Hoy, miércoles 5 de junio en la tarde, renunció al cargo el viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno. La noticia se conoció a través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio, en la que simplemente se escribió que Moreno presentó su dimisión debido a razones “personales”; que es desde hace años el argumento habitual de casi todas las renuncias que ocurren en las primeras líneas de gobierno.
Con la salida de Moreno se completa una abrupta cadena de destituciones y nombramientos que en solo tres semanas ha supuesto la renovación por completo del gabinete de Seguridad Pública que durante el último año y medio ha gestionado la negociación entre el gobierno y las pandillas. El viernes 17 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el nombramiento del entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés y del director de la Policía, Francisco Salinas, por ser ambos militares en retiro. Dos semanas más tarde, el jueves 30 de mayo, el nuevo ministro, Ricardo Perdomo, que hasta ese momento había ocupado el cargo de director del Organismo de Inteligencia del Estado, despidió al director general de Centros Penales, Nelson Rauda, por supuestamente haber desobedecido sus órdenes de prohibir que los pandilleros dieran entrevistas a la prensa. En este caso, se supone que Rauda autorizó que dos líderes pandilleros salieran de la cárcel para asistir a una entrevista en vivo, realizada el miércoles 29 durante un culto religioso ante 7 mil espectadores y trasmitida a nivel nacional por radio y televisión.
Este miércoles por la mañana, acuerpado por la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte y por el fiscal general, Luis Martínez, el ministro Perdomo aseguró a varios periodistas que él seguiría investigando quién más tenía responsabilidad en la salida de sus prisiones de “Viejo Lin”, líder del Barrio 18, y de El “Sirra”, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, para participar en aquella entrevista con el pastor Edgard López Bertrand hijo. Cuestionado por la posible responsabilidad del viceministro Moreno, que fungía como ministro en funciones y encargado de despacho el lunes 27, cuando la salida de ambos presos fue autorizada, Perdomo dijo que si tenía que despedirle, lo haría. Apenas cinco horas después, Moreno había presentado su renuncia.
En sus primeras declaraciones en reacción al hecho, Perdomo repitió que la renuncia de Moreno se debe 'a razones personales' y dijo que debe ser el mismo Moreno quien explique esas razones. Aseguró también que la salida del viceministro no interrumpe los planes del Ministerio: “No afecta porque él deja un equipo consolidado”.
Durante los primeros meses del proceso de negociación con las pandillas, el viceministro Moreno –que entre junio de 2009 y enero de 2012 había ocupado el cargo de director general de Centros Penales- había sido excluido por completo de los manejos de la tregua, que el exministro Munguía Payés controlaba junto con el intermediador Raúl Mijango. Siendo Moreno responsable, por designación presidencial, de la prevención de la violencia y de la rehabilitación de criminales, sintió que estaba siendo marginado de un proceso que invadía sus competencias y, al menos en una ocasión, en la segunda mitad de 2012, intentó renunciar ante el presidente Mauricio Funes, quien no aceptó su dimisión. Moreno fue promovido a viceministro gracias al respaldo de la influyente primera dama de la República, Vanda Pignato, quien incluso se consiguió imponer a las resistencias del propio exministro Munguía Payés, que tenía a sus propios candidatos a viceministro.
Moreno fue incorporado al proceso cerca de noviembre del año pasado, antes de que los mediadores hicieran público lo que llamaron “la segunda fase del proceso”, que consistió en delegar la operativización de la tregua a ciertos municipios y a sus alcaldes. Desde entonces, el ahora ex viceministro ha servido como representante oficial del proceso e incluso ha mantenido reuniones con representantes de las dos principales pandillas no encarcelados, para explicarles los planes que el gobierno tenía para respaldar a las alcaldías que apoyaran la tregua.
En los primeros meses de 2013 Moreno y su equipo no solo se habían convertido en el principal soporte técnico de las etapas venideras del proceso, sino que él era el interlocutor directo con las agencias de cooperación internacional dispuestas a financiar los planes de prevención y rehabilitación que debían sostener a largo plazo la tregua.
