La primera vez que el gobierno recibió la alerta de cobros anómalos en el consulado de Vancouver, Canadá, fue en de 2003. Esperanza Cubías estaba indignada y así lo plasmó en la carta que el 21 de agosto de ese año envió a la Cancillería salvadoreña: “Me avergüenza el hecho de que esta persona esté lucrándose de todos nosotros, los inmigrantes, y es mi deber informar de la actuación de este señor”, exponía.
La carta detallaba irregularidades supuestamente cometidas por el cónsul Joaquín Roberto Meza Delgado, exembajador de El Salvador ante Naciones Unidas (1986-1989), pero el Ministerio de Relaciones Exteriores lo mantuvo en el cargo durante los siguientes tres años y al sistema de justicia le tomaría ocho años proceder contra el diplomático por la vía judicial, en un caso que ahora mismo ventila un juzgado salvadoreño. En 2008, una auditoría interna de Relaciones Exteriores detectó un faltante de dinero en el consulado salvadoreño en Las Vegas, y a pesar de los indicios de posible corrupción, solo fue hasta 2011 cuando la Fiscalía puso manos a la obra.
En términos de monto de dinero mal administrado, el caso de Meza y el del cónsul en Las Vegas, Nevada, tal vez no sean de los más destacados en el ámbito de las pesquisas sobre corrupción: entre ambos, los cuestionamientos vigentes suman un poco más de 150,000 dólares. Pero ambos evidencian la ineficacia o displicencia con que el Estado responde a denuncias o ante la detección de anomalías en la gestión pública.
En el caso de Vancouver, los ya casi 10 años transcurridos hasta hoy abarcan desde la gestión de la canciller María Eugenia Brizuela de Ávila, pasando por las de Francisco Laínez y Marisol Argueta de Barillas, hasta culminar con la del actual ministro, Hugo Martínez, quien finalmente vio a la Fiscalía actuar. Los dos primeros fueron notificados sobre el primer caso, y Argueta de Barillas supo de las sospechas en Las Vegas. Las denuncias de corrupción se originaron una en el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) y la otra en el de Antonio Saca (2004-2009).
Esperanza Cubías residía en Edmonton y solicitó al consulado de Vancouver la certificación de su matrimonio y un nuevo pasaporte. La respuesta que recibió del consulado, según la carta, es que debía cancelar 60 dólares para que el cónsul se hospedara en el hotel Holiday Inn Express cuando viajara a esa ciudad, más otros 100 por los documentos que solicitaba. Y pagó. El problema surgió cuando pidió la factura: el consulado le entregó un recibo oficial por 60 por el nuevo pasaporte, pero por el resto del dinero el cónsul le entregó un recibo simple con sello y firma del funcionario.
“Solicité el trámite y el costo me pareció excesivo, pero tuve que aceptarlo porque necesitaba el trámite (…) Supongo que el señor Roberto Meza recibe gastos de representación que cubren dicho viaje”, se quejó Esperanza en la carta que dirigió a la entonces ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila.
La semana pasada, El Faro pidió –por correo electrónico y por llamadas telefónicas- una entrevista con la excanciller Brizuela de Ávila para establecer qué seguimiento dio a la denuncia de corrupción, pues en el expediente abierto al cabo de ocho años en los tribunales salvadoreños, no queda clara su actuación. Al cierre de esta nota, la exfuncionaria no había correspondido ni por correo electrónico ni por teléfono.
La segunda advertencia
Casi al mismo tiempo que la denuncia de Esperanza Cubías, Relaciones Exteriores recibió otro aviso. Desde junio de 2004, El Salvador tenía un nuevo presidente: Francisco Flores había entregado la presidencia a Antonio Saca, ambos del partido Arena. Sin embargo, en el consulado de Vancouver las cosas seguían casi igual: Roberto Meza se mantenía como cónsul y una nueva carta llegaría a la Cancillería en septiembre, señalando que algo andaba mal en el manejo administrativo y financiero de la oficina.
