“Mi secretaria me avisaba. Ella recibía una llamada de otra secretaria que le decía cuándo se podía pasar por el sobre. Por lo general era en los últimos días de cada mes. Era algo muy natural. Mi secretaria me decía: ʻya puede ir a Casa Presidencialʼ, y uno entendía qué significaba. Una vez en Casa Presidencial recuerdo que caminaba por un pasillo que llevaba a una pequeña sala de espera, donde un militar me atendía muy educadamente. Ahí esperaba sentado. A los minutos, aparecía un hombre de saco y corbata que me entregaba un sobre manila en el que estaban los billetes de 100 dólares.”
Llamadas de Casa Presidencial, despachos y sobres con dinero. El testimonio es de un funcionario que acepta haber recibido, desde que se unió al gabinete del presidente Mauricio Funes, un sobresueldo de 3 mil dólares mensuales en efectivo, fuera de su nómina y como complemento al sueldo que oficialmente le paga el Estado. Como él, otros 12 funcionarios y exfuncionarios de las últimas cuatro administraciones -entre ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y técnicos de Casa Presidencial- dieron su testimonio a El Faro sobre el sistema de pagos mensuales en efectivo en concepto de sobresueldo del Órgano Ejecutivo, del que ellos supieron porque recibieron la remuneración complementaria, o porque la negociaron para otros funcionarios. Todos ellos aseguran que esta práctica, que hasta hoy se ha mantenido en secreto, está vigente al menos desde el gobierno del presidente Armando Calderón Sol (1994-1999).
Según los testimonios de quienes aceptan haber recibido sobresueldos o de quienes fueron gestores, cada mandatario y cada administración han establecido diferentes mecanismos para realizar estos pagos fuera de la planilla oficial, aunque coinciden en que sí hay un registro escrito.
Al inicio, explican, la gratificación extra alcanzaba solo a ministros de máxima confianza del presidente o a ciertos funcionarios llegados desde el sector privado a quienes de otra manera era difícil convencer de que trabajaran en el Estado con sueldos muy inferiores a los que podían percibir en la empresa privada. Sin embargo, la práctica se ha ampliado en la última década a casi todo el gabinete.
La mayoría de las fuentes relatan cómo debían acudir mensualmente a recoger su pago y firmar un recibo en las instalaciones de Casa Presidencial, aunque algunos exministros que aparentemente tenían ciertas prerrogativas dicen que el sobre de papel manila -un detalle que se repite en todos los casos- lo recibían en sus oficinas y sin la necesidad de firmar ni un solo documento.
Los funcionarios del gobierno de Funes que admiten haberlo recibido coinciden también con los que lo hicieron durante las administraciones areneras en otro detalle: no pagan impuestos sobre ese ingreso y, de hecho, reciben la advertencia de la administración de que no pueden incluirlo en su declaración de renta. Además, la mayoría se ha acostumbrado a usarlo para cubrir sus gastos cotidianos, lo que les permite ahorrar el sueldo nominal y público que obtienen. Por lo general, y debido a que es una remuneración supuestamente oculta a los ojos de Hacienda, lo administran al margen del sistema bancario.
De los cuatro jefes del Ejecutivo que, según las fuentes consultadas, autorizaron este tipo de pagos, El Faro solo logró una declaración al respecto del expresidente Calderón Sol, que admite implícitamente la práctica y señala el aumento, en los últimos gobiernos, del monto total destinado a esos pagos: “Mire, yo celebro que haga esa investigación (sobre los sobresueldos) que quiere hacer”, dijo, cuando este periódico le pidió vía telefónica una entrevista para hablar del tema. Luego sugirió que el Ministerio de Hacienda tiene información al respecto: “Yo no le puedo decir nada, pero le invito a que pida en el Ministerio de Hacienda esa información y haga una comparación entre todos los gobiernos. En serio, le haría un bien al país.'
Un exfuncionario de máximo nivel del expresidente Antonio Saca y que aún es parte de su círculo más cercano -ahora como candidato a la presidencia para 2014-2019, reconoce haber recibido ese tipo de pagos fuera de planilla durante sus cinco años de gestión (2004-2009). Según él, el pago de sobresueldos era una práctica heredada del anterior presidente, Francisco Flores (1999-2004), y fue común en el gobierno de Saca.
