Apolo, BOLIVIA. “Nosotros estamos defendiendo nuestra coca. Sin la coca no tenemos nada. ¿Con qué vamos a vivir?”, se pregunta Asunta Estrada, de 56 años y vecina de Miraflores, uno de los poblados de Apolo, una región del noreste de Bolivia –fronteriza con Perú– que se resiste con determinación a la erradicación de sus cultivos por parte del Estado boliviano.
La mujer niega que un cuerpo de “erradicadores” haya sido atacado por los campesinos, en un hecho que esta semana dejó cuatro muertos de esa unidad policial-militar, con presunto involucramiento de narcotraficantes. Acusa en cambio a la patrullas de erradicación de actuar con gran violencia: “Han estado persiguiendo a nuestros esposos. Han pateado la puerta (de la habitación que comparte con una hija y sus tres nietos) y nos han gasificado ahí adentro, casi hemos muerto”.
En Miraflores viven unas 25 familias, pero ahora el pueblo está habitado solo por mujeres, niños y ancianos, porque los hombres fueron detenidos o están escondidos.
Leandro Tuluí, un anciano de 72 años, condujo a periodistas de la AFP hacia su pequeño chaco, a unos veinte minutos de caminata de Apolo, destruido también por los erradicadores. En su testimonio, en quechua, muestra la pequeña parcela de coca, totalmente destruida, junto a una plantación de yuca (mandioca) también inutilizada. “Los militares han venido a destrozar nuestros cocales, vivimos aquí sembrando coca desde hace años, de eso vivimos y con eso criamos a nuestros hijos”, señala.
Otra mujer lamenta que casi no tienen alimentos para sus familias. “Estamos cocinando arrocito, sin carne, porque estamos sin comida”, dice doña Teresa mientras el párroco de Apolo, Dionisio Zabala, llega con alimentos y medicinas, aporte de esa población, distante 14 kilómetros.
Desde que expulsó en 2008 a la agencia antidroga estadounidense (DEA), a la que acusó de complot contra el gobierno, el Ejecutivo boliviano, al mando del presidente y ex líder cocalero Evo Morales, ha asumido la política antidrogas y las erradicaciones.
“Yo amo a mi gobierno, he votado por el Evo, pero ¿que nos haga esto, de esta forma? No sé qué ha pasado”, llora una pobladora, que se niega a identificarse por temor a represalias. “Somos gente pobre, tengo nueve hijos. Sin coca, ¿con qué me voy a mantener? ¿Con qué voy a comprar un grano de arroz? Aquí no se produce otra cosa que la coquita. Sembramos yuca y se muere, el choclito igual”, dice.
Ingreso de narcotraficantes desde Perú
La emboscada a la patrulla en Apolo, con un saldo de 4 muertos y 14 heridos, contó con ingreso de armas desde Perú y una planificación de tipo militar organizada por traficantes de droga que actúan en la zona fronteriza, mencionó el presidente Morales.
En la población de San Fermín, a la que solo se accede tras varios días a pie desde Apolo, se concentra el tráfico de la droga llegada desde Perú, indicaron fuentes policiales y pobladores.
“Transportan la droga a lomo de animal o en barcazas” por el río peruano Colorado, que empalma con su afluente boliviano Tuhichi, y desde ahí a poblaciones del departamento de Beni, al noreste, en la frontera con Brasil, señalan informantes locales, bajo condición de anonimato.
“El camino a San Fermín es largo y sinuoso. Necesitamos que los militares pongan un control más riguroso, con más gente”, reclama Gonzalo Machicado Gámez, un vecino de Apolo. “Los (narcotraficantes) peruanos abusan de los campesinos. Debe haber un puesto militar más grande para evitar el ingreso de droga”, agrega.
La presencia y actividad del narcotráfico en la región es un tema tabú en Apolo, una apacible ciudad de 22,000 habitantes a 410 kilómetros al norte de La Paz, rica en oro y con potencialidades hidrocarburíferas, en un punto que imbrica la puna de los Andes con la exuberancia de la Amazonia.
Una fuente policial dice que traficantes peruanos y brasileños trasladan la droga desde la selva peruana de Pasco hasta el territorio boliviano, para luego transportarla a otros destinos internacionales: “Hay una clara coordinación de las bandas criminales en ambos lados de la frontera para sacar la droga de Perú e ingresarla a Bolivia”.
“Estas bandas tienen estructuras superorganizadas, con aparatos casi militares y dotados de armamento militar, mejor que el de las fuerzas policiales boliviana y funcionan en Bolivia, Perú y Brasil”, sostiene.
Refuerzo de control en la frontera
Bolivia y Perú reforzaron los puestos de control en la frontera común y pusieron en alerta a la inteligencia de ambas policías. La frontera tiene una extensión de 1,131 kilómetros por los Andes y la Amazonía, zonas de difícil acceso y con escasa vigilancia policial y militar.
Según el Gobierno, los cocaleros han excedido con plantaciones ilegales las 280 hectáreas de plantíos autorizados en el lugar.
Pese al temor a que se desaten nuevos enfrentamientos, la Fuerza de Tarea Conjunta policial-militar continúa con las erradicaciones en la región.
Bolivia tiene en la actualidad 25.300 hectáreas de cocales –según Naciones Unidas–, de las que solo 12,000 estarían destinadas a un uso legal en comercialización y consumo tradicional como mascado, infusiones y otros. El excedente se considera destinado al narcotráfico.
Según cifras de la ONU, Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca –materia base para la cocaína–, después de Perú y Colombia.
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