Ciudad de México, MÉXICO. Las sanguinarias bandas criminales que acechan a los migrantes indocumentados en su paso por México han llegado a implementar “casas de secuestro móviles” y la crisis humanitaria se agravará en los próximos meses, denunció este martes Amnistía Internacional y otras oenegés mexicanas que abogan por los migrantes.
Cada año, cerca de 140 mil hombres, mujeres y niños –en su inmensa mayoría hondureños, salvadoreños y guatemaltecos– ingresan clandestinamente a México, donde abordan los trenes de carga, conocidos como la Bestia, para intentar llegar a Estados Unidos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 20 mil migrantes son secuestrados cada año para pedir rescate a sus familias, además de sufrir otras vejaciones como robos, agresiones sexuales, reclutamiento forzado en grupos del crimen organizado e incluso asesinatos.
“Creíamos que los secuestros masivos era una realidad que ya habíamos superado”, dijo Leticia Gutiérrez, directora de la organización Scalabrinianas Misión de Migrantes y Refugiados, durante una conferencia de prensa que ofreció con Amnistía Internacional en Ciudad de México.
La religiosa explicó que el modo en que operan estos secuestros masivos solo se ha modificado: “Antes estaban las casas de seguridad en tierra, adonde llevan a los migrantes por días horas o meses hasta que la familia lograra pagar su liberación. Ahora han cambiado por un modo de ‘casas de seguridad móviles’, que son los vagones del mismo tren”.
“Mientras los trasladan de un lugar a otro, les piden datos, teléfonos, nombres de sus familiares en Centroamérica o en Norteamérica para poder obtener una extorsión y solamente los dejan bajar en la parada siguiente si pagaron el rescate”, y esto, incluso con la ayuda de ciertas autoridades, precisó.
Por su parte, Daniel Zapico, de Amnistía Internacional en México, manifestó su inquietud de que “esta crisis humanitaria que vive México va a empeorar en los próximos meses”, y que la administración de Enrique Peña Nieto, que asumió el 1 de diciembre pasado, “no ha tomado hasta ahora ninguna medida para corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis”.
“El número de migrantes irregulares en su paso por México aumentó en 2012”, dijo Zapico, citando cifras del Instituto Nacional de Migración, que registró 88,501 migrantes detenidos en 2012, contra 66,583 en 2011 y 70,102 en 2010.
El presbítero Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su defensa de los derechos de los migrantes, lamentó al margen del evento que Peña Nieto, quien le otorgó el premio, ahora se niegue a recibirlo para atender sus demandas de que se haga justicia a todos los migrantes que sufrieron abusos.
En agosto de 2010, fueron hallados 72 cuerpos de migrantes centroamericanos y sudamericanos en un rancho de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Según Zapico, doce de esos cadáveres permanecen sin identificar y expresó su extrañeza ante el hecho de que esto no impidió a las autoridades descartar que se trate de migrantes, ya sean mexicanos o centroamericanos.
El Gobierno de Peña Nieto asegura que en el sexenio del Gobierno anterior (2006-2012) hubo más de 70,000 muertos resultado de la ola de violencia ligada al crimen organizado, además de que hay reportes de 26,121 personas desaparecidas en distintas circunstancias.
Una Ley de Migración fue aprobada en México en 2011 con el objeto de facilitar el acceso de los migrantes a la justicia, así como otorgar más visas de refugiados, pero los expertos opinan que no se aplica en la práctica.
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