Este exfuncionario asegura que aquella acusación sobre la supuesta apropiación ilegal de 219 millones de dólares durante la administración Saca en realidad carece de fundamento y gran parte del destino de esos fondos puede explicarse en el pago de sobresueldos a funcionarios. A finales de 2009, cuando el partido Arena rompió con Saca, vinculó a este con actos de corrupción y lo relacionó con los más de 200 millones de dólares cuyo destino supuestamente no se documentó. Este señalamiento lo hicieron los dirigentes areneros a pesar de que la Corte de Cuentas de la República dictaminó que la presidencia de Saca estaba libre de responsabilidades.
El argumento de los sobresueldos es similar al que utiliza el expresidente de Guatemala Alfonso Portillo para justificar faltantes de dinero público, cuyo destino no aparece reflejado en documentos oficiales. El exmiembro de la administración Saca asegura que este es el caso del quinquenio 2004-2009 y que los areneros lo saben: “Mucho de ese dinero fue para pagar el funcionamiento del Estado, para pagar funcionarios. Lo que pasa es que ahora todos (los exministros de Arena que recibieron ese dinero) se hacen los dignos”.
El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dice no saber si el Ejecutivo paga sobresueldos, aunque dice haber escuchado de ese tema. Lo de los sobresueldos, comenta, es una práctica extendida en toda la región: “Surge en esta nueva época en que se hablaba de ‘hacer eficientes’ a los gobiernos. No quiero usar el cliché del neoliberalismo, pero así le dicen. A mí hasta me molesta ya escucharlo, pero viene de ese período.” Asegura que él no recibe ningún complemento a su sueldo y que nunca alguien se le acercó para ofrecérselo.
“El problema es que los salarios del Estado no son competitivos con los del sector privado, entonces la solución que encontraron en Chile, Uruguay, diferentes lados, es dar otras compensaciones. ¿Para qué? Para competir con el sector privado”, explica Rodríguez, que admite la necesidad de que este tipo de pagos, hasta ahora realizados en secreto, se transparenten.
Hasta 10,000 dólares al mes
Según los testimonios que recogió este periódico, desde 1994 ha sido la Presidencia de la República la dependencia directamente responsable de gestionar y de entregar este sobresueldo, y lo ha hecho siempre en efectivo, sin dejar rastro en su contabilidad oficial.
Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada depende tanto del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de entrar al gobierno: unos reciben 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que han llegado a recibir más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100 dólares. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
No existe una norma establecida. Tradicionalmente es el Presidente de la República en persona, o alguien de su máxima confianza, quien estipula, tras una negociación privada con el nuevo funcionario, el monto que se le pagará como complemento salarial.
En la actual administración existe una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Según averiguó El Faro, un ministro de Funes recibe cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibe por norma 3 mil. Sin embargo, el Presidente o el funcionario de gobierno que haya sido designado para estipular estos montos puede hacerlos variar discrecionalmente.
“Sé de gente que fue castigada y que de un mes para otro recibió menos”, dice un exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado que habla sobre estos pagos, y que revela que el pago de estos bonos no se limita necesariamente a funcionarios del Ejecutivo. “Hay diferentes listas. Hay gente particular (personas que no trabajan formalmente para el Ejecutivo) que también llega a Casa Presidencial a recoger sobres con billetes de 100”, dice el exfuncionario, que se rehúsa a ampliar esta información.
Otro exfuncionario de Casa Presidencial, que fue responsable de convencer a varios técnicos para que formaran parte del Ejecutivo, y en quien el presidente de turno delegó la autoridad para prometerles que en caso de aceptar un cargo público recibirían un ingreso mensual igual o mayor a su salario en el sector privado, da más detalles sobre el procedimiento de pago, incluido cómo se registra la erogación de fondos:
“Lo manejan los secretarios privados de la Presidencia, que por lo general son las personas de más alta confianza del Presidente”, dice. “Si usted quiere un registro escrito de los sobresueldos, debe buscarlo en la agenda personal o en el diario de un secretario privado”, asegura. Esto recuerda a la reciente revelación que el periódico El País hizo en España sobre los sobresueldos pagados de manera oculta a dirigentes del Partido Popular, que fueron destapados gracias al acceso a una contabilidad paralela y manuscrita a cargo de los tesoreros de la organización.
Un exministro de la administración de Francisco Flores (1999-2004) acepta haber recibido en efectivo más de 3,500 dólares al mes como complemento salarial fuera de planilla, y confirma el papel central de los secretarios privados en el asunto.
