Cerca del mediodía del viernes 6 de septiembre, un grupo de hombres armados tomó por sorpresa a pandilleros del Barrio 18 que permanecían en uno de los pasajes de la colonia San Bartolo, del municipio de Ilopango, y sin mediar palabra abrieron fuego. Cuando los disparos cesaron cuatro muchachos yacían en el piso: uno murió en el acto y los otros tres tenían heridas de gravedad. Aunque fueron trasladados a un hospital, los tres murieron.
Ilopango fue el primer municipio en ser declarado “libre de violencia” , cuando en febrero de este año, en un acto oficial, el entonces ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés; el alcalde del municipio, Salvador Ruano; los mediadores de la tregua y líderes de la MS-13 y del Barrio 18 acordaron dar pasos para desmantelar la guerra entre las dos pandillas.
La masacre del viernes ocurrió muy cerca de una pequeña panadería que la alcaldía había montado para ofrecer fuentes de ingreso lícitas a pandilleros de la 18. La panadería fue el primer proyecto en el “proceso de pacificación” de la localidad y era presentada como un símbolo de la voluntad de los pandilleros por abandonar la violencia.
El hecho ocurrió mientras líderes de la MS-13 y del Barrio 18 estaban reunidos en el salón del concejo municipal de Ilopango, conversando con varios maestros y directores de escuelas, ante quienes reafirmaron su promesa de dejar de considerar a las escuelas como territorios en disputa. Según el alcalde Ruano, los pandilleros fueron notificados del atentado mientras estaban reunidos y, aun así, la sesión terminó con normalidad.
El Barrio 18 descarta oficialmente que la masacre haya sido ejecutada por sus rivales de la MS-13. En un primer momento, evidentemente alterado por la muerte de sus compañeros, uno de los líderes de la 18 en la colonia San Bartolo comentó a El Faro su convicción de que habían sido traicionados: “Solo a traer vinieron, los homeboys que murieron estaban en el proceso (de tregua), ellos (la MS-13) no tienen palabra”. Pero el sábado por la noche, durante la vela de tres de los jóvenes asesinados, voceros del Barrio 18 negaron esa hipótesis. Dijeron haber tenido comunicación con representantes de la otra pandilla y apuntaron a la posibilidad de que el crimen fuera cometido por profesionales pagados por alguien interesado en boicotear la tregua.
A pocos metros de la casa comunal de San Bartolo Novena Etapa, donde más de un centenar de pandilleros participaban en la vela, otro de los líderes del Barrio 18 sustentó la versión de sus compañeros diciendo que el pasaje en el que se produjo el ataque está en una zona fuertemente vigilada por antenas (vigías) de la pandilla 18, que conocen a los miembros de la MS-13 en el municipio y sin embargo no detectaron motivos de alarma. Además, aseguró que las víctimas recibieron disparos en la cabeza y de ello dedujo que los autores no querían dejar testigos. “Fue con premeditación y hecho por profesionales”, dijo.
Durante la tarde del viernes las autoridades municipales de Ilopango también dijeron sospechar que el atentado había sido cometido por miembros de la Mara Salvatrucha y dijeron temer que estas muertes supusieran el fin de la tregua en el municipio, pero el sábado el alcalde Salvador Ruano descartó la autoría de la MS-13 y dijo haber hablado con líderes de ambas pandillas que le reafirmaron su compromiso con el proceso. El edil apuntó a la posibilidad de que la acción haya sido ejecutada por grupos de exterminio ligados a los cuerpos de seguridad del país. El Faro no pudo contactar con ningún vocero de la MS-13
La Policía de Ilopango ha reforzado sus patrullajes en los sectores con fuerte presencia de pandillas, previendo que los asesinatos desencadenen una oleada de venganzas. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban otros hechos violentos.
Tres de los asesinados eran beneficiarios del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) a través del cual el gobierno ofrece capacitación laboral durante seis meses, y durante ese mismo tiempo también da 100 dólares mensuales a los beneficiarios. De los cuatro muertos, solo uno era mayor de edad.
Durante los 17 meses de tregua, Ilopango ha vivido una disminución de los asesinatos de más del 50 % y aunque ha habido intercambios de disparos entre pandilleros rivales, e incluso muertos por la guerra pandillera, no había ocurrido un hecho de estas proporciones.
USAID retira apoyo al PATI para pandilleros
Pocas horas después del cuádruple homicidio en San Bartolo, la embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció mediante un comunicado el retiro de todo apoyo financiero al Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) en seis municipios, incluido Ilopango, de los 12 a los que daba soporte a través de su agencia de cooperación USAID. Oficialmente, la causa de la medida es la detección de irregularidades en la selección de las comunidades beneficiadas y la falta de una convocatoria abierta para la inscripción de participantes en esos asentamientos.
