La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil realizaron entre la noche del martes y este miércoles una serie de capturas y allanamientos en las casas de 15 personas, incluyendo la de un exministro y la de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por su presunto involucramiento en la trama de corrupción en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, la obra de infraestructura insignia del gobierno de Antonio Saca que fue terminada 66 meses después de lo previsto originalmente, y que costó al Estado más de tres veces el presupuesto inicial.
El más alto exfuncionario perseguido por las autoridades y que hasta la noche de este miércoles aún no había sido localizado, es el exministro de Obras Públicas Jorge Isidoro Nieto, quien tomó las riendas del MOP en 2007, en sustitución de David Gutiérrez, bajo cuya administración se había adjudicado el contrato de construcción de la vía que terminó llamándose bulevar Monseñor Romero, terminada por el gobierno actual en 2012.
Ante los atrasos en la construcción del Diego de Holguín, durante la gestión de Nieto se aprobó una prórroga de 240 días calendario, y luego se modificó el contrato para permitir un arbitraje que terminó con un fallo desfavorable para el Estado salvadoreño. El MOP fue condenado al pago de 7 millones 46 mil 349.93 dólares.
La orden de inicio de la construcción del bulevar Diego de Holguín se produjo el 19 de diciembre de 2005. El MOP que dirigía David Gutiérrez adjudicó la obra al asocio Copreca-Linares por un monto de 25 millones 652 mil 957.16 dólares. Públicamente, el proyecto comenzó a complicarse en septiembre de 2006, cuando la Alcaldía de San Salvador restringió el acceso a la obra, alegando que el MOP no tenía permiso para la tala de unos árboles. Ese mismo mes el ministro del Ambiente, Hugo Barrera, anunció que multaría a Gutiérrez por tala ilegal.
Sin embargo, el proyecto nació con un cambio en el trazo original, lo que provocó el primer retraso por dos de los derivadores que debían construirse. En diciembre de 2006, Gutiérrez renunció, y en enero de 2007 tomó las riendas Nieto.
Los allanamientos y las capturas comenzaron a las 7 de la noche del martes, e incluyeron una propiedad del abogado Roberto Oliva, exmagistrado de la Corte Suprema. La Fiscalía no había brindado detalles sobre las personas capturadas ni sobre las que ha girado órdenes de captura. Cuando El Faro consultó en la oficina del exministro Gutiérrez, en la empresa Gr Corporation, en Santa Tecla, la persona que respondió aseguró que el exfuncionario se encontraba en reunión de trabajo.
Por las personas capturadas y los allanamientos realizados se puede inferir que uno de los objetivos de la Fiscalía es determinar responsabilidades por el arbitraje que condenó al Estado al pago de más de 7 millones de dólares.
El abogado Roberto Oliva fue apoderado de la constructora guatemalteca Copreca, y ya contrató abogado para que lo defienda ante una posible acusación de la Fiscalía.
“La familia (de Oliva) me dio un poder. Si llegaron o no llegaron a su casa, si andaba en Lips, o en Miami, eso no lo sé. Para mí él es una persona decente”, dijo Luis Mario Pérez Bennet, contratado para una eventual defensa de Oliva. Pérez Bennet también confirmó que tiene un poder especial para representar a Jesús Hernández Campollo, empresario guatemalteco dueño de Copreca.
La noche del martes las autoridades pretendían la captura de 15 personas, pero hasta el cierre de la nota se reportaban siete detenciones, de las cuales este periódico había confirmado que estaban detenidos Juan Bolaños, exgerente del proyecto Diego de Holguín en el MOP; Lilian Franco, quien se encargada de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) en Obras Públicas; Luis Daniel Hernández, empleado del MOP cuyo puesto no ha sido revelado, e Ilé Calderón de Carpio, ex gerente legal de Obras Públicas y que labora en la Corte Suprema de Justicia.
Una fuente de la Policía informó que en la lista de personas a capturar también estaba el exviceministro de obras públicas Sigifredo Ochoa Gómez, quien está ingresado en el Hospital de la Mujer por padecer problemas de presión. “Mi hijo está hospitalizado”, confirmó el diputado Sigifredo Ochoa Pérez, vía telefónica. Ochoa Gómez fue viceministro en los últimos meses de la administración de Antonio Saca, quien ahora es candidato presidencial por el movimiento Unidad.