Todos los exfuncionarios que hablaron con El Faro exigieron el anonimato antes de admitir que ellos también lo recibieron. La razón no es solo la inconveniencia política de revelar algo que todos los gobiernos y los partidos políticos que han participado en ellos quieren mantener en secreto, sino, y especialmente, el temor a consecuencias legales.
El hecho de que el pago sea siempre en efectivo y fuera de los registros oficiales ha implicado que la mayoría de los funcionarios se vieran obligados a administrar ese ingreso mensual fuera del sistema bancario. Algunos de los consultados dicen que no solo lo destinaron a sus gastos diarios, sino que también lo utilizaron para la adquisición de automotores o inmuebles.
Por supuesto que saben que con esos pagos secretos Casa Presidencial los obligó a cometer un posible delito: “Como eran miles de dólares en ingresos no declarados al fisco, si digo públicamente que recibí el complemento, estaría confesando un delito por el que podrían llevarme preso, por evasión de impuestos”, dice un tecnócrata que milita en Arena y que admite que recibió sobresueldos durante tres administraciones: la de Calderón Sol, la de Flores y la de Saca.
Tres de las fuentes consultadas que recibieron sobresueldos durante la gestión Saca aseguran que Casa Presidencial les advirtió que no debían incluir estos ingresos en su declaración de impuestos. Dos exfuncionarios del gobierno de Funes y uno del gobierno de Flores que también recibieron ese pago explicaron que sus gastos normales para la casa y su vida cotidiana los costearon con el dinero en efectivo del sobresueldo y que el sueldo oficial depositado en sus cuentas bancarias quedaba, mes tras mes, intacto. “Nunca toqué mi salario, nunca. Todo lo ahorraba. Lo que hacía era gastar el dinero en efectivo”, cuenta un exfuncionario de la administración de Antonio Saca.
Un exfuncionario del gobierno de Funes recuerda cómo era el mecanismo por el cual recibía el sobresueldo: “Como uno anda en carro oficial y todo eso, yo entraba por la puerta principal de Casa Presidencial y ahí ni me preguntaban a dónde iba. Nunca se hablaba de nada ni me preguntaban por nada. Recuerdo que, la primera vez que me dieron el sobre manila, el hombre de saco que me lo entregó me recordó que no podía declarar la renta de este dinero. Siempre firmaba una hoja de papel que únicamente servía como recibo para ellos; a nosotros no nos entregaban copia”.
Las fuentes consultadas por El Faro explican que los sobresueldos se han generalizado en los máximos niveles del Ejecutivo en los últimos 10 años y que ahora hay por lo menos 58 sobresueldos mensuales potenciales: cinco secretarías, 13 ministerios, 21 viceministerios y 19 instituciones autónomas.
Haciendo sumas mínimas, la cantidad de dinero correspondiente a sobresueldos que no se declara a la Hacienda pública resulta millonaria. Si asumimos que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe ni declaración ni impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros actuales la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años.
Probidad lo detectó en 2005
Uno de los ministros del gobierno de Armando Calderón Sol que gestionó la contratación de algunos funcionarios explica que, en 1994, el uso de los sobresueldos no se consideraba antiético ni parecía tener rastro de ilegalidad. Este tipo de desembolsos en efectivo que la Presidencia hace de forma discrecional -una costumbre que según los funcionarios consultados se mantiene hasta hoy, por diversas vías y con diversos fines- estaba recogido en una partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda con el explícito nombre de “Comisiones de orden político-militar para atender necesidades de carácter urgente y especial de la Presidencia de la República”. Para efectos burocráticos y por comodidad, en aquellos años fue conocida como la unidad de gasto 198.
Fue una vez terminada la gestión de Francisco Flores, en 2005, cuando el tema comenzó a percibirse como un problema. Un exministro de la administración Flores afirma que hizo consultas para ver cómo hacía con los impuestos de sus sobresueldos y que un asesor le dijo que ese dinero no se consideraba propiamente renta, sino gastos de representación: “Y en esa época los gastos de representación no se declaraban”, dice. “Así es que yo sí lo ingresaba a mi cuenta”.
Otros miembros de aquel gobierno lo tuvieron más complicado. En 2005, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, entonces encabezada por José Eduardo Cáceres, detectó irregularidades en las declaraciones patrimoniales de 13 funcionarios del gobierno de Flores, incluidos el mismo presidente Francisco Flores y el vicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, y pidió acceso a sus cuentas bancarias para disipar posibles casos de enriquecimiento ilícito. En el curso de sus entrevistas con la sección de Probidad, varios funcionarios no habían explicado el origen de alguna parte de sus ingresos de los últimos cinco años.