Aparte de Ilopango, los municipios a los que USAID retira su apoyo son Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Sonsonate, Mejicanos y Panchimalco. Los primeros cuatro forman parte de la iniciativa Municipios Libres de Violencia, impulsada por el gobierno del presidente Mauricio Funes, y en ellos la administración había decidido, en coordinación con las alcaldías, destinar las plazas del programa PATI a pandilleros, como parte de su estrategia de reinserción laboral y sostenimiento de la tregua. Aunque los planes de focalización del PATI se conocían desde el pasado abril, Estados Unidos anunció una investigación en estos municipios a finales de julio, a raíz de una publicación de La Prensa Gráfica sobre este asunto.
El Faro reveló hace dos semanas en un reportaje que en Ilopango fueron los mismos pandilleros los que seleccionaron a los beneficiarios de esta ayuda, con conocimiento de las autoridades locales y del FISDL, institución gubernamental a cargo del PATI. Como parte de la estrategia de focalización de la ayuda en pandilleros, en Ilopango no se realizó ninguna convocatoria abierta para atraer a otros participantes y se incluyeron asentamientos no previstos inicialmente con el fin de garantizar que el programa atendiera por igual a comunidades controladas por la MS-13 y por el Barrio 18.
La estrategia salvadoreña de usar fondos de USAID para la reinserción de pandilleros había sido negada en público por el presidente Mauricio Funes, y comprometía política y jurídicamente a las autoridades estadounidenses. El Departamento del Tesoro declaró en septiembre de 2012 a la Mara Salvatrucha como organización criminal transnacional, y por tanto considera delito cualquier relación económica con la MS-13 o sus integrantes.
La decisión de Estados Unidos no implica necesariamente que el PATI vaya a suspenderse en estos seis municipios. El comunicado de la embajada aclara que USAID “no ha desembolsado fondos para apoyar ninguna de las actividades del programa PATI en estos municipios” -en referencia a los ahora excluidos-, lo que significa que durante los dos últimos meses el programa se ha desarrollado con fondos gubernamentales. Yanira Corvera, coordinadora municipal del PATI en Ilopango, asegura de hecho que el segundo pago a los participantes en su municipio está previsto para el lunes 9 de septiembre y no tiene ninguna noticia de que la entrega de dinero vaya a atrasarse.
El Faro trató de obtener una declaración oficial del FISDL o de la Presidencia de la República acerca de la continuidad del programa y el origen de los fondos que lo sustentarían de ahora en adelante, pero no obtuvo respuesta. Una vocera del FISDL se limitó a afirmar que, según entendía, “el programa continúa tal cual”, y anunció una posible declaración oficial de la institución para la semana entrante.
Estados Unidos sí mantendrá el apoyo financiero al programa PATI en otros seis municipios, afectados en 2009 por la tormenta tropical Ida: San Pedro Perulapán, Santiago Nonualco, San Pedro Masahuat, San Bartolomé Perulapía, San Luis de la Herradura y Tepetitán.
La crisis de la tregua en Ilopango se produce dos semanas antes de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, visite El Salvador para participar en un acto que, supuestamente, pretende destacar los avances del proceso en El Salvador. Ilopango ha sido, hasta hoy, el municipio modelo de esos supuestos avances y acaba de incorporar a su equipo de trabajo al exviceministro de Seguridad Pública Douglas Moreno, que durante meses fue responsable gubernamental de los Municipios Libres de Violencia pero renunció tras tener diferencias con el nuevo ministro, Ricardo Perdomo. Moreno había sostenido desde inicios de año reuniones oficiales con líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 con el fin de coordinar la intervención del Estado en estos municipios. Aunque las impulsó en un primer momento, en las últimas semanas el presidente Funes se ha desligado públicamente de las acciones de su viceministro.
Otro golpe que recibió el municipio en el proceso de negociación con pandilleros fue el traslado del jefe policial de la localidad, el inspector policial Menjívar García. El oficial estaba absolutamente comprometido con el proceso, al grado de sostener reuniones periódicas con líderes de las dos pandillas y servir de secretario de actas para hacer constar los acuerdos entre las dos organizaciones. Menjívar había sido reprendido por sus superiores, pero era acuerpado por el alcalde Ruano, quien consideraba clave su participación.
“Esto fue una acción política orquestada por el subdirector de la policía (Mauricio Ramirez Landaverde) porque él es de izquierda y quiere boicotear el proceso en Ilopango porque yo soy de Arena”, protestó Ruano.
El nuevo jefe de la subdelegación, el Inspector Carrillo, dijo a El Faro que está dispuesto a apoyar el proceso, pero dejó claro que no participará en reuniones directas con miembros de pandillas.
