Casi el 90 por ciento de los columnistas de prensa guatemaltecos niegan que en su país se haya cometido genocidio, y creen que el juicio contra el general retirado Efraín Ríos Montt es injusto. Pero según la tesis del Ministerio Público de Guatemala entre 1982 y 1983 –los años en que 'el General' fue jefe de Estado– en el denominado Triángulo Ixil 'hubo una campaña de exterminio que eliminó al 33.61 por ciento de la etnia maya-ixil: un desplazamiento forzoso de casi 30,000 personas y 1,771 víctimas mortales', de las cuales el 38 por ciento fueron niños de entre 0 y 12 años. Para la fiscalía, esto constituye el crimen de genocidio.
Estos son algunos de los argumentos que esgrimen los defensores del General:
1) El juicio que se lleva a cabo es producto de presiones de la comunidad internacional.
2) No hubo genocidio porque las tropas que cometieron las atrocidades contra los indígenas guatemaltecos eran indígenas también.
3) Los menores de edad ejecutados eran en su mayoría “niños guerrilleros” y se les eliminó “en medio del fragor de la batalla”.
4) Para las elecciones presidenciales posteriores al conflicto armado, en los departamentos donde más masacres se han registrado, la mayoría votó a favor del partido político liderado por Ríos Montt: esto prueba que lo que se hizo allí fue 'ayudar a poner orden', y no exterminar a la población.
5) No es justo que se juzgue solo a militares por estos crímenes, cuando también los guerrilleros cometieron atrocidades.
El Primer Argumento es tal vez el más pueril, y tiene doble filo. “La presión de la comunidad internacional está haciendo efecto en los sectores menos informados y sigue creciendo...—dice uno de nuestros columnistas–. Si aceptamos la presión política y mediática internacional en este caso, estaremos en un rumbo lejano al que queremos (sic) la mayoría de los guatemaltecos…” ¿Pero qué es la comunidad internacional según esta clase de columnistas “más informados”? Veamos cómo sigue argumentando nuestro columnista: “En ningún país que se considere serio y correcto es admitida la gestión de la justicia bajo presión.” De acuerdo, pero ¿cuáles serán esos Estados “que se consideran serios y correctos”, si no, precisamente, los que forman esa comunidad internacional que hoy pretende presionarnos?
El Segundo Argumento, que han emitido, además de numerosos columnistas, los abogados defensores del General, es una maravillosa muestra de cinismo. Es cierto que las tropas del ejército nacional en la década de los 80 estaba compuesta en su mayoría por guatemaltecos de origen indígena. Lo que no se dice, aunque es igualmente cierto, es que estas tropas eran producto de reclutamientos forzosos llevados a cabo de forma ilegal por orden militar, reclutamientos que 'en su mayoría afectaron a la población maya, la más vulnerable del país', como puede comprobarse según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH: Guatemala, Memoria del silencio (el documento oficial, donde también dice que en Guatemala se cometieron 'actos de genocidio', y que por el Gobierno de la República de Guatemala firmó en 1996, entre otros,Antonio Arenales Forno, nombrado por Otto Pérez Molina secretario de la Paz en el 2012, y quien hoy niega de manera rotunda que en Guatemala haya habido genocidio.)
El Tercer Argumento es revelador de una ligereza y falta de sensibilidad por el sufrimiento ajeno que solo puede explicarse mediante la tesis del 'racismo sistémico' del que padecemos. ¿Cómo afirmar que estos niños (de entre 0 y 12 años) fueron muertos “en el fragor de la batalla”, cuando existen pruebas forenses, científicas, de veracidad irrebatible que demuestran que la mayoría de estas víctima menores de edad –no solo en el área ixil sino en toda la república– fueron ejecutadas, si no por golpe a la cabeza con almágana, por disparos de arma de fuego a corta distancia, o a quemarropa? La evidencia: millares de osamentas halladas en fosas comunes, muchas de ellas dentro del perímetro de bases militares, pruebas que no sería humanamente posible “fabricar”, como algunos columnistas que pretenden justificar o relativizar las atrocidades cometidas por el ejército se han atrevido a sugerir.
El Cuarto Argumento, más mediático o demagógico que legal, es también fácil de rebatir. En las votaciones electorales del interior del país, los votantes son en su mayoría residentes de las cabeceras departamentales, ya sea ladinos, o indígenas más o menos “ladinizados”. La abstención electoral entre la población campesina tradicional y no-hispanohablante suele ser hasta del 90 por ciento.
Y el Quinto Argumento es tan demagógico como el cuarto y tan pueril como el primero. En primer lugar, sí se han abierto causas contra guerrilleros por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. 'La responsabilidad de la ORPA (Organizacíon Revolucionaria del Pueblo en Armas) en la masacre de El Aguacate', se leía en la primera página de elPeriódico el 2 de febrero del 2012; y tres semanas más tarde, en Siglo XXI, el titular de la página 6 anunciaba: 'Presentan querella contra 20 exguerrilleros del EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) por supuestas violaciones de los derechos humanos en la aldea Los Alisos, Nebaj). Quizá una razón por la que conocemos menos casos de exguerrilleros acusados de atrocidades es que el ejército cometió muchísimas más que la guerrilla. (Informes como el de la CEH y el del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, atribuyen al ejército de Guatemala entre el 85 y el 93 por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto armado interno.) Pero hay otra razón formal o 'de procedimiento': ni personas particulares ni asociaciones civiles han llevado a cabo los trámites necesarios para conducir a un mayor número de exguerrilleros ante los tribunales de justicia. ¿Por indiferencia? ¿Por falta de fe?
Haber logrado que la causa por crímenes contra el pueblo ixil sea vista en tribunales extranjeros y nacionales ha requerido un trabajo y perseverancia enormes por parte de los sobrevivientes, y es prueba de su fortaleza de espíritu. La confianza que los ixiles han decidido depositar en las instituciones democráticas de una nación por cuyos gobiernos han sido atacados de forma sistemática a lo largo de la historia es digna de encomio y revela su buena fe. La línea de acción pacífica y valiente que han adoptado es sencillamente ejemplar.
