El desastre del proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas registró la semana pasada un capítulo más: la aprobación con dispensa de trámite, introducida sorpresivamente y de madrugada, de una nueva terna pactada por el FMLN y GANA.
La elección fue una burla para los ciudadanos, que a través del pago de impuestos mantienen un aparato de gobierno cuya contraloría no ha funcionado, justo porque sus magistrados han sido electos mediante imposiciones aritméticas legislativas a espaldas del compromiso que los diputados deberían tener con los intereses de estos ciudadanos.
La sesión plenaria cerró con abundancia de palabras del presidente legislativo, Sigfrido Reyes, contra la Sala de lo Constitucional, que había rechazado las dos previas elecciones de magistrados.
Al parecer el diputado Reyes que cree que su responsabilidad es entrar en conflicto con la Sala aunque eso signifique seguir negociando con Gana para mantener a la Corte de Cuentas paralizada por la negligencia de sus magistrados.
La Sala, pues, hizo lo evidente: invalidar esta nueva elección, realizada atropellando los procedimientos establecidos; negociando, por ejemplo, la juramentación de un candidato llamado Rony Huezo que ya había sido descalificado en las discusiones de la Comisión Política.
A ello hay que añadir que los otros dos magistrados, Gregorio Sánchez Trejo y Tránsito Bernal, ya habían demostrado durante su inconstitucional gestión su total incapacidad para hacer de la Corte de Cuentas una institución de verdad contralora, que exija a los funcionarios públicos rendición de cuentas.
La Corte de Cuentas existe como un antídoto a la corrupción. Al menos en el papel. En realidad no ha funcionado nunca porque se deja en manos de magistrados que surgen de acuerdos partidarios más destinados a garantizar la impunidad que el combate a la corrupción. Así se hizo desde sus inicios gracias al contubernio entre Arena, que gobernó el país desde 1989 hasta 2009, y el PCN que encontró en la institución el lugar idóneo para chantajear y dotar de empleo a sus correligionarios. La Corte ni siquiera fue nunca auditada, y la corrupción oficialmente no existe en El Salvador.
Transformar la Corte de Cuentas fue uno de los principales compromisos de la plataforma legislativa efemelenista y el combate a la corrupción una de las grandes promesas de campaña de Mauricio Funes; de hecho esta promesa se convirtió en uno de los ejes de su discurso de toma de posesión.
El actual jefe del legislativo, el efemelenista Sigfrido Reyes, prometió también que durante su gestión daría fin a las viejas prácticas legislativas. Pero lo que hemos atestiguado hasta ahora durante su presidencia legislativa es justamente lo mismo que tanto criticó su partido cuando era oposición; cuando sus argumentos no eran escuchados porque con alevosía y prepotencia los partidos de la derecha imponían sus decisiones aunque estas fueran espurias. Ahora el FMLN juega a lo mismo que jugaba Arena, y el partido de la derecha se ha quedado solo con los argumentos pero sin ninguna relevancia en las votaciones. Las decisiones, pues, se imponen desde una camarilla política que negocia a conveniencia propia y a espaldas de los ciudadanos.
El último intento por imponer magistrados de la Corte de Cuentas es un acto lamentable que reafirma el desencanto de buena parte de la población por el quehacer político. Y un capítulo más en la decepción que esta legislatura ha significado para aquellos que de verdad esperaban un cambio en la práctica política. Transformar radicalmente la Asamblea no es muy complicado: apenas requiere un poco de decencia.
