Después de haber mantenido públicamente una actitud distante ante la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, el gobierno de El Salvador ha enviado en los últimos días señales que indican que está cada vez más dispuesto a asumir su responsabilidad en el proceso.
El primer gesto público lo tuvo el presidente de la República, Mauricio Funes, el jueves 18 de abril, cuando asistió como ponente principal a un foro organizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Aunque insistió en que su gobierno no ha negociado ni negociará con la MS-13 o con la pandilla 18, en ese encuentro Funes admitió que el gobierno debe responder a las demandas de los pandilleros a fin de darle “sostenibilidad” a la tregua.
“Los pandilleros (…) llegan con un pliego de peticiones (…) y todas esa peticiones tienen que ver con oportunidades de educación y empleo, solicitan crédito para montar cooperativas, para montar pequeñas fábricas, fábricas familiares de calzado, de ropa (…) A las demandas planteadas por los líderes de pandillas tenemos que darles una respuesta como Estado pero también como sociedad, esa respuesta, señoras y señores, no se llama negociación, no estamos negociando con las pandillas. Porque los derechos que les asisten a ellos como salvadoreños y como ciudadanos, aun cuando sean ciudadanos, la mayoría, enfrentados a la ley, son derechos inalienables (…) y por lo tanto no estamos negociando con ellos. Les estamos satisfaciendo necesidades que los van a sacar del mundo criminal de las pandillas”, dijo en su intervención.
El gobernante inició su ponencia admitiendo que hoy por hoy la tregua depende exclusivamente de la voluntad de los pandilleros y que la intervención institucional busca “darle sostenibilidad a una tregua que no puede estar sometida, como he dicho, a la voluntad de las partes sino a una respuesta institucional y estructural que comience a desmontar las causas de la violencia delincuencial en nuestros países”.
El segundo gesto ocurrió justo un día después de que el presidente Funes hablara en la capital estadounidense. Tuvo lugar en el salón de reuniones de la alcaldía de Ilopango y esta vez la concurrencia no eran diplomáticos, ni académicos, sino los líderes de la MS-13 y del Barrio 18 en ese municipio.
Se trató de un acto privado, al que El Faro tuvo acceso, en el que el viceministro de Seguridad Pública, Douglas Moreno, anunció a los pandilleros que el gobierno había reorientado más de un millón de dólares para apoyar el proceso de pacificación que desde hace más de un año lleva acabo el alcalde Salvador Ruano. Esta es la primera vez que se sabe que un alto funcionario del gobierno se reúne directamente con líderes pandilleros para conversar y para hacer ofrecimientos concretos.
Durante esa reunión, Moreno les enumeró los respaldos que el gobierno está listo a brindarles: 400 plazas (200 por pandilla) en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). Este programa ofrece formación laboral, apoyo en la búsqueda de empleo y 100 dólares mensuales durante seis meses. Solo en ayuda pecuniaria directa, entonces, serán 244 mil dólares. También se les ofreció apoyo del Ministerio de Agricultura para que monten granjas avícolas, criaderos de peces y sembradillos diversos. El Ministerio de Obras públicas se compromete a contratar pandilleros como obreros en todas las obras que realice en ese municipio y el Ministerio de Educación a ampliar la cobertura educativa para los hijos de los pandilleros.
El viceministro Moreno estuvo acompañado por Santiago Flores, director de Pre-Paz, una institución gubernamental para la prevención de la violencia, quien se hará cargo de coordinar la intervención del gobierno. A cada pandilla se le pidió nombrar a dos representantes (uno titular y un suplente) para integrar el comité de coordinación. Durante más de una hora los hommies de ambas pandillas discutieron con Moreno en el tono que se espera de cualquier reunión de trabajo.
A la salida de la reunión, el viceministro explicó que esta acción había sido ordenada directamente por Funes: “Sí, está en sintonía con la participación del presidente (en Washington). Hace 35 días el presidente nos ordenó iniciar este proceso, nos ordenó reorientar recursos del Ministerio de Agricultura, del de Obras Públicas, del de Justicia, del de Salud y de la Policía”, expresó.
Luego de haber sido nombrado como municipio santuario, el 22 de enero, el alcalde de Ilopango se había quejado reiteradas veces de que no había recibido un solo centavo de parte del gobierno nacional, por lo que se sentía poco menos que engañado; incluso llegó a afirmar que el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, no contestaba ya sus llamadas. Ahora el alcalde Ruano luce más relajado: “Siento que comienzo a tener acompañamiento”, externó.
Raúl Mijango, uno de los mediadores entre las pandillas, interpreta estos gestos como el primer paso al involucramiento pleno del gobierno en el proceso y lo explica a su manera: “¿Cómo putas vas a andar pidiendo dinero a la comunidad internacional, si ni el mismo gobierno interesado apoyaba el proceso?”
En más de una ocasión Mijango se había quejado de la ambigüedad y de la falta de compromiso del gobierno de Funes ante la tregua. Incluso varios organismos de financiamiento y varios diplomáticos de países donantes habían expresado sus reservas de apoyar el proceso debido a la distancia que el mismo gobierno salvadoreño marcaba.
La explicación que el mismo presidente Funes ofreció en Washington sobre su cambio de actitud ante la tregua, parece coincidir con el análisis de Mijango. “A poco más de un año de establecida la tregua, la comunidad internacional y sectores internos del país reclaman al gobierno una actitud más protagónica para afianzar este proceso de pacificación”, aseguró.
