Este viernes 18 de enero, los alcaldes de Ilopango, Sonsonate, Quezaltepeque y Santa Tecla se unieron públicamente a la iniciativa “Municipios libres de violencia”, lanzada meses atrás por los mediadores con las pandillas bajo el controversial nombre de “Municipios santuario”, y se convirtieron en los primeros funcionarios estatales en incorporarse institucionalmente a la tregua. El mediador Raúl Mijango adelantó que durante los próximos meses un total de 18 municipios -ocho gobernados por Arena, ocho gobernados por el FMLN y dos más gobernados por coaliciones de otros partidos- harán pública su adhesión al proceso de diálogo abierto hace un año con la Mara Salvatrucha y con el Barrio 18 en El Salvador, y que durante 2012 se tradujo en una drástica reducción de los homicidios en el país.
En algunos de estos municipios, como Ilopango o Santa Tecla, los alcaldes sostienen desde hace meses -o incluso años, como admite Óscar Ortiz- diálogo directo o indirecto con los líderes locales de las principales pandillas, con el fin de lograr su apoyo a estrategias de prevención, o de incorporar a sus integrantes a programas laborales y de formación a cambio de que dejen de cometer asesinatos, robos y extorsiones. En otros, como Sonsonate, el objetivo de la iniciativa es buscar de ahora en adelante acuerdos público-privados para ejecutar programas de reinserción de pandilleros, a cambio de una reducción de la violencia y los índices delictivos.
El secretario de seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, que presidió la conferencia de prensa en que se hizo este anuncio, dijo que con la incorporación de estos nuevos actores institucionales inicia una “segunda fase” de lo que durante varios meses se trató de presentar como un “proceso de paz” y que ahora se rebautizó de forma menos ambiciosa como un “Proceso de reducción del crimen y la violencia en El Salvador”. Raúl Mijango asegura que el resto de municipios implicados se darán a conocer durante los próximos meses a razón de cuatro mensuales, aunque fuentes del proceso adelantaron que entre los participantes están también San Martín, Mejicanos y La Unión.
Desde que el 8 y 9 de marzo de 2012 las autoridades trasladaron a 30 líderes de la MS-13 y del Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales de menor seguridad, y estos a su vez ordenaron a sus estructuras reducir los homicidios, el gobierno de Mauricio Funes ha negado sistemáticamente su responsabilidad sobre este proceso. En contraste, la necesidad de que las diferentes instituciones del Estado se involucren pública y firmemente en el proceso ha sido un reclamo constante de los mismos mediadores, y más recientemente han respaldado esta idea otros actores, como el PNUD.
En esta misma línea se expresaron algunos de los funcionarios presentes en la conferencia de prensa. Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla y candidato a la vicepresidencia de la República por el FMLN afirmó, en referencia a los niveles de violencia: “Los alcaldes no podemos ser indiferentes, como líderes públicos, a uno de los problemas más graves que sufren nuestros ciudadanos”. Carlos Figueroa, alcalde de Quezaltepeque y militante de Arena, llamó “a todos los hermanos alcaldes”, en clara referencia a los de su partido, a unirse a este proceso y poner “el interés general por encima del interés político (partidario)”.
Arena y FMLN, aunque diametralmente opuestos en ideología, han decidido apostarle a la tregua, y este espaldarazo puede ser vital para el futuro del proceso, porque son los partidos que elección tras elección desde 1994 son los que han acaparado con gran diferencia la gran mayoría de votos de los salvadoreños, y entre ambos obtuvieron el 11 de marzo pasado 64 de los 84 escaños legislativos.
En entrevistas concedidas a El Faro, tanto Ortiz en nombre del FMLN como el vicepresidente de Ideología de Arena, Jorge Velado, confirman que la incorporación de alcaldes de sus partidos a este proceso, responde a un proceso de debate y decisión en ambas cúpulas y significa el involucramento oficial de ambas organizaciones en el trabajo de apoyo a la tregua.
“Vamos a persuadir a todos los municipios del país, y especialmente a aquellos en los que están concentrados los mayores niveles de violencia de estos grupos, a estimular que se siga profundizando esa política”, dijo el alcalde y candidato del FMLN. Velado también fue explícito: “No vamos a ser piedra de tropiezo para nadie, este es un problema que nos afecta a todos. En Arena queremos ser parte de la solución”, dijo. Y completó: “Como salvadoreños, como gente cristiana, no podemos dejar de abrazar una iniciativa en la cual en El Salvador se están disminuyendo el número de crímenes.”
Con el respaldo público de las dos principales fuerzas políticas del país y la incorporación de estos alcaldes, los mediadores logran en cierta medida un objetivo que se planteaban desde hace tiempo: la construcción de un espacio de despeje político para que el proceso de negociación con las pandillas no se convierta en arma arrojadiza de cara a las elecciones presidenciales de 2014. No es casual que los dos principales partidos tengan igual número de municipios involucrados en el proyecto. “Mantengamos este trabajo como se ha mantenido hasta hoy: lejos de cualquier bandera política”, dijo en la conferencia de prensa monseñor Fabio Colindres.