La remitente de esa carta era Patrycia Arana, una peruana nacionalizada canadiense, que en corresondencia fechada 20 de septiembre de 2004 decía que a inicios del año había hecho su primera denuncia. Explicaba que su contrato por servicios secretariales había sido falsificado y que el Estado pagaba más de lo que ella cobraba. Según la carta, ella cobraba 500 dólares mensuales, pero en la planilla de Cancillería aparecía que devengaba 1,800 dólares. Alguien se estaba quedando con 1,300 dólares cada mes y su sospecha la apuntó contra el cónsul Meza.
“Hace casi nueve meses envié una denuncia referente a la falsificación de mi firma y al engaño que fui víctima por parte del cónsul Roberto Meza, cuando laboré como asistente administrativa ad-interim”. Según esta carta, la denuncia de la falsificación del contrato se hizo durante la gestión de Brizuela de Ávila como canciller. Nueve meses después, el cargo de canciller lo desempeñaba Francisco Laínez.
Al parecer la denunciante no recibió atención de ninguno de los funcionarios, pues en esa carta Arana lanzaba una advertencia: “Realmente quisiera tener una respuesta de ustedes, pues no me gustaría tener que ir a denunciar esto a la Policía canadiense”.
¿Por qué la Cancillería demoraba tanto en investigar esas denuncias de corrupción? El excanciller de la República Francisco Laínez se rehusó a comentar el caso. A pesar de que era el responsable del Ministerio cuando Patrycia Arana escribió esa carta, dice que él no es la persona indicada para responder esa pregunta. Añadió que durante su gestión todos los asuntos relacionados con los consulados eran atendidos por la vicecanciller de salvadoreños en el exterior, Margarita Escobar, diputada de Arena.
El miércoles de la semana pasada, El Faro llamó por teléfono a la diputada. Respondió una persona que se identificó como su asistente y prometió gestionar una entrevista. Hasta el cierre de esta nota, la legisladora no respondió la solicitud de entrevista y tampoco atendió ni correspondió las llamadas telefónicas subsiguientes que se le hicieron.
Pese a su presión sobre las autoridades diplomáticas salvadoreñas, en los siguientes tres meses al parecer nadie mostró interés en investigar los hechos. Entonces, el 15 de diciembre de 2004, Patrycia Arana decidió enviar una nota a la Corte de Cuentas salvadoreña, y esta sí atendió. La institución designó a Julio González y Fausto Martínez como responsables de una auditoría especial en el consulado de Vancouver.
La tercera advertencia
“Actos ilegales y corrupción”. Eso escribió Elena de Orellana en una nota que envió a la Cancillería el 19 de noviembre de 2004. De Orellana había comenzado a laborar en el consulado de Vancouver el 10 de marzo de ese año como asistente administrativa, y el Ministerio de Relaciones Exteriores le giró un sobresueldo de 671.37 dólares. Ella, sin embargo, asegura que ese dinero nunca lo recibió. Alguien más se estaba quedando con él mes a mes y la nota señalaba como protagonista de esos actos ilegales y corrupción al cónsul Roberto Meza.
El documento también denunciaba la alteración de recibos de servicios. Por ejemplo, se justificaba un gasto de 3,800 dólares cuando en realidad el gasto había sido de 2,500. De Orellana interpuso ese aviso de posible corrupción ante la canciller Brizuela de Ávila primero, y ante el canciller Laínez después. En 15 meses, era la tercera denuncia que recibía la Cancillería detallando anomalías, pero el cónsul Meza seguía en el cargo.
De Orellana decidió llevar su grito más allá de los dos cancilleres. También informó a la entonces directora general de servicio exterior, Patricia Comandari Zanotti; a la jefa de la unidad jurídica, Elizabeth Villalta; al jefe de Auditoría Interna, Armando Parada; al director general de administración y finanzas, Roberto Suárez; y a las jefas sucesivas de control de fondos del servicio exterior, Miladis Arteaga y Lorena de Argumedo.
