Un puñado de diputados salvadoreños rompió el tabú de hablar sobre la conveniencia de debatir si la despenalización del consumo o la legalización del comercio de las drogas son opciones que el Estado salvadoreño debería considerar, debido a que el modelo vigente del combate al narcotráfico no garantiza que se esté haciendo con eficacia, y al temor de que El Salvador pueda estar amenazado por la lucha cruenta que viven países vecinos como México.
Desde esta región que sirve de puente para el 80 % o 90 % de la cocaína que viaja del sur hacia Estados Unidos, ya hay legisladores que describen la discusión sobre la despenalización o la legalización de estupefacientes como un acto de sentido común, y eso pese a que la gran mayoría de países que ya van adelante en el tema solo han tocado la marihuana y no la cocaína. Estos diputados pertencen a las bancadas de Arena, FMLN y de la fracción de disidentes areneros, y si algo tienen en común es que no pregonan el sí por el sí. Exhortan a una discusión nacional, a que no se agote el tema sin antes haberlo visto en profundidad, una especie de “veamos, pensemos”.
Patricia Salazar, de Arena; Benito Lara y Guillermo Mata Benett, del FMLN; y Sigifredo Ochoa Pérez, exarenero ahora independiente, se preocupan de aclarar que hablan a título personal, no por partido alguno. Saben que el riesgo de que se les tache como los diputados promotores del consumo de drogas es grande, pero más grave les parece que a través de Centroamérica siga fluyendo la droga como si nada. Ya hace dos años el presidente Mauricio Funes, interrogado por la periodista mexicana Carmen Aristegui, dijo que se oponía a esa posibilidad, convencido de que eso no eliminaría el problema de corrupción ni el de violencia que genera el narcotráfico.
Solo en 2011 pasaron por Centroamérica unas 554 toneladas de cocaína -11 de ellas por El Salvador- indican los cálculos más conservadores del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, los ingresos globales de este mercado negro equivale al 0.5 % del producto interno bruto del mundo, es decir, 320 mil millones de dólares.
Salazar, Mata, Lara y Ochoa Pérez creen que lo peor que puede pasar es que el tema no se discuta, que no se haga nada y que la misma política antinarcóticos concebida hace 50 años -aprobada por la ONU en 1961 y reforzada con la declaración de guerra a las drogas que hizo Richard Nixon en 1973- siga dictando la pauta en países que tienen una realidad tan convulsa como diferente de los grandes países consumidores, Estados Unidos y algunas naciones de Europa. En México van más de 50 mil fallecidos desde 2006, cuando el gobierno le declaró la guerra abierta a los cárteles de la droga, y mientras en El Salvador, no todos los muertos responden a esta lógica y nadie niega la infiltración del crimen organizado en el Estado, como tapoco que el consumo registrado solo es una ínfima parte del iceberg cuya mayor parte de masa está oculta.
“No es cuestión de legalizar todo o prohibir todo', dice Salazar, de Arena. 'Se trata de ver las alternativas, la gama de colores que hay entre estos dos extremos. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo con la propuesta de Otto Pérez cuando en realidad aquella ni había sido una propuesta concreta”, dice la legisladora arenera, en referencia a la propuesta lanzada a inicios de 2012 por el presidente guatemalteco. Mata pide que no se descarte nada para el debate. “Cualquier posibilidad de debatir el tema es una contribución a la solución”, dice. Ochoa Pérez sostiene que la búsqueda de respuestas es, en el caso de la Asamblea, una obligación: “Precisamente es aquí en el parlamento donde se debería pensar en una solución doméstica, porque es aquí donde se discute... ¡Que se apruebe es otra cosa!”
Este negocio genera unos 84 mil millones de dólares en Latinoamérica, de los cuales 34 mil millones son solo por el consumo en Estados Unidos, según Naciones Unidas. Esto es unos 10 mil millones más que el Producto Interno Bruto de El Salvador.
