San Rafael Las Flores, GUATEMALA. “En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (...) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma”, dijo este jueves el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, al anunciar en rueda de prensa su decisión de “implantar el estado de excepción'.
Con la medida, que regirá por 30 días y abarca a los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, ambos el departamento de Jalapa, así como en Casillas y San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, la seguridad está controlada por el Ejército y se restringirán los derechos de manifestación, porte de armas, libre locomoción y asociación.
Cientos de militares y policías, apoyados con tanquetas y carros con armas antiaéreas, tomaron prácticamente los cuatro poblados e instalaron puestos de registro en las carreteras, donde hacían descender a pasajeros de autobuses del servicio público o conductores de automóviles.
“No entiendo qué está pasando y por qué hay tantos soldados, si nosotros no hemos hecho nada”, dijo una vecina en el parque de San Rafael Las Flores, quien no se identificó ni quiso referirse a la mina en su municipio, ubicado 105 kilómetros al sureste de la capital.
Los militares recorren a pie el centro de San Rafael, que está casi vacío, pues muchos se quedaron en sus viviendas tras el anuncio del Gobierno. Hasta allí se trasladó el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, para supervisar los operativos.
Cerca del lugar, en la carretera que conduce a la laguna El Pito, en Mataquescuintla, aún permanecen cuatro vehículos de la Policía incendiados la noche del lunes.
En los cuatro poblados han ocurrido este año choques entre las fuerzas de seguridad y opositores a la mina que será explotada por la empresa canadiense Tahoe Resources en San Rafael Las Flores.
“El estado de sitio no se implantó porque la explotación minera tenga un primer orden, sino que lo que buscamos es restablecer el orden y combatir al crimen organizado”, justificó Pérez.
La medida fue decretada luego de choques que dejaron un policía muerto y ocho heridos el martes, parte de un contingente que envió el Gobierno para rescatar a otros 23 agentes que habían sido retenidos la noche anterior por pobladores cerca de la mina.
Según los dirigentes de la protesta, los policías fueron retenidos porque iban a apoyar a agentes de seguridad privados de la empresa, con los que se habían enfrentado el sábado, con un saldo de tres campesinos heridos.
Líderes de la protesta denunciaron ante las autoridades al jefe de seguridad de la empresa minera, el italiano Alberto Rotondo, porque los agentes privados, según ellos, usaron armas de fuego.
El ministro del Interior, Mauricio López, informó el martes que, ante la acusación, Rotondo fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a su país, pero respaldó la versión de la empresa de que se usaron medidas “no letales'”.
“Nuestra investigación ha demostrado que solo medidas no letales fueron tomadas por nuestra seguridad”, dijo el CEO de Tahoe, Kevin McArthur, en un comunicado desde la sede de la empresa en Vancouver, Canadá, al señalar que se usaron “gas lacrimógeno y balas de goma” para proteger a los empleados de la mina. Según McArthur, su jefe de seguridad “no ha sido acusado de ningún delito, y la compañía espera que sea liberado”.
Pérez afirmó que varios de los 23 policías dijeron que los pobladores portaban fusiles de asalto AK-47 y granadas de fragmentación. “La decisión va más allá de una simple actividad minera”, justificó el mandatario, quien añadió que 15 de los presuntos líderes de la protesta están detenidos.
El conflicto viene de atrás
Otro hecho violento se registró el 13 de enero, cuando dos agentes de la firma canadiense y un supuesto manifestante murieron en una protesta en las cercanías de la mina.
La empresa, que espera comenzar la producción de oro y plata este año tras recibir el permiso de explotación del Gobierno el 3 de abril, atribuye los incidentes a “forasteros” y sostiene que su proyecto respeta las normas ambientales.
La explotación minera y construcción de hidroeléctricas han generado en Guatemala fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran a esos megaproyectos como una seria amenaza a los recursos naturales. El Gobierno también autorizó en abril la explotación de una mina en el Caribe a una empresa rusa.
En Guatemala existen unas 420 licencias autorizadas de reconocimiento, exploración y explotación minera a firmas locales, canadienses, estadounidenses, colombianas y rusas, entre otras.
© Agence France-Presse