Pese a la notificación de las irregularidades a todos estos funcionarios, Meza siguió como cónsul en Vancouver hasta el 27 de febrero de 2006.
Dos años después, la Corte de Cuentas
El 23 de febrero de 2006, 14 meses después de haber recibido la carta de Patrycia Arana, en la que esta denunciaba posibles actos de corrupción, la Dirección de Auditoría Uno de la Corte de Cuentas tenía una conclusión: confirmaba que el cónsul Roberto Meza había alterado recibos del visado de pasaportes y que algunos fondos que captó el consulado no fueron remitidos a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. El informe también confirmaba la falsificación del contrato laboral de Patrycia Arana, tal como ella lo había denunciado a la Cancillería.
“Las transferencias cablegráficas de enero 2002 a noviembre 2004 por $52,105 por recibos de ingresos consulares solamente fueron transferidos $40,688 a cuenta corriente única del tesoro público, dejó de transferir $11,417”, fue una de las conclusiones del informe titulado 'Examen especial a la caja colecturía, caja pagaduría y especies fiscales del consulado de Vancouver'. La Corte de Cuentas determinó que existía la posibilidad de un delito y el 23 de febrero de 2006 informó esa situación a la Fiscalía General de la República.
En su informe, los auditores detallan que algunos recibos estaban destruidos a la mitad y faltaba la parte donde se detallaba la cantidad recibida. Los documentos habían sido sustituidos por copias que fueron alteradas en su valor: de 100 dólares fueron modificados a 300. Además encontraron un recibo en el que se cobraba 100 dólares por un certificado de soltería, pero que según los estándares de la Cancillería por ese servicio se debía cobrar 10 dólares.
“Un recibo del 3 de marzo de 2003, por registro civil, es por un monto de $15. Sin embargo, hay una carta de la señora Mabell Alvarado que pagó $85 por el asentamiento de su hijo. Envió un Money Order por esa cantidad, aunque el servicio valía $15”, dice el informe de auditoría. El documento de la Corte de Cuentas también consigna que el cónsul Meza pagaba 3,800 dólares mensuales por arrendamiento del local donde funcionaba el consulado y que había logrado un acuerdo con el dueño del inmueble para que este reembolsara 2,100 dólares 'porque El Salvador es un país pobre”. Ese reintegro de 49,063.51 dólares nunca llegó al erario público, dijeron los auditores.
Cuatro días después de que la Corte de Cuentas informó esos detalles a la Fiscalía, el 27 de febrero de 2006, el cónsul Meza presentó su renuncia. Los auditores ampliaron el examen especial a su gestión y, un año más tarde, notificaron a la Fiscalía que dirigía Félix Garrid Safie del hallazgo de nuevos indicios de delitos.
Cinco años después… la Fiscalía
Safie terminó su mandato en abril de 2009 y el caso de Vancouver no se movió. En septiembre de ese año fue elegido al cargo Romeo Barahona. Fue hasta el 13 de diciembre de 2011, ocho años y cuatro meses después de que Esperanza Cubías escribiera que le avergonzaba que un funcionario se lucrara ilegalmente a costa de los migrantes, cuando la Fiscalía se decidió a procesar al excónsul Roberto Meza por apropiarse de fondos públicos. Habían pasado casi seis años desde cuando la Corte de Cuentas había informado a la Fiscalía sobre indicios de delito en las actuaciones del cónsul.
Los fiscales le llaman a ese delito peculado y la columna vertebral que sostiene el caso es el detalle de todos los cobros irregulares que los auditores encontraron.