El diputado no reveló si el exviceministro está en la lista de personas a quienes la Policía comenzó a buscar la noche de este martes. “Ya se hizo todo con la Policía y la Fiscalía. No le veo ningún problema a que se hagan las investigaciones”, dijo escuetamente Ochoa Pérez, quien no reveló si el acercamiento de su hijo con las autoridades es en calidad de investigado o de testigo.
El exviceministro del MOP no es el único que está ingresado en un hospital. Una fuente de la Policía y un abogado confirmaron que Nieto también está internado. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Policía ha confirmado si están bajo custodia policial.
En el operativo participaron la División Antinarcóticos de la Policía, la División contra el Crimen Organizado (DECO) y la División Central de Investigaciones (DCI).
El expresidente Saca, quien pretende gobernar de nuevo El Salvador entre 2014 y 2019, por medio de las redes sociales dijo que había que tener claro que él está en favor de que las instituciones funcionen, y que si la Fiscalía considera que tiene que proceder contra exfuncionarios, que lo haga, y si encuentra culpables, que les aplique la ley.
La Fiscalía, que cuando inició las investigaciones tenía a 14 personas sospechosas de haber cometido en conjunto 19 delitos, no ha explicado de qué acusa a los perseguidos.
Fue la administración Nieto la que modificó el contrato del bulevar Diego de Holguín. El 18 de enero de 2008, el MOP y las constructoras modificaron la cláusula décimo segunda, relativa a la solución de conflictos: “En casos excepcionales que las circunstancias lo requieran podrán las partes de mutuo acuerdo renunciar a la jurisdicción común, sometiendo las diferencias a arbitraje ad-hoc de equidad mediante convenio arbitral formalizado por escrito entre las partes, en el que conste la decisión de someter la diferencia que subsista a arbitraje ya sea de uno o más árbitros”.
Hasta entonces, y según recalcó en su momento el antecesor de Nieto, el contrato no permitía arbitraje.
Después de modificar el contrato y cuando las diferencias con las constructoras se acentuaron, el exministro Nieto pidió la opinión jurídica a la Corte de Cuentas para determinar si procedía un arbitraje. La Corte de Cuentas, entonces dirigida por Hernán Contreras, respondió que sí se podía realizar el arbitraje. Ya con ese documento que avalaba su decisión, la administración Nieto entabló un litigio contra las constructoras y perdió.
Un estudio de la Gerencia de Vías Urbanas e Interurbanas del MOP responsabilizaba a las constructoras del atraso en la construcción del bulevar. Decían, por ejemplo, que las empresas no realizaron los estudios geotécnicos suficientes para concluir la obra en el tiempo que establecía el contrato. Por ejemplo, en un tramo del bulevar conocido como El Pedregal, el plano conceptual que presentaron las constructoras no especificaba que se realizarían cortes, pero en el plano del diseño realizaron cortes y se encontraron con mantos rocosos que atrasaron la construcción. 'No se puede ver como un material imprevisto, ya que el constructor pudo haber detectado la existencia al realizar un estudio geotécnico adecuado'.
El contrato adjudicado a Copreca-Linares era llave en mano, es decir, que el contratista asume todos los riesgos derivados de eventualidades que puedan encontrarse en el camino durante la ejecución de la obra. Luego, sin embargo, vinieron la modificación al contrato y las extensiones de plazos.
La gerencia recomendaba que el atraso por El Pedregal no se considerara responsabilidad del MOP y, por lo tanto, que no se ampliara el plazo de entrega de la obra aplicando una cláusula del contrato denominada 'fuerza mayor o caso fortuito'. El MOP, empero, extendió el plazo y después inició un litigio que perdió.
El MOP perdió el arbitraje por más de 7 millones en noviembre de 2008 y, un mes más tarde, el Estado ya había pagado ese monto. El MOP perdió un segundo arbitraje en contra de la empresa que supervisaba la obra, Consulta, por un monto de 369 mil 525.57 dólares.
Al parecer la orden de captura no fue sorpresiva para Nieto. Este hace dos semanas comenzó a contactar a algunos abogados para analizar los hechos más importantes del proyecto durante su gestión y tuvo al menos una reunión en la que se discutió aquello de lo que él era responsable cuando dirigió el MOP.
