El bulevar abierto este domingo por el presidente Mauricio Funes lleva el nombre de alguien a quien muchos -incluyendo el gobernante- consideran un referente ético y moral del país: monseñor Romero. El acto de inauguración de la obra que el gobierno llama 'una epopeya' intenta pasar la página a lo que el mandatario llama un pasado oscuro, de ineptitud y de corrupción. Irónicamente, aunque se habla de decenas de millones de dólares que se echaron a perder en la ejecución de una obra supuesta a terminarse originalmente al cabo de 14 meses -y no de 80, como al final resultó-, todos los involucrados están libres y nunca han sido privados de libertad.
La vía bautizada con el nombre del arzobispo asesinado en 1980 verá diariamente el tránsito de unos 50 mil vehículos, según estima el Ministerio de Obras Públicas, y es la culminación de un trabajo que estuvo abandonado durante años enteros después de que apenas iniciada su construcción fue cayendo en suspensiones progresivas hasta que, finalmente, todo se paralizó.
El presidente Antonio Saca anunció en el año 2005 su proyecto: se trataba de una vía expresa que iba a permitir la fluidez del tránsito vehicular desde y hacia el occidente del país en su conexión con el Área Metropolitana de San Salvador. Los trabajos iniciaron en marzo de 2006 y debían terminarse en mayo de 2007. Las cifras básicas de lo que pronto fue bautizado como Bulevar Diego de Holguín (primer alcalde de la Villa de San Salvador) eran estas: 14 meses de trabajo y un costo de 25.6 millones de dólares. Al final fueron, hasta este domingo, 80 meses transcurridos y cerca de un centenar de millones de dólares gastados por el Estado, según dijo Funes en el acto de apertura.
El proyecto fue dibujado por una red de funcionarios y empresarios que hasta la fecha siguen siendo investigados por una Fiscalía General de la República que tiene más de dos meses de no tener un fiscal general y que hasta ahora no ha logrado procesar a nadie.
Formalmente, desde mediados de 2010, la Fiscalía investiga al menos 14 delitos de cuello blanco -corrupción- y tiene al menos 19 nombres de personas sospechosas que no han sido llamadas a declarar por ningún juez. Hasta la fecha no hay más que eso, sospechosos enlistados en la Fiscalía desde hace dos años.
Detrás de esa intención oficial de investigar no hay ningún avance. Sobre esto, el presidente Funes dijo que su ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, había presentado la denuncia más documentada de la historia reciente de este país.
Luego se distanció de otras responsabilidades, como los señalamientos a quienes iniciaron la obra y nunca la terminaron: 'El gobierno no condena, no me reclamen a mí como presidente de la República, ni a los funcionarios del gobierno que condenemos judicialmente la corrupción. El gobierno presenta la denuncia, la documenta, la investiga hasta donde puede, y eso hizo el ministro Gerson de manera rigurosa.'
La sospecha de este gobierno es que durante la administración del presidente Antonio Saca hubo una red de funcionarios y empresarios que incurrieron en delitos de lavado de dinero y de activos, falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, encubrimiento, omisión de aviso, incumplimiento de deberes, malversación, tráfico de influencias, depredación de bosques, responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, evasión de impuestos... corrupción.
Entre las 19 personas que la actual administración considera sospechosas de la comisión de esos delitos están los mismos representantes de una sociedad que, según las investigaciones del MOP, presentó documentos falsos para participar en la licitación de la obra y esta fue autorizada por el entonces ministro de Obras Públicas David Guitiérrez. El Faro publicó en julio de 2010 que el Ministerio de Obras Públicas está convencido de que una solvencia de Hacienda clave para poder conseguir el contrato, era falsa. Jesús Hernández Campollo, de la empresa Copreca S.A.; Hugo Linares, representante de Linares S.A. de C.V.; y dos ex ministros de Obras Públicas del gobierno de Antonio Saca, David Gutiérrez y Jorge Nieto, son los más importantes nombres que aparecen en la documentación presentada por el gobierno a la Fiscalía para sustentar la denuncia.
