La sección de Probidad es la oficina encargada de vigilar la honradez de los funcionarios y empleados públicos. Su objetivo principal, dice el papel, es prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito. Para cumplir su misión debe aplicar la Ley sobre El Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que empezó a gestarse en 1950 y fue aprobada en 1959. El jefe de esta oficina se llama Carlos Pineda, quien reconoce que sería “bastante infantil” pretender perseguir funcionarios corruptos con una ley de 54 años y que ningún partido político ha mostrado interés en actualizar.Sin embargo, dice, él prefiere no mojarse y opinar sobre el nulo interés de la clase política en dotar a su sección de una nueva ley.
¿Qué puede hacer con una ley de 1959? Pedir a sus jefes, 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que autoricen multas de entre 11 y 571 dólares para aquellos funcionarios que no presentan su declaración patrimonial. Pineda es un burócrata que ya trabajaba en esa oficina en 2005, cuando una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia frenaron una investigación que señalaba irregularidades del expresidente Francisco Flores y otros funcionarios de su gabinete. En ese entonces, el jefe de Carlos se llamaba Eduardo Cáceres, quien inició la investigación y pidió informes en el sistema financiero. “Encontramos depósitos que se podían explicar por los ingresos normales, al indagar sobre esos depósitos el patrimonio incrementa, lógico”, dice Pineda. ¿Y cómo explicaron los funcionarios ese incremento de dinero? “Explicaciones que se dieron en ese momento: unos que habían recibido donaciones, otros que eran préstamos de familiares, y creo que en algún caso alguien dijo que era sobresueldo, pero no recuerdo quién era.”
En esta entrevista Pineda habló de los sobresueldos como algo que existe, pero dice que no puede detectarlo en las declaraciones que recibe. “Si los ministros perciben otro tipo de sueldo o una bonificación deberían de declararlo. Al fin y al cabo son ingresos que están ahí y que no vienen de una forma ilícita, nosotros deberíamos tener esa información pero no la tenemos.”, dice.
¿Para qué sirve en 2013 la ley de enriquecimiento ilícito de 1959?
Es una herramienta totalmente anacrónica, como todos sabemos. Con pocas posibilidades de cumplir los objetivos que se pretende, principalmente el de prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito. Es una herramienta totalmente desactualizada, pero es la ley vigente y es la que nos toca administrar, y nos toca a diario tratar de cumplirla en cada uno de los artículos. Lo que nos queda es simplemente pedir colaboración a los titulares, precisamente para que se involucren en la lucha y combate a la corrupción de los servidores públicos, ya que nuestra ley no nos permite hacer mayor cosa.
Dice que pide colaboración a los ministros. ¿En qué sentido?
Hemos andado con Carlos Quiteño, subjefe de la sección de Probidad, en una campaña de difusión, de capacitación, de promoción de los valores éticos y de una cultura de probidad que poco a poco se va gestando, pero que desgraciadamente todavía no se tiene. Eso lo vemos con el incumplimiento de los servidores públicos, cuesta que presenten las declaraciones patrimoniales, pero eso ha sido una lucha y siempre será una lucha cuesta arriba. El propósito de nuestras visitas con los titulares, con los señores ministros, es hacerles conciencia de que el combate a la corrupción no solamente es un objetivo de nosotros como Probidad.
¿Por qué cree que la Asamblea no se ha interesado en aprobar una normativa acorde a estos tiempos y que ayude a la sección de Probidad a hacer bien su trabajo?
Ellos tendrán sus propias razones de las que yo realmente no podría darte mayor opinión. Nosotros presentamos en 2008 un nuevo anteproyecto que actualmente, con el licenciado Quiteño y otros colaboradores jurídicos de la unidad, hemos retomado y ya llevamos por lo menos un 25% de avance de la revisión y actualización de ese ante proyecto que está en la Asamblea.