Un abogado que ha asesorado durante la última década a varios exfuncionarios con problemas para justificar este tipo de ingresos asegura que Cáceres y el resto del equipo de la sección de Probidad se preguntaban dos cosas: una, de dónde provenían ciertos ingresos que superaban el sueldo oficial, y dos, cómo era posible que hubiera funcionarios que en cinco años no hubieran gastado ni un centavo de su sueldo oficial. ¿De qué habían vivido todo ese tiempo?
La solicitud de datos bancarios hecha por Probidad -y la negativa de los bancos a entregar información- desató una controversia que se zanjó cuando la Corte Suprema, entonces presidida por Agustín García Calderón, quitó a Probidad la atribución de pedir informes bancarios como parte de su investigación a exfuncionarios. Cáceres renunció al cargo un año después y la investigación quedó truncada.
El asesor fiscal de exfuncionarios asegura que, después de lo sucedido en 2005, la sección de Probidad acabó por aceptar las explicaciones de quienes confesaron haber recibido sobresueldos en efectivo. Según él, con ello la Corte Suprema avalaba la práctica y la aceptaba como legítima.
Este periódico buscó la versión del expresidente Francisco Flores, la de la excanciller María Eugenia Brizuela y la del exministro de Economía Miguel Lacayo, que estaban entre los funcionarios a los que Probidad solicitaba información. Al cierre de este reportaje, ninguno había concedido una entrevista.
Casi todos los funcionarios y exfuncionarios que dieron su testimonio a El Faro aseguran que en los últimos años la sección de Probidad ya acepta los sobresueldos como parte de los ingresos lícitos, y que la controversia de 2005 se explica porque en ese entonces el sobresueldo aún no era una práctica generalizada. El Faro habló con tres exfuncionarios del gabinete de Armando Calderón Sol, tres del gobierno de Francisco Flores, cuatro del gabinete de Antonio Saca y tres funcionarios del gobierno de Funes.
Un funcionario de la Corte Suprema de Justicia confirmó que para Probidad encontrarse con declaraciones patrimoniales de funcionarios que han ahorrado todo su salario oficial ya dejó de parecer una irregularidad.
¿Y por qué no se transparenta?, preguntó El Faro al subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, después de explicarle que varios funcionarios y exfuncionarios habían relatado sus testimonios a este periódico: “Estoy convencido de que hay que transparentarlo. Es un tema del cual prefiero… yo hay temas que creo que son para el jalón que viene. Ahora vienen unas elecciones muy interesantes. Espero que la discusión programática y de compromisos sea más exigente que las anteriores. Esto (transparentar los sobresueldos) necesita varios jalones más.”
Los gastos ocultos del presupuesto
Mientras la transparencia llega, solo un grupo reducido de funcionarios –incluidos los expresidentes y el presidente Funes- podría revelar a cuánto asciende la bolsa total para sobresueldos. Ni siquiera el Ministerio de Hacienda -aunque podría si lo deseara conocer- sabe con detalle de qué manera el Ejecutivo distribuye esos fondos.
Un exministro de varios gobiernos areneros hace ver como un detalle relevante lo de los billetes de 100 dólares con que se pagan los sobresueldos: 'El Banco Central de Reserva no trae billetes de esa denominación', comenta. Entonces, ¿de dónde sale la moneda para pagar los sobresueldos? Aunque las fuentes no aportan suficiente información como para ser conclusivos, sí dan algunas luces.
Según un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda este dinero es legal y se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general.
Explica que dentro de los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre. Una de ellas es la asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría Privada de la Presidencia, que en el presupuesto de 2013 tiene asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. La justificación para esta partida es la siguiente: “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Quinquenal 2009-2014 y realizar una gestión financiera institucional eficiente, oportuna y transparente de los recursos asignados”.
“¿Cómo se da seguimiento a las acciones del Plan Quinquenal? Cuando el presidente se reúne en el gabinete y tira líneas y verifica lo que está haciendo cada ministro. Eso se logra con reuniones semanales. ¿35 millones de dólares? Esa puede ser una bolsa oculta. Es legal, pero seguro que tiene gastos que desconocemos', explica un exfuncionario experto en la materia fiscal.