Ya con el caso presentado ante un juez, los fiscales pidieron una nueva auditoría para corroborar el monto de lo defraudado. Ese informe establece que el excónsul Meza provocó una pérdida para el Estado de 117,406.66 dólares. Además de esa cantidad, dicen los fiscales, el exfuncionario debe pagar los 5,783 dólares que costó la pericia que determina el monto de lo defraudado. El 5 de noviembre de 2012, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador llamó a Roberto Meza a la audiencia preliminar –en la que se decide si amerita un juicio-, pero el excónsul no llegó. Desde entonces, la Policía tiene una orden para capturarlo.
Meza hace gestiones para conseguir asilo político en Canadá, donde permanece hasta la fecha. Su defensor, Nelson García, accedió a una breve conversación con El Faro. Sobre la acusación de la Fiscalía dejó entrever que los cuestionamientos de la Corte de Cuentas ya fueron superados y cree que su cliente es víctima de una campaña.
—¿Y ustedes tienen algo que ver con La Prensa Gráfica? —cuestionó.
—No, abogado.
—Ah, es que esto es una campaña de La Prensa Gráfica. Esto (el caso del cónsul Meza) está estacionado, está sin vida. Cuando haya algo nuevo, caliente, le voy a llamar.
Según publicó en su blog el también exdiplomático Ernesto Rivas Gallont, Meza le escribió el año pasado para aclarar la situación. En la carta que según Gallont le envió Meza, este sostiene que todo ha sido una conspiración para perjudicarlo. El excónsul describe una serie de montajes y acciones con motivaciones partidarias y estrictamente ideológicas para dañarlo.
Consulado distinto, lentitud similar
El 20 de agosto de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó pagar 225 dólares de gastos de representación al cónsul general en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Óscar Salvador Benavides Gutiérrez. La erogación era para cubrir el viaje del diplomático hacia San Salvador, pues había sido convocado a una reunión de emergencia. El apremio se debía a que el funcionario debía atender en la Cancillería los resultados de una auditoría interna que, aparentemente, le salpicaba de corrupción.
Tanto la Unidad de Auditoría Interna de la Cancillería como un equipo de auditoría de la Corte de Cuentas olfateaban un faltante de 47,232.78 dólares. Pese a las explicaciones del cónsul Benavides en aquella reunión de agosto, el 2 de octubre de ese año, la Unidad de Auditoría Interna de Cancillería confirmó la pérdida de pasaportes, así como la ausencia de remesas del dinero a la Dirección General de Tesorería por servicios que había prestado el consulado.
Dos meses después de que la auditoría interna revelara las irregularidades, la Corte de Cuentas también confirmó que al efectuar un conteo de los pasaportes, de los 668 registrados en los libros, el consulado solo tenía físicamente 400. Eso significa un faltante de 268 libretas de pasaportes, con un valor de 60 dólares cada uno; es decir, 16,080 dólares en total.
La Corte de Cuentas también estableció que de la venta de pasaportes en los consulados móviles, entre enero de 2006 y el 4 de abril de 2007, no se remitió 18,060 dólares a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. La institución fiscalizadora de los fondos públicos decidió informar a la Fiscalía de posibles delitos por un fraude de 34,060.80 dólares, en la que aparecen como protagonistas la encargada de remesar el dinero al Ministerio de Hacienda, Ruth Brizuela, y el cónsul Benavides.
El informe en que la Corte de Cuentas pide investigar a la Fiscalía data del 5 de diciembre de 2008. Seis días después, la entonces canciller Marisol Argueta de Barillas también presentó una denuncia en la Fiscalía.
Brizuela y Benavides renunciaron al Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de marzo de 2009 y la Fiscalía los acusó por corrupción hasta tres años después de la advertencia del fraude. El Juzgado Séptimo de Instrucción ha citado al excónsul para el próximo 8 de abril. El Faro preguntó a la abogada del exfuncionario, Reyna Cristina Rivera, su versión sobre los señalamientos de corrupción. La defensora dijo que revisaría su agenda para confirmar día y hora de la entrevista. Al cierre de esta nota, no había señalado fecha para exponer su versión de los hechos.
