Los recientes operativos de la fiscalía y la policía, que culminaron con decenas de detenciones en los casos Diego de Holguín y Cartel de Texis, han sorprendido a un país acostumbrado a la impunidad.
A pesar de las acusaciones públicas, la obra abandonada y las cajas de pruebas entregadas a la fiscalía por el actual ministro de Obras Públicas, la falta de voluntad política había impedido que la fiscalía procediera a defender los intereses del Estado en uno de los casos más sonados de corrupción en los últimos años.
Hoy, por fin, hay detenciones en ese caso que incluyen a un ex ministro y, según el fiscal, las investigaciones no han concluido. Y no deberían, porque aún hay mucho cabo suelto en la construcción del bulevar Diego de Holguín, hoy llamado Monseñor Romero, una obra presupuestada en 25 millones de dólares que terminó costándole al Estado cuatro veces más.
Pero el fiscal general no paró allí. Decidió acaparar titulares un día después lanzando un operativo que culminó con más de una docena de capturas de miembros de la estructura conocida como El Cartel de Texis. Es el segundo operativo ordenado por el actual fiscal contra esta organización, aunque este segundo ha sido más amplio y se hizo en coordinación con el ministro de Seguridad Pública y con las autoridades guatemaltecas. Es, por fin, una respuesta desde el Estado a una organización del crimen organizado. Entre los detenidos hay dos ex diputados.
En mayo de 2011, hace más de dos años, el presidente Mauricio Funes confirmó que conocía ya los reportes sobre el Cártel de Texis –una organización hasta entonces desconocida-, y que la información consignada en un reportaje de El Faro pocos días antes, basada en informes policiales y de inteligencia, era cierta. En esos mismos días, Funes advirtió que el crimen organizado estaba penetrando todas las estructuras del Estado.
A pesar de un intento policial casi desesperado e infructuoso por golpear a la estructura, poco antes del cambio de autoridades en el gabinete de seguridad, con la llegada del general David Munguía Payés a Seguridad y el general Salinas a la PNC, el Cártel de Texis desapareció de las prioridades y aquellos agentes sospechosos de haber informado sobre ello fueron castigados, transferidos o dados de baja por los militares puestos a cargo de la Seguridad Pública. El general Munguía declaró que el narcotráfico no era un problema real en El Salvador y, en vez de castigar a los criminales, castigó a quienes creyó que proveían información a los medios.
El narcotráfico ha vuelto a ocupar un lugar en la agenda de seguridad porque ha sido una preocupación del fiscal general, que parece dispuesto a diferenciarse de sus antecesores dando muestras de independencia y valentía. Por eso, y porque el fiscal parece haber encontrado en el nuevo ministro de Seguridad Pública un aliado al menos para discutir estos temas y coordinar acciones. Es una fórmula que ha funcionado muy bien en Guatemala, donde la fiscal Claudia Paz y Paz ha encontrado también una relación fluida con el ministro de Seguridad que ha permitido capturar a capos locales.
Las acciones de la semana pasada envían sin duda un mensaje alentador. El combate a la corrupción y el combate al crimen organizado son la mejor forma de combatir la impunidad, que es uno de los principales problemas de El Salvador. Aun es pronto para sacar conclusiones de estos primeros mensajes. Pero si el fiscal general, el ministro de Seguridad Pública y el director de la PNC en realidad están comprometidos con el combate a la corrupción y el crimen organizado, y continúan por esta vía, podrían hacerle un gran favor al país y convertirse en parte fundamental de un verdadero cambio. Más allá de las palabras.