La última investigación conocida de la sección de Probidad fue en 2005, cuando detectó irregularidades en los ingresos de funcionarios del gobierno de Francisco Flores. Los magistrados la Corte Suprema de Justicia de entonces, en lugar de investigar, le quitaron atribuciones a la sección. Eso me dice que ni magistrados, ni diputados ni presidente tienen interés en combatir el enriquecimiento ilícito.
Bueno, falta de voluntad no sé, ellos tendrían que expresarse ante la misma sociedad y la misma sociedad puede cuestionarlos ante eso. Pero hay varios puntos: lo que sucede es que hay muchas trincheras que están dispersas y que de alguna manera coadyuvan al combate a la corrupción: la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Subsecretaría de Transparencia. Son instituciones que ahí están, pero el trabajo no es en conjunto, no hay una colaboración interinstitucional que nos permita ser más efectivos en el combate a la corrupción.
¿Qué nos puede decir de las declaraciones patrimoniales que presentan nuestros funcionarios públicos?
En algunas instituciones hay un universo de obligados a presentar declaración, que es considerable, y que no ha cumplido con la obligación. Tocamos las puertas a los titulares, pedimos la colaboración y hemos tenido buenos resultados en esa gestión. Este es un año para nosotros -como no hay elecciones- en que normalmente disminuyen las cifras, pero a través de las visitas que hemos realizado ha sido el efecto todo lo contrario. Hemos duplicado prácticamente las metas que nos habíamos propuesto.
Casi que anda suplicando a los funcionarios para que cumplan una ley que no sirve.
Pues por lo menos que colaboren y que se conciencien en cuanto a que esta tarea es de todos.
Y si un funcionario no presenta su declaración patrimonial, la multa más alta es de 571 dólares.
Sí, esa es por incumplimiento al plazo, digamos.
¿Qué resultados ha tenido? ¿Ha impuesto muchas multas? ¿Hay investigaciones?
La razón fundamental de Probidad no es imponer una sanción. Es decir, nosotros le estamos tirando a algo mucho más grande. Probidad ha estado todos estos años totalmente atrincherada, aquí guardaditos aquí en la Corte, sin exponernos, sin salir, sin hacer una campaña de promoción, de difusión, de concienciación con los servidores públicos, entonces, por ahí hemos iniciado nosotros.
Entiendo que su misión es investigar los funcionarios que se están enriqueciendo ilícitamente… Evitar que gente se enriquezca de forma ilícita, con recursos públicos. ¿Qué investigaciones se han abierto en este tiempo, en su gestión?
Bueno, en nuestra gestión a partir de noviembre… Con esta ley es bastante difícil y te lo voy a decir así: es bastante infantil pretender detectar un enriquecimiento ilícito con esta herramienta. Porque la ley no te da para… entonces no hay mecanismos ahorita. El único mecanismo es la declaración jurada de patrimonio, pero el declarante viene y te pone o puede decir cualquier cosa, pone en la declaración cualquier cosa.
¿Ah?
El funcionario que es pícaro puede cuadricular la información en la toma de posesión, puede cuadricular la información del cese de funciones. El funcionario pícaro se va a esmerar para… aquel que no está muy familiarizado con este tipo de actos es el que puede dejar “colas sueltas”. Nosotros en la gestión, con el licenciado Quiteño, estamos platicando con nuestras autoridades a fin de fortalecer el área de verificación de la información. Tenemos un convenio viejito allá con el CNR para verificar las propiedades de los servidores públicos, pero ese ejemplo lo podemos ir haciendo con otro tipo de instituciones.
¿Cómo presenta una declaración patrimonial un funcionario pícaro?
Tenemos un par de casos de los que no puedo decirte porque están precisamente en proceso de investigación y porque hemos citado a los servidores precisamente para que de primera mano den las explicaciones del caso. Estamos esperando respuestas, por eso es que no podemos, eso es lo que va en nuestra gestión. Ahorita no puede salir a luz, si el funcionario no logra comprobar la información que él ha plasmado en su declaración, aquí nosotros ya no tendríamos más que elaborar los informes, pasarlos a nuestras autoridades, con copia a la Fiscalía para que amplíe la investigación e inicie la acción penal correspondiente en los tribunales.