Mijango explica que sostuvo la semana del 7 al 13 de enero reuniones tanto con Óscar Ortiz, en representación del FMLN, como con el alcalde de la capital y candidato a la presidencia por Arena, Norman Quijano, con la intención de resolver sus dudas sobre el proceso de tregua y tratar de garantizar su respaldo a la misma. San Salvador no formará parte, sin embargo, de los Municipios libres de violencia, y el respaldo institucional de Arena a esta iniciativa no llegó como fruto de esa reunión.
El jueves 17, en una reunión con el Consejo Ejecutivo Nacional de Arena a la que no asistió Quijano, el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, contó a la cúpula arenera cómo ha sostenido un diálogo constante con el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha desde que es alcalde, e insistió en la necesidad de apoyar públicamente iniciativas como la suya, similar a la que a escala nacional sostiene la tregua. En esa reunión, el partido de derechas resolvió apoyar el proceso y cerrar una etapa de aparente desconcierto y declaraciones contradictorias. En los últimos meses, el diputado arenero Ernesto Angulo se ha pronunciado en apoyo a la tregua, Jorge Velado llegó a admitir que no conocía bien el asunto y el candidato Norman Quijano llegó a afirmar en entrevistas con medios españoles que desde el inicio de la tregua las desapariciones en el país se habían “triplicado o cuadruplicado” , algo que es falso a la luz de los datos de la Policía y del Instituto de Medicina Legal.
Proceso de desarme
El creciente respaldo político al proceso de diálogo con las pandillas se materializa también en la aprobación, el jueves 17, de una ley transitoria que facilitará que las pandillas entreguen armas a la Fuerza Armada sin enfrentarse a capturas inmediatas por ello. La denominada Ley transitoria de entrega de armas ilegales, que tendrá una vigencia inicial de tres meses, se aprobó, según declaraciones dadas a La Prensa Gráfica por el diputado del FMLN Arístides Valencia, por iniciativa del ministro de Justicia y Seguridad Pública David Munguía Payés, pero contó con el apoyo de las fracciones legislativas de Arena, el FMLN y el PCN.
El presidente Funes ha mostrado su apoyo a esta ley transitoria, aunque 24 horas después devolvió el texto a la Asamblea con observaciones destinadas a facilitar su ejecución. Entre sus recomendaciones destaca la propuesta de incluir en el decreto un artículo que excluya de “responsabilidad penal, civil o administrativa” a la persona que entregue un arma amparándose en esta ley, aun en el caso de que se trate de un arma ilegal. Otra intenta evitar que personas procesadas, condenadas o detenidas por cualquier delito puedan usar esta norma transitoria como subterfugio legal.
A pesar de que esta ley no está todavía en vigor, Adam Blackwell anunció que este sábado 19 la MS-13 y el Barrio 18 entregarán durante un evento en la Plaza Barrios un número indeterminado de armas de fuego, recogidas durante las últimas semanas, según dijo, en los 18 municipios que van a participar en el programa de Municipios libres de violencia. Posteriormente, sin embargo, Paolo Lüers, quien ha sido parte del equipo reclutado para apuntalar el proceso, dijo en Twitter que la entrega de armas se pospone hasta que entre en vigencia el decreto.
El pasado junio ambas pandillas entregaron en ese mismo lugar 77 armas de fuego como gesto simbólico para expresar su voluntad de desarme.
En la conferencia de prensa en que se anunciaron los Municipios libres de violencia también participaron los miembros de la Comisión Humanitaria Antonio Cabrales y Lüers, que anunciaron que el martes 22 de enero esta comisión pasará a constituirse oficialmente como Fundación Humanitaria. La labor de esta nueva fundación, según Cabrales, será coordinar la ayuda internacional a la tregua y las iniciativas que la rodean, y “brindar a ONG con experiencia (en prevención y rehabilitación) una plataforma de coordinación con gonierno, muncipalidades, el sector privado del país, etcétera.”
La diponibilidad de fondos para financiar políticas sociales en los municipios adscritos a este proceso, y para sostener programas de reinserción laboral de pandilleros es uno de los puntos aún sin resolver por parte de los actores implicados en la tregua. La Comisión Humanitara nació hace siete meses con en propósito inicial de servir de puente entre la empresa privada del país y el proceso, pero no ha dado todavía resultados palpables. Alcaldes vinculados a este plan dicen haber oído hablar de un total de 72 millones de dólares que se invertirán en los Municipios libres de violencia, pero no conocen el origen o fecha de disponibilidad de esos fondos.
¿Qué es un municipio santuario?
Desde que el pasado noviembre Mijango y Colindres hablaron por primera vez de la posible creación de municipios santuarios, las dudas y especulaciones sobre los detalles de la iniciativa encontraron un muro de desconfianza en la opinión pública, comenzando por el nombre que recibió la iniciativa.