Con tal poder económico, no debe sorprender la penetración del crimen organizado en el Estado, algo que ya ha sido aceptado por el presidente Mauricio Funes. Por eso es que estos diputados entienden como método alternativo antinarcóticos cualquier procedimiento que golpee alguna de las tres grandes partes de la cadena de producción de drogas: el cultivo, la comercialización o el consumo. En cada una de esas etapas, la legalización o la despenalización son opciones, al menos a la luz de experiencias de países en Europa y Suramérica, y en al menos 11 Estados de Estados Unidos que ya tomaron decisiones parecidas.
“De seguro habrá cosas buenas y cosas malas, pero es importante discutir las alternativas en este momento que aún es propicio para ello. Yo creo que nadie quiere ver expuestos a sus hijos a las facilidades de obtener droga, todos sabemos las repercusiones que eso puede tener. Por eso creo que el punto es discutir alternativas, pero está claro que las que se han tomado han sido un fracaso”, dice Benito Lara, diputado desde 2006 y vocero en temas de seguridad del FMLN.
En el lado positivo de la balanza, la despenalización de algún nivel de consumo y de comercialización, está que el Estado podría ahorrarse recursos policiales y del sistema penitenciario para reorientarlos, pues ya no tendría que perseguir consumidores de poca monta. Ese dinero podría destinarse para programas de atención en salud a drogadictos, como lo muestran algunas de las experiencias internacionales.
La lucha contra el narco en el país se reduce a logros muy modestos. La cantidad de droga decomisada por la Policía en los años 2010 y 2012 fue de 3.68 toneladas de todo tipo de sustancias, encabezadas por la marihuana, cuyas incautaciones en 2010 y en 2012 representaron más del 70 % del total. El 2009 fue el año en el que más capturas por delitos relacionados a las drogas hubo: 1,879 personas detenidas. Ese año, la PNC asegura haber desarticulado dos redes internacionales de narcotraficantes. Por cada una de esas grandes estructuras, la corporación desbarató seis redes de “narcomenudeo”, o esctructuras más pequeñas que operan principalmente a nivel local.
El año que refleja cómo destina sus recursos la PNC en el combate al narco es 2012: la institución dice haber detenido a 519 personas por delitos relacionados al narcotráfico, pero de ellos solo 106 pertenecían a las 21 redes que desarticularon. Es decir, más de 400 personas capturadas no pertenecían a ninguna red, ni nacional ni internacional. ¿Eran simples consumidores? “Vale la pena distinguir los mercados, no es lo mismo el consumidor de un cigarro que el gran narcotraficante”, vuelve a plantear Mata Benett, excandidato a la vicepresidencia en 2004.
Para el fiscal general, Luis Martínez, la discusión de si despenalizar o legalizar está de más. “No he escuchado a nadie proponer ese tipo de cuestiones y, a nivel personal, no estoy de acuerdo con la despenalización. Desde la Fiscalía tenemos un trabajo muy eficiente en el combate al narcotráfico”, dijo el fiscal general justo antes de reunirse con hombres y mujeres de negocios en el pasado Encuentro Nacional de la Empresa Privada.Según Estados Unidos, El Salvador solo pudo decomisar una -una- tonelada de las 11 que en 2011 pasaron por su territorio.
Si el país se decidiera por la vía de la legalizción, una consecuencia negativa podría ser que se ponga a prueba la fortaleza institucional y se obtenga resultados nefastos. Holanda y otras 10 naciones de América y Europa occidental se atrevieron a legalizar el consumo de marihuana únicamente, pero a la par instauraron un mercado bastante regulado y controlado por el Estado. En Holanda y sus “coffeeshops” o cafeterías, ya ha sido restringido el consumo solo para locales, ya no para turistas, en al menos tres provincias. Desde el gobierno central, la orden es que cada ciudad decida si restringir el consumo turístico o no. Lo que sí es que los coffeeshops cerca de escuelas serán cerrados.
Con legalizar, como ocurrió en Portugal, la consecuencia directa sería la abrupta aparición de nuevos consumidores, y eso requiere que los países tengan instalado un sistema capaz de absorberlos y que la salud en general no se deteriore. 'Los 11 Estados en EUA que han legalizado el tema de consumo han metido un fuerte componente humanitario de salud pero aquí parece ignorarse ese tema', dice Salazar. 'Nadie reconoce que en esos países se han creado centros de atención específica para el drogadicto; solo hablan de que se puede andar libremente o con receta, pero nadie habla la atención en salud que podría darse”.
