Pese a que dicen no estar de acuerdo con muchas disposiciones de la ley, los dos principales partidos –Arena y el FMLN- aprobaron este jueves una Ley de Partidos Políticos que les permite recibir donaciones privadas que superen el medio millón de dólares y que no les obliga a revelar a la ciudadanía quiénes hacen esas aportaciones. La ley tampoco ordena a los partidos que implementen sistemas de funcionamiento de la democracia representativa, como prescribe la Constitución de la República en el artículo 85.
Eran las 5:45 de la tarde cuando el presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, Alberto Romero, dijo: “Queda aprobada la Ley de Partidos Políticos con 76 votos”. Los diputados de todos los partidos votaron en favor.
Minutos después, los legisladores enarbolaron discursos en los que destacaban conceptos como transparencia y consolidación de la democracia. El diputado del PCN, Mario Ponce, por ejemplo, dijo que la nueva ley era necesaria porque el espíritu del actual Código Electoral data de 1961: “Es importante que se desarrolle el tema de la transparencia”, dijo.
La normativa aprobada, sin embargo, contrasta con el discurso de transparentarse, porque no obliga a los partidos a desvelar quiénes les dan dinero, y tampoco los obliga a hacer votaciones secretas entre sus afiliados para que estos, por mayoría, definan tanto cargos de dirección partidaria como candidaturas a puestos de elección popular.
Y estas ausencias fueron, precisamente, las que destacaron varias organizaciones ciudadanas, como la Fundación Guillermo Manuel ungo (Fundaungo), la Iniciativa Social para la Democracia o la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que sentenció la nueva ley no tiene mecanismos de rendición de cuentas que faciliten la contraloría por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y “los riesgos que conllevan el financiamiento privado, tales como la infiltración de grupos de poder en la conducción del gobierno”.
Según el artículo 24 de la ley que aprobaron los diputados, el único deber de los partidos políticos en relación a su financiamiento transparente es “facilitar el acceso a la ciudadanía mediante medios electrónicos o escritos (…) de informes de financiamiento público”. Esto se refiere al aporte que el Estado da a los partidos para que hagan campaña electoral, conocido como 'deuda política'.
La disposición excluye al financiamiento privado. El diputado de CD, Douglas Avilés, lo resumió así: “Hay un registro de quién dona y cuánto dona, puede ser auditado por Hacienda, pero sigue siendo confidencial. ¿Que puede ser público? Las cuantías, los montos de lo donado, pero no el remitente”.
El partido Arena, que con motivo de la implementación de la Ley de Acceso a la Información ha insistido en que el gobierno del FMLN no es transparente y que dice sospechar de que el partido de izquierdas se financia con fondos provenientes del chavismo, no tuvo problema para aprobar una ley que impediría a los ciudadanos conocer el origen de los millones de dólares que manejan los partidos.
En cuanto a su financiamiento, los diputados establecieron que es prohibido que los partidos políticos soliciten créditos a la banca estatal para financiar sus campañas; así como recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública. Además, es prohibido que los partidos reciban donaciones de empresas o personas naturales que se dedican a juegos de azar.
Con respecto al financiamiento privado, el artículo 65 de la ley regula que los partidos políticos pueden recibir en tiempo ordinario aportaciones económicas de particulares, equivalentes hasta al 2 % del presupuesto del año anterior aprobado por la Asamblea Legislativa al Tribunal Supremo Electoral. El actual presupuesto del TSE es de 17.5 millones de dólares, lo que significa que en tiempo no electoral, los donantes podrían hacer aportaciones de hasta 436 mil dólares.
El monto de las donaciones en año preelectoral puede aumentar. La ley establece aportaciones económicas de hasta el 3.5 % del presupuesto especial extraordinario de elecciones, “aprobado por la Asamblea Legislativa al TSE, en la elección inmediata anterior, para el mismo tipo de elección”.
La memoria especial de elecciones que el TSE publicó a propósito de las elecciones 2009, en el apartado del presupuesto especial extraordinario para los eventos electorales 2009, dice que el monto aprobado fue de 23 millones 14 mil 435 dólares; es decir, que las donaciones podrían ser de hasta 805 mil 505 dólares, sin que los partidos políticos tengan la obligación de decir a sus electores quién les ha dado ese dinero.
Donato Vaquerano, jefe de los diputados de Arena, aseguró que su partido proponía que la lista de donantes fuera pública, pero que al no conseguir el apoyo de sus colegas diputados se resignaron. “Un partido político que participa en su elaboración no puede conseguir el 100 % de sus propuestas. Hubiésemos querido más transparencia a la hora de rendir cuentas a la población, pero no se logró en un 100 % lo que habíamos pretendido construir. Hemos sido impulsores de que fuese público definitivamente (la lista de donantes), no se logró conseguir, seguimos, vamos a votar por lo que hemos logrado conseguir”.
