La Asamblea Legislativa aceptó la noche de este jueves 14 de febrero el rechazo del presidente Mauricio Funes a las reformas aprobadas el viernes pasado por los diputados de FMLN, Gana y PCN, con las cuales se quitaría al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la potestad de ordenar a las instituciones estatales o a los funcionarios hacer pública aquella información que ilegalmente hubieran clasificado como reservada.
“Dichas reformas no son convenientes para los avances que se han logrado en cuanto al derecho a la información pública y su entrada en vigencia significaría un enorme retroceso de lo logrado por este gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar y la transparencia con la que se ha venido actuando”, argumentó el mandatario, en un escrito de seis hojas dirigido a los secretarios de la Asamblea Legislativa.
El gobernante vetó el decreto 303 por razones de inconveniencia. Según dijo, las reformas eliminaban una “función principal” del Instituto para resolver, de manera vinculante, las controversias generadas en relación a la clasificación o desclasificación de la información reservada. “Esta última atribución tiene la fuerza necesaria para que el Instituto determine cuándo se está restringiendo el derecho de acceso a la información, proporcionando de esta forma un equilibrio en cuanto a dos bienes jurídicos igualmente importantes: el derecho que se posee de informarse sobre la gestión pública y la importancia de proteger objetivos estatales legítimos, valores o bienes jurídicos igualmente relevantes, que podrían verse perjudicados por la publicación de información especialmente delicada”, dijo Funes.
Los diputados de FMLN, Gana y PCN casi calcaron su actuación de una semana atrás, aunque esta vez para deshacer lo hecho en aquella ocasión: sin mayor discusión sobre el contenido y propósitos del decreto rechazado ni de los argumentos del presidente, votaron en favor del veto de Funes.
Funes no ahorró palabras para destacar la importancia y las virtudes de que en la normativa salvadoreña de acceso a la información pública haya una autoridad, una especie de juez que, en caso de controversias entre ciudadanos e instituciones, no solo decida quién tiene la razón, sino que pueda ordenar al funcionario a dar información ilegalmente declarada bajo reserva, e imponer sanciones a los infractores.
“Las reformas planteadas (…) limitan las herramientas que el Instituto posee para ejercer su labor de contralor de la aplicación de la ley (…) Las facultades del instituto son fundamentales y proporcionan un agregado sumamente positivo, y que potencia el ejercicio del control ciudadano y permiten la especialización institucional respecto al derecho en cuestión”, dijo a los diputados.
La decisión de Funes vino tras una semana de intenso cuestionamiento público al decreto 303 y tras siete días de peticiones de veto provenientes de organizaciones cívicas de diverso signo, de partidos políticos, del vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, del expresidente Antonio Saca -quien siempre se opuso a una LAIP–, y hasta de los mismos legisladores que impulsaron las enmiendas.
El veto arrancó aplausos de inmediato, pero supone una aparente contradicción. Por un lado, proviene de un gobernante que ensalza la figura del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y por otro, proviene de un presidente que ha acumulado media docena de incumplimientos a la normativa, incluido el mandato de nombrar a los comisionados del IAIP en noviembre de 2011.
El Instituto aún no existe, a pesar de que a inicios de diciembre pasado la Sala de lo Constitucional declaró que el reglamento a la LAIP elaborado por la Presidencia de la República viola la Constitución. El gobernante usó el reglamento para rechazar todas las ternas de candidatos al Instituto propuestas por los cinco sectores ciudadanos facultados para hacer postulaciones. En su sentencia, la Sala dijo que el presidente debe proceder a elegir a los comisionados de los 30 nombres que recibió en febrero de 2012. Pasados dos meses y 10 días de la sentencia, Funes no ha hecho el nombramiento de los cinco comisionados titulares y de los cinco suplentes.
Que esa institución no nazca ha sido una maniobra que el Ejecutivo ha sorteado en varias etapas. La primera ocurrió en septiembre de 2011, cuando la Presidencia emitió –dos días tarde- el reglamento a la Ley de Acceso a la Información, dentro del cual se otorgó el derecho de vetar de manera discrecional las ternas propuestas por la sociedad para elegir a los comisionados.
La segunda ocurrió también ese mes, cuando en el proyecto de presupuesto de la nación para 2012 el Ministerio de Hacienda no incluyó presupuesto para el funcionamiento del Instituto.
La tercera maniobra contra el IAIP ocurrió en mayo de 2012, cuando el Presidente, seis meses después de vencido el plazo que la misma ley establecía, vetó a todos los candidatos a dirigir el Instituto.