En Holanda, por ejemplo, la legalización del consumo de marihuana (solo el consumo) forzó a una mayor inversión en salud, lo cual provocó que en los primeros cinco años posteriores también aumentaran los adictos. “¿Qué va a pasar en el interin de esos años de adaptación si hay una nueva regulación? ¿Estaremos listos, como no lo estuvieron ni Holanda ni Portugal, con instituciones fuertes para hacerle frente a la realidad? No hay instituciones de salud pública ni privada para la atención de los consumidores dependientes que van a surgir o que salgan de la luz. ¿Vamos a tener la capacidad de tenerlos?”, se cuestiona la diputada Salazar. El diputado y médico Guillermo Mata Benett cree que no. “Con que ni siquiera el Estado está regulando al 100 % el tabaco que ya está normado”, dice, en alusión a la ley que prohíbe el consumo de cigarrillos en lugares públicos.
Mata Benett coincide con Salazar en cuanto a que una tara la representa un Estado débil. Por eso, antes que pensar en otra propuesta, pide que haya información fehaciente sobre el tipo de sociedad consumidora que existe para luego fortalecer las instancias que se encargarían de administrar una virtual regulación especial. “Es imposible imaginar alternativas de manejo de estos temas si no sabemos quiénes son los consumidores salvadoreños, dónde están, qué hacen, por qué lo hacen... no podemos andar dando palos de ciego y tratarlos a todos por igual. No es lo mismo un consumidor de un cigarro de marihuana que un narcotraficante”, insiste.
Incluso para campañas de sensibilización, Mata expone que es importante la diferenciación de los mercados. “No es lo mismo el consumidor pasivo que uno problemático; no es lo mismo uno de cocaína y otro de metanfetaminas. Si no tenemos insumos propios va a estar difícil que implementemos cualquier mandato que ordene la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Estas instancias, según consta en el informe mundial de 2011, se quejan de que en Centroamérica la retroalimentación con datos y estadísticas oficiales es casi nula.“Quien tenga ese estudio científico, que me lo enseñe. ¡No existe!”, dice Mata.
Para Enrique Valdés, diputado de Arena, médico y presidente de la comisión de salud de la Asamblea Legislativa, no hace falta probar nuevas alternativas ni buscar más información. “El uso de drogas representa un daño evidente a la salud, un costo elevado al Estado que perfectamente podría destinarse a la atención integral. Las drogas son dañinas, generan dependencia y un daño severo en la persona muchas veces irreversible”, explica.
Las cifras de Naciones Unidas estiman que los crímenes relacionados a las drogas han aumentado respecto a la medición hecha en 2005. Hoy representan el 15% de los seis tipos de crímenes medidos en el mundo, aunque el despunte se ha dado en Europa y África. En Estados Unidos, la tasa de delitos relacionados a drogas sigue siendo marginal, y eso esto justamente lo que podría explicar que hasta ahora Estados Unidos no haya puesto mayor atención al problema de consumo adentro de su territorio, pero sí demanda a los latinoamericanos que detengan el flujo de drogas hacia su territorio.
Un modelo represivo fracasado
“Lo que está claro', dice Benito Lara, del FMLN, 'es que las políticas de combate al narcotráfico impulsadas por Estados Unidos y otros países desde los años 50 son un fracaso. El informe de Naciones Unidas en 2011 lo dice así”. Lara se refiere al documento que reseña que pese a la intervención en Afganistán por parte de Estados Unidos y Europa, la amapola sigue aumentando en cultivo, así como también la marihuana. La cocaína, según el informe, presenta un comportamiento similar al de 2010, cuando se incautaron 600,000 kilogramos (600 toneladas).
El diputado Ochoa Pérez también se planta crítico con el enfoque tradicional del combate al narcotráfico y sus dardos los lanza incluso antes de que en la entrevista asome el tema de la despenalización. “Es necesaria una reingeniería o reforma de la Convención sobre las drogas de la ONU de 1961 por una sencilla razón: cada país tiene una situación distinta y lo que sirva a Colombia puede ser que no nos sirva a nosotros”, dice.
