Los mediadores de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres, dieron a conocer este jueves 22 de noviembre lo que llaman una “segunda fase” del proceso, que consiste en un plan para intervenir municipio por municipio, a fin de conseguir la erradicación progresiva de todos los delitos de forma local.
El plan se dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, hizo el balance del año que lleva al frente de esa cartera de Estado. El acto lo presentó junto a sus hombres claves en la gestión: el director de la Policía, general Francisco Salinas; el director de Migración y Extranjería, Rigoberto Pleités; el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno; el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, el subdirector de centros penales, Rodil Hernández; además de Colindres y Mijango.
El exdiputado Mijango había creado expectativas sobre que el anuncio de hoy sería algo relacionado con la disminución de las extorsiones de parte de las pandillas, luego de que lo insinuara a La Prensa Gráfica la semana pasada. Sin embargo, al contrario de los anuncios anteriores en los que las pandillas hacían del conocimiento público su decisión de reducir homicidios, asedio a escuelas y violencia contra mujeres, esta vez se trató más bien de una propuesta hacia los pandilleros.
La idea, planteada en un documento que los mediadores hicieron público al país, es crear lo que llaman “municipios santuarios”, en los que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se comprometerían a no cometer ningún tipo de delitos, es decir, no solo a abandonar la guerra entre ellas, sino además a dejar de extorsionar a los ciudadanos, o robarles o hurtarles o secuestrarlos o… En el documento se dice también que los pandilleros entregarían sus armas y se integrarían a colectivos comunitarios que trabajarían por el bienestar de la localidad. Pero no se trata de un ofrecimiento unilateral. Para que un municipio santuario sea una realidad, se necesitaría –según el plan– que intervengan también los alcaldes, la Policía, los empresarios, el Ministerio de Salud y el de Educación, como mínimo.
En estos municipios la PNC deberá estar integrada mayoritariamente por miembros de la Policía Comunitaria y no desarrollarían operativos masivos ni nocturnos. Los alcaldes invertirían recursos preferentemente en las colonias o zonas en las que habiten miembros de pandillas y junto con empresarios privados y cooperación externa impulsarían la creación de alternativas laborales para los miembros de pandillas –que ya no delinquirían–, y el Ministerio de Salud implementaría campañas de salud mental. El Ministerio de Educación debería impulsar programas de nivelación acelerada y los ciudadanos crearían un observatorio del crimen para mantenerse vigilantes sobre la evolución del mismo.
Mijango –que fue quien leyó el plan– no detalló cuál es el procedimiento para conseguir que un municipio se convierta en un “municipio santuario”, solo dijo que esto puede ser promovido por un alcalde o un empresario o un grupo de ciudadanos y dejó entender que las pandillas están listas para entrar en este proceso una vez que el resto de actores también lo hagan. El mediador aseguró que ya tienen seleccionados 10 municipios en los que esperan poder echar a andar esta estrategia antes de que termine el año, pero prefirió no decir cuáles son estas localidades, ni qué condiciones reunieron para ser considerados los primeros o el programa de pasos que se seguirían o un estimado de tiempo que requerirá arribar al ideal del proyecto.
Lo que sí detalló Mijango es que las personas que coordinarán este proyecto serán él y monseñor Colindres y no el viceministro de Seguridad y Justicia, que es el funcionario del Estado responsable de las políticas públicas de prevención de la violencia.
“El Estado tiene un vergo de mesas de prevención de la violencia: ¿han dado frutos? No. Por una razón: les falta incluir el componente pandillas y eso es lo que ponemos nosotros (los mediadores) y eso es lo que hace que esto no sea hablar pajas. Solo nosotros podemos convocar a las pandillas”, explicó Mijango.
Aunque en varias ocasiones el ministro Munguía Payés ha asegurado que la tregua es parte de su estrategia y el mismo Mijango ha reconocido que fue diseñada en el despacho ministerial, el funcionario negó la paternidad a la idea planteada como “segunda fase” y prefirió tratarla como una idea externa a la que ve con agrado, pero sobre la que dijo se pronunciará oficialmente en el futuro.
Durante el año de gestión del ministro y en el marco de las negociaciones con las pandillas, El Salvador ha tenido un descenso histórico de los homicidios, que muchos consideraban imposible cuando el general Munguía asumió el cargo. En comparación con el mismo período del año pasado en 2012 se han registrado hasta el miércoles 21 de noviembre 1 mil 528 homicidios menos, lo que implica una reducción de casi el 40% de muertes violentas. Sin embargo, si se toma en cuenta únicamente el período de duración de la tregua entre pandillas, la reducción de asesinatos es cercana al 60%.
