La Corte de Cuentas de la República inició un juicio por cuatro millones 993 mil 823 dólares en contra de los exministros de obras públicas, David Gutiérrez (2004-2006) y Jorge Nieto (2007-2009), por irregularidades como la inutilización de un diseño y el pago de obra que nunca fue realizada en el boulevar Diego de Holguín, ahora llamado Monseñor Romero.
El pasado mes de marzo, después de analizar un examen especial al contrato entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el asocio Copreca-Linares, la Cámara Cuarta de Primera Instancia emitió cuatro reparos patrimoniales contra los exfuncionarios. En el lenguaje de la Corte, un reparo patrimonial se refiere a un “perjuicio económico” que han sufrido las instituciones públicas por la acción u omisión de sus titulares. Una eventual condena los obligaría a reintegrar el monto cuestionado al erario público.
La prehistoria del boulevar
- 1978-1980. El proyecto de autopistas metropolitanas plantea la necesidad de dos corredores en San Salvador, la autopista este-oeste y la autopista norte-sur. El asocio Louis Berger y CSYD elaboran el diseño. La avenida Jerusalén no estaba proyectada.
- 1990. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) encarga un estudio al arquitecto León Sol. Así nace el plan vial metropolitano conocido como Metroplan 2000.
- 1992. La Asamblea Legislativa aprueba los decretos 432 y 433 que declaran como área protegida una parte de la finca El Espino. Los decretos establecen los límites con lo que en el futuro será el boulevar Diego de Holguín.
- 1995-1997. El Viceministerio de Vivivienda y Desarrollo Urbano encarga al consorcio ITS-SPEA una consultoría para el plan maestro de desarrollo urbano del área metropolitana de San Salvador. Ese estudio no define el intercambiador con la Avenida Jerusalén.
- 1995-1997.El Instituto Israelí de Planificación y la empresa Tahal Consulting Engineers elaboran el plan maestro de transporte vehicular del área metropolitana. El estudio tampoco define intercambiador con la avenida Jerusalén.
- 2000-2002. El consorcio DELCAN-Roberto Salazar, Ingenieros Asociados elaboran el estudio de factibilidad y diseño geométrico final del anillo periférico del área metropolitana de San Salvador. El estudio define un intercambiador de dos orejas con la avenida Jerusalén.
- 2002. El Ministerio de Hacienda emite una opinión técnica favorable para la construcción del boulevar, con un intercambiador de dos orejas en la avenida Jerusalén.
- 2005 (enero). La Unidad de Planificación Vial del MOP solicita la contratación del proyecto, considerando el intercambiador de dos orejas.
- 2005 (febrero).El ministro de defensa, Otto Romero, solicita modificar el diseño para no afectar la Escuela Militar y ajustar trazo a inmueble de la familia Dueñas.
- 2005 (julio). El MOP cambia el diseño del boulevar y el monto de contratación. La intersección con la avenida Jerusalén tendrá trébol de cuatro orejas, con cambios de alineamiento con respecto al diseño de DELCAN.
El principal cuestionamiento de la corte es contra el exministro Nieto y otros tres mandos medios del MOP (el director de inversión vial, Carlos Ruiz; el gerente de vías urbanas, Alberto Colorado y el administrador de proyectos, Iván Cañas), quienes habrían autorizado el pago de ocho estimaciones por un monto de tres millones 143 mil 76 dólares, pese a que no existía evidencia de la construcción de obras adicionales en el boulevar.
Los 3.1 millones ahora cuestionados por la Corte de Cuentas tienen su origen en un laudo arbitral que perdió el MOP. El contrato de la construcción del boulevar Diego de Holguín era llave en mano, no permitía modificaciones de precio ni prórrogas que no fueran justificadas como “fuerza mayor”, pero el exministro Nieto cambió el contrato, abriendo así una puerta para que la constructora demandara al Estado. Así sucedió y el MOP fue condenado al pago de siete millones 46 mil 349 dólares.
Casi la mitad de la condena del laudo, los 3.1 millones de dólares, era lo que reclamaba Copreca-Linares por obras adicionales realizadas en el boulevar. Los auditores, empero, determinaron que las memorias anexadas a las estimaciones no detallaban la ubicación de estas obras. Y los mismos empleados del MOP declararon que la obra etiquetada como “adicional” en realidad ya había sido cobrada en otras estimaciones del proyecto.
“Lo único que existió fue un costo adicional pagado por la misma obra reflejada en las estimaciones del contrato”, se lee en un documento de la Corte.
