Desde hace mucho en este país se enseña que la transparencia es buena, que los ciudadanos tenemos derecho a saber los asuntos fundamentales de los temas que nos afectan; entre más sepamos sobre los temas que rigen nuestra sociedad, más - y de mejor forma - podremos participar en la construcción de una sociedad más justa y buena. Cuesta ser transparente pues, como decía mi hermano Héctor antes de morir, “es como quedarse chulón”; pero poco teme el que hace bien. Se enseña también, y lo dice la Constitución, que los diputados deben ser personas honorables, de probada solvencia moral. Dice también la Constitución que todos – hombres y mujeres - somos iguales y que todos tenemos derechos básicos entre los cuales se encuentran el acceso a la información y a la salud.
Los principios básicos de la economía enseñan que los monopolios y oligopolios deben regularse, que la competencia es buena. Que los actores públicos y privados tienen sus respectivos campos de acción y que mal hacen los unos cuando se meten en el campo de otros; “zapatero a tus zapatos” dice el dicho popular. En una economía capitalista como la nuestra es el mercado el que rige, pero la misma tiene muchas fallas, como son los monopolios u oligopolios o los derechos básicos de la población, situaciones en las cuales la intervención del Estado está justificada. También se nos enseña, y la historia nos lo refuerza, que el fin no justifica los medios.
Esos principios se han aplicado en la historia reciente del país con mucha selectividad. Cuando los poderes económicos, políticos y sociales estaban alineados y concentrados, nunca se exigió transparencia al estado, nunca se discutió una ley de partidos políticos, cuando algunos hablaron por los que no tenían voz se les calló y se alegó que la Iglesia no debía meterse en las asuntos seculares. Todavía hasta estos días nunca se ha cuestionado a ninguna empresa privada o empresario grande de dónde provienen o adónde van sus dineros. Existen muchas casos de monopolios u oligopolios en el país, sectores controlados por una o pocas empresas, en los cuales nunca se ha cuestionado la necesidad de competencia. Algunos partidos políticos siguen oponiéndose a los concejos municipales pluri-partidarios, una de las formas más eficientes de transparencia al nivel local.
Hechos recientes en el país también van en la dirección contraria a los principios anteriores. Las reformas a la ley de acceso a la información la dejaban sin dientes. La ley de partidos políticos si no lleva medidas eficaces de fiscalización como la obligación de que estos declaren su financiamiento y medidas eficaces para corroborar el mismo, se queda corta. Varios partidos políticos archivan casos de sus diputados involucrados en casos de violencia doméstica, incluso insistiendo que ello no es delito grave; logrando con ello solo comprobar la muy baja preocupación por parte de la Asamblea por aquello de que sus miembros tengan “probada solvencia moral y honorabilidad”, pocos actos existen menos honrosos que el usar la fuerza física contra la familia. Ello habla muy mal de los diputados y de esos partidos.
Varios actores nacionales han confundido sus papeles. Las gremiales empresariales siguen siendo parte de una campaña política; gremiales empresariales que quieren ser partido político. Muy extraño son sus argumentos en el caso de Alba, juzgando por el pasado de las acciones empresariales, que esta es competencia injusta y que no se ha seguido una norma. También está el partido medio metido a empresario y que para poder serlo no es transparente ni en el origen ni en el manejo de sus fondos. Públicamente se ha admitido en el país que los empresarios financian partidos y sus campañas, pero no se deben mezclar partido y empresa. De allí la importancia de que se tomen en cuenta las observaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil a la ley de partidos políticos pidiendo medidas eficaces para conocer y fiscalizar el financiamiento de los partidos. Varias medicinas, elementos de necesidad básica para muchos, pero con oligopolios en sus mercados, se venden en nuestro país a costos muy por encima de otros mercados.
Pero el pasado no puede servir de excusa para el presente. El país debe avanzar en su desarrollo democrático y económico. Ante el nuevo, y en constante cambio, escenario económico y político nacional lo que debe regir son los principios base de nuestra sociedad y los reflejados en la Constitución de transparencia, igualdad en el trato ante la ley y libertad de información. Debe prevalecer el principio de la necesaria intervención del Estado para garantizar bienes sociales básicos a precios justos.
Las leyes son los medios donde se reflejan esos principios, pero para que las mismas sean válidas y eficientes deben ser universales, no pueden ser selectivas en su aplicación, y los encargados de su aplicación no pueden ser los mismos interesados. No se puede pedir transparencia y apego a las normas a unas empresas sin que todas cumplan los mismos requisitos. No pueden ser los partidos políticos juez y parte, teniendo representantes en las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes que los regulan o que regulan las elecciones en que ellos participan. No deben los funcionarios públicos y sus partidos políticos violar la ley y quedar impunes, no pueden ellos exigir que se cumplan los principios y las leyes que ellos mismos violan. El proceso seguido para lograr el veto a los cambios a la ley de acceso a la información refuerza la esperanza de que el apego a estos principios sea posible, ello es bueno para el país y saludable para todos – incluyendo los partidos políticos.