Eso puede hacer Probidad, enviar pistas a la Fiscalía…
Es que eso es lo que hacemos porque el procedimiento para el enriquecimiento ilícito conforme a esta ley, ya es totalmente inoperante.
Si yo soy un funcionario pícaro y tengo ingresos ilícitos y gano mucho dinero, ¿no preferiría no declarar y mejor pagar las multas? ¿El sistema permite eso?
Ese es uno de los problemas que se nos presenta en la actual ley. Te lo pongo así: un servidor público lógicamente cuando sale, él tiene 60 días para presentar su declaración jurada de patrimonio. Si este funcionario afectó la hacienda pública o afectó la hacienda municipal, no va a pretender plasmarlo. No declaró y punto. No declara. Nosotros venimos y le imponemos una sanción y él simplemente paga la multa pero nosotros como en base a esta ley ya no tenemos posibilidades de hacer que ese servidor público cumpla con presentar la declaración de cese... entonces en el anteproyecto que nosotros estamos revisando y actualizando tomamos en cuenta esos elementos.
¿Cuántos funcionarios pagan multas?
Son raros. Realmente han sido pocos. El problema que tenemos -y es lo que planteábamos a los titulares de las instituciones en nuestra visita- es que nosotros como Probidad, si el funcionario sale y la institución no nos informa que este funcionario salió, nosotros no tenemos posibilidades de saber en qué momento tenemos que exigirle la declaración al servidor público y en el mejor de los casos es obligación de ellos informarnos a nosotros conforme a esta ley.
En las declaraciones de diputados y ministros que han visto, ¿hay algunas que a usted le digan 'por aquí se inicia una línea de investigación, hay algo sospechoso'?
La labor nuestra es la siguiente: viene el funcionario y presenta su declaración. Una vez presentada la declaración, estas pasan al área de análisis donde están los auditores que primero revisan todos los requisitos que la ley requiere para la declaración. Luego de revisar todos los requisitos legales ellos empiezan a investigar la coherencia de la información porque tenemos un formulario que es estándar para todos los servidores públicos, desde el presidente de la república hasta el encargado de una caja chica de allá de cualquier alcaldía.
¿Solamente un formulario?
Debe haber sustentación, es decir la documentación soporte que adjunta el servidor público al formulario. Es decir, si yo declaro 25 mil dólares en efectivo en cajas y bancos en el formulario, en el anexo viene, tengo un depósito a plazo fijo en banco tal, el cual fue abierto en tal fecha y adjunto copia del depósito. Ahí estamos claros. Ahora el problema es que diga que aquí tengo 25 mil dólares y aquí no hay ninguna documentación que me soporte. Así se soporta la documentación que el funcionario ha plasmado en el formulario.
El salario oficial del presidente de la república ronda los 5 mil dólares. Durante los cinco años de gestión, un ejemplo que da Fabio Castillo, los ingresos en concepto de salario andan por los 300 mil dólares, en caso de que no gaste nada de ese salario. Por las declaraciones patrimoniales, ¿ha notado algo sospechoso en los ingresos de los presidentes de la República?
Lógicamente ellos tienen acceso a la partida (…) no rinden ninguna cuenta. Es decir, ellos declaran su salario, el salario. Ahora pueden tener sus otros ingresos a través de las rentas, de otros negocios, de empresas, de otras cosas que ellos puedan tener. Ahora, de lo demás, si hay otro tipo de ingresos en razón del cargo, pues yo en mi opinión deberían de declararse, precisamente porque eso es lo que le va a permitir incrementar el patrimonio de alguna manera de los ingresos lícitos.
¿De qué partida habla?