Sobre su apoyo al debate de la legalización o una medida similar, el legislador incluso señala posibilidades: “Creo que sería bueno, interesante estudiar esa posibilidad, con algunas cantidades de la marihuana para uso terapéutico, por ejemplo, porque siempre se ha usado para eso, no es para caer en vicios”. Además de la posibilidad que ve para que, vía legalización, el Estado reciba impuestos por la venta o el consumo de drogas, Ochoa señala que alterar la cadena productiva del narcotráfico hará que disminuyan también los índices delictivos que la rodean.
Otros miembros de la comisión de Defensa de la Asamblea ponen los peros a la discusión. “Por mis hijos y mis nietos, jamás daría mis votos por algo así porque es facilitarles el acceso a las drogas”, reacciona Antonio Almendáriz, también un exmilitar retirado, quien admite que el consumo ha aumentado en el país pese a los planes represivos. Almendáriz cree que con la legalización o despenalización el consumo de las sustancias solo aumentará en el país. En El Salvador el Gobierno ha considerado necesario elaborar un manual para la atención en salud a personas con problemas de adicción que más que diagnósticos y estudios sesudos sobre la situación lo que hace es ponerle norte al fortalecimiento institucional.
César Reyes Dheming, exdiputado de Arena y ahora asesor en materia de seguridad de la fracción parlamentaria, explica que El Salvador es un país de tráfico y bodegaje de droga, y de poco consumo. En su opinión, el rol militar y policial en el combate al narco es como el de aquel futbolista enano que frente a una mole solo puede estorbar para evitar que le metan gol. “Si no se hiciera lo que se está haciendo, el tráfico en esta región sería mayor. Ahorita yo califico el trabajo del gobierno con un 4 en ese sentido, llegaríamos al 6 si no solo agarraran gatos sino también líderes de redes”, dice.
Reyes Dheming, un tercer militar retirado que entra al debate, dice que tiene motivos para sospechar de cualquiera que venga con ánimo de discutir la legalización de drogas. “Este tipo de discusiones solo se justifican cuando un gobierno quiere declararse Estado fallido. ¿Quién inicia este tipo de debates? ¿Con qué motivo? ¿Quién decidirá con qué reglas se trabajará? El que diga que legalizar la marihuana puede hacerse por fines terapéuticos tiene una óptica demasiado pobre”.
Estados Unidos es, de lejos, el máximo consumidor de drogas del mundo. Además, es el país que más recursos destina a lo largo de Latinoamérica para la represión del crimen organizado. Esas ayudas intentan aportar a los países en desarrollo lo mínimo para una tarea que desde cualquier perspectiva es costosísima. Es imposible que un país de esta región cumpla un combate cabal con recursos propios, como lo admiten el propio ministro de Seguridad salvadoreño, David Munguía Payés y la Cancillería de Guatemala.
“Hemos hecho un llamado a la comunidad internacional y a países donantes para que nos ayuden a desarrollar los proyectos que tienen que ver con prevención y el combate al narcotráfico porque si estamos hablando de recursos propios, no tenemos”, dijo a El Faro el ministro Munguía, justo después de una reunión en la que expuso a los candidatos presidenciales los detalles de la actual tregua entre pandillas.
“Pero mientras Estados Unidos no haga nada con su demanda interna de drogas, estamos condenados a seguir exponiendo a nuestros jóvenes a este mercado”, dice Benito Lara. Mientras eso no llegue, mantener a raya el consumo y la producción será una tarea titánica que provocará el surgimiento de nuevas voces que exijan al mundo un nuevo modelo de combate contra las drogas, como ocurrió en 1995 cuando surgieron organizaciones que buscaban alternativas para familias pobres que se dedicaban al cultivo de drogas ilegales, o en 2009, cuando la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia declaró fracasado el modelo vigente. Este fue el más mediático de los esfuerzos, al fin y al cabo, lo promovían expresidentes, intelectuales y exfuncionarios del continente.
