La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituyó el pasado viernes al director del Instituto de Medicina Legal (IML), al jefe de estadísticas y al oficial de Acceso a la Información, luego de un reacomodo que inició con una prohibición para divulgar información sobre homicidios y desaparecidos, y culminó con la remoción de todas las piezas claves que se encargaban de sistematizar y divulgar dichas estadísticas.
Los despidos se dan algunas semanas después de que la CSJ, a través del Consejo Directivo del IML, ordenó al director, Miguel Fortín Magaña, que dejara de ventilar públicamente información institucional, particularmente los datos de homicidios y desapariciones. Luego, coincidiendo con los primeros 100 días de gestión de la nueva administración, la CSJ lo destituyó a él, al director de Estadísticas del IML, Miguel Velásquez (quien fuera el segundo autorizado para revelar información) y también al Oficial de Transparencia y Acceso a la Información del órgano judicial, encargado administrar la publicación, de manera oficiosa, de los informes, actas y estadísticas del IML y del resto de dependencias adscritas al órgano judicial que no tienen una categoría de reserva, según la Ley de Acceso a la Información Pública.
“En una de las reuniones, ocurrida hace varias semanas, el Consejo por mayoría decidió de que yo, en mi carácter personal, podía dar declaraciones, pero no podía tomar los datos estadísticos de Medicina Legal porque no me pertenecían”, dijo Fortín Magaña el viernes 14 por la noche, horas después de haber sido notificado de su destitución, efectiva a partir del 31 de diciembre de 2012.
Los despidos fueron confirmados el mismo viernes por el presidente de la CSJ, Salomón Padilla, junto a los balances de 100 días de gestión de las nuevas autoridades de la CSJ. En ese balance, según Fortín Magaña, estaban incluidas las estadísticas de homicidios y desaparecidos. Los datos que él mismo había preparado no fueron expuestos.
“La Dirección de Comunicación de la Corte me solicitó esa información hace 15 días, de un día para otro, y la hicimos llegar. Si no la presentaron ellos sabrán por qué”, dice Fortín Magaña.
Durante todo este año, y sobre todo después de conocida la negociación entre el gobierno y las pandillas para reducir los homicidios, el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, cuestionó las cifras de homicidios y de desaparecidos que el IML reportó entre marzo y agosto.
Uno de los principales choques entre las dos instituciones ocurrió en junio, cuando el IML reportó 876 desaparecidos entre enero y abril, mientras el Ministerio de Seguridad aseguraba que en ese mismo periodo solo se habían registrado 397 casos.
En cuanto a las cifras de homicidios, el último choque entre el IML y Seguridad ocurrió el 4 de septiembre, cuando la institución aseguró que se había reportado un pequeño incremento de los homicidios para el mes de agosto. Un diferencia mínima, pero que a Seguridad le tocó los nervios. Así, mientras el ministro David Munguía Payés dijo que se registró un promedio de 5.06 homicidios diarios (157 asesinatos), el IML reportó 168 (5.4 homicidios diarios).
En esa conferencia, la última del IML para hablar de estadísticas, Fortín Magaña y el ex jefe de estadísticas Miguel Velásquez también contradijeron al presidente Funes, quien para esos días había dicho que en el mes de agosto se había registrado el segundo día del año con “cero homicidios”.
“De enero a agosto no se ha dado ningún día (en) que no se tenga un homicidio”, dijo Velásquez en esa ocasión.
Al siguiente día, en respuesta, Funes declaró: “No me parece relevante dar una conferencia de prensa solo para decir que no es cierto que hubo dos días sin homicidios en el país. Que se dediquen a trabajar y no a confrontar las estadísticas porque no les pagan para eso”.
La magistrada Rosa María Fortín, quien preside el Consejo Directivo del IML, confirmó a El Faro que entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre la institución, a través del Consejo, decidió cambiar el mecanismos de entrega de información estadística intentando con eso evitar confrontaciones con el Ejecutivo, en específico con el Ministerio de Seguridad Pública.
“En el Consejo decidimos, para evitar que se creyera que el director de Medicina Legal estaba confrontando con las autoridades, que la información se iba a seguir dando pero ya no a través de conferencias sino que a través de comunicados. En una conferencia cualquier declaración puede ser malinterpretada o sacada de contexto, y usted sabe que lo escrito no se puede malinterpretar. A mí en lo personal me preocupaba que pareciera que Miguel estaba confrontando, y sé que no lo estaba haciendo, porque lo conozco. Incluso, de manera personal, para evitar que las cosas se pusiera tan tensas, tuve que aclarar eso con las autoridades”, dice Fortín, en alusión a las autoridades del ministerio de Seguridad Pública.
