Después de un año y tres meses de retraso, el presidente Mauricio Funes nombró este sábado 23 de febrero a los 10 comisionados -cinco propietarios y cinco suplentes- que integran el Instituto de Acceso a la Información, la entidad que tiene como función principal garantizar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). La institución realizó de inmediato su primera sesión, y de ella surgió como presidente el administrador de empresas Carlos Ortega, quien integraba la terna propuesta por el sector de trabajadores pero que, irónicamente, hasta ahora se desempeñaba como jefe del Departamento de Auditoría del Ministerio de Trabajo.
La designación llegó 10 días después de que el presidente rechazara los cambios hechos por la Asamblea Legislativa a la LAIP, por considerar que estos comprometían las posibilidades del control en la aplicación de la ley por parte de un instituto que él mismo se había negado a nombrar, a pesar de que desde febrero de 2012 tenía en sus manos los 30 nombres de candidatos.
De los cinco comisionados titulares, dos son abogados, uno es administrador de empresas, uno es ingeniero electricista y una es periodista.
Durante los últimos nueve meses, desde mayo pasado, cuando el presidente anunció su rechazo a todas las ternas de candidatos, el argumento que usó el presidente para no nombrar a los comisionados fue que ninguno de los 30 postulados era idóneo para el cargo, por lo que decidió vetarlos con argumentos que no están incluidos en la ley. En diciembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional declaró que el reglamento emitido por el presidente Funes y con base en el cual había rechazado todas las ternas de candidatos al Instituto, violaba la Constitución, y dijo que el gobernante debía elegir a los comisionados de la lista que ya tenía en su poder.
El Instituto, según la ley, tendrá que resolver controversias entre peticionarios de información e instituciones o funcionarios, cuando haya alegatos de que una información ha sido declarada bajo reserva sin respaldo legal. Asimismo, el Instituto puede ordenar que una información declaradaba reservada sea desclasificada si los comisionados determinan que es de acceso público, y tienen poder de imponer sanciones a los infractores.
“Con esta normativa jurídica y con el funcionamiento pleno del Instituto comienza una nueva etapa en la vida institucional del país en lo referente a la transparencia de los actos del gobierno y el control social de los mismos”, dijo Funes, en el discurso que pronunció después de juramentar a los comisionados, en Casa Presidencial. Luego el presidente se jactó de que solo bajo su administración El Salvador ha podido llegar a tener esta herramienta de escrutinio ciudadano. “Debieron pasar cuatro mandatos presidenciales para que este mecanismo legal haya sido instaurado. Debió darse la alternancia política en el poder, debió cambiar al signo político en el poder para que la demanda de los sectores que buscan la transparencia se viera cumplida”, dijo, sin hacer referencia al retraso en los plazos o a la capacidad de los nombrados.
El presidente del IAIP, Carlos Adolfo Ortega, es un licenciado en administración de empresas de 65 años de edad, y era parte de la terna propuesta por el sector de sindicatos autorizados por el Ministerio de Trabajo. “El Instituto va a dar garantías de transparencia porque de eso se trata la ley y nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que dice la ley”, dijo Ortega, en sus primeras declaraciones públicas.
Sobre la falta de idoneidad de él y de los otros 29 candidatos a que hizo alusión el presidente en mayo de 2012, ortega se limitó a responder que respeta la opinión del mandatario. “Yo vengo nombrado de las organizaciones sociales... ¿qué puedo decir? Yo vengo del pueblo”, dijo.
Los otros comisionados propietarios, según la información que divulgó la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, son: María Herminia Funes de Segovia, comunicadora propuesta por el sector de periodistas. Funes ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y catedrática universitaria. El abogado Mauricio Antonio Vásquez López fue propuesto por el sector de universidades y tiene una maestría en educación. Es decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta. El ingeniero electricista José Adolfo Ayala Aguilar fue propuesto por el sector de profesionales; tiene experiencia laboral en empresas de telecomunicaciones como Telemóvil y la ya extinta ANTEL. El abogado Jaime Mauricio Campos Pérez ha sido asesor jurídico en el Ministerio de Agricultura, en CEPA y en el Órgano Judicial y fue escogido de la terna propuesta por el sector empresarial.
De acuerdo con el artículo 52 de la ley, los comisionados duran en sus cargos seis años, pero con el fin de que se vayan rotando, dos de los primeros comisionados durarán solo cuatro años en sus puestos. El gobierno no reveló quiénes habían sido nombrados solamente para ejercer cuatro años.
El Instituto de Acceso a la Información Pública es el organismo creado por la LAIP para velar por el cumplimiento, la correcta aplicación e interpretación de la LAIP. Además, propone una cultura de transparencia en la sociedad, dicta sanciones administrativas y resuelve controversias en relación a la clasificación y desclasificación de la información reservada.
El IAIP tiene autonomía administrativa y financiera, pero por ahora no se sabe cuándo comenzará a hacer su labor de garante de la ley, ni dónde operará. Según el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, el presupuesto de la nación para 2013 incluyó una asignación de unos 900 mil dólares para el funcionamiento del Instituto.
Desconcertado aún por las implicaciones del cargo que va a desempeñar a partir de este lunes, el ahora presidente del Instituto garante prefirió no adelantar criterio sobre algunos de los casos de negación de información pública o calificaciones inadecuadas de información reservada que han estado en la mira de la población durante los últimos meses. Asimismo, dijo desconocer cuándo iniciarían sus funciones. “Vamos a reunirnos hoy para saber cuándo comenzamos formalmente el trabajo... creo que sería ya la próxima semana”, explicó Ortega. “Ahorita no tenemos ni infraestructura física ni organizacional, por eso les pido paciencia”.
Una de las principales funciones del Instituto, según el artículo 29 de la LAIP, es decidir si una información es pública o reservada en los casos en los que un ciudadano ha solicitado determinada información a una entidad pública y esta se ha negado a proporcionarla.
Esta fue precisamente una de las atribuciones que con las reformas a la LAIP acordadas por los partidos FMLN, Gana y Concertación Nacional intentaron sin éxito quitarle al Instituto. De haber sido sancionadas por el presidente, las reformas habrían limitado la capacidad de decisión del Instituto, permitiéndole únicamente recomendar y no ordenar a las instituciones públicas brindar la información que consideraran de carácter público. “Lo que se vetó fue porque, como ustedes ya saben, iba en contra de la transparencia. Esta es una buena ley y está bien dada”, dijo Ortega, cuando se le pidió una opinión sobre las reformas propuestas por el FMLN, Gana y Concertación Nacional.
Comisionados del Instituto de Acceso a la Información
Por los sindicatos:
Propietario Presidente: Lic. Carlos Adolfo Ortega.
Suplente: Lic. Hernán Alexánder Gómez Rodríguez.
Por las Asociaciones Empresariales:
Propietario: Lic. Jaime Mauricio Campos Pérez.
Suplente: Licda. Deysi Lorena Cruz Heredia de Amaya.
Por las Asociaciones de Profesionales:
Propietario: Ing. José Adolfo Ayala Aguilar.
Suplente: Lic. Max Fernando Mirón Alfaro.
Por la Universidad de El Salvador y Universidades Privadas:
Propietario: Lic. Mauricio Antonio Vásquez López.
Suplente: Lic. Julio César Grande Rivera.
Por las Asociaciones de Periodistas:
Propietario: Licda. María Herminia Funes de Segovia.
Suplente: Licda. Olga Noemy Chacón de Hernández.