'¿De qué sirve nombrar a los miembros propietarios y suplentes del instituto, si el instituto no va a tener ni un tan solo centavo de dólar para funcionar, porque cuando la Asamblea aprobó la ley no creó la partida presupuestaria para que el instituto funcionara? ¿De qué va a servir?', preguntó el presidente en 2012, ante los cuestionamientos sobre la tardanza en constituir el Instituto. Lo que no decía Funes era que su gobierno no pidió esa partida a la Asamblea.
La Constitución establece en el artículo 167 que será el Ejecutivo el que elabore el presupuesto y en el artículo 131 dictamina que la Asamblea Legislativa será quien decrete el presupuesto. Desde mayo de 2012, a la fecha, el Ejecutivo no ha apretado las tuercas necesarias para que el engranaje que active el IAIP funcione. Hasta este veto tampoco había hecho públicas las razones que lo llevaron a vetar las ternas de candidatos.
Ni siquiera la declaratoria de inconstitucionalidad en contra del Reglamento de la Ley generada por la Corte Suprema de Justicia hizo reaccionar al mandatario, pero en su respuesta a los diputados este jueves sí dio a conocer un par de razones por las cuales rechazó a los candidatos del IAIP de hace un año.
Según dice, los representantes de los gremios empresarial y de periodistas fueron elegidos solo por dos organizaciones (ANEP y APES, respectivamente). “Eso limitó el derecho de los demás grupos en participar”, alegó. Funes no explica de cuáles grupos gremiales habla e infiere que esos otros grupos no participaron de esas elecciones o bien porque no estaban interesados o porque no estaban debidamente informados.
Lo curioso es que en esos procesos, celebrados en el último trimestre de 2011 y primer trimestre de 2012, fueron instancias del Ejecutivo las convocantes, y las que avalaron esas elecciones. En el caso de los empresarios fue el Ministerio de Economía, y en el caso del gremio periodístico la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. En ningún momento Economía o Comunicaciones dijeron que había alguna anomalía en el proceso, mucho menos alguna invalidación de los nombramientos. Al contrario, las ternas salieron de las asambleas sectoriales con el visto bueno del equipo de gobierno.
Funes, en el veto, también menciona que aquellos candidatos que no eligió no reunían las condiciones que establecía la ley, pero, de nuevo, no menciona a qué condiciones se refiere. Lo único que hace es dar una interpretación sobre la independencia que deben tener los candidatos. Funes, al parecer, quiere candidatos químicamente puros, pues demanda que sean independientes incluso de los gremios que los proponen. “(…) De ahí la importancia de que sus integrantes deben ser totalmente independientes de órganos de gobierno, de las instituciones autónomas, de los municipios, de los grupos de presión organizados de la sociedad, e incluso de los entes que los propusieron para dicho cargo”.
Sobre las reformas encaminadas a calificar como información reservada las actividades de los servicios de inteligencia del Estado, de la seguridad presidencial y del centro de escuchas telefónicas, el mandatario dijo que son positivas, pero la Asamblea Legislativa aprobó sin mayor debate el veto y la ley quedó tal cual fue aprobada en marzo de 2011.
El FMLN solo quiere quedar bien
Los diputados que aprobaron las reformas explican que su decisión de echarse para atrás no obedece a que hoy crean que se equivocaron: dicen que no se arrepienten de su decisión, sino que, ante la reacción adversa de la gente a las modificaciones, es mejor complacer.
Entre los diputados del FMLN, partido que promovió las reformas, la marcha atrás surgió después de que su candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Cerén, publicara en la red social Twitter el lunes que esperaba que el presidente Mauricio Funes vetara la reforma. “Frente a las reacciones sobre las reformas a la LAIP, veo bien que el presidente vete dichas reformas', escribió Sánchez Cerén.
Casi de inmediato, la diputada efemelenista Lorena Peña anunció su adhesión al pedido de Sánchez Cerén. “Te respaldo plenamente”, escribió también en Twitter. “El Frente debate y rectifica cuando lo ve necesario y Salvador ha dado criterios importantes para ello”, le explicó a uno de sus seguidores en la red que le cuestionaba el cambio de postura. Y así, al igual que Peña, al coro de usuarios de la red que aplaudían la postura de Sánchez Cerén también se unió el gerente y asesor de Gana, Nelson Guardado, quien dijo esperar que el presidente vetara u observara las reformas hechas a la LAIP. Apenas pasaron 91 horas entre la votación de la madrugada del viernes y la expresión pública del viraje.
Este jueves, cuando El Faro cuestionó a los legisladores, estos reiteraron en unanimidad las posturas que esgrimieron una semana atrás. “Era necesario reformar el Instituto por el tipo de información que a veces se solicita, que es una información bastante delicada y que en la ley no estaba claramente determinado”, alegó Jaime Valdez, uno de los tres diputados del FMLN que firmaron la moción que contenía las reformas a la LAIP.