¡Ministro, esta empresa quiere huevearnos!
El 15 de enero del 2007, cuando Nieto llegó a relevar a Gutiérrez a la dirección del MOP, una de las primeras solicitudes que llegó a su escritorio fue una solicitud de Copreca-Linares que le pedía una prórroga de 285 días para concluir el boulevar Diego de Holguín. El argumento que esgrimió la constructora es que había una razón de “fuerza mayor o caso fortuito”: problemas para adquirir los derechos de vía por un pleito con la alcaldía de San Salvador, que reclamaba afectación a una zona protegida: la finca El Espino. Cuando Copreca-Linares hizo esa solicitud faltaban cuatro días para que concluyera el contrato firmado por el exministro Gutiérrez, a quien ya le habían solicitado una prórroga que nunca resolvió. La obra estaba atrasada. El sábado 10 de febrero del 2007, un día antes de la finalización del contrato, el exministro Nieto concedió una prórroga de 240 días al amparo de la cláusula del contrato que hablaba de “fuerza mayor o caso fortuito”.
Para la Corte de Cuentas, el argumento de Nieto y de la constructora es erróneo. Dice el pliego de reparos que la adquisición de derechos de vía ya está regulada en la Ley de Caminos y Carreteras y en la Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por parte del Estado. Es algo previsible. En las mencionadas leyes, dice la Corte, está “la previsibilidad” de la adquisición oportuna de los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, el argumento del MOP y de la constructora “no constituye fuerza mayor o caso fortuito”.
Esa modificación del contrato significa para el exministro Nieto y para el entonces gerente de vías, Ángel Figueroa, un juicio por un millón 626 mil 11 dólares, cantidad que el MOP pagó por “costos indirectos y requerimientos del proyecto” generados por la ampliación del plazo del contrato.
La Fiscalía también cuestiona la decisión del exministro Nieto. El pasado miércoles 18 de septiembre, el Juzgado Quinto de Paz confirmó la orden de captura contra tres personas y avaló procesar a 14 más por irregularidades en el proyecto boulevar Diego de Holguín. Uno de los señalamientos de la Fiscalía es la ampliación irregular del plazo porque el argumento no encaja en lo que establecía el contrato: “Se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, los hechos naturales o de la naturaleza, tales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, epidemias; y los hechos del hombre, tales como la guerra, revoluciones, rebeliones, huelgas o paros nacionales”.
La Fiscalía acusa a Nieto y otros mandos medios del MOP de cómplices en la defraudación porque, pese a que recibió más tiempo para terminar la obra, el 11 de agosto de 2007, Copreca abandonó el proyecto. Así siguieron cuatro meses de inactividad, según reiterados informes de la Dirección de Inversión Vial, instancia que sugería imponer sanciones a la constructora, pero que la administración MOP no tomó en cuenta.
Cuando llegó la última semana de diciembre de 2007, en el despacho del exministro Nieto se reunieron el viceministro, Sigifredo Ochoa Gómez y otros cuatro mandos medios del MOP. Los titulares del MOP dijeron que ya tenían el visto bueno de la Corte de Cuentas y hablaron de la posibilidad de un arbitraje, pero para eso necesitaban una “suspensión administrativa” del proyecto.
Quienes habían conocido de primera mano los atrasos de Copreca-Linares (el director de inversión vial, Carlos Ruiz; el gerente de vías urbanas, Alberto Colorado y el administrador de proyectos, Iván Cañas) creían que eso no era lógico porque incluso, los encargados de la supervisión de la obra habían sugerido la caducidad del contrato en agosto del 2007. Pero los titulares del MOP ya habían descartado la posibilidad de sancionar a las empresas y estaban dispuestos a recorrer un camino diferente: el arbitraje.
La administración MOP le dijo a Colorado, Ruiz y Cañas que debían hacer unas notas dando el visto bueno a la propuesta. En una segunda reunión, el viceministro Ochoa Gómez les dijo que “no iban a salir de la sala hasta que terminaran de documentar la resolución de la suspensión administrativa con efecto retroactivo”, según los documentos de la Fiscalía, a los cuales tuvo acceso El Faro.
Las notas que permitieron el arbitraje tienen fecha del 18 de septiembre del 2007; sin embargo, fueron elaboradas en la reunión que dirigió el viceministro Ochoa Gómez, la cual se realizó en la última semana de diciembre 2007. El exministro Nieto usó esos documentos para hacer, de nuevo, otros tres cambios en el contrato: la forma de pago, el reconocimiento del arbitraje como mecanismo para solucionar conflictos y la prioridad al contrato sobre lo establecido en las bases de licitación.