Arena es un partido que ha denunciado que el gobierno de Venezuela, por medio de la empresa ALBA Petróleos, financia al FMLN. Vaquerano, sin embargo, soslayó esa preocupación y dejó una mejor regulación para el futuro: “Es un primer paso que creo es importantísimo para fortalecer la democracia salvadoreña y que nos va a permitir tener como base una Ley de Partidos Políticos que lógicamente podemos ir modificando, mejorando y perfeccionando más adelante”.
Jackeline Rivera, diputada del FMLN, dijo que la nueva ley deja sin argumentos a las personas que creen que ese partido de izquierdas recibe dinero de ALBA Petróleos. Explicó que la ley establece como fuentes prohibidas de financiamiento a cualquier entidad de derecho público o empresa propiedad del Estado, instituciones religiosas, agencias de gobiernos extranjeros y personas que estén cumpliendo sentencias por lavado de dinero o delitos relativos al crimen organizado. Todo eso, sin embargo, será controlado por las instituciones estatales, y los ojos de personas particulares no podrán conocerlo.
Pese a esa enumeración de cosas que considera positivas, Rivera objetó algunas disposiciones de la ley, por ejemplo, el monto que se establece para las donaciones privadas, las cuales pueden eventualmente superar el millón de dólares. La propuesta del FMLN, dijo Rivera, es que las donaciones fueran de a lo sumo 150 salarios mínimos, que equivalen a unos 33 mil dólares. “De eso, si lo dividís mensualmente, estás hablando de 2,200 dólares y eso te garantiza que nadie te domina el partido. Hoy lo que se ha aprobado, tienes donaciones de hasta 900 mil dólares, si el partido necesita 10 millones para la campaña, te conseguís unos 12 donantes y te financia la campaña. ¿Y la militancia? ¿Dónde está su opinión?”, se quejó.
El Faro le preguntó cuál era la razón, entonces, para votar una ley con tales defectos o vacíos. Y la respuesta fue similar a la que esgrime el partido Arena: peor es nada. 'Nos sentimos insatisfechos con el límite (de donaciones) que se ha quedado establecido, pero en el ánimo de tener ley, es mejor lo que podemos aprobar hoy que lo que actualmente se regula al respecto (…) Todas las leyes son mejorables, son perfectibles y el FMLN todo lo que esté orientado a transparentar la administración, especialmente los recursos del Estado siempre van a contar con nuestro apoyo, responde ante la posibilidad de que, en un futuro, se apruebe hacer público la lista de donantes.
El 12 de septiembre del año pasado, instituciones académicas –la Universidad Centroamericana, la Universidad Tecnológica, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Fundación Nacional para el Desarrollo y la Fundación Guillermo Manuel Ungo- presentaron una propuesta para crear una Dirección General de Partidos Políticos, adscrita al TSE, pero que sería dirigida por un director que ganara un concurso público.
A esa dependencia, todos los partidos políticos deberían detallarle las cuentas correspondientes a su financiamiento público y privado. Las instituciones proponían que a ese balance financiero se le anexara los nombres de las personas naturales y jurídicas con la cantidad aportada al partido, datos que serían de acceso público. Fusades considera que al mantener en secreto quiénes son los donantes de los partidos, se inhibe a la población de tener acceso a información de calidad, lo que impide un voto informado y una contraloría social efectiva.
Para el FMLN, esa perspectiva no es un mecanismo de fiscalización que ayuda a orientar el voto de los electores. “Pensar que de la lista que voy a publicar de donantes voy a decidir si voto por un partido, creo que eso es desnaturalizar a los partidos políticos (…) Es peligrosa esa interpretación, a mi juicio, porque estimular que el votante vote por quién le paga la campaña al partido estás desnaturalizando el partido. Nosotros debemos de estimular que el votante vote porque el partido lo que le ofrece se lo cumple, no por quién le financia la campaña. ¿Por qué crees que nosotros pusimos que las únicas personas que podían donar fuesen personas naturales? Precisamente porque creemos que los partidos políticos no pueden estar sujetos a poderes económicos, quien te financia la campaña te pone las condiciones”, dijo Rivera.
El diputado Vaquerano, de Arena, mantuvo su discurso de que su partido quería revelar quiénes son los donantes privados. Sin embargo, en declaraciones que dio a Diario El Mundo, el diputado Mario Valiente reveló que el partido se movió en otra lógica: “Acuérdese que la gente que da no quiere andar en la boca de todo el mundo. Sí tiene que quedar registrado, debe ser auditado por los entes correspondientes. Ahora, que vamos a sacar ‘Fulano me dio tanto’, tampoco”.
Hasta esta ocasión, Arena siempre se había excusado de revelar sus fuentes de financiamiento privadas, alegando que habría que preguntar a sus donantes si estaban de acuerdo con que se revelara su identidad.