“Yo no dije que se trataba de una rectificación”, alegó Peña. “Y creo que el debate sobre esto ya quedó atrás. Ahorita de lo que se trata es de acompañar a Salvador”, explicó la diputada. De acuerdo con Peña, el motor detrás de la postura contraria de Sánchez Cerén fuen una “consulta ciudadana'. “Salvador tiene razón en el sentido que él hizo consultas ciudadanas y en ella las personas no compartían las reformas. Por lo que debemos atender ese llamado”.
Al igual que Peña, los diputados Walter Guzmán, de Gana, y Francisco Merino del PCN, dijeron estar también a favor de que el presidente vetara las reformas, siempre y cuando se respetara el proceso de formación de ley. “Este es un problema de doble moral, aquí a nadie lo obligaron a votar”, dijo Merino.
Guzmán dijo que su partido no se retractaba de la aprobación del decreto, pero sí dijo estar inconforme con la forma en la que se había aprobado el conjunto de reformas dado que fue necesaria la solicitud de una dispensa de trámites para votar ese mismo día por el decreto. “Si el decreto regresa a la Asamblea, pues entonces lo vamos a llevar a la comisión que corresponda como debió haber sido. Sí fue un error haber discutido eso aquí en el pleno”, dijo este jueves, antes de que se supiera del veto presidencial.
Cuando El Faro le cuestionó por qué si creía que era incorrecto apoyar las reformas de la manera apresurada en que se votaron su partido las apoyó, Guzmán alegó que en los casos donde un partido solicita una dispensa de trámites se trata del poder de persuasión que haya. “Es de convencerse los unos con los otros”, dijo. A lo que se refiere Guzmán es que un representante de cada partido discutía con las demás fracciones durante el transcurso de la sesión plenaria. En el caso de las reformas a la LAIP, el representante de Gana que sirvió de enlace de su partido con el FMLN fue el diputado Guillermo Gallegos, reveló Guzmán.
'Si fue un debate sano, no sé, pero hubo debate'
El diputado efemelenista Benito Lara también expresó que se mantiene convencido de que habían hecho lo correcto al reformar la LAIP. Lara, como parte de la Comisión de Legislación en la legislatura 2009-2012, fue uno de los corredactores de la ley, que tuvo un proceso que duró 30 meses en la Asamblea Legislativa desde cuando fue recibida la primera propuesta, en 2008. Sin embargo, a pesar de que durante todo aquel lapso no le pareció mal lo que terminaron aprobando, ahora dice ver varios defectos a la normativa.
El candidato presidencial de su partido, Salvador Sánchez Cerén, ya se pronunció en contra de las reformas que ustedes aprobaron. ¿Cuál es la postura oficial del FMLN?
Lo que pasa es que hay que decir algo primero, Arena ha armado una gran campaña en contra de la reforma, para deformarla pero ninguno de ellos ha explicada artículo por artículo de qué se trata. Entonces nosotros, que tampoco estamos haciendo punto de honor, pero nuestro candidato a la presidencia dice que lo mejor es vetar. Y se ha planteado que lo mejor es sacar el tema de discusión y darle espacio a otros temas que son más importantes para el país: no es posible que a estas alturas no tengamos claridad de casos como Enel. El vicepresidente lo que ha hecho es elegir.
La madrugada del viernes Norma Guevara, cuando justificó las reformas a la ley, dijo que había gente que creía “tener el derecho de pedir todo los que se le ocurría”. ¿El derecho a la información no se trata precisamente de eso, de pedir información sin importar de qué se trate?
Mire, primero hay que hacer ver algo, la iniciativa de que hoy tengamos ley de acceso a la información es del FMLN. Eso es un hecho inobjetable. Esto cuando los partidos de derecha se negaron a este tipo de leyes porque les iban a tener las costillas contadas. Nosotros sabemos que la gente debe y tiene que tener el derecho a conocer la información sobre la cosa pública y las instrucciones de cómo se iba a hacer eso ya estaban en la ley, lo que se hizo solo fue agregar otras indicaciones. Lo que pasa es que ha habido peticiones sobre temas delicados como el blindaje de los vehículos de la Presidencia.
Vaya, pero una cosa es que yo quiera saber sobre el blindaje de los vehículos y otra muy distinta es que quiera saber sobre la cantidad de vehículos que tiene la presidencia. No es lo mismo.
Eso no es un secreto.
Sí lo es. Y el problema de esto es que ustedes ponen en la reforma que es información reservada 'todas las actividades relacionadas con la seguridad presidencial”. Ahí cabría todo, desde la compra de adornos y todo lo que se pueda imaginar porque es demasiado general.
La cosa es que no nos podemos ir a los extremos absurdos, como por ejemplo, que se pida cuánto se gastó en escritorios o qué se yo.