La promesa de Saca
En 2005, cuando el presidente del país y de Arena era Antonio Saca, empezó a promocionarse el proyecto de una vía expresa que iba a permitir la fluidez del tránsito vehicular desde y hacia el occidente del país en su conexión con el Área Metropolitana de San Salvador. La carretera se construiría en dos tramos, el primero de los cuales arranca en el poniente de Santa Tecla y termina en Ciudad Merliot. El tramo II, el del litigio, comienza en Merliot y termina frente a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador.
Los trabajos iniciaron en marzo de 2006 y debían terminarse en mayo de 2007. Las cifras básicas de lo que fue bautizado como bulevar Diego de Holguín (por el primer alcalde de la Villa de San Salvador) tramo II eran estas: 14 meses de trabajo y un costo de 25.6 millones de dólares. Al final fueron cerca de un centenar de millones de dólares gastados por el Estado, según dijo Funes en el acto de apertura en noviembre del año pasado.
La investigación que presentó el Ministerio de Obras Públicas a la Fiscalía explica que la sociedad encargada de ejecutar la obra recibió más de 14 millones de dólares entre anticipos y arbitrajes en cuatro años. De ese dinero, según el expediente que tiene la Fiscalía, el MOP cuestiona tres desembolsos. Uno con fecha 21 de diciembre de 2005, por 5 millones 39 mil 784.59 dólares, otro del 23 de diciembre de ese mismo año por 2 millones 656 mil 102.56 dólares, y el último del 7 de abril de 2008 por 3 millones 764 mil 91.33 dólares. Son 11.3 millones de dólares cuestionados, de los cuales 5.7 fueron desembolsados durante la administración de Gutiérrez.
Corte de Cuentas detecta obra mal hecha
La mañana de este miércoles, mientras la Fiscalía continuaba con los allanamientos, un equipo de la Corte de Cuentas llegó hasta el MOP para buscar documentos y hacer una inspección en el bulevar Diego de Holguín, bautizado como Monseñor Romero en noviembre pasado. La Corte tiene abierto un juicio de cuentas contra los exministros Gutiérrez y Nieto y contra una decena de mandos medios de Obras Públicas. A esa diligencia no se presentó ninguno de los exfuncionarios y solo el exministro Nieto envió a su abogado, Harold Lantan.
Uno de los peritajes que ha ordenado la Corte de Cuentas es sobre la construcción del puente sobre la avenida Jerusalén, pues al parecer se colocó menos hierro de lo que la obra requería, situación que lo hace vulnerable ante un sismo.
El exministro Nieto es el segundo funcionario de máximo nivel del gabinete de Antonio Saca procesado por corrupción. El primero fue el exministro de Salud Guillermo Maza por anomalías en la reconstrucción de hospitales; luego ha habido otros funcionarios de menos perfil que han confesado corrupción como tres expresidentes del ISTA y un exdirector de Correos, quienes confesaron sus delitos, pero su castigo fue suspendido o cambiado por trabajos de utilidad pública.
El expresidente Saca dijo que había que dejar que la institucionalidad haga su trabajo. “Realmente debemos celebrar cuando las instituciones funcionan, esto es el principio de nuestro estado de derecho. Mi reconocimiento a la Fiscalía General', escribió en su cuenta de Twitter.
Ante las preguntas de algunos de sus seguidores, Saca dijo que lo único que pidió al exministro Nieto fue cumplir y hacer cumplir la ley. “Yo creo que debemos dejar que las instancias cumplan su rol, personalmente guardo especial estima por su persona y su honor”, dijo en referencia al exministro Nieto.
Nieto, en una entrevista con El Diario de Hoy, cuando le preguntaron a qué atribuía que al parecer hubiera orden de captura contra él pero no contra su predecesor, dijo que solo podía explicárselo porque haya alguna intención de no llamar la atención sobre Saca y su candidatura, haciendo referencia a la cercanía entre el expresidente y el exministro Gutiérrez.
Del bulevar Diego de Holguín al bulevar Monseñor Romero
Una recopilación de las notas más relevantes publicadas en El Faro sobre este mega proyecto que implicó una polémica con tintes de corrupción, degradación ambiental e ineficiencia gubernamental.
Si no logra ver la aplicación en esta página, por favor haga CLIC AQUÍ.
[Deslice el cursor horizontalmente para recorrer la línea de tiempo]