Solo hay una forma de acercarse a conocer cómo se gasta el dinero de esas asignaciones poco controladas, y es teniendo acceso a los informes financieros de la Presidencia. Sin embargo, el secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, ha declarado esa información como “reservada” por un plazo de siete años. En todo caso, aunque se tuviera acceso a esos informes, solo se alcanzaría a saber de qué partida presupuestaria concreta podrían haber salido los sobresueldos, pero nunca cuánto se entregó a cada funcionario.
Para llegar a ese otro detalle sería necesario el acceso a las auditorías financieras de la Secretaría Privada de la Presidencia. Esas auditorías han sido clasificadas, también, como información reservada.
Funcionarios con la conciencia tranquila
A pesar de la oscuridad con la que se han manejado los sobresueldos, la mayoría de funcionarios y exfuncionarios que reconocen haberlo recibido aseguran que no la consideran una práctica corrupta. Argumentan que el salario oficial y el complemento suman el salario promedio de un ministro de la región. A principios de este año, el jefe de gabinete del gobierno de Perú, Juan Jiménez, explicó en rueda de prensa que un ministro promedio ganaba cerca 6 mil dólares al mes.
Un funcionario de este gobierno que recibió esta compensación durante un par de años dice: “Desde el principio uno siente que está haciendo algo malo, desde que lo obligan a no declarar (impuestos). En el gabinete no es algo que se habla abiertamente, pero debería haberse discutido, creo yo”.
Sin embargo, su incomodidad está más vinculada a las formas que al hecho de recibir lo que considera un salario acorde a las funciones y responsabilidades del puesto. Todos los consultados justifican que un ministro o viceministro reciba un salario mayor al que actualmente le asigna la ley.
Los sueldos que la Ley de Salarios asigna a los más altos cargos del gobierno -ministros, viceministros, presidentes de autónomas, etcétera- son los mismos desde la administración de Armando Calderón Sol, que asumió la presidencia en 1994. Ninguno de los últimos gobiernos los ha subido oficialmente, a pesar de que la Ley de Salarios se discute y aprueba cada año en la Asamblea Legislativa. “Entiendo el sentido lógico de los sobresueldos. Por un tema de mantener ante la opinión pública la imagen de que se paga poco a los funcionarios, tienes un sistema que no te puede pagar salarios suficientes”, afirma un exsecretario de la Presidencia de la República durante la administración de Francisco Flores.
Los funcionarios que defienden la necesidad de que haya sobresueldos argumentan que el mecanismo permite la contratación para cargos públicos de profesionales calificados que, de otra forma, no aceptarían trabajar en el gobierno. Según las mismas fuentes, la necesidad de profesionales de perfil técnico es más apremiante en los meses previos al inicio de gestión de cada presidente, y los sobresueldos usados de forma discrecional permiten al nuevo mandatario conformar su equipo de gobierno sin tener que someterse al escrutinio de la opinión pública, que por inercia rechaza aumentos de salarios en las más altas ligas de la esfera pública.
Un exfuncionario del gobierno de Calderón Sol asegura que la práctica empezó casi como excepción: “Eran bien pocos funcionarios, a lo mucho 20, que lo recibían. Y se hizo para contratar a gente capacitada, con estudios en Estados Unidos, por ejemplo”, dice.
Un ministro del gobierno de Armando Calderón Sol tenía, en 1998, asignado un salario de 29 mil 270 colones, que equivalen a los 3 mil 345 dólares que hoy sigue ganando, en el papel, un ministro del gabinete de Mauricio Funes. Esa cifra se corresponde con los ingresos mensuales de un visitador médico, cuyo salario promedio alcanza los 3 mil 500 dólares, según publicaciones de Manpower, firma dedicada a la búsqueda de talento y recursos humanos.
Uno de los miembros del gabinete de Francisco Flores insiste en que los sobresueldos son una necesidad que permite pagar salarios “justos”. “De lo contrario, tendrías ministros que solo cobran 3,500 al mes”, dice.
“Hay un desconocimiento general de cómo funciona un gobierno. El sobresueldo, entiendo, equipara los salarios, se usa en todo el mundo”, dice un ex secretario jurídico de la Presidencia. “Yo me di cuenta de esto antes de entrar. Me asusté... Lo que dice la ley de salarios no me iba a alcanzar ni para pagar las mensualidades de lo que debía. Por eso es importante que se transparente esto, que se haga un debate', propone.