El viernes 31, durante una entrevista telefónica con El Faro, el secretario de seguridad multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, ensalzó el trabajo de Moreno, y cuando se le preguntó por una hoja de ruta hacia la institucionalidad de la tregua, dijo: 'Creo que nos vamos acercando. Todavía hace falta, pero si usted pregunta al viceministro de Seguridad Douglas Moreno, él está manejando excelentes proyectos de prevención. Esto es una señal muy positiva.'
Antonio Cabrales, el presidente de la Fundación Humanitaria creada para gestionar apoyo adicional a la tregua, reaccionó sorprendido ante la renuncia de Moreno: “Lamento la noticia. Es una persona de buenas intenciones que sabía del tema carcelario, y eso no se aprende de la noche a la mañana”, dijo. “Su renuncia llega en un momento desafortunado para la tregua, pero no es un secreto que el ministro Perdomo, el exministro Munguía Payés y el presidente Funes eran muy cercanos entre ellos y eso me hace pensar que esto no va a cambiar mucho”.
La tregua con goteras
La salida de Moreno del gobierno llega en un momento convulso para la tregua, que desde que salió a la luz en marzo de 2012 ha reducido los homicidios en El Salvador en más de un 50 %, pero ha recibido constantes críticas por su opacidad, por su falta de institucionalidad y por la insistencia de las autoridades en negar los potenciales riesgos de una negociación con grupos criminales tan poderosos como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Durante las últimas semanas la Iglesia Católica, el fiscal general y el mismo ministro Perdomo han hecho críticas a la forma en que Munguía Payés gestionó este proceso hasta hace pocos días.
A mediados de mayo la Conferencia Episcopal de El Salvador hizo público un pronunciamiento firmado por todos sus obispos, incluido Fabio Colindres, que se desempeña como mediador de la tregua junto a Mijango, en el que señalaba que este proceso de diálogo con las pandillas no había traído los resultados esperados. Este comunicado fue interpretado por los medios de comunicación como un rechazo oficial de la Iglesia Católica a la tregua. El fiscal Luis Martínez, que asumió el cargo hace solo ocho meses, ha endurecido desde abril sus críticas al proceso, que ha llegado a calificar de “hipócrita”. En las últimas dos semanas se ha enfrascado además en dimes y diretes públicos con el principal mediador con las pandillas, Raúl Mijango.
El más reciente golpe simbólico al proceso ocurrió justo este miércoles, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense declaró como objeto de persecución a varios de los líderes de la MS-13, que encabezan las negociaciones con el gobierno de El Salvador y actúan como voceros de la tregua en nombre de su pandilla. Ya en septiembre del año pasado el Tesoro había generado preocupación entre los gestores de la tregua al nombrar a la MS-13 “grupo criminal transnacional” e incluirlo en una lista de grupos perseguidos junto al Cártel de Sinaloa, la mafia rusa o la Yakuza japonesa. En octubre, en una entrevista concedida a El Faro, funcionarios de Seguridad Interna de Estados Unidos aseguraron que hay vínculos criminales y financieros entre la MS-13 en Estados Unidos y sus líderes en El Salvador.
La postura del gobierno estadounidense ante la tregua ha sido siempre ambigua. Mientras se suceden mensajes aparentemente destinados a obstaculizarla, como los ya citados, funcionarios norteamericanos la califican de “proceso interno” y USAID no ha cortado su ayuda económica a planes de prevención y rehabilitación que las autoridades salvadoreñas presentan como parte de su estrategia de pacificación vinculada al diálogo con las pandillas.
Aunque la crisis más delicada para el proceso se deriva del hecho de que la CSJ separara de sus cargos al ministro Munguía y al director de la policía Salinas minó los canales de comunicación oficiales entre el titular de la seguridad pública y Raúl Mijango, probablemente la persona que mantiene el diálogo más estrecho y permanente con los líderes de las pandillas, de quienes depende en el día a día la baja de homicidios. Hasta la fecha, el nuevo ministro no ha conversado personalmente con el mediador, en parte debido a que este ha estado hospitalizado desde el miércoles 29 por problemas respiratorios.