Según la versión de los implicados ante la fiscalía, la elaboración de aquellas actas fue una rebelión fracasada de los empleados del MOP. Al principio, el director de inversión Vial, Carlos Ruiz, y el encargado de proyectos, Iván Cañas, y el gerente de vías urbanas, Alberto Colorado, se negaron a firmar las actas. Colorado incluso llegó a la Gerencia Legal a plantear su inconformidad, lugar a donde llegó el exministro Nieto a persuadirlo -según declaró a la fiscalía Colorado-:
—Alberto, me dicen que vos no querés firmar el acuerdo -habría dicho Nieto-.
—Señor ministro, disculpe, pero esto no es procedente, aquí nos van a fregar. ¡Por favor, ministro, no me haga firmar esto! Vamos a salir bien cuestionados porque esta empresa lo que quiere es huevearnos, replicó Colorado.
—¿Cómo vas a creer eso? -cuestionó Nieto- Esto ya está bien fundamentado, todos ya emitieron sus opiniones, incluso la Corte de Cuentas. ¿Cómo te voy a pedir que firmes algo ilegal? Confía en mí, yo te garantizo que no va a pasar nada, que todo es legal…
Lo que Nieto calificaba como legal a finales del 2007, ahora significa cuestionamiento de dos instituciones: un juicio en la Corte de Cuentas y una orden de captura en la Fiscalía por flexibilizar los requisitos para que la constructora cobrara estimaciones por obras que no habían realizado. Por ejemplo, el MOP pagó 21 mil 336 dólares por unos derramaderos, pero cuando los auditores intentaron encontrar esa obra que se describía en la estimación 16, no la encontraron en ningún lugar de la obra. Ese es el tercer reparo del juicio de cuentas.
El ausente de la acusación fiscal
Dice un informe de la actual administración del MOP que las irregularidades en el proyecto del boulevar Diego de Holguín comenzaron durante la gestión del exministro David Gutiérrez. Un informe que el ministro Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, detalla cambios en el diseño del proyecto sin tener los permisos ambientales y sin considerar que se estaba afectando una zona protegida. Además, cuestiona que se adjudicó la licitación a empresas que no demostraron solvencia económica.
Pero el exministro Gutiérrez no está entre las 18 personas procesadas por el caso Diego de Holguín. De hecho, en una conferencia que brindó en un hotel capitalino hace dos semanas aseguró que tiene todos los finiquitos de la Corte de Cuentas referentes al millonario proyecto que inició en su administración.
Sin embargo, en el juicio que la Corte de Cuentas inició el pasado mes de marzo, el exministro Gutiérrez y otros dos empleados del MOP (el director de planificación vial, José Olmedo, y el gerente de estudios y diseños viales, José Meléndez) tienen un reparo por 203 mil 400 dólares.
Al exministro Gutiérrez, la Corte de Cuentas le reprocha el pago de un rediseño en el trazo de la carretera, que fue el que propició el impasse del proyecto: una oreja de derivación que se proyectó aún a sabiendas de que invadía una zona que la Asamblea Legislativa declaró como reserva forestal en 1992: la finca El Espino-Parque de Los Pericos. Este periódico intentó obtener la versión del exministro Gutiérrez, pero no atendió la llamada telefónica.
El Faro habló con un exempelado del MOP que en esa época tuvo acceso a los planos del proyecto. Según la versión de la fuente, el cambio del plano respondía a cuestiones eminentemente técnicas: lograr que la carretera pasara de una categoría D a una categoría B, entendiendo estos como valores de calidad estructural y de capacidad de tráfico. Lo que siempre estuvo claro, dice la fuente, fue que ese cambio se topaba con el muro legal que representaba la declaratoria de reserva forestal del terreno que sería invadido en la finca El Espino-Parque de Los Pericos. Algo que siempre supo el exminsitro Gutiérrez.
El cuestionamiento por los más de 203 mil dólares no es el único juicio pendiente de Gutiérrez en la Corte de Cuentas. En el 2010, una cámara de primera instancia condenó a la administración de Gutiérrez al pago de 3.2 millones por los atrasos en la construcción del boulevar Diego de Holguín. El exfuncionario presentó una apelación. La semana pasada El Faro preguntó a la oficina de comunicaciones sobre el resultado definitivo de ese juicio, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
