'Se anula y se deja sin efecto lo actuado (...). No lo hago porque yo quiero, sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia', dijo la presidenta del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores.
Ríos Montt, quien era juzgado por la masacre de casi 1,800 indígenas, concurrió al tribunal vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste, y se mantuvo sereno e inmutable durante la lectura de la decisión.
La magistrada Flores era inicialmente la encargada del proceso, pero fue separada por una Sala de Apelaciones a instancias de la defensa, que le atribuía falta de imparcialidad por haber emitido criterio previo.
Luego el expediente fue transferido al juez Miguel Gálvez, quien ordenó el juicio.
Ahora, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad ordenaron retrotraer el proceso a noviembre de 2011, porque Flores aún tenía pendiente la resolución de un recurso en la fase intermedia, previa al juicio, lo que contraviene la legislación procesal.
De ahora en adelante, Flores tendrá que fijar fecha para decidir, una vez más, si Ríos Montt es llevado o no a juicio oral y público.
El abogado Francisco Palomo, defensor del exdictador, dijo a la AFP que el juicio se encontraba completamente 'viciado' pues en su criterio se cometieron 'aberraciones jurídicas por llevar a prisa' el proceso.
'Había una consigna de terminar el juicio lo antes posible, dictar una sentencia de condena que tienen hasta hecha porque con eso tal vez lograban que entraran a prisión los generales', indicó Palomo.
Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983, y el ex jefe de inteligencia militar, José Rodríguez, son juzgados por la masacre de 1,771 indígenas mayas ixiles, cometida en ese periodo, el más cruento de la guerra que vivió Guatemala durante 36 años y que dejó 200,000 muertos o desparecidos, según informes de la ONU.
'Con esta resolución se deja en estado de indefensión (a las víctimas) y se atenta contra el derecho fundamental, un pilar del estado de derecho, como es la justicia', afirmó Edgar Pérez, abogado de la querellante Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).
'Es un agravio en tanto que el proceso del debate ya se desarrolló', indicó la activista humanitaria Claudia Samayoa.
'Ahora hay que ver si se vuelve a capturar a Ríos Montt y Rodríguez porque todo quedó anulado', lamentó.
'Es una resolución que nos impacta a todos porque es apegada al debido proceso, el cual había sido violado', declaró en contrapartida a la AFP Zury Ríos, hija del exdictador, quien lo acompañó durante las 20 audiencias realizadas hasta la fecha.
El proceso contra Ríos Montt ha sacudido a la sociedad guatemalteca y provocado fuertes divisiones al develar, treinta años después, los entretelones de una larga y sangrienta guerra.
En el último mes, un centenar de víctimas indígenas desfilaron por los tribunales ante la jueza Yassmín Barrios y el acusado, para narrar la crudeza de las atrocidades que cometieron los militares cuando Ríos Montt gobernó el país entre 1982 y 1983. Ahora, todos estos testimonios, así como los de los peritos y los de los testigos de descargo -muchos de los cuales terminaron sirviendo más a los intereses de la parte acusadora- quedan sin valor jurídico alguno.
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