La última acometida de este discurso alternativo ocurrió el año pasado, con Otto Pérez, presidente de Guatemala a la cabeza. Se le unió Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica y, en un principio, el presidente salvadoreño Mauricio Funes, aunque luego este rechazó el debate, alineándose con el presidente hondureño Porfirio Lobo, y el nicaragüense Daniel Ortega, y el gobierno estadounidense, que rechazaron la iniciativa de Pérez.
Fue por estos esfuerzos que ahora, quienes plantan cara al discurso hegemónico de Estados Unidos, promueven que el consumo de drogas deje de verse como un tema de seguridad nacional y pase a la esfera de la salud, como ha ocurrido a nivel internacional. Lo mismo planteaba la comisión de famosos y expresidentes en 2009 y lo mismo escribió el presidente Otto Pérez en su artículo de The Guardian hace un año.
Este enfoque sanitario provoca que por ejemplo la diputada Salazar, de Arena, se pregunte cómo es posible que el tabaco provoque más enfermedades que la marihuana y aquel sea legal y esta sea prohibida. “El tabaco hace hace mucho más daño a la persona, a la colectividad, al medio ambiente que las drogas que hoy por hoy son ilícitas. La OMS dice que el 80 % de los costos de los sistemas de salud en el mundo, son por enfermedades causadas por tabaco. No estoy hablando mentiras. 14 % por alcohol, 3.5 % por anfetaminas y sedantes, 2.8 % por cocaína y crack; 1 % por heroína y ácidos, y el 0.7 % por marihuana. Esos números me impactaron. ¿Cuál es el criterio para definirlo si una droga es lícita o ilícita? ¿Es el daño a la salud?”, pregunta Salazar.
En El Salvador, la atención médica que se da a pacientes con drogadicción se conoce muy poco desde las instancias oficiales. En 2010 la Oficina sobre Drogas de Naciones Unidas estimó que entre 99 mil y 253 mil muertes se debieron al consumo de drogas, lo que implica una tasa de entre 22 y 55.9 muertes por millón de habitantes de 15 a 64 años. Las muertes relacionadas con las drogas representaban entre el 0.5 y el 1.3 % de la mortalidad por todas las causas entre personas de 15 a 64 años de edad, según el informe. América del Norte, como subcontinente, tiene el índice más alto de muertes por consumo de drogas, pero eso, la ONU aduce que es por la mayor disponibilidad de datos.
La duda del ministro Munguía
“Ya en 1988 había elementos para medir que no había efectividad en la manera de combatir el narcotráfico: ya había muertos. Sin embargo, los países centroamericanos dependíamos de la cooperación de Estados Unidos y tuvimos que obedecer la línea que ellos tiraron en cuanto al combate a las drogas”, dice la diputada Salazar.
Salazar cree que poco a poco los países de la región pueden sintonizarse en el tema. Por ahora, Nicaragua, Honduras y El Salvador son los países que no están de acuerdo y el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, David Munguía Payés, parece tenerlo claro: más represión, más capturas... pero cuando se le pregunta directamente su posición sobre la legalización o la despenalización, asoma una duda, acaso una gana de replantearse el fenómeno así como lo hizo con el combate a las pandillas.
—Ministro, usted dijo en un programa de radio esta mañana (jueves) que producto de lo ineficaz de los métodos Mano Dura de combate a las pandillas, usted había decidido implementar la tregua. ¿Ese mismo pensamiento no podría aplicarse a la lucha contra el narcotráfico? -le preguntó El Faro la semana pasada.
—Pudiera ser, y por eso es que el señor presidente ha dicho que no estamos cerrados, estamos abiertos a discutirlo... pero hoy por hoy la posición es que no estamos de acuerdo con la despenalización.
Respuestas de este tipo son las que hace ya cinco años, los promotores de la discusión sobre las drogas, trataban de repeler. Por eso, uno de los 17 integrantes de aquella Comisión de famosos de expresidentes y pensadores latinoamericanos, Moisés Naím, exministro de Comercio e Industria venezolano, ya decía en 2008: “Yo no le puedo pedir a un político que salga a decir que está a favor de repensar todo el tema de las drogas, pero sí le puedo pedir a toda las sociedad en general, a los académicos, a los periodistas, a los políticos, al gobierno, que permitan, que no esté prohibido al menos comenzar a pensar en alternativas”.