Para todos es conocido que los presidentes tienen su partida secreta, de eso nosotros no tenemos acceso, no hay ningún control de Estado sobre eso o no sé si el Ejecutivo lo tendrá, desconozco totalmente si lo tendrá, la Corte de Cuentas tampoco tendrá acceso a ello, entonces no sé si ellos tienen esa posibilidad. Ahora, precisamente ahí hay gastos de representación, ahí hay viáticos. Lo que sí declaran son sus salarios y si hay ingresos por otros negocios, salarios, empresas u oficinas que se reportan información que ellos plantean.
Si usted habla de esa partida… entonces hablemos de los sobresueldos también. Probidad sabe de ministros y otros funcionarios del gobierno que reciben sobresueldos del Ejecutivo y hasta se habló de que se intentó legalizarlo en un anteproyecto de ley.
Habría que ver quiénes tienen ese tipo de sobresueldos porque lo que el ministro viene y declara es su sueldo. Si los ministros perciben otro tipo de sueldo o una bonificación, deberían declararlo. Al fin y al cabo son ingresos que están ahí y que no vienen de una forma ilícita, nosotros deberíamos tener esa información pero no la tenemos.
¿Y a ustedes no les resulta sospechoso que funcionarios presenten intactos sus salarios?
Vaya, ¿cómo hacemos para verificar los salarios? ¿Cuáles son las fuentes en las que nosotros podemos consultar? Primero por supuesto la información de ellos, segundo la misma institución a la que nosotros mismos pedimos 'mire, mándenos por favor de los salarios devengados y de los ingresos percibidos en la institución' y vienen y nos mandan esa información. Otra forma es, ok, crucemos información con Hacienda, veamos sus declaraciones, entonces verificamos todo ese tipo de ingresos. Ahora, si ese tipo de ingresos de los sobresueldos van declarados ahí (en los formularios), eso sí no sé, las fuentes que nosotros consultamos son esas para verificar los sueldos. Ahora, cuando somos servidores públicos deberíamos de ser honestos de tal manera que lo que yo perciba por lo menos en la instancia que tiene que ver en la declaración jurada, yo no tengo por qué esconder mis ingresos, allá ellos que los esconden, si es que es así.
¿Probidad da por sentado que existen sobresueldos y que esto puede ser incluido en la declaración patrimonial?
Nosotros no podemos dar por entendido algunas cosas. Nosotros no podemos dar por sentado otro tipo de ingresos. Si nosotros vemos que hay un incremento patrimonial que no se justifica es nuestra obligación informarlo a nuestras autoridades y a la Fiscalía.
Veamos. Si detectan que un funcionario saliente ha mantenido intacto su salario mensual durante cinco años y no declara gastos…
Es que no hay intactos, todos declaran gastos. Ningún servidor público ha dejado de declarar los gastos y cuando no lo ha declarado nosotros mismos le decimos, vaya y revise su declaración, verifique si hay gastos, verifique si hay otros gastos.
Le entiendo. Ustedes les previenen para que declaren…
Es que claro, es obligación nuestra, porque es obligación que la ley establece. Parte de la declaración es declarar los ingresos, pero también parte de la declaración legal de declarar los gastos así como los activos y los pasivos. Ese es el resumen de la declaración.
En 2005, cuando se detectó irregularidades en 13 funcionarios de la gestión de Francisco Flores, se planteó la posibilidad de legalizar los sobresueldos. Usted ya estaba trabajando en esta unidad.
Correcto, estaba acá. Se nos planteaban muchas… muchos problemas… en el caso de los sobresueldos, que estás insistiendo… recuerdo que en aquel tiempo que investigamos el sistema financiero encontramos depósitos que se podían explicar por los ingresos normales, al indagar sobre esos depósitos el patrimonio incrementa, lógico. Explicaciones que se dieron en ese momento: unos que habían recibido donaciones, otros que eran préstamos de familiares, y creo que en algún caso alguien dijo que era sobresueldo, pero no recuerdo quién era.