El proceso de licitación inició en julio de 2005 y en noviembre de ese año se adjudicó a la sociedad de dos empresas: Copreca S.A.–Linares S.A. de C.V. Dicha sociedad ganó un contrato por 25.6 millones de dólares, casi $2 millones más de lo presupuestado. Las obras de este bulevar empezaron en el primer trimestre de 2006. Para septiembre de ese año, la Alcaldía de San Salvador, gobernada por la efemelenista Violeta Menjívar, demandó al MOP y a las empresas constructoras por la destrucción de miles de árboles de El Espino sin autorización municipal. Esto detuvo los trabajos.
En la actividad de este domingo, ni el mandatario ni el ministro de Obras Públicas hablaron de las principales personas sospechosas de, según cifras brindadas por el mandatario, triplicar el coste de la vía rápida de un poco más de 8 kilómetros de longitud.
Este domingo, el mandatario explicó, sin dar detalles, que la obra costó 99.3 millones de dólares. Dijo que, de ese monto, casi 63 millones corresponden a lo que tildó como un costo financiero heredado de la ineptitud y corrupción de administraciones anteriores. El mandatario aclaró que el gasto de poco más de 30 millones de dólares destinados al bulevar por la actual administración, incluyen 18 millones aprobados por la Asamblea Legislativa en 2010, cuando Obras Públicas empezó a revelar parte de sus denuncias de corrupción.
La administración Funes gastó 33 millones de dólares en los trabajos de este proyecto. El costo financiero heredado de la ineptitud y corrupción al que hizo referencia el presidente no está claro. Sin embargo, del expediente que tiene la Fiscalía, el gobierno sospecha lo siguiente:
La sociedad contratista recibió más de 14 millones de dólares entre anticipos y arbitrajes en cuatro años. De ese dinero, según el expediente que tiene la Fiscalía, el MOP da por desaparecidos tres cheques: Uno con fecha 21 de diciembre de 2005, por un poco más de 5 millones de dólares (5 millones 39 mil 784.59 dólares), otro del 23 de diciembre de ese mismo año por 2.6 millones de dólares y otro del 7 de abril de 2008 por 3.7 millones de dólares. En total 11.3 millones de dólares perdidos, ya que 3.1 millones han sido reconocidos por el MOP como obra realizada.
El gobierno de Antonio Saca terminó el 1 de junio de 2009, pero desde el 1 de enero de 2007 su ministro de Obras Públicas había sido Jorge Nieto, quien también fracasó en terminar el Diego de Holguín, que a partir de ahora se llama Bulevar Monseñor Romero. Tal vez por este contraste de gestión el presidente lanzó elogios a su ministro de Obras Públicas: 'Quizá (Gerson Martínez) hubiera querido que lo nombrara ministro de Hacienda, pero imaginen los problemas que hubiera tenido', bromeó el mandatario, frente al candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quien escuchó la broma junto al candidato a vicepresidente, Óscar Ortiz.
Con la culminación de esta vía, las cifras definitivas son estas: el costo que han debido pagar los salvadoreños pasó de los 25.6 millones originales a casi 100. Es decir, casi cuatro veces. Y en lugar de tener la supercarretera en funcionamiento desde mayo de 2007, tuvieron que esperar 66 meses adicionales.
Funes impuso el nombre
Funes dedicó unos 15 minutos a justificar su decisión de nombrar el bulevar como Monseñor Romero, a pesar de que el MOP lanzó un concurso público en el que la ciudadanía votaría por alguna de 10 opciones para decidir el nuevo nombre de la obra. Entre esos nombres había algunos como Salarrué o Claudia Lars, pero Monseñor Romero no era candidato. Sin embargo, hace una semana el gobierno informó que a pesar de que los finalistas escogidos por la ciudadanía con sus votos ya estaban definidos, el bulevar iba a recibir el nombre del arzobispo Óscar Arnulfo Romero.
El sorpresivo anuncio desató una discusión intensa a nivel de redes sociales, pues muchos consideraban una burla el gesto de invitar a la ciudadanía a escoger el nombre del bulevar, para que al final el presidente terminara haciendo a un lado el resultado de las encuestas y él decidiera cualquier nominación.
