La obsesión del FMLN y de Gana por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional está causando un daño grave a la institucionalidad del país. La última maniobra, en el mismo tenor que las anteriores, intentando disfrazar de legitimidad jurídica el ataque a los magistrados, está llevando el estamento judicial a un callejón sin salida.
Con la Sala de lo Contencioso resolviendo la destitución de los magistrados, y la Sala de lo Constitucional resolviendo que no tiene jurisdicción para resolver el caso, el asunto no tiene ya posibilidades de concluir con una salida jurídica correcta. No es posible ya defender la legitimidad de una solución por esta vía, sea cual sea.
Ahora el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, sus compañeros del FMLN y de Gana, y el presidente del Ejecutivo, Mauricio Funes, admiten que actuaron contra la ley en el nombramiento de los cuatro magistrados y por tanto se muestran dispuestos a repetir el proceso de nombramiento.
Es decir, los políticos hicieron un nombramiento irregular, basado en un pacto político; después, cuando los magistrados electos por esta vía cumplieron con la independencia que les demanda el cargo y resolvieron en contra de los intereses de quienes los nombraron, comenzaron su largo intento por destituirlos.
Los responsables de todo este embrollo, los que han llevado la tensión con el poder judicial al límite, los que ahora admiten que no han cumplido con lo que les demanda la ley, los que han llegado a la utilización incluso de la Corte Centroamericana en su obsesión por eliminar a los magistrados, son los que ahora admiten sus hechos pero pretenden que las consecuencias de sus actos las asuman los únicos funcionarios que han servido de contrapeso con dignidad e independencia. Se trata, pues, de un conflicto político.
Por un lado hay cuatro magistrados que han demostrado independencia y honestidad, que han actuado de manera digna, que se han opuesto a la corrupción, que han resistido con la altura que se espera de sus cargos los embates de los otros dos poderes y a los que, con alguna razón, se les puede acusar de arrogancia y prepotencia en la visión y ejecución de su rol como parte del Estado.
Por otro lado, están los diputados del Fmln, encabezados por Sigfrido Reyes, un presidente de la Asamblea obstinado en ocultar las cuentas de ese Órgano del Estado, que admite sin rodeos que ha quebrantado la ley, que preside una de las legislaturas más permisivas con la corrupción y el despilfarro y que intenta manejar el país al tenor de sus obsesiones. Están los diputados de Gana, encabezados por Guillermo Gallegos, un diputado que ha cobrado viáticos por viajes que no ha hecho y que justifica viajes a Europa con invitaciones giradas por sus propios asesores; que admite haber elegido a un presidente de la Corte de Cuentas de quien él dice haber tenido pruebas de corrupción; y que acuerpa una candidatura presidencial, la del expresidente Saca, que corre el riesgo de ser declarada inconstitucional por esta Sala a la que se quiere destruir.
¿Quiénes de estos dos bandos aportan más al proceso democrático? ¿Quiénes son un obstáculo para la institucionalidad y la transparencia, para la rendición de cuentas y para el ejercicio decente de la política? Nosotros lo tenemos claro. Por eso sospechamos tanto de las obsesiones por acabar con la Sala de lo Constitucional.
