Los salvadoreños hemos aceptado, como parte de nuestro diario vivir, medidas de seguridad impuestas por los privados cuyas reglas las definen cada uno de ellos; cuyos empleados responden no sabemos exactamente a quién, cuyos métodos no proporcionan – en la mayoría de los casos – mayor seguridad pero si mayor temor y cuyas prácticas son, en muchos casos, ilegales. Para entrar a casi cualquier lado se nos pide dejar el DUI, para realizar muchas transacciones bancarias se nos pide información confidencial, en la mayoría de establecimientos que visitamos están guardias –particulares – armados hasta los dientes, sobran las caravanas de funcionarios y empresarios seguidos de vehículos con seguridad, no hay casa – sea de cualquier estrato social – que no esté rodeada de muros, alambre, etc. Las maras extorsionan para “proveer seguridad”. Todo ello levanta preguntas cuyas respuestas, en su gran mayoría, tienen implicaciones difíciles de aceptar para nuestra sociedad: ¿No podemos confiar en “el orden público y sus cuerpos de seguridad”? ¿Es la solución tomarnos la seguridad cada uno por su cuenta? ¿Cuáles son los límites a este enfoque, o puede cada uno seguir exigiendo lo que se le antoje y de la forma que se le antoje? ¿Es ello más efectivo? ¿Hay alternativas?
Los privados tomándose la seguridad en sus manos no es un proceso estático; todo lo contrario, cada vez aumentan los controles, cada vez los controles se hacen más complicados y entre más humildes sean las personas, o parezcan ser, más difícil se les hace el proceso. Visité las oficinas centrales de una de las grandes empresas del país para reunirme con una de sus gerentes, pero cometí el error de estacionar el carro enfrente – no en el estacionamiento de la empresa, por lo que llegue a pie; pregunté por la gerente. Antes que cualquier cosa el “agente de seguridad” me pidió el DUI, que sin él en sus manos ni llamaba; después de entrar al complejo me pararon dos veces más a cuestionarme, pasó un carro a mi lado sin que lo pararan, pero yo iba a pie. Con mi familia vistamos uno de esos complejos habitacionales encerrados, de los nuevos camino al mar, nuevamente hay que dejar el DUI antes de entrar, eso ya no sorprendió (lo que es preocupante). ¡Lo que si sorprendió fue la solicitud de revisar el baúl del carro para salir! A eso si nos negamos. Para dar el DUI alegamos, pero siempre la respuesta es “son órdenes”.
Un empresario amigo, frustrado porque Claro – la empresa telefónica – nunca enviaba sus cobros a tiempo, trató de que ellos se cobraran automáticamente de su tarjeta de crédito, la respuesta fue que para autorizar esa transacción – que es del interés de ellos - habían varios requisitos: uno, el proporcionar copias del estado de cuenta de la tarjeta del empresario, lo cual él cuestionó, por considerarlo innecesario y que invadía su privacidad e incluso podría ser inseguro; solo después de un largo proceso logró el empresario que se le hiciera el descuento sin entregar sus estados de cuenta– práctica común en muchos países.
En el aeropuerto de Comalapa, para salir hacia EUA, se debe de pasar “seguridad privada” después de pasar por la seguridad del aeropuerto, claramente despreciando esta última; pero esa seguridad privada es mucho más complicada e ineficiente que la del aeropuerto. En esta última pasa uno – incluyendo zapatos y líquidos autorizados - por un aparato electrónico detector de metales y, de ser necesario, por una inspección física con otro detector manual. Antes de abordar los vuelos hacia EUA las líneas aéreas repiten ese proceso, pero revisan manualmente hasta los zapatos (¿Qué podrá hallar una inspección manual que una electrónica no logre?). Pero en mi caso la ineficiencia del proceso quedó más evidenciada cuando yo cometí el pecado de no llevar los líquidos autorizados (botellitas pequeñas que ya habían sido autorizados y revisadas) en una bolsa plástica transparente “Zip lock”, porque yo sí las llevaba en una bolsa plástica transparente, pero no era del tipo a la que la inspectora que me tocó está acostumbrada (¡era una que otra línea aérea me había proporcionado en un viaje anterior!). Después de entender que mis argumentos no me llevaban a ningún lado porque la respuesta siempre era “son órdenes”, decidí poner el sistema a prueba y pedí que llamaran a la supervisora. La respuesta fue “son órdenes”. Pedí llamaran al supervisor jefe, quien fue menos respetuoso, pero se intimidó cuando le pedí su nombre para reportar el caso… terminé comprando la bolsa plástica “Zip lock”, pasé el control y volví a poner todos los frasquitos en la bolsa original.
Los últimos ejemplos que no se pueden dejar de mencionar son la seguridad al visitar muchas embajadas. No la que se da dentro del edificio, si no la que se da en las vías públicas en las cercanías de la embajada: ese territorio se vuelve propiedad del país extranjero. El otro es la seguridad con que cuentan casi todas las empresas privadas del país, ellas ponen sus reglas, los agentes de seguridad tratan al cliente de la empresa con bastante irrespeto muchas veces, etc. Las extorsiones de pandillas se dan, sobre todo, en las colonias populares; ellas también ponen sus reglas y son violentos.
Estos ejemplos, y sé que cada lector tiene varios otros que agregar, llevan a buscar respuestas a las preguntas originales y alternativas a la situación actual. Claramente no se confía en la seguridad pública, pero la solución no es que cada uno nos tomemos la seguridad en nuestras manos. En mi memoria los casos en que esa seguridad privada ha evitado delitos son bastante menos que los casos en que ellos han generado violencia. Esa seguridad privada sí tiene costos para todos: para los habitantes de las colonias que la pagan, para los usuarios del aeropuerto que la pagamos al comprar los tiquetes, los que solicitamos visas que lo pagamos en el costo de la solicitud, los que usamos centros comerciales, súper mercados, etc., que lo pagamos en el precio de lo que compramos. Pero también los ciudadanos pagamos un precio alto en el maltrato y peligro potencial que recibimos cada vez que nos enfrentamos a esa seguridad privada, y ese maltrato es proporcional a la condición económica del cliente: entre más humilde, mayor maltrato.
Como país debemos enfrentar el problema de la seguridad, no con más manos duras o treguas, sino con un enfoque más integral; pero para mientras avanzamos en esa área a nivel de sociedad, el estado debe también regular esas seguridades privadas, limitando sus abusos como son el uso del DUI como pasaporte para acceso a los lugares privados, el uso, o limitación del uso, de lugares públicos por manos privadas por “razones de seguridad”, el cumplir con el registro, de forma transparente, de esas empresas privadas de seguridad y las armas que usan.
Los privados deben preguntarse ¿cuán efectiva es esa seguridad que tienen contratada, cuán respetuosa de las leyes y de sus propios clientes y amigos son los controles que ellos mismos imponen? El caso del aeropuerto ilustra muy bien las limitaciones de esos agentes de seguridad y sus inspectores ¡y los inspectores de los inspectores! Estos costos de “seguridad” restan competitividad a la empresa privada. ¿Cuán necesaria es la información que se pide? Esa información en manos de personas inescrupulosas, como ha sido el caso con algunos empleados de instituciones financieras, ha sido la base para hechos delictivos; y peor aún las armas en manos de esos agentes de seguridad, o el conocimiento tan detallado que tienen de los clientes y los establecimientos comerciales. Esos agentes han sido entrenados para responder con fuerza física, con violencia, pero sin los controles de la seguridad pública.