Aunque los mediadores han intentado diluir la marca “municipios santuarios” por otras menos figurativas como “municipios en vías de pacificación” o “territorios de paz”, aún hoy esa primera etiqueta sigue causando rechazo entre quienes creen entender de ella la creación de territorios diseñados para la protección de pandilleros, en parte debido a algunas de las propuestas iniciales de los mediadores, que contemplaban que la Policía no haría en estos municipios capturas masivas nocturnas. Mijango ha hecho lo posible por aclarar que ese giro en el accionar policial respondería al hecho de que en los territorios seleccionados no se cometerá ningún tipo de delitos, y después de sus primeros tropiezos la expresión “municipios santuarios” jamás volvió a aparecer en ningún documento ligado a la tregua.
Mijango insiste en recordar que en la propuesta él y Colindres pedían “revisar los procedimientos policiales, no dejar de perseguir los delitos, pero sí buscar que la acción policial no se convierta en un obstáculo”. Y completa: “Nadie le está pidiendo a la PNC que no cumpla con su deber constitucional”.
Sin embargo, aún no está clara la forma que tomará la iniciativa en cada municipio ni los pasos con los que se operativizará la iniciativa. Este mismo viernes 18, cuando periodistas pidieron a los mediadores describir un municipio libre de violencia, monseñor Fabio Colindres los definió como “comunas donde se aúnan esfuerzos para lograr la paz” y en las que se trata de reducir la violencia pandilleril “creando oportunidades y no solo reprimiendo”. Óscar Ortiz aclaró que no todos los Municipios libres de violencia implementarán las mismas estrategias, y que cada edil, junto a los mediadores, hará su propio diagnóstico y presentará sus propios planes de acción. Tanto los alcaldes como los mediadores han insistido en que no existe un manual o una guía de trabajo y que serán las municipalidades, acompañados por la policía y por la sociedad civil, quienes deberán elaborar sus propios procesos.
Como marco general, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa tiene en estudio una serie de solicitudes hechas por los mediadores, que incluyen la derogación de la ley de proscripción de pandillas, a la que consideran un obstáculo para el proceso de pacificación.
Uno de los municipios más violentos del país es Ilopango, cuyo edil, Salvador Ruano, no ha tenido ningún reparo en admitir públicamente que comenzó un proceso de diálogo con los líderes del Barrio 18 y la MS-13, mucho antes de que comenzara la tregua a nivel nacional. Ruano asegura que tuvo los primeros contactos siendo aún candidato. En la actualidad, el alcalde encabeza un acuerdo de no agresión entre las dos pandillas, con cuyos líderes sostiene reuniones periódicas dentro del edificio de la alcaldía y en los propios territorios que reclaman como propios.
En este municipio la ley de proscripción de pandillas ya no se aplica. El mismo inspector de la PNC asignado al municipio se reúne con los líderes activos de las clicas del Barrio 18 y de la MS-13 en salones de la alcaldía para coordinar actividades de prevención y evaluar el cumplimiento de los pactos alcanzados entre la alcaldía y ambas pandillas.
Ruano ha invertido recursos propios de la municipalidad para montar una pequeña panadería y tiene proyectada al menos una más y un taller de estructuras metálicas para emplear a los miembros de distintas clicas de las dos pandillas, luego de que estas se comprometieran a no agredirse mutuamente y a dejar de cobrar extorsiones a los comerciantes de la zona. Ruano espera que ahora que su municipio es oficialmente parte de la primera tanda de municipios santuarios, el gobierno central le ponga a disposición recursos que la cooperación ha destinado para respaldar este proceso.
Justo un día después que los mediadores, junto con los alcaldes de los cuatro primeros municipios, dieran a conocer oficialmente el comienzo de la estrategia, los líderes de pandillas ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que dijeron estar listos para sumarse al proceso.
No se trató solo de los representantes de las dos pandillas más grandes –la MS-13 y el Barrio 18- sino también de los líderes de organizaciones más pequeñas pero que controlan sus propios territorios: la Mirada Locos, la Mao Mao y la Mara Máquina. Los pandilleros dijeron estar listos para facilitar el proceso de reinserción de sus miembros y para colaborar con las municipalidades en las que se irán construyendo alternativas económicas para ellos.
Además hicieron dos anuncios: los miembros de pandillas rivales están autorizados para deambular por los territorios controlados por enemigos, siempre y cuando estén acompañados de sus familias o se encuentren visitando hospitales, juzgados, instituciones públicas o realizando compras. Dionísio Arístides Umanzor, representante de la Mara Salvatrucha y mejor conocido como El Sirra, explicó que esta condición se mantendrá siempre y cuando los pandilleros rivales “no entren provocando o amenazando”.
Otro anuncio relevante consiste en que las personas que se han salido de la pandilla en malos términos –a quienes en la jerga pandilleril se les llama “pesetas”- recibirán el mismo trato que el resto de pandillas. Hasta ahora, abandonar una pandilla sin autorización explícita de los líderes ha significado una condena a muerte, y este es el primer anuncio en el que se da una señal en la que los pandilleros relativizan esta vieja norma que hasta ahora se cumplía a rajatabla. Los pandilleros retirados también están organizados y sus líderes han solicitado a los mediadores que se les incluya en la tregua.
