Monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango –quienes han liderado el proceso de tregua entre pandillas- se presentaron este martes 11 de diciembre ante la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados reformas de leyes que creen necesarias para continuar el proceso de tregua.
La relevancia de este paso radica en que por primera vez, luego de nueve meses, los mediadores solicitaron la inclusión formal de un órgano de Estado en el proceso, y obtuvieron respuestas preliminares favorables, incluso del principal partido opositor, Arena.
Mijango y Colindres evitaron solicitar al ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, que enviara el pliego de reformas legales al parlamento haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley. Esta potestad le hubiera permitido al ministro adelantar el primer paso necesario para que una propuesta se transforme en ley de la República; mientras que la vía que escogieron los mediadores depende de que algún diputado decida respaldar el documento para que este pueda ser considerado oficialmente por la Asamblea. “Nos pareció que era una mejor forma de incluir a más actores en este proceso y convertirlo en un asunto de país”, explicó Mijango.
Luego de ofrecer un resumen de los resultados del proceso, que ha desplomado el índice de homicidios en casi un 60%, los mediadores pidieron a los diputados que consideraran la aprobación de seis puntos: una ley transitoria que otorgue garantías -a modo de salvoconducto- a todos los actores involucrados en el proceso de tregua, tanto a los miembros de pandillas que se comprometan a dejar la violencia como a las personas u organizaciones que les apoyen. En el pasado, algunas de estas medidas se han llevado a la práctica sin contar con un respaldo legal, como cuando el 13 de julio, un grupo de encapuchados cargaron sacos llenos de armas de fuego en plena Plaza Barrios, en el corazón del Centro Histórico de San Salvador. En total fueron 77 armas de fuego entre fusiles, pistolas e incluso una mina antipersonal. En aquella ocasión los encapuchados bajaron las armas de un pick up y caminaron en medio de una barrera humana formada por pandilleros y por familiares de pandilleros sin que en los alrededores hubiera presencia policial. Esta primera propuesta busca crear un entorno con seguridad jurídica para quienes estén trabajando en el proceso.
También solicitaron la reforma o derogatoria de las leyes que puedan entorpecer la tregua. Aunque en la lectura inicial los mediadores no mencionaron ninguna ley en particular, Mijango se refirió posteriormente a la necesidad de derogar la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, que criminaliza la sola pertenencia a estas organizaciones. También se refirió a modificar los artículos que impiden que los pandilleros gocen de los beneficios penitenciarios que la ley establece. El Código Penal salvadoreño impide que los miembros de pandillas o de cualquier estructura delictiva puedan ser candidatos a las fases de confianza o de semilibertad de las que sí gozan el resto de privados de libertad.
Dos puntos se refieren a la necesidad de gestionar recursos para respaldar el proceso: en uno se pide la reforma de la Ley Fodes, para designar el 25% de lo asignado a las municipalidades a proyectos laborales en los que se pueda insertar a quienes abandonen la violencia. La otra propuesta se refiere a la creación de lo que llaman “fondo especial para la paz”, destinado a compensar a las víctimas de la violencia de las pandillas y a la inserción laboral de jóvenes proclives a vincularse a estas agrupaciones.
Finalmente se solicita a los legisladores dotar a las municipalidades de las competencias para impulsar planes de prevención y seguridad local y la aprobación de los créditos necesarios para intervenir en el sistema penitenciario, en el que viven bajo condiciones infrahumanas 28 mil salvadoreños, en espacios concebidos sólo para 8 mil.
Lo inusual de la jornada es que los representantes de los dos partidos políticos mayoritarios, Arena y FMLN, coincidieron casi de forma exacta en sus opiniones favorables al proceso que los mediadores presentaron: ambos alabaron lo hecho por Colindres y Mijango y coincidieron en la necesidad de que los partidos y el Estado se comprometan más con la tregua.
“Yo he hecho críticas duras, pero estamos dispuestos a colaborar en esto. Ningún salvadoreño bien nacido puede no alegrarse con esta disminución de gente muerta. Si se trata de que va a haber cero delincuencia en los municipios y que por eso no se van a hacer capturas, pues bienvenido sea y ojalá que esta idea se pudiera multiplicar por 262 (municipios) y ver cómo se puede hacer que eso sea permanente”, expresó el diputado arenero Ernesto Angulo, quien suele ser el vocero tricolor en materia de seguridad pública. El legislador hacía referencia a la propuesta hecha por los mediadores durante la celebración del año de gestión del ministro Munguía Payés, en la que propusieron los “municipios santuarios” como segunda fase de la tregua.
Angulo fue más allá en su entusiasmo ante la propuesta e incluso comprometió el respaldo de su partido: “Aquí el problema es que el gobierno no tiene una participación directa. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo nos metemos como Estado y le vamos dando el asidero legal para que esto se vaya llevando a cabo de forma permanente. Decirles que pueden contar con nuestro partido en todo lo que no contravenga la legislación salvadoreña”, expresó Angulo ante los visitantes.
El Faro consultó al vicepresidente de Ideología de Arena, Jorge Velado, si las palabras del diputado arenero podían entenderse como un respaldo institucional arenero al proceso de tregua y a las peticiones hechas por los mediadores. A través de un mensaje de texto, Velado comentó: “Sobre el tema de tregua estoy desfasado, lo siento”.
Durante una gira por España en octubre de este año, el candidato a la presidencia de Arena, Norman Quijano, aseguró a medios españoles que él no se comprometía a continuar con el proceso de tregua y además puso en tela de juicio que los homicidios se hubieran reducido en la proporción que indican todas las cifras oficiales.
Benito Lara, el diputado más visible del FMLN en los temas de seguridad pública también demandó el mayor involucramiento del gobierno en este proceso y aseguró que ello era indispensable para obtener resultados positivos: “Creo que el Estado salvadoreño ve este esfuerzo con –digamos- tibieza y no lo asume como tal. Eso hay que decirlo claro: si el gobierno y el Estado en su conjunto no lo asumimos como un problema propio en el que todos tenemos diferentes competencias para contribuir a que esto se consolide, va a caminar pero no con la celeridad con la que necesita la gente que trabajemos”, valoró.
Las exhortaciones al gobierno del presidente Mauricio Funes para que se involucre claramente en el proceso no son nuevas. Los mediadores ya han expresado públicamente la importancia que tendría un rol concreto del Ejecutivo, porque al final es la contraparte a las pandillas, en cuanto a que estas hacen solicitudes de medidas específicas cuya atención está en manos del gobierno.
Funes, sin embargo, ha repetido que el gobierno no negociará nada con criminales y que solo es facilitador de los esfuerzos que lideran Colindres y Mijango.
