El exministro salvadoreño de Defensa José Guillermo García, procesado en Estados Unidos por estar vinculado a violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador, declaró este martes que él tenía conocimiento de las atrocidades que cometían los militares bajo su mando, pero aseguró que intentó corregir esas conductas. Según la agencia AP, el militar dijo que las violaciones a derechos humanos 'eran de conocimiento público. Eso es algo que no puede negarse'.
El general García enfrenta un juicio por deportación en virtud de una ley de 2004 que permite expulsar del país a aquellos migrantes que sean responsables de graves violaciones a derechos fundamentales o que tengan acusaciones de terrorismo. Juzgado en una corte de Miami, esta parte del proceso había quedado pendiente desde diciembre pasado, para dar tiempo a la defensa a que preparara sus alegatos finales.
El periódico El Nuevo Herald informó que García, en sus primeras declaraciones en el juicio, expuso sus esfuerzos para intentar frenar las prácticas de violaciones a derechos humanos por parte del ejército. 'Traté de aliviar esa situación por medio de órdenes a las fuerzas armadas, y en forma pública, para obtener un compromiso de la institución armada”, declaró García, citado por el periódico estadounidense.
El exministro (1979-1983) ya fue encontrado culpable en 2002 de cometer torturas y violaciones a derechos humanos en un juicio civil en el que también fue juzgado el general Carlos Eugenio Vides Casanova, quien relevó a García en 1983. Ambos fueron condenados a pagar una compensación de 54 millones de dólares a las víctimas que ganaron el juicio civil.
Este martes, García insistió en que a pesar del informe que rindió el año pasado en el juicio la investigadora Terry Karl, él tuvo que asumir la dirección de unas Fuerzas Armadas que venían de un pasado inmediato en el que se practicaban los abusos de los derechos humanos. 'El total de muertes debido a masacres se incrementó durante el mandato del ministro de la Defensa García', dijo Karl en la audiencia de diciembre. 'Las masacres se convirtieron en algo normal', dijo la testigo.
Según Karl, una prueba contra García es que cuando el mayor Roberto d´Aubuisson fue descubierto en 1980 planeando una serie de ataques y conspiraciones, incluyendo la del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el entonces ministro de Defensa fue el responsable de su pronta liberación sin cargos. 'Eso fue como una luz verde para matar', dijo Karl.
Como argumento de descargo, García declaró que él mismo despidió a D´Aubuisson de las Fuerzas Armadas, por los señalamientos que pesaban contra él. Además, negó cualquier vinculación a ejecuciones sumarias. 'Nunca he ordenado asesinatos, nunca ordené ni nunca he estado de acuerdo con la tortura, porque mis principios me lo prohíben”, dijo.
El juicio tiene programado aún escuchar el testimonio de la hija de García, antes de que el juez resuelva sobre su extradición.
García, de 79 años de edad, llegó a Estados Unidos en 1988. El Departamento de Seguridad Interna busca que el juez de inmigración Michael Horn ordene la deportación del militar retirado hacia El Salvador, donde hasta ahora ha prevalecido una Ley de Amnistía decretada en 1993 que ha impedido el juzgamiento de los responsables de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra civil.
A finales de 2012, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos invalidó la normativa y ordenó a El Salvador que nunca más vuelva a utilizarla como obstáculo para investigar los crímenes ocurridos durante la guerra ni para soslayar su responsabilidad de procesar a los responsables.
