quedara claro que El Salvador es capaz de honrar deudas de este tipo.
“Estamos contentos de que Arena haya dado sus votos, El Salvador dejará de estar observado y dejará de provocar desconfianza”, dijo Norma Guevara, diputada del FMLN y miembro de la comisión del presupuesto de la Asamblea.
Entre las condiciones del acuerdo político, votado la noche de este jueves por los 84 diputados, está que de los 800 millones solo 400 millones se pongan a disposición de los acreedores en caso de que, pese a no tener razones en el mercado para recuperar su inversión, decidan hacerlo. “Ahorita los papeles por los que los inversionistas pagaron 100 ahorita están costando 115, nadie vendrá a cobrar”, explicó Milena Calderón de Escalón, una de las diputadas de Arena que estuvo en la mesa de negociación.
Entre los acuerdos queda estipulado que lo que no se redima de esos 400 millones será utilizado para pagar Letes o deuda a corto plazo, con lo cual el Estado salvadoreño estaría solvente para pagar sus deudas y pagar servicios hasta el final del presente año fiscal. Pero si ninguno de los inversionistas cobra los bonos que compraron en 2003, todos los 400 millones podrán ser usados para los Letes.
Otro de los acuerdos incluye que los restantes 400 millones puedan destinarse para los destinos que el gobierno estime conveniente previa autorización de la Asamblea Legislativa.
