El ex ministro de Defensa salvadoreño José Guillermo García enfrenta desde el lunes un juicio por deportación en un tribunal de Florida, acusado por el gobierno estadounidense de violaciones a los derechos humanos durante su gestión al frente del ejército (1979-1983).
En los primeros días del juicio han testificado el exembajador estadounidense en el Salvador, Robert White, y el doctor Juan Romagoza, un salvadoreño víctima de torturas. White aseguró que García conocía de las masacres cometidas por algunos oficiales del ejército, y que nunca hizo nada para detenerlas o castigar a los responsables.
García ya fue encontrado culpable de torturas y violaciones a los derechos humanos en un juicio civil celebrado también en Florida en 2002, en el que fue juzgado junto a otro ex ministro de Defensa, el general Eugenio Vides Casanova. Ambos fueron condenados a pagar más de 54 millones de dólares a las víctimas.
Poco después el gobierno estadounidense, basándose en una nueva ley posterior a los ataques de 2001 que busca impedir la presencia de violadores de derechos humanos en suelo estadounidense, anunció la apertura de juicios de deportación contra ambos ex militares salvadoreños. Vides Casanova perdió el juicio de deportación pero apeló la sentencia y espera un nuevo juicio.
Juan Romagoza, que testificó este martes en el juicio contra García, fue cuestionado por la defensa del militar, que ha intentado perfilarlo como “un terrorista” para descalificar su testimonio. Durante su rendición, Romagoza fue consultado sobre sus vínculos con terroristas. La defensa le preguntó si alguna vez ayudó o brindó asistencia a grupos terroristas en El Salvador y Romagoza respondió que sí, que los soldados que lo torturaban le solicitaban constantemente asistencia médica y que siempre se las brindó.
Romagoza fue un testigo clave para la condena civil contra García y Vides Casanova, y su testimonio esta semana podría también ser determinante para el veredicto final.
La defensa de García, encabezada por la abogada Alina Cruz, sostiene como argumento principal que el ex militar nunca participó directamente en violaciones a los derechos humanos, y que no es repsonsable de ellos. La agencia estadounidense de noticias AP citó a la abogada diciendo que García 'no tuvo participación directa. No participó ni colaboró en ninguna tortura ni matanzas extrajudiciales. Los perpetradores de esos actos eran miembros de las fuerzas armadas... El señor García no tenía bajo su control a esas fuerzas y no se va a encontrar ningún caso donde tenga participación o asistencia directa'.
García estaba al frente del ejército cuando sus tropas perpetraron dos de las mayores masacres cometidas en América Latina en el Siglo XX: El Mozote y El Sumpul, en las que murieron casi mil 400 personas, la mayoría menores de edad, mujeres y ancianos.
Loren Coy, abogado del gobierno estadounidense, dijo que 'las pruebas demostrarán que en El Salvador había una dictadura que mantenía el status quo con una campaña de represión... Al asumir como ministro de Defensa, el general García se convirtió en la persona más poderosa de El Salvador'. El abogado no mencionó el apoyo del gobierno estadounidense a esa “dictadura” salvadoreña.
El juez Michael Horn cerrará este viernes los testimonios tanto del gobierno como de la defensa, pero aún no ha determinado cuándo dictará sentencia.