Tanto Arena como el FMLN destacaron que con la nueva ley los partidos tienen que llevar un registro del dinero público y privado que reciben y, en caso de inconsistencias, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de pedirles explicaciones. Los diputados establecieron que será una falta muy grave que los partidos no lleven una contabilidad formal y una auditoría interna. En caso de incumplimiento, el castigo será una multa de entre 15 y 55 salarios mínimos mensuales vigentes para el sector comercio y servicio. Es decir, un mínimo de alrededor de 3 mil 300 dólares y un máximo de aproximadamente 12 mil.
Sin democracia interna
Al mediodía de este jueves, cuando el diputado Mario Valiente comenzó la lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos invocó el artículo 85 de la Constitución de la República. El considerando uno del proyecto de decreto consignaba que el gobierno es republicano, democrático, representativo, que el sistema político es pluralista y que este se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno y que la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático.
Lo que el diputado Valiente no leyó y que sus colegas no citaron en el proyecto de decreto son dos líneas del artículo 85 que establece una disposición implícita para el funcionamiento de los partidos políticos: “Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa”.
Según la propuesta de sectores académicos –la cual fue ignorada por los diputados-, esos principios de democracia representativa dentro de los partidos se podía asegurar incluyendo en la nueva Ley de Partidos Políticos elecciones directas y con voto secreto para candidatos a cargos de elección popular y de autoridades de partido. Lo que aprobaron los diputados apunta a que caminarán en sentido contrario.
El literal d) del artículo 29 de la ley establece que la selección de precandidaturas a cargos de elección popular, así como los integrantes de sus organismos de dirección y autoridades partidarias es un asunto interno de los partidos políticos. Y hay otro artículo, el 37, que remacha a favor de las cúpulas partidarias su posición privilegiada para la toma de decisiones: “La elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos de elección popular a ser postulados por el partido político en las elecciones convocadas por el TSE, así como las decisiones de gobierno del partido, deben regirse por las normas de democracia interna”.
Es decir, la ley manda a los partidos regirse por una democracia interna diseñada al gusto de cada organización. Actualmente, los estatutos de Arena y del FMLN ya podrían estar adecuados a la nueva ley. Mientras en Arena el Consejo Ejecutivo Nacional tiene la potestad casi absoluta para decidir cómo se nombra candidatos y quiénes pueden ser, y carece de un mecanismo de votación secreta de parte de una militancia debidamente registrada y acreditada, en el FMLN desde hace 10 años se reformó los estatutos para que la dirección del partido tome las decisiones, dejando atrás su mecanismo de elecciones internas con voto secreto que manejó antaño.
Arena y FMLN coinciden de nuevo. Diputados de esos partidos defienden que cada instituto político debe decidir cómo aterrizar ese concepto de democracia representativa para no irrespetar la “pluralidad”.
“Esta Ley de Partidos Políticos debe ir acorde y fortalecida con los estatutos de cada partido. Si bien la ley no lo especifica y deja en libertad a los partidos, nosotros el día sábado vamos a hacer una reforma a los estatutos en el cual incorporamos el voto secreto como mecanismo de elección de candidatos”, promete Vaquerano, de Arena.
Rivera, del FMLN, defiende: “Lo dejamos a criterio de la organización política porque nuestro sistema es pluralista. Tú no podes en una sola ley amarrar una sola modalidad de elegir autoridades, lo que necesitas garantizar en la ley es que en los estatutos de cada partido haya reglas claras. Que no se cambie la regla porque no te gustó y no saliste bien en el proceso anterior. No podemos decir, mire, solo es asamblea, solo es convención que se van hacer primarias sino lo que la ley hace es garantizar que esas reglas del juego estén debidamente garantizadas con la suficiente antelación en los estatutos”.
Una vieja preocupación de organizaciones cívicas es la posibilidad de que detrás de organizaciones partidarias haya dinero que genere conflicto de intereses e incluso sea hasta ilegal.
Indicios de penetración del crimen organizado en los partidos ha habido varios en los últimos años. En 2003, las autoridades estadounidenses capturaron al exdiputado salvadoreño William Eliú Martínez, del partido ya desaparecido PAN. Ahora está preso por narcotráfico en Estados Unidos.
En Estados Unidos también guarda prisión el exdiputado del PCN Roberto Carlos Silva Pereira, quien está acusado en El Salvador de lavado de dinero y corrupción, y en Guatemala está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados del partido Arena al Parlamento Centroamericano y su motorista, crimen perpetrado en 2007.
En 2009, El Faro reveló que en una conversación telefónica con Silva Pereira, el dirigente del partido Arena Adolfo Tórrez pedía al fugitivo que le diera medio millón de dólares a cambio de gestionar el desvanecimiento de los cargos penales en su contra en El Salvador.
