La decisión de un juez de Ciudad de Guatemala de someter a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra constituye un momento decisivo en el difícil camino que transita el país hacia el verdadero respeto por el Estado de derecho. Esta decisión da cuenta del compromiso de las víctimas, los sobrevivientes y sus abogados, quienes durante décadas lucharon por la justicia contra viento y marea, y pone de manifiesto la nueva imparcialidad y valentía de los fiscales y jueces guatemaltecos.
Al mismo tiempo, la decisión marca el inicio de una nueva etapa, que probablemente estará caracterizada por amenazas, difamaciones y actos intimidatorios contra todos aquellos que estén dispuestos a arrojar luz sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil. Si bien el nivel de intimidación afortunadamente se ha reducido en los últimos años, en anteriores juicios vinculados al pasado represivo de Guatemala varios testigos fueron asesinados, mientras que fiscales y jueces se vieron obligados a huir al exilio. En Guatemala, la justicia sigue siendo cosa de audaces y la impunidad aún se ampara detrás de tácticas dilatorias.
El procesamiento de Ríos Montt ha sido largo y difícil, ya que los crímenes que se le imputan fueron cometidos hace unos treinta años. Tras asumir el poder mediante un golpe de estado en marzo de 1982, Ríos Montt mantuvo prácticamente la misma estrategia militar del régimen anterior, en gran medida basada en la masacre de ciudadanos indígenas mayas en poblaciones rurales, desplazándolos de sus tierras ancestrales, y en el intento de destruir la cultura maya mediante la prohibición de su idioma y su vestimenta. Se estima que entre 1981 y 1983 fueron asesinadas más de 100.000 personas, en masacres o a consecuencia del desplazamiento. En los centros urbanos, mantuvo la práctica de la desaparición de líderes políticos opuestos al régimen militar y sus intereses económicos. Se trata sin duda del periodo más sangriento de la historia reciente en toda América Latina. Durante todo este tiempo, Ríos Montt contó con el firme respaldo del gobierno de Reagan, quien lo presentaba como un hombre temeroso de Dios entregado a la lucha ferviente contra las fuerzas del comunismo.
Tras el fin de la guerra civil en 1996, Ríos Montt obtuvo – y mantuvo – un enorme poder político y un alto grado de influencia en el país, al mando del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Su poder explica en parte las largas demoras que ha sufrido el proceso de justicia, aunque existen muchos otros intereses en los laberintos del poder en Guatemala que siguen negando el racismo que asola al país, y que tuvo su máxima expresión en el presunto genocidio.
Asimismo, los intereses de estas élites económicas y los de los militares, especialmente aquellos que se enriquecieron enormemente gracias a la guerra, han estado inseparablemente ligados desde antes del golpe de Ríos Montt. Estos grupos siguen controlando el acceso a las riquezas provenientes del narcotráfico y el contrabando, que han financiado el extravagante estilo de vida de una élite minoritaria durante generaciones.
Las élites económicas y los militares nunca han aceptado las conclusiones de la comisión de la verdad de la ONU: que existió una política de desapariciones, masacres y desplazamiento forzado, y que efectivamente hubo genocidio. Por consiguiente, la interpretación dominante pasó a ser que, si bien hubo ciertos excesos, nunca existió un plan concertado para cometer las atrocidades masivas que supuestamente sucedieron; que no hubo un elemento racista subyacente en la estrategia militar; y que todo esto fue fundamentalmente el quehacer de marxistas-leninistas resentidos por la derrota militar que habían sufrido. Esta negación pone de manifiesto lo que siguen pensando los elementos racistas del país acerca de a quién pertenece Guatemala.
El casi colapso del Estado a causa de las mafias narcotraficantes y la corrupción no es ajeno a los intereses que dieron lugar a las atrocidades de la guerra civil. Asimismo, las estructuras de poder de Guatemala no están hechas de bloques de poder contrapuestos, sino que fueron y serán manejadas mediante una compleja red de relaciones, algunas legales, pero muchas evidentemente corruptas e ilegales. Las atrocidades del pasado no son ajenas a las plagas de la corrupción y la droga que hoy afectan al país, y los intereses detrás de las masacres son los mismos que se benefician de la corrupción del poder y la riqueza en la actualidad.
En 1982, Ríos Montt se alardeaba de que su ejército era una máquina de primera categoría que respondía a órdenes y planes de manera disciplinada, y de que él sabía todo lo que pasaba. De ser así, es casi seguro que será juzgado responsable de los genocidios y los crímenes de guerra que se le imputan. No obstante, merece ser juzgado con todas las garantías de la ley como cualquier otro ciudadano, y debería ser considerado inocente hasta que se demuestre culpable. Es el tribunal el que deberá determinar si estaba al tanto de las masacres y si jugó un papel en su planificación, o permitió que sucedieran. Por supuesto, todo dependerá de la valoración de las pruebas que se presenten. O así debería ser.
Hasta hace poco, las instituciones de justicia estaban profundamente contaminadas por la interferencia política y los intereses personales. Sin embargo, en julio de 2008 el Fiscal General de Guatemala, acusado de corrupción, renunció a su cargo y fue sustituido por un fiscal de carrera sin conexiones políticas. El nuevo Fiscal General comenzó a tomarse en serio las acusaciones, y puso en marcha las debidas investigaciones. En 2010, fue sucedido por la Dra. Claudia Paz y Paz, quien había sido jueza al principio de su carrera y contaba con amplia experiencia como analista jurídica y asesora vinculada al movimiento de los derechos humanos en el país. Desde su nombramiento, no solo ha liderado la máxima autoridad fiscal en los casos contra ex miembros del régimen militar, sino que además es la fiscal que más éxito ha tenido en la lucha contra las mafias narcotraficantes que están desestabilizando el país.
Esta nueva etapa es un capítulo fundamental en la lucha por la verdad y la justicia. Se debe permitir que transcurra sin las amenazas y la intimidación que a menudo han frustrado incluso los más simples intentos de buscar justicia. Deben tomarse enérgicas medidas para proteger a los testigos, a Claudia Paz y Paz, al fiscal a cargo de la investigación y el proceso, y a los jueces que estarán en la línea de fuego.
Este juicio por genocidio podría contribuir significativamente a derribar el muro de negación que aún rodea a Guatemala. Para que esto suceda, el juicio ha de ser justo y debe estar libre de intimidación. Esto ayudaría a convencer a las víctimas y a la sociedad en general de que las instituciones de justicia son imparciales y su función es velar por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no solo de las élites y los poderosos.
La decisión de ir a juicio constituye una nueva e importante oportunidad para que Guatemala se mire en el espejo y responda a la pregunta de qué tipo de país quiere ser. Es un paso positivo, pero la consigna sigue siendo la cautela.
*El autor es vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional de Nueva York.