Una de las primeras medidas anunciadas por Perdomo tras su llegada al cargo fue la suspensión de las conferencias de prensa que concedían en el penal de Mariona voceros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 -y últimamente también de pandillas más pequeñas como la Mao Mao, La Máquina o la Mirada Locos-, lo que supone un evidente freno a la labor de Mijango, que con el aval de Munguía Payés y total conocimiento de Nelson Rauda organizaba este tipo de conferencias, convertidas en la principal forma de comunicación entre las pandillas y el resto de la sociedad en este proceso. Personas del equipo de Mijango afirman que el nuevo ministro tomó esta medida sin comunicársela previamente y menos aún consensuarla con el mediador, y aún falta por definir si seguirá permitiendo a Mijango y Colindres el acceso irrestricto a cárceles del que han gozado desde el inicio de la tregua. Preguntado por el papel de Mijango en sus planes de futuro, Perdomo se limitó a aclarar que cuenta con él y que ha estado en contacto los últimos días con Fabio Colindres.
Golpe de timón
Desde que Perdomo asumió como ministro ha enviado una serie de signos que indican, como mínimo, un agresivo giro en la manera en que el proceso se ha conducido hasta el momento: calificó de “privilegios” algunas de las facilidades que su antecesor había otorgado a las pandillas para que se comunicaran con los medios de comunicación y prohibió todo contacto de la prensa con los privados de libertad, incluyendo las conferencias de prensa que los líderes pandilleros solían dar en la cárcel de Mariona.
Mientras que el énfasis puesto en la estrategia que dirigía el exministro Munguía Payés estaba en el trabajo con pandilleros activos en libertad y con sus líderes en las cárceles, Perdomo aseguró en una entrevista concedida a la Telecorporación Salvadoreña que sus políticas de trabajo incluirán solo a quienes abandonen las pandillas. El nuevo ministro también condicionó el trabajo con estas agrupaciones a que se comprometan a desarticularse y a renunciar al control territorial, lo cual choca con la visión que el ministro Munguía tenía del fenómeno, tanto que llegó a asegurar que en El Salvador existirían pandillas durante mucho tiempo.
“Estoy convencido de que las pandillas han venido aquí a quedarse, como la mafia en Italia, que tiene tantos años de vivir y todavía está ahí. La pandilla se ha convertido en una especie de subcultura. Yo creo que si las cosas marchan bien y los planes funcionan al 100 %, en un escenario ideal, esta sociedad se va tener que acostumbrar a vivir con una pandilla que no delinque, pero cuyos miembros siguen tatuados, siguen vistiendo como ellos visten, siguen en los barrios…”, comentó el ex ministro en una entrevista realizada por este periódico.
Los líderes pandilleros han sido muy enfáticos durante todo el tiempo que ha durado la tregua en que en ningún momento han considerado la desintegración de sus organizaciones. Un líder de la MS-13 cuestionó, visiblemente molesto, a los reporteros de El Faro cuando estos preguntaron por esa posibilidad: “¿Vos desharías a tu familia? La Mara Salvatrucha no se va a deshacer”.
Aunque durante los primeros días de su gestión Perdomo hizo lo posible para distanciarse de la tregua, asegurando que no formaba parte de su estrategia, ha venido moderando su lenguaje hasta llegar a aplaudir el proceso, subrayando algo: su llegada deberá marcar un punto y aparte. Si hasta el momento el gobierno ha sido ambiguo en su grado de responsabilidad sobre la tregua, él asegura que su misión es precisamente que el Estado asuma las riendas del proceso institucionalizando cada paso.
“Respetamos y aplaudimos esa tregua porque redujo los homicidios y todo lo que podamos hacer para que los mediadores hagan su trabajo, bienvenido sea, pero nosotros desarrollamos un modelo con condiciones más sostenibles para que se conviertan en política de Estado”, afirmó pocas horas después de la renuncia de Moreno, y en seguida resaltó la diferencia entre lo hecho hasta ahora y sus objetivos, de lo que se concluye que para el nuevo titular lo hecho hasta ahora por Munguía Payés adolecía de falta de institucionalidad y de visión de Estado: “La tregua es un acuerdo entre privados. Lo otro es una política de Estado. Respetamos la tregua y vamos a respaldar a los mediadores, pero no es política de Estado”.