El presidente admitió que su decisión de escoger un nombre no sometido a consideración de la ciudadanía era ignorar el resultado de al consulta. Según Funes, sin embargo, una pequeña cantidad de comentarios -“los menos”, dijo- mostraban inconformidad por haber sido echados a un lado para buscar el nombre de la nueva vía. Aclaró que detrás de el nombre estaba su decisión: 'Yo sé que la decisión que tomé como Presidente de la República de nombrar este bulevar ha generado algunos comentarios, los menos, diría yo, de rechazo hacia el mismo y los más de adhesión a esta decisión que tomé.'
Algo que hasta ahora es aclarado luego de un proceso que en un principio pretendía escoger el nombre a partir de la simpatía de los interesados en votar por un nombre. Liz Aguirre, de la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas, aseguró que la posibilidad de veto presidencial a lo que propusiera la ciudadanía ya estaba prevista. “Había una cláusula que arrogaba desde el principio a la presidencia la potestad de escoger el nombre final del bulevar”, dijo Aguirre.
El Faro le solicitó que mostrara el documento que incluía esa cláusula, pero dijo no tenerlo a la mano en ese momento. Se comprometió a enviarlo posteriormente, pero al cierre de esta nota no lo había hecho.
Aguirre explicó que la Universidad Tecnológica también había hecho encuestas para definir un nombre y dio a entender que fue de dichas herramientas de opinión pública que la presidencia sacó el nombre final del bulevar. El MOP hasta había colocado buzones en diversos puntos del país como tiendas de supermercados para recibir votos por alguno de los 10 nombres sometidos a consideración de la población. El de “Monseñor Romero” no estaba entre ellos.
Cuando el gobierno anunció la decisión, incluso el mismo subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dio a entender que estaba sorprendido. 'Yo voté por el nombre de Bulevar de la Transparencia', dijo en su cuenta de Twitter.
Al acto de inauguración acudió gran parte del gabinete de gobierno de Funes, así como diputados efemelenistas de la Asamblea Legislativa. La ceremonia duró un poco menos de dos horas y terminó con el presidente subido en el primer carro en circular el bulevar: un clásico descapotable Pontiac Bonneville de 1959. De copiloto iba la primera dama, Vanda Pignato y en el asiento de atrás Gaspar Romero, hermano de monseñor Romero. El vehículo era parte de una exhibición de autos clásicos que se montó paralela a la inauguración de la vía.
En la ceremonia también participó el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien tuvo a su cargo las palabras en honor de Romero.
El hasta ahora conocido como Bulevar Diego de Holguín ha sido motivo de noticia no solo por los atrasos y paralización de construcción que sufrió, sino también por repetidas violaciones a normativas, incluidas transgresiones ambientales en la contigua finca El Espino, el último bosque significativo en el Área Metropolitana de San Salvador.
Durante 17 años, el Estado, las alcaldías de Antiguo Cuscatlán y San Salvador, han intentado sin éxito resolver la demanda de 85 familias acusadas de usurpación que viven junto al Bulevar Monseñor Romero. Los vecinos de la vía asistieron a la inauguración con una pancarta que decía “Adesco comunidad El Espino, presente”. El Espino y sus habitantes acusados de usurpación son otras dos manchas que envuelven el proyecto abierto este día.
Uno de los protagonistas de esa mancha fue invitado de honor a la ceremonia: Carlos Guerrero, exviceministro de Obras Públicas y exviceministro de Medio Ambiente de la administración Saca, asistió como presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco). Guerrero se sentó a escasos tres metros del podio donde Funes estaba dando su discurso y aplaudió, junto al resto del público, todas las alusiones que el mandatario hizo sobre la corrupción detectada en años anteriores.
Guerrero fue viceministro de Obras Públicas cuando el ministerio de Medio Ambiente sancionó que se había modificado el trazo del tramo II del bulevar. Guerrero dijo en ese entonces, en marzo de 2007, que la sanción contra Obras Públicas era legal pero que él como viceministro no había sido responsable de ese error. Lo curioso es que a él como nuevo titular de Medio Ambiente le tocó notificar de la sanción a Obras Públicas en marzo de 2007, de donde él había salido unos días antes.
Del bulevar Diego de Holguín al bulevar Monseñor Romero
Una recopilación de las notas más relevantes publicadas en El Faro sobre este mega proyecto que implicó una polémica con tintes de corrupción, degradación ambiental e ineficiencia gubernamental.
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