¡Se quieren burlar de la gente! Hay un boleo institucional a la vista pública entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ambas instituciones rehúyen sus obligaciones cuando se trata de investigar hechos delictivos que han sido perpetrados desde el poder, y el círculo se cierra cuando la propia Policía actúa como cómplice en la comisión del delito. “¿Acaso puede la Policía, bajo el régimen de Ortega, investigarse a sí misma?”, ha preguntado el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, y hasta ahora nadie lo ha refutado.
La fiscal departamental, Blanca Salgado, reveló que la Policía Nacional no ha respondido a los requerimientos de la Fiscalía para investigar la denuncia de agresión y robo masivo que presentaron hace ya dos meses los jóvenes del movimiento #OcupaINSS. El boleo no pareciera ser consecuencia de un problema burocrático, de falta de comunicación, sino más bien de una orden emanada del más alto nivel político, una prohibición tajante para impedir que se haga una investigación a fondo y llegar a la verdad. El mandato autoritario lesiona gravemente la credibilidad y la confianza en estas dos instituciones al exhibirlas como encubridoras y cómplices.
Hace un mes la Primera Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, justificó su silencio alegando que no podía pronunciarse sobre este caso, porque la investigación estaba en manos de la Fiscalía a la cual se subordina la Policía. Irónicamente, Granera que se mantiene en el cargo de Directora violando el artículo 88 de la ley Orgánica de la Policía Nacional, se presentaba como una obediente cumplidora de la ley. Ahora resulta que hasta la misma Fiscalía la desmiente. A pesar de que existe una montaña de pruebas testificales y documentales sobre cómo se fraguó este asalto y quiénes lo ejecutaron con la complicidad de agentes y jefes policiales, la Policía no solamente no ha capturado a ningún sospechoso, sino que ya empiezan a borrar algunas pruebas, como las imágenes que captaron las cámaras de una estación de servicio cerca de la escena del crimen.
La admisión de complicidad y encubrimiento del delito por parte de la Policía Nacional es gravísima, porque le envía a la sociedad el mensaje de que la institución ya no está al servicio de la ley y de todos los ciudadanos, sino a disposición de las órdenes políticas de un caudillo y de un partido político. La evidencia de los últimos meses demuestra que la Policía puede ser muy eficiente para capturar a los roba-ganado en el norte del país, pero no puede capturar a los agresores violentos y roba vehículos en el centro de la capital, cuando los delincuentes están asociados al partido de gobierno.
Hace nueve meses, se conocieron graves denuncias sobre abusos policiales y torturas en las cárceles de Nueva Guinea contra opositores del gobierno que protestaban contra el fraude electoral en ese municipio. La inspectoría policial prometió una investigación interna pero nunca brindó el resultado y el delito, que incluye abuso sexual contra prisioneras, quedó en la impunidad. Con ese y otros antecedentes, la inacción policial en el caso #OcupaINSS confirma que la Directora de la Policía no quiere o no puede hacer valer la ley, porque su institución --como la Fiscalía y el Poder Judicial-- está intervenida hasta los tuétanos por las órdenes políticas del partido de gobierno. Sin embargo, arropada en la alcahuetería del gran capital y en la popularidad que le otorgan las encuestas, la primera comisionada Granera ha optado por mantenerse en su cargo acatando órdenes ilegales, antes que cumplir con la obligación que tiene con todos los ciudadanos como lo manda la tradición de su institución.
La despartidización y profesionalización del Ejército y la Policía, liderada por el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1,990-1997), representó una de las reformas políticas más difíciles y exitosas de la transición democrática. Por primera vez en la historia de Nicaragua se desmilitarizó la política al convertirse el Ejército y la Policía en instituciones nacionales. El logro de esta reforma profunda no se debió únicamente al diseño jurídico del Código Militar y de la ley orgánica de la Policía Nacional, que previeron todo lo relativo a la sucesión en los cargos y la subordinación de los militares al poder civil, sino al coraje y la voluntad política demostrada por líderes civiles, militares y policiales, que hicieron valer su compromiso democrático ante situaciones límites sumamente complejas. El blindaje institucional no lo dieron las leyes, sino los funcionarios públicos que se plantaron para hacerlas cumplir, a veces a costa de sus propios puestos de trabajo. Esa es la herencia que recibió Aminta Granera al asumir el cargo en los últimos meses del gobierno de Bolaños en el 2006: una institución forjada en el filo de la navaja entre las presiones del poder político y el mandato de la ley.
Con el retorno de Ortega al poder y la imposición de un modelo político autoritario, que no tolera la existencia de una oposición beligerante y recurre a la represión de fuerzas de choque para abortarla, el proyecto de la Policía Nacional entró en crisis desde el primer día. Durante estos seis años Ortega ha sido el ideólogo y ejecutor del desmantelamiento de la institucionalidad policial, pero Aminta Granera se ha convertido en su cómplice o cuando menos en una colaboradora necesaria, en este proceso de regresión autoritaria.
Algunas personas justifican su actuación, alegando que en su defecto la Policía Nacional se habría plegado de forma aún más entusiasta y disciplinada a los dictados del orteguismo. Otras la cuestionan por prestarse a maquillar un proyecto represivo y aluden a la existencia de compromisos adquiridos, incluso de orden económico con el poder. En cualquier caso, es un asunto de orden personal de Granera cómo resuelve sus dilemas éticos, pero por la confianza que le fue depositada como jefa policial está obligada a rendirle cuentas a la ciudadanía sobre el grado de penetración que ha alcanzado la partidización en la policía.
Y mientras Ortega dilucida hasta cuándo la Primera Comisionada se vuelve prescindible para su proyecto de concentración de poder y decide sustituirla en el cargo, los ciudadanos no pueden aceptar que existan dos estándares policiales sobre la aplicación de la ley. Acostumbrarse a la impunidad como norma equivale a renunciar a un futuro democrático, porque se estaría dejando como única opción para reclamar derechos y promover el cambio social el camino de la violencia política. Por eso es loable la actitud del grupo de jóvenes de #OcupaINSS que aferrados a una nueva cultura política continúan exigiendo justicia y se resisten al olvido. En el momento en que aceptemos que estos graves abusos y la violencia se impongan sin ninguna clase de resistencia, entonces en Nicaragua se habrá consolidado de forma definitiva otra dictadura. Una dictadura familiar, asentada en el fraude electoral, que por ahora está empeñada en conculcar el derecho a la protesta cívica y someter bajo su control total a la Policía y el Ejército.
*El autor es director del semanario independiente Confidencial, donde este texto fue publicado originalmente