Esa es información. Y los ciudadanos pueden pedir todo tipo de información, independientemente de lo que se trate, ¿o no es así?
Pero usted sabe que hay muchos documentos que ya se están compartiendo por internet…
Sí, eso es verdad, pero hay muchos otros documentos que contiene información oficiosa que no se están compartiendo, como los gastos en publicidad de la Presidencia, los informes de auditorías, los documentos sobre quienes reciben subsidios y los montos que reciben. Esa información, según la ley, es pública, pero la Presidencia la tiene como reservada. ¿No le parece que dejar cuestiones como eso de “todas las actividades” en la ley es demasiado general?
Mire, hay que decir algo, antes en este país no conocíamos nada. Hoy conocemos más.
¿Y por qué rechazan la posibilidad de conocer más, de que la gente conozca lo que necesita conocer?
Mire, esto es un proceso en el que poco a poco vamos a ir conociendo lo que debemos conocer. Nosotros con eso no tenemos ningún inconveniente, ningún tipo de objeción con eso. Por eso estamos abiertos a lo que diga nuestro presidente. Él tiene que tomar la mejor decisión, tiene que analizar bien la reforma y nosotros vamos a apoyar la decisión que tome el presidente. Nosotros no estamos vulnerando el derecho que tiene la gente a la información. Si hay algún tipo de detalles o algunas cosas que se nos escapen, pues entonces habrá que corregirlas, pero hay que decir que es importante proteger cierto tipo de información.
A ver: ¿y por qué era necesario reformar la ley para que el Instituto de Acceso a la Información no pueda resolver controversias sobre reserva de información que hacen las instituciones?
Ese era uno de los vacíos de la ley. Es que el instituto siempre puede decidir qué es reservado y qué no.
Con las reformas el instituto solo podría recomendar cuándo una información debe ser pública y cuándo no…
Eso es otra cosa, siempre puede recomendar. Y no es que se le ha quitado poder porque no existe nada todavía y el proceso de ley no ha terminado.
¿Pero y por qué entonces quitarle el poder a algo que ni siquiera existe todavía?
Mire, es que ahorita las que mejor saben el tipo de información que pueden dar son las mismas instituciones del Estado. Como cuando alguien pide qué tipo de software utiliza una institución, los más ideales para discutir si es un peligro o no dar esa información son los técnicos de la institución y no los del instituto.
Con las reformas ya no existiría nadie que defienda mi derecho ciudadano en el momento en el que las instituciones dicen que ese software es información reservada y yo creo que no lo es.
Sí, existe. El instituto puede hacer recomendables.
¿Y de qué sirven las recomendaciones?
Mire, es que esto es un proceso, no esperemos que la ley funcione de un momento para otro perfectamente.
Ustedes dijeron que esto de las reformas habían sido una de las cosas que hasta el fiscal general había solicitado, y luego salió el fiscal Luis Martínez diciendo que él no había pedido nada. ¿De quién fue la iniciativa de impulsar estas reformas? ¿A quién se le ocurrió?
Está claro que fue una iniciativa que salió de la discusión entre nosotros (los diputados del FMLN) porque consideramos que era importante proteger este tipo de información. Ya olvidémonos de quién fue la ocurrencia. La reforma a mi juicio tiene muy buena intención, pero hay grupos que quieren deformar la iniciativa.
Con las reformas, los ministros también van a poder proponer nombres para que el presidente elija a los representantes del Instituto. ¿No es eso permitirle al presidente que él tenga control de instituto y que decida quién quiere que esté en esos puestos?
¿Y no es eso lo que están exigiendo, pues, que quieren que se forme el instituto? Los que el presidente elija deben obedecer a la ley, no al presidente. El punto es que alguien tiene que elegir. No hay duda de que los que van a proponer son gente de confianza del presidente, como en cualquier otro gobierno, pero ellos deben de regirse por la normativa.
Otra pregunta: ¿Por qué discutir y aprobar esto en la madrugada del viernes?
Creo que no fue correcto. La plenaria se alargó tanto que al final se llegó a esa hora. Si usted quiere, se trata de que hicimos un mal cálculo de la hora.
¿Acaso el trabajo de legislar no se trata de discutir, de debatir, de analizar pros y contras? En cambio, si ustedes piden una dispensa de trámites, a mí me da la impresión de que no quieren discutir, que no quieren que haya un debate…
Pero es que sí hubo debate, si usted vio en la televisión ahí se pasó todo el debate. Se habló del fondo del contenido. Que ese haya sido un debato sano, no sé. Pero de que hubo debate, hubo. ¿Y usted cree que los demás partidos que votaron lo hicieron ignorando el contenido? No, nadie ignoraba lo que hacíamos y todos saben que era importante hacer una reforma de este tipo.