“Los médicos forenses son técnicos, y por lo tanto realizan una función de carácter técnico que se desvirtúa si se entiende mal o se sacan de contexto declaraciones en una conferencia de prensa. Lo que queríamos era que no se generaran problemas, queríamos evitar problemas, pero tampoco es que se dejará de estar dando esa información. Se definió que se hará a través de comunicados y así se hará”, añadió.
Durante los gobiernos de Arena, en Medicina Legal se sentían inhibidos de dar la información estadística en su poder porque entendían que el anterior presidente de la Corte, Agustín García Calderón, había dispuesto que no se hiciera pública, por temor de incomodar al gobierno. Los nueve años en los que Calderón presidió la CSJ, coincidieron con los años en los que El Salvador incrementó sus cifras de violencia, al punto en que desde 2005 pujó por ser la cabeza de los países más violentos del mundo. 2009 terminó con un récord de asesinatos que por primera vez desde la guerra sobrepasó los 4 mil.
Para Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional y ex presidente de la CSJ, hoy las señales son similares: “Yo interpreto que no quieren revelar cifras que son públicas por ley para no entrar en contradicción con estadísticas del gobierno central”, dice.
Destituciones no pasaron por Corte Plena
El declive de Fortín Magaña arrancó desde el 26 de septiembre, fecha en la cual fue constituido el nuevo Consejo Directivo del IML. El Consejo, que depende orgánicamente de la Corte Plena, lo preside la magistrada Rosa María Fortín; el director del IML; el gerente de Administración y Finanzas, Walter Ulises Menjívar; el gerente de Asuntos Jurídicos, Orestes David Ortez (hijo del diputado del FMLN Orestes Ortez); y el presidente del Comité Consultivo del IML, Pedro Hernán Martínez.
“La decisión que se tomó para que dejara de dar estadísticas institucionales fue propuesta por uno de los dos gerentes -no recuerdo cual - y votada por mayoría. Yo, por supuesto, me opuse y manifesté mi inconformidad. Hay que aclarar que esa no fue una propuesta de la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal”, dice Fortín Magaña.
La prohibición, que asegura no llevaba implícita una amenaza de despido, fue acatada íntegramente durante octubre, noviembre y diciembre por el director del IML. El último registro que se tiene de él dando estadísticas de homicidios remite hasta el 4 de septiembre. En esa conferencia se habló de los registros de agosto de 2012.
En el portal de transparencia de la institución, los últimos registros que se encuentran de Medicina Legal son los referentes a desapariciones y homicidios del primer semestre de 2012. Fuera de la institución, los únicos datos que lograron filtrarse fueron los comparativos de homicidios -y denuncias de desaparecidos- entre junio y septiembre de 2012, publicados por el Observatorio Judicial que administra la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.
Fortín Magaña presentará un recurso de amparo a la Sala de lo Constitucional por lo que considera una destitución ilegal. Según el numeral noveno del artículo 182 de la Constitución de la República, le corresponde al pleno de la Corte Suprema los nombramientos del personal de Medicina Legal.
Para los magistrados Sidney Blanco y Belarmino Jaime, la destitución de Fortín y del resto de empleados ha sido una completa sorpresa, dado que nunca se mencionó en Corte Plena.
La magistrada Rosa María Fortín confirmó que las destituciones no fueron consultadas ni tratadas en Corte Plena y se declaró “apenada y sorprendida con lo que está pasando”. La magistrada espera que Fortín Magaña pueda seguir al frente del IML. “En el tiempo que he estado al frente del Consejo Directivo hemos trabajado muy bien con el director de Medicina Legal. La institución se ha visto fortalecida con su trabajo. Como le repito, yo también he quedado sorprendida cuando él me informó que había recibido la carta de destitución”, dijo.
Junto al Director de Medicina Legal, el jefe de Estadísticas y el oficial de Información del órgano judicial, el Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUD) denunció el despido de decenas de trabajadores, y advirtió que el presidente de la Corte Suprema tiene una lista de cientos de despidos despidos a efectuarse antes del cierre de 2012. El Sindicato ha amenazado con 'paralizar a todo el Estado' si se llevan a cabo estos despidos.
El presidente de la Corte, Salomón Padilla confirmó que habrá más despidos, pero aseguró que no serán 'ni siquiera quinientos'.