¿Quién?
Creo que uno dijo que era sobresueldo. No recuerdo. Tú investigaste cómo se los dan.
Pero quiero saber qué sabe esta oficina.
Le expliqué de las posibilidades de esta oficina. La información de la declaración, el declarante, la institución en la que trabaja y el Ministerio de Hacienda. Si fuera sobresueldo estuviera reflejado en las tres instancias. Si no, no estaba. ¿Pero cuáles son las posibilidades de nosotros, si no me aparecen, cómo voy a saber yo que un servidor público del gabinete tiene un sobresueldo?
No puede, me dice.
¿Cómo? Por eso le insisto: todos los servidores públicoS que recibaN ingresos, de parte de la institución, del Estado, deberían reflejarlo en su declaración de patrimonio. De lo contrario, si encontramos depósitos bancarios que no se explican, entonces eso sería indicio de enriquecimiento ilícito.
Los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks dicen que durante su quinquenio, el expresidente Antonio Saca acumuló un patrimonio que no se correspondía con lo que podían reportarle sus empresas… por ejemplo. ¿Tiene posibilidades de iniciar una investigación de esa información?
Nosotros partimos de la declaración, no de otra información que nos venga, sino en concreto de la información que el servidor público ha venido a presentar acá. Esa es nuestra base y es nuestra competencia. Cuando nosotros vemos que toda la información viene bien, viene correcta, nosotros y de alguna manera hemos logrado verificar alguna información del patrimonio declarado, pues entonces la gente puede decir cualquier cosa o dar opiniones diversas, pero así concretamente nosotros solo partimos de la información que está plasmada acá.
La información que la sección ha revisado, ¿permitiría decir que hay indicios de que alguno de los últimos expresidentes se enriqueció ilícitamente?
Bueno, nosotros acá iniciamos el 5 de enero, entonces es bastante prematuro dar ese tipo de opiniones. Sino hasta que termine la administración que actualmente está, nosotros podríamos ver de acuerdo al análisis y la investigación que realizaríamos. En cuanto a los anteriores, de todos son conocidas las opiniones que se dieron, en tanto de las opiniones que don Pino Cáceres dio en relación a o en lo cuestionable que pudo ser del caso, eso ya.
A partir de lo que ha hecho, ¿puede hablar de algunas irregularidades, lo que usted ha conocido e investigado?
Como te repito, estamos valorando más que todo un caso de un servidor que no ha logrado aclarar algunas inconsistencias en su declaración que lo mandamos a citar y que a estas fechas todavía no ha logrado presentar la información que pudiera desvirtuar el carácter ilícito.
¿Qué debe tener una nueva ley?
Ya se habla en el anteproyecto de crear una dirección, donde se le dotan todas las facultades legales, de tal manera que no haya una confusión entre las facultades legales de la Corte Suprema de Justicia y las facultades legales que va a tener la Dirección de Probidad.
Dirección de Probidad sería.
Con facultades precisamente para investigar, para verificar cualquier información y que con un poco más de autonomía pueda solicitar la información porque nosotros pretendemos solicitar información, como en 2005-2006 se estableció un camino, precisamente por el secreto bancario, entonces es a través de la Corte Suprema, pero con amplias facultades para verificar, lógicamente ahí se establece el perfil que debe tener el jefe de la Dirección de Probidad. Ahí están los requisitos también, ahí están contemplados y tratamos de superar los problemas que plantea esta ley, por ejemplo el hecho de que el funcionario debe presentar la declaración de cese de funciones, de lo contrario ese hecho de no presentar se pueda considerar como un indicio de enriquecimiento ilícito. Planteamos también la posibilidad de un nuevo procedimiento para sancionar a los servidores públicos que no presentan la declaración en el tiempo establecido que son 60 días, porque así lo establece la Constitución